Un nuevo ciclo de neoliberalismo en la Argentina: ¿qué pasará en las universidades?

Por Eduardo Díaz de Guijarro[1]

Introducción

Las elecciones de 2015 modificaron en forma contundente la orientación del gobierno argentino. Diversos factores confluyeron para que más de la mitad de la población apoyara con su voto a una coalición de partidos cuyos objetivos se expresan claramente en la composición de su gabinete. Los ministerios y los más altos cargos del gobierno están ocupados por ex funcionarios de multinacionales o de grandes empresas locales. Sin intermediarios ni atenuantes, el gran capital gobierna el país.

Muchos universitarios se preguntan de qué manera este cambio influirá en las casas de estudio. ¿Se avecina una época oscura, de retroceso cultural? ¿Las universidades se convertirán también en sucursales de las empresas? ¿O por el contrario la autonomía universitaria permitirá mantener cierta independencia con relación a los cambios políticos? ¿Cómo reaccionarán los estudiantes, los docentes, las autoridades académicas ante esta nueva situación?

El significado de la autonomía

El concepto de autonomía está muy arraigado en la tradición universitaria argentina. Desde hace muchos años, la legislación establece que cada institución elige sus propias autoridades y decide los lineamientos de su actividad académica. Esto va acompañado por la autarquía financiera, o sea la administración independiente de los fondos que el Estado le provee. Grandes luchas del pasado, como la Reforma de 1918, son antecedentes simbólicos de gran fuerza para sustentar esta idea.

Una visión simplista desde este punto de vista llevaría a concluir que las universidades, al menos las estatales, son poco afectadas por los cambios del gobierno nacional y pueden desempeñar sus funciones docentes y de investigación basándose exclusivamente en decisiones internas.

Pero la realidad dista mucho de esta visión idílica. En primer lugar, el presupuesto para las universidades públicas es votado por el Congreso Nacional y por lo tanto es una decisión política del Poder Legislativo. La mayor o menor importancia que un gobierno le dé a la educación superior y, dentro de ella, a la pública con relación a la privada, influirá sobre el monto de dinero que esté dispuesto a entregarles.

En segundo lugar, es una atribución del Poder Legislativo establecer las normas que reglamentan y acotan el funcionamiento de las universidades. La Ley de Educación Superior (LES, 1995), actualmente en vigencia, creó organismos de evaluación, acreditación y coordinación del sistema nacional que transfieren el poder de decisión sobre cuestiones clave al poder político y al sector privado.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), por ejemplo, “está integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de los siguientes organismos: tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación” (LES, art. 46). Por consiguiente, los representantes del poder político son siete sobre doce y tienen mayoría absoluta, que incluso puede estar apoyada por los representantes de las universidades privadas y de la Academia, relegando a las universidades públicas a una modesta minoría de tres votos (los representantes del CIN).

Además, el máximo órgano de coordinación y consulta del sistema en el orden nacional es el Consejo de Universidades (CU), presidido por el Ministro de Educación, en cuya composición entran aproximadamente en partes iguales representantes de las universidades públicas y de las privadas (ver art. 72 de la LES).

Estos someros datos bastan para apreciar la magnitud de la intervención de los poderes públicos y de los intereses privados sobre las políticas universitarias, que fue mantenida por los sucesivos gobiernos desde 1995, matizada por la mayor o menor dependencia de esos gobiernos con relación a los intereses empresariales.

Otro factor político que limita en el presente la autonomía universitaria es el traspaso paulatino del control de la investigación a un organismo no universitario, el CONICET, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) y cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo. En las últimas décadas, una parte sustancial de los salarios de los investigadores universitarios proviene de esa entidad, a través de la Carrera de Investigador Científico. El financiamiento de los institutos de investigación, muchos de ellos de doble dependencia entre las universidades y el CONICET, que proliferaron tanto en ciencias exactas y naturales como en medicina, ciencias agrarias e ingeniería y ciencias sociales y humanidades, es otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), también dependiente del MINCyT. Por lo tanto, la determinación de las prioridades temáticas y los montos de dinero asignados a estos institutos, muchos de ellos ubicados en los edificios de las facultades, escapan al control y a las decisiones de los organismos de gobierno de las universidades.

Con respecto a los aspectos ideológicos y subjetivos, es importante tener en cuenta que los universitarios no constituyen una casta social específica. Si bien tanto entre los estudiantes como entre los docentes predominan los sectores de clase media, existe en el presente una gran heterogeneidad social e ideológica. Los universitarios son actores sociales de la realidad nacional tanto como el resto de la población. Sobre la masa estudiantil influyen los cambios en la relación de fuerzas entre las clases y los vaivenes políticos del país y del mundo. Lo mismo vale para los trabajadores, tanto docentes como investigadores y no docentes, y más aún para los graduados, que se distribuyen en la sociedad después de recibidos y quedan sometidos a las tensiones y los cambios de su entorno laboral, económico y familiar. Esas tensiones y novedades, tanto las paulatinas como las convulsivas, afectan los intereses y las opiniones de los universitarios, surgen realineamientos políticos y nuevas agrupaciones gremiales, cambian las perspectivas individuales y los horizontes institucionales.

En resumen, un cambio en el país no puede no influir sobre las universidades. La autonomía es relativa. Su alcance dependerá tanto de qué concepto tenga de ella el gobierno como de las tensiones económicas e ideológicas de la sociedad y de la relación de fuerzas entre los distintos sectores en pugna en el campo educativo y cultural.

Las universidades argentinas durante el kirchnerismo

Durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjo un impulso a las actividades científico técnicas y se estimuló el aumento y la dispersión de la matrícula estudiantil, mediante la creación de varias universidades nuevas. Mientras tanto, las más grandes y tradicionales siguieron enfrentando estrecheces presupuestarias que en general les dificultaron hacer frente a las nuevas necesidades.

El estímulo a las universidades del conurbano y a otras ubicadas en diversos lugares del interior del país no es un dato menor. A ellas ingresaron numerosos jóvenes de familias sin antecedentes de estudios superiores, a quienes el acceso a las instituciones tradicionales les resultaba difícil por razones geográficas y sociales. Esta nueva oferta educativa es elogiable por su carácter inclusivo y por la posibilidad de responder en los planes educativos y de investigación a necesidades locales o regionales. Algunas de estas universidades han encarado novedosos e interesantes planes, mientras otras se encuentran en proceso de consolidación.

La Ley de Educación Superior de 1995 siguió en vigencia, salvo reformas parciales aprobadas en 2015, que entre otras cosas aseguraron la gratuidad de los estudios de grado. A pesar de que la prohibición de cobrar aranceles es un hecho destacable, también debe remarcarse que las características de fondo de la LES nofueron modificadas. Aquella ley fue promulgada respondiendo a expresas condiciones fijadas por el Banco Mundial para el otorgamiento de los créditos destinados al Programa de Reforma de la Educación Superior iniciado por el gobierno de Carlos Menem (Banco Mundial, 1995a). Aquel Programa tenía como eje conductor el estímulo a la educación privada y la creación de organismos de control como la CONEAU, que ya hemos descripto, cuyas características y funcionarios debían contar con el expreso consentimiento del Banco (Banco Mundial, 1995b).

Durante el período kirchnerista de 2003 a 2015 se adujo que la CONEAU se había orientado a cumplir una función en cierto modo contraria a la fijada en su creación: restringir la habilitación de nuevas universidades privadas mediante el establecimiento de condiciones muy estrictas para su aprobación. Su Memoria 1996 – 2011 (CONEAU, 2012) destaca que en ese período sólo se aprobaron 18 de los 118 proyectos institucionales evaluados, enfatizando que la función central de la institución es asegurar la calidad educativa. Ese mismo informe está matizado por referencias al carácter público de la educación como derecho humano universal, al origen de las universidades públicas en la Argentina y a momentos emblemáticos de su historia, como la Reforma de 1918, la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948 y la Noche de los Bastones Largos de 1966.

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El gobierno kirchnerista mostraba apoyo a la educación pública y estatal, pero la LES continuaba en total vigencia y los órganos rectores del sistema universitario seguían dando gran injerencia a las universidades privadas, tanto confesionales como empresarias, que para 2011 abarcaban solo el 20% de la matrícula pero que superaban en número a las estatales (59 y 56 respectivamente).

En el campo de la ciencia y la tecnología es de destacar durante el período kirchnerista la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el primero en esa área en la historia del país. En la misma época el CONICET aumentó la cantidad de becas y de cargos en su Carrera de Investigador Científico, mejorando las remuneraciones, mientras la ANPCyT, “la Agencia”, continuaba financiando los crecientes institutos de investigación. Esto produjo un aumento en la cantidad de los trabajos y de las publicaciones científicas realizadas durante esos años.

Las investigaciones que se realizaron en la Argentina durante ese período cubrieron un amplio abanico de especialidades, tanto teóricas como experimentales, incluyendo algunos trabajos de gran importancia para resolver problemas sanitarios y ambientales, tanto en el campo médico como en ciencias exactas y naturales[2]. Sin embargo, los criterios de calidad dominantes implican la publicación de los trabajos en las revistas de alto impacto de los países centrales. Este hecho genera una dependencia con respecto a cánones impuestos por las grandes potencias y facilita el uso de los resultados de las investigaciones locales por las empresas multinacionales, como por ejemplo los grandes laboratorios farmacéuticos en el caso de ciertos trabajos en el área biológica o médica.

Esa tradición internacional en materia de evaluación se atenuó en el año 2012 en el CONICET mediante un acuerdo que incorporó nuevas pautas para proyectos de desarrollo tecnológico y social vinculados con el ámbito productivo. La revalorización de ese tipo de investigaciones resultó auspiciosa, aunque su influencia sobre el conjunto del sistema es relativa.

Con respecto a las carreras profesionales, como derecho, ciencias económicas o medicina, en la última década no se modificó el papel destacado que tienen en la mayoría de las universidades argentinas. Esas tres disciplinas concentran más del 40% de la matrícula conjunta de las cuatro mayores universidades del país, las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario (UBA, 2011; UNC, 2014; UNLP, 2015; UNR, 2014). En algunas de ellas son también muy numerosas las facultades de arquitectura, que incluyen varias carreras de diseño, y las de psicología, mientras las facultades de ingeniería, agronomía o ciencias exactas y naturales suelen estar entre las de menor matrícula. Estos datos muestran el carácter general de la educación superior en la Argentina, orientada principalmente a la formación de profesionales liberales. En esas carreras predominan los criterios individualistas, en algunos casos por la búsqueda de vinculaciones con el mundo empresario, los negocios o el prestigio personal, y en otros por la necesidad de lograr un título que permita al estudiante acceder a un trabajo bien remunerado apenas completados sus estudios. Este último objetivo no siempre se cumple, pues cada vez más ocurre que abogados recién recibidos sólo pueden acceder a trabajos como asalariados en grandes estudios jurídicos o a cargos públicos menores y que los médicos jóvenes deban cumplir horarios agotadores en clínicas u hospitales con salarios bajos y condiciones precarias de trabajo.

Esta situación se debe principalmente a las características del sistema capitalista dependiente que predomina en nuestro país. A pesar de las dificultades mencionadas, la demanda social por las carreras tradicionales se mantiene, y una de sus consecuencias es que en esas facultades suelen predominar los sectores docentes y estudiantiles menos críticos con relación al sistema imperante, mostrando la íntima relación entre las universidades y el resto de la sociedad.

El vínculo entre ciertas carreras y el mundo de los negocios es mucho más notorio en las universidades privadas, donde más que el cobro de aranceles, que en algunos casos son muy altos, resulta determinante la naturaleza de la enseñanza que en ellas se imparte. Las más prestigiosas y caras, tanto confesionales como empresarias, tienen entre su oferta más calificada los Masters of BussinessAdministration (MBA), donde se forman los altos ejecutivos empresariales.

Las facultades públicas donde la conciencia crítica tiene un papel destacado son en general las de ciencias sociales y humanas y las de ciencias exactas y naturales, pero su peso relativo en el sistema universitario público argentino es menor que el de las facultades profesionales. Esta situación se mantuvo durante todo el período kirchnerista. El caso de la UBA es emblemático, por la fuerte participación en sus órganos máximos de gobierno de sectores afines a las corporaciones profesionales de las facultades mayoritarias tradicionales, vinculados con una trama de privilegios de poder e incluso afectados por acusaciones de manejo discrecional de los fondos públicos y corrupción.

¿Qué cambia con Cambiemos?

Los múltiples vínculos que existen entre las universidades, el poder político y el resto de la sociedad permiten deducir que el advenimiento de un gobierno neoliberal apoyado por más de la mitad de la población del país producirá necesariamente cambios en las universidades.

En el momento de escribir este artículo han pasado sólo tres meses desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, a lo que se suma que durante el verano se produce una pausa en las actividades de las casas de estudio. Por ese motivo aún son pocas las novedades, pero no es difícil predecir cuál será la perspectiva.

Por lo pronto, aún antes de las elecciones nacionales de 2015 se fortalecieron las tendencias estudiantiles del radicalismo (Franja Morada y Nuevo Espacio) y aparecieron en varias universidades públicas agrupaciones directamente pertenecientes al PRO. Fue el reflejo a nivel universitario de la derechización de la sociedad argentina que llevó al triunfo de Mauricio Macri. El comienzo del nuevo gobierno incluyó despidos de trabajadores estatales, nuevas concesiones al capital financiero internacional y a las multinacionales mineras, represión de las manifestaciones populares y medidas económicas de ajuste. La existencia dentro de las universidades de agrupaciones que apoyan explícitamente esta política generará seguramente duras polémicas y será un obstáculo para los sectores estudiantiles de izquierda y para todos los críticos del neoliberalismo.

A nivel superestructural estos realineamientos ya han tenido también algunas manifestaciones. Una de ellas es el nombramiento de José Luis Giusti como titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires[3]. Giusti tuvo que renunciar en abril de 2015 al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en medio de un escándalo por corrupción. Ahora es premiado con un nuevo cargo por el gobierno de Cambiemos.

En el año 2014, Mauricio Macri ocupó el estrado durante el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, realizado justamente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sentado junto a él, el entonces decano Giusti fue quien lo interrogó sobre sus opiniones acerca de las universidades argentinas. Tiempo después circuló públicamente una frase en la que Macri criticaba la creación de nuevas universidades: “¿qué es esto de universidades por todos lados?”, había dicho en esa ocasión. Sin embargo, en el mismo discurso planteó otro concepto que no trascendió en la misma medida que el anterior, pero que entendemos tiene un alcance aún mayor, expresando claramente qué tipo de universidad quiere el actual presidente: “Además, las cosas que investigamos y desarrollamos tienen que tener aplicación. No existe que la universidad y la empresa sean dos mundos, somos todos parte de un mismo mundo”[4].

Que además de los temas teóricos sea necesario realizar investigaciones aplicadas es algo que está fuera de discusión, pero para una universidad pública el criterio de aplicabilidad debe estar vinculado con las prioridades sociales, o sea con aquellos temas que pueden aportar soluciones para los problemas más urgentes de la población. Entre ellos existen muchas cuestiones sin resolver en el campo de la salud pública, la vivienda, la alimentación, el saneamiento ambiental o el transporte, de los que el Estado debe hacerse responsable y en cuya resolución las universidades tienen mucho que aportar, lo mismo que en materia de ciencias sociales y económicas o de investigaciones sobre el sistema jurídico. Sin embargo, Macri no mencionó ningún tema de interés social sino que se refirió en general al mundo empresario. De ese modo, el presidente definió como misión de las universidades servir a las necesidades de las empresas, o sea mejorar su competitividad y aumentar sus ganancias. Deben ser parte “de un mismo mundo”.

Ese modelo de universidad no es nuevo ni fue inventado por Macri. Se trata del modelo mercantil o empresarial basado en la modalidad norteamericana, que ya se ha impuesto en Europa y que penetra en Latinoamérica impulsado por el Banco Mundial, con distinto éxito según los países. En Chile se impuso y generó la gran crisis que derivó en las imponentes manifestaciones estudiantiles de 2011. En Argentina obtuvo ciertos avances pero ha sido hasta ahora parcialmente resistido por la tradición reformista y democrática de importantes sectores estudiantiles y docentes.

La declaración del actual presidente es coherente con la postura de la coalición que lo llevó al triunfo en 2015, que refleja los intereses de las corporaciones multinacionales y de los grandes capitalistas locales, en sintonía con la tónica mundial, donde según un reciente informe de una ONG inglesa, la economía está al servicio del 1% más rico de la población (OXFAM, 2016).

Es de suponer, o de temer, que a medida que avance el tiempo, el gobierno tratará de imponer cada vez más ese modelo, ya sea desde el Ministerio de Educación como desde el MINCyT, utilizando las facultades de organismos como la CONEAU, el CONICET o la Agencia. Se fomentarán los convenios con empresas, se intentará reformar los planes de estudio y se orientará la investigación de modo de satisfacer los intereses de los empresarios, que en muchos casos son incluso funcionarios del propio gobierno.

En varias universidades, entre ellas la UBA, personas que apoyan esta orientación y que pertenecen a partidos aliados al PRO, como el radicalismo, ocupan cargos en los más altos niveles de sus órganos directivos, desde donde con seguridad tratarán de aplicar los lineamientos de esta política.

El caso del MINCyT merece un párrafo aparte. Ya hemos visto cómo influye este organismo en las decisiones y en la distribución del presupuesto para investigación. ¿Qué significado tiene que quien fuera ministro durante el gobierno kirchnerista desde la creación del ministerio siga siéndolo hoy de Macri?

Hemos mostrado ya que la ciencia no es aséptica, por lo cual un gobierno neoliberal tendrá necesariamente una política científica acorde con su concepción de la sociedad. Y un ministro, que según nuestra Constitución Nacional es un secretario del presidente, deberá aplicarla y avalar, por ser parte de él, la línea del conjunto del gabinete. No hay “independencia” posible.

Pensamos que en este caso el motivo de la continuidad radica en las contradicciones y ambigüedades de la política kirchnerista en ciencia y tecnología. Esa política combinaba rasgos de desarrollo independiente en materia tecnológica e industrial con el mantenimiento de las reglas generales de la comunidad científica internacional, regida fuertemente por las potencias centrales.

Un ejemplo: junto al nuevo edificio del MINCyT, en la calle Godoy Cruz, se levanta el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), creado en 2007, dependiente del CONICET y partner (socio) de la Sociedad Max Planck de Alemania. Su finalidad es “interconectar la ciencia básica con la aplicada y así traducir la información científica en desarrollo tecnológico”[5]. Este propósito es de indiscutible valor. Sin embargo, los organismos directivos de la Sociedad Max Planck de Alemania están integrados no sólo por prestigiosos científicos sino también por representantes de poderosas multinacionales, como Siemens, BASF, BoehringerIngelheim, Airbus Group y otras[6]. La presencia de grandes laboratorios farmacéuticos, fabricantes de armamentos y otras empresas en la dirección de esta entidad científica, “socia” del IBioBA, induce a dudar sobre la posible utilización sesgada de los resultados para favorecer sus intereses comerciales y políticos.

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Durante la época kirchnerista se argumentaba que estos planes se equilibraban con otros dirigidos a las necesidades populares o de la economía local, pero en un gobierno neoliberal serán abiertamente apoyados y probablemente multiplicados, inclinando la balanza hacia los intereses de las grandes empresas, tanto multinacionales como locales. El ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Educación, que forman parte de un gabinete globalmente dominado por altos ejecutivos, serán agentes de aplicación de los modelos empresariales para la ciencia y las universidades.

Las perspectivas para una universidad crítica y popular

Las universidades privadas nacen y se desarrollan al servicio de sus dueños, como en el caso de las que dependen de la Iglesia Católica o de empresas, o también al servicio de sus “clientes”, como son denominados en este caso los estudiantes, que en general pagan para que sus estudios les permitan acrecentar su riqueza o su prestigio personal o corporativo.

Pero las universidades estatales son un terreno donde se expresa más claramente la lucha entre las clases sociales. La clase dominante trata de utilizarlas para mantener o acrecentar su dominio. Las clases dominadas, a través de los sectores más dinámicos que las representan, tratan de resistir ese avance, utilizando en la medida de lo posible no solo su fuerza numérica sino también los recursos posibilitados por el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. La ciencia y la crítica son herramientas que pueden ser utilizadas en uno u otro sentido, según las etapas históricas y las relaciones de fuerzas entre las clases.

El movimiento estudiantil y los docentes jóvenes reclaman desde hace tiempo una mayor participación en los órganos colegiados de gobierno. Pensamos que es un objetivo correcto, dado que se trata de los sectores que generalmente reflejan mejor los intereses sociales y se oponen a los grupos de poder más retardatarios. De todos modos, debe tenerse en cuenta el crecimiento de las tendencias estudiantiles de derecha que reflejan lo ocurrido en 2015 en el electorado nacional, de modo que éste será también un terreno de disputa.

Pero el desafío mayor es de contenido: ¿qué modelo de universidad oponer frente al empresarial? Desde las minorías actuales en los consejos directivos, desde los centros de estudiantes, desde los debates en las clases y trabajos prácticos o desde las asambleas o movilizaciones, ¿qué objetivos plantear?

No es necesario detenernos aquí en las cuestiones más obvias, como puede ser la defensa de la gratuidad y del derecho a la educación o la denuncia de la corrupción o de los abusos de poder. Nos interesa en particular la puesta en disputa de las características de fondo de los estudios universitarios. ¿Qué formación debe darse a un graduado?, ¿con qué métodos pedagógicos?, ¿cómo orientar la investigación?, ¿cómo vincular las universidades con el resto de la sociedad?

Primero es necesario pensar sobre el enfoque de las profesiones tradicionales, a las que aspira la mayoría de los estudiantes de nuestras universidades. Los médicos  deberían formarse para atender prioritariamente la salud pública, dando importancia a la prevención y la atención primaria, particularmente en los barrios pobres, a las enfermedades endémicas y a las vinculadas con la insalubridad y la calidad de vida. Esta formación necesariamente debería incluir una reforma del sistema hospitalario y, desde luego, el otorgamiento de los fondos estatales suficientes. Una vez más, el problema educativo se vincula íntimamente a la necesidad de una reversión de las injusticias sociales.

Los abogados deberían formarse para defender realmente la justicia, colocándose junto a los más débiles, así como los economistas y contadores deberían contribuir a una mejor distribución de la riqueza y no a apoyar los privilegios de los más ricos. Pelear por un cambio en los contenidos de estas carreras y en sus métodos pedagógicos implica poner en duda la legitimidad del sistema jurídico y económico vigente.

En cada carrera se puede hacer un análisis similar y plantear alternativas por la positiva frente al conformismo imperante y al intento de imponer modelos más reaccionarios aún que los actuales.

Un tema que atraviesa todas las carreras, aunque en algunas se hace más evidente y grave, es el problema de género. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI las mujeres fueron ocupando cada vez más posiciones que antes les eran negadas, desde cursar estudios superiores hasta trabajar a la par de los hombres en la mayoría de las profesiones. Sin embargo, la situación actual dista mucho de haber alcanzado la igualdad de derechos y posibilidades. Aún en carreras con mayoría de mujeres sigue existiendo un predominio masculino en los cargos de mayor jerarquía, tanto dentro de las universidades como en los ámbitos laborales. Esta situación se sustenta en una ideología que abarca a toda la sociedad y donde siguen existiendo los prejuicios, cuya expresión extrema son la violencia de género y los femicidios. Así como planteamos la necesidad de modificar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, en las universidades será necesario incluir un cambio de enfoque en este terreno. Todo universitario no solo debería erradicar por completo la discriminación basada en el género, sino además atender activamente a la necesidad de combatir esa discriminación en su ejercicio profesional. Esto es particularmente importante en las carreras vinculadas con la salud, donde las mujeres a veces reciben un trato humillante, lo mismo que en las vinculadas a la justicia o al trabajo social.

En el campo de la investigación, tanto en las ciencias exactas y naturales como en las sociales y humanas, el debate es amplio pero tiene un denominador común: defender el rigor científico implica oponerse a todo uso comercial o sesgado de los resultados. Debe enfatizarse en la necesidad de los estudios aplicados a cuestiones prácticas de interés social o vinculadas a la salud, el bienestar humano, la utilización de los recursos naturales y la preservación del planeta, aunque sin descartar el avance general del conocimiento aún en el plano teórico. Pero en todos los casos debe invocarse un principio fundamental: la ciencia no se vende.

Existe otra función muy importante de las universidades, que es la difusión cultural. Para ello se cuenta en general con una herramienta poderosísima pero actualmente subutilizada: las editoriales universitarias. ¿Por qué no proponer que se reedite lo que fue Eudeba entre 1958 y 1966, cuando con su lema “Libros para todos” llenó las calles de kioscos donde se vendieron millones de excelentes libros a precios accesibles, equivalentes a un kilo de pan?

Y tampoco dejar de lado la participación pública de las universidades ante las cuestiones más candentes de la política nacional y mundial: estudiar científicamente y pronunciarse frente a temas como la extrema pobreza, la contaminación ambiental, el uso de los recursos naturales, la irracionalidad de los sistemas de transporte, la prevención de inundaciones, la corrupción, la disparatada inequidad en la distribución de la riqueza, las guerras.

Todo lo que hemos dicho sobre las universidades nos lleva inevitablemente al terreno de la sociedad en su conjunto. Con mayor o con menor autonomía formal, las casas de estudio están íntimamente vinculadas con el resto del mundo. Comprender esto es imprescindible para poder actuar en consecuencia.

Los cambios en el país influirán en las universidades, pero estas últimas son también un campo de disputa, y la forma en que se encaren o se resuelvan los conflictos dentro de ellas a su vez influirá sobre el resto de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Banco Mundial (1995a): The World Bank: Staff Appraisal Report. Argentina. Higher Education Reform Project, Washington DC.

Banco Mundial (1995b): Loan agreement between Argentine Republic and International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC.

CONEAU (2012): La CONEAU y el sistema universitario argentino. Memoria 1996 – 2011, Buenos Aires, 2012.

LES (1995): Ley de Educación Superior Nº 24521, Buenos Aires, 1995.

OXFAM (2016): OXFAM International, Una economía al servicio del 1%, disponible en https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1

UBA (2011): Universidad de Buenos Aires: Censo de estudiantes 2011, Buenos Aires, 2011, disponible en http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2011/ estudiantes2011.pdf

UNC (2015): Universidad Nacional de Córdoba: La UNC en cifras, disponible en http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/perfil/estadisticas

UNLP (2014): Universidad Nacional de La Plata: Anuario estadístico 2013 – 2014, disponible en http://www.unlp.edu.ar/indicadores

UNR (2015): Universidad Nacional de Rosario: Boletín estadístico 66, disponible en http://www.unr.edu.ar/noticia/1387/boletines-estadisticos

[1] Licenciado en Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), UBA;Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Nacional de Quilmes. Coordinador del Programa de Historia de la FCEN, UBA; autor de varios libros y artículos sobre historia de dicha facultad y sobre historia general de las universidades. Investiga sobre la evolución de los diferentes modelos de educación superior. Contacto: ediazdeguijarro@gmail.com

[2] En el libro Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, de Eduardo Díaz de Guijarro, Beatriz Baña, Carlos Borches y Raúl Carnota, Buenos Aires, Eudeba, 2015, se desarrollan algunos ejemplos de estos trabajos en dicha facultad.

[3] Ver Decreto 142/2016 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno CABA Nº 4819 del 12/2/2016.

[4] La versión completa de las preguntas de Giusti y las respuestas de Macri puede verse en http://www.boscoproducciones.com.ar/video-la-opinion-completa-de-mauricio-macri-sobre-las-universidades-publicas/).

[5]IBioBA – MPSP: Historia y concepción;  http://www.ibioba-conicet.gob.ar/historia.php, consultada el 3/5/2015

[6] Ver Max Planck Society: ExecutiveCommittee y Senate, en http://www.mpg.de/en, consultado en marzo de 2016.

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