Tercerización laboral en Argentina y América Latina: debates y desafíos para una agenda de investigación

Por Victoria Basualdo[1]

El presente artículo tiene por objetivo principal abordar un fenómeno de gran importancia en la Argentina, en América Latina y a nivel internacional: la expansión de la tercerización laboral en las últimas décadas. Sintetiza algunos de los resultados principales disponibles hasta el momento, marcando al mismo tiempo las asignaturas pendientes. En primer lugar, aborda aspectos de la definición del fenómeno de la tercerización laboral y los desafíos para lograr, al mismo tiempo, recuperar sus rasgos específicos y abordar sus distintas formas y expresiones. En segundo lugar, sintetiza los hallazgos provenientes de una serie de investigaciones recientes sobre el impacto de esta problemática en distintas actividades económicas en el caso argentino, así como aspectos significativos de su marco legal. En tercer lugar, se centra en los análisis sobre el papel del movimiento sindical y las distintas formas de organización de los trabajadores respecto a esta problemática. Por último, propone un diálogo preliminar del caso argentino con otros de América Latina, y en particular los de Brasil y Uruguay, con el objetivo de señalar algunas de las líneas de trabajo e investigación que se abren hacia adelante.

Aportes y debates sobre la conceptualización básica de la tercerización laboral

Un primer campo objeto de numerosos debates y aportes cruzados se vincula con la definición del fenómeno de la tercerización laboral (Ermida Uriarte y Colotuzzo, 2009). Existe acuerdo entre la mayor parte de los investigadores especializados en la temática en afirmar que en las últimas décadas, a partir de la crisis del modelo fordista de mediados de los años setenta,  debido al impulso de la globalización, el cambio tecnológico y al calor del avance del neoliberalismo, se produjeron importantes modificaciones en las estructuras empresariales que profundizaron la desprotección de los trabajadores en general, y en particular, de grupos específicos dentro de este sector. En el contexto de transformaciones del capitalismo global, las elites empresarias sostuvieron que debían adaptar su gestión a un escenario cada vez más inestable y competitivo, y así propiciaron la adopción de formas de organización basadas en la segmentación de los procesos de producción y la colaboración entre organizaciones empresariales supuestamente independientes unas de otras. La tercerización laboral es una de las principales estrategias empresariales aplicadas. Este fenómeno no es nuevo sino que fue “redescubierto” entre las modalidades en otro momento marginales, y fue adquiriendo un papel cada vez más central.

La tercerización laboral implica centralmente una modificación de la relación dual entre empleadores de una empresa principal, claramente identificada, y un colectivo laboral relativamente homogéneo y organizado en torno a un sindicato por rama de actividad, que había sido predominante en la segunda posguerra, en un contexto fuertemente marcado por la Guerra Fría. Aunque claramente esta relación laboral dual no se aplicaba al mercado de trabajo en su conjunto, resultaba hasta mediados de los años 70 un paradigma articulador no sólo en los países centrales, sino también en diversos países en desarrollo. La tercerización modifica esta relación entre un empleador y un colectivo laboral, introduciendo un tercero en la ecuación, a quien se le delega parte de las tareas antes a cargo de la empresa principal. La tercerización puede asumir distintas formas, entre las que se incluyen (Ermida Uriarte y Colotuzzo, 2009):

  1. La subcontratación, por parte de una empresa madre o primaria, de una segunda empresa para que realice actividades o servicios (en primera instancia periféricos, aunque esta distinción original se desdibujó notablemente). Estas actividades pueden llevarse a cabo dentro o fuera de la empresa original. Se trata del fenómeno más comúnmente asociado a la tercerización.
  2. La intermediación de una segunda empresa en la gestión de contratación de personal que luego trabajará en la firma principal o contratante.
  3. La intermediación de una agencia de empleo eventual para suministrar trabajadores que presten servicios eventuales en la empresa principal.
  4. La contratación de trabajadores en calidad de monotributistas, o con contratos de servicios, o independientes. Cabe destacar que la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 prohíbe este tipo de relación cuando se realiza dentro de la planta de producción, bajo las directivas de un patrón y en el marco de horarios de trabajo y medidas disciplinarias, por lo que, en esos casos, se trata directamente de fraude laboral.

Existen discusiones y posiciones diversas sobre la inclusión de las cuatro actividades como formas de la tercerización. Al tiempo que una parte de la producción académica trabaja única o predominantemente sobre el fenómeno de la subcontratación, otros objetan la inclusión dentro del concepto de tercerización de los trabajadores autónomos, considerando que el “tercero” debe ser una persona jurídica y no una persona física. En investigaciones recientes hemos abogado por la consideración de las cuatro modalidades, que permiten contemplar especificidades y tipos distintos, a la vez que considerar rasgos centrales en común.

En estas nuevas formas de organización empresarial pueden identificarse tres rasgos principales: la fragmentación y externalización de una serie de actividades que, en principio, formaban parte de un mismo proceso de producción; la utilización de terceros, en su forma más recurrente empresas especializadas, para su ejecución; y la coordinación de todos ellos por parte de la firma principal, que, a pesar de la disgregación del ciclo productivo, mantiene así el control de todo el proceso.

Esta transformación de los paradigmas organizativos empresariales fomentó un efecto de disociación entre, por un lado, la configuración jurídica de la parte empleadora –que aparece desdibujada ante la existencia de varios sujetos dotados cada uno de personalidad jurídica independiente– y, por otro lado, su articulación económica, que aún continúa respondiendo a un proyecto económico unitario. Entre las consecuencias más importantes en el ámbito laboral es que se desdibuja la figura del empleador, al tiempo que se fragmenta y divide el colectivo de trabajadores.

Un tema clave en la conceptualización de la tercerización es la distinción que trajo aparejada entre las denominadas actividades secundarias, subsidiarias, accesorias, periféricas, también conocidas como actividades medio,  y las actividades principales, normales, específicas, o también denominadas actividades fin. Aunque esta distinción fue aceptada ampliamente, en realidad una de las mayores dificultades radica en la especificación del límite entre la tarea principal de la empresa, es decir el núcleo de su actividad, y las tareas periféricas o secundarias, que en general incluyen tareas como limpieza, vigilancia, portería, mensajería, alimentación (comedor, carritos), entre otras.

Por otra parte, también se distingue habitualmente entre tercerización interna y externa, para diferenciar si es realizada dentro o fuera de la empresa principal. La externa puede ser, a su vez, nacional o internacional. En este segundo caso, se utiliza la expresión tercerización offshore (a veces denominado offshoring), reflejando la tendencia a la formación de cadenas productivas globales, con efecto en términos de aumento de las relaciones internacionales entre empresas, países y regiones. Finalmente, cuando se produce una cadena de contratos o subcontratos, fenómeno también denominado subcontratación en cadena, se utiliza la expresión cuarterización, y en general se considera al establecido primero como contrato principal o padre/madre.

Estas distinciones son indispensables como herramientas mínimas para comprender aportes y discusiones sobre el fenómeno de la tercerización tal y como están planteadas en la actualidad. Sin embargo, constituye sin dudas una asignatura pendiente su debate en profundidad, ya que derivan en la formulación de la tercerización desde la visión empresarial, que prioriza la flexibilización de la gestión para nuevos requerimientos del negocio y ofertas de productos; la concentración de esfuerzos en los objetivos del negocio, focalizando los recursos en las actividades esenciales (core business); la transformación de los costos fijos en variables; la obtención de mejores niveles de negocios y el fortalecimiento de la posición competitiva; incremento de la calidad del servicio y la productividad de procesos; adquisición de mayor flexibilidad operativa e incremento de la velocidad de reacción; la reducción de la estructura; el acceso a recursos de tecnología de avanzada; la obtención de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del entorno; acceso a servicios de primera categoría y mantenimiento actualizado (Strada, 2016).

Desde la perspectiva empresarial, es por razones de productividad y para avanzar en todos estos objetivos, que la empresa debe concentrarse en aquellas tareas vinculadas con el núcleo central de su actividad, y para las cuales tiene un conocimiento acumulado, una experiencia y capacidad diferencial, dejando a otras empresas las tareas secundarias para las cuales ellas estarían mejor preparadas. La aceptación acrítica de estas premisas deja sin señalar varias cuestiones. Por un lado el límite muchas veces impreciso y arbitrario de esta distinción, cuyo sentido es debatible. ¿En qué sentido tareas como la limpieza, la seguridad o la alimentación serían secundarias cuando sin su desarrollo las actividades “centrales” no podrían realizarse, ni el establecimiento podría siquiera abrir sus puertas? Por otro lado, esta distinción, que legitimó el desarrollo original de la tercerización argumentando que se extendería a las actividades secundarias, no responde a lo que sucedió realmente en el caso argentino y en otros también, en la que se verifica un avance incuestionable de la tercerización a todas las actividades, tanto “periféricas” como “centrales.”

Tercerización laboral en la Argentina

Los estudios disponibles muestran que en la Argentina, así como en otros países de América Latina, la expansión de la tercerización se produjo en la década de 1990, en un contexto de crecimiento exponencial de la desocupación y de fuerte ofensiva contra los derechos de los trabajadores, que retomó y profundizó el legado represivo de la última dictadura militar (1976-1983). En el marco de los preceptos del Consenso de Washington, el crecimiento de la tercerización  de las reformas laborales, que promovieron una profunda flexibilización y precarización de las condiciones de trabajo, y con el proceso de reestructuración laboral que promovió la privatización de las empresas públicas. Una serie de contribuciones recientes destacan, además, que se produjo una expansión y consolidación de la tercerización laboral como estrategia también en la última década, en un contexto de crecimiento económico sostenido y generación de empleo en Argentina y otros países de América Latina, y subrayan la importancia de analizar las articulaciones de la tercerización con otras problemáticas fundamentales como el trabajo no registrado (que aún en un contexto de reducción sigue alcanzando en el caso argentino a un tercio del mercado de trabajo) y los procesos de concentración y extranjerización en la economía (particularmente con la presencia de empresas multinacionales) (Basualdo, 2012).

En un marco de análisis de la tercerización a nivel global y regional, los trabajos de Basualdo y Morales (2014) y de Basualdo, Esponda, Gianibelli y Morales (2015) apuntaron a contribuir a un diagnóstico básico sobre la presencia de la tercerización laboral en el caso argentino, sobre el que había una gran cantidad de producción académica muy relevante, aunque concentrada en actividades específicas sin ofrecer una mirada global para el conjunto de la economía. Para lograr avanzar en ese sentido se llevó adelante un proceso de trabajo coordinado desde el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con grupos de investigadores, trabajadores, sindicalistas, y abogados laboralistas en el marco de un seminario de trabajo sobre tercerización, que permitió un abordaje desde distintas perspectivas para lograr la sistematización de fuentes y una interpretación que pudiera reconstruir aspectos difícilmente plasmados en documentos de archivo, dada la actualidad del tema, las dificultades conceptuales y empíricas y la precariedad de los archivos sindicales que habrían resultado de gran utilidad para una reconstrucción sistemática.

Un primer análisis de la presencia de la tercerización en distintas actividades económicas, que sin pretender agotar los casos existentes permitió avanzar en la elaboración de un diagnóstico, demostró que esta estrategia empresarial ha sido implementada en la Argentina en un amplio arco de actividades económicas, tanto en el sector privado como en el público. Se trató además, de reconstruir una trama que, aunque parcial e incompleta, terminó por confirmar claramente su relevancia e importancia en la industria, los servicios y la producción primaria (Basualdo, Esponda, Gianibelli y Morales, 2015)[1].

La evidencia disponible sobre el sector industrial permite demostrar que la tercerización aparece firmemente establecida como estrategia no sólo en actividades predominantemente orientadas al mercado interno y caracterizadas por elevados niveles de precarización e informalidad, como la industria textil, sino también en ramas de muy alta rentabilidad y alta competitividad internacional, caracterizadas por la presencia de grandes firmas, muchas de ellas transnacionales y con predominancia de formas registradas de empleo, como la siderurgia, la industria aceitera o la industria del neumático, entre otras.

Un primer caso es el de la actividad siderúrgica, una industria estratégica, de alta rentabilidad y caracterizada por la presencia de empresas multinacionales. Para este sector existieron varias contribuciones recientes sobre Acindar, Propulsora Siderúrgica-Siderar, Siderar San Nicolás y SIAT – Grupo Techint en Valentín Alsina. Aunque existe una gran dificultad en general por cuantificar la tercerización, en el caso de Acindar se logró, a partir del trabajo con fuentes muy precisas, determinar que los trabajadores tercerizados llegaron a superar en 2014 el 50% del personal total de la planta. Esas cifras resultan coherentes con la información tentativa para el caso de Siderar -Grupo Techint-: sus 6 plantas sumarían unos 5.000 empleados directos y 3.100 indirectos. Por su parte, las fuentes sindicales de Siderar San Nicolás indican que la incidencia de los tercerizados podría ascender al 50% del grupo. Asimismo, en la Planta de Siderar Ensenada (ex Propulsora Siderúrgica) vemos la aparición durante los 90 de gran cantidad de empresas cooperativas conformadas por ex trabajadores de la firma principal, luego de masivos despidos en pos de la reconversión. Estas empresas constatan una dependencia productiva, en un 80% o 90% respecto de la ex Propulsora Siderúrgica o firma principal, que da cuenta de su formación a instancias de la misma. También en SIAT Valentín Alsina predominó otra forma de tercerización: en los 90 comenzó a expandirse la contratación eventual en la planta y recién hacia el año 2010 consiguieron que se terminara con ese tipo de contratos, pero allí comenzó una constante suspensión de personal que actualmente persiste como eje de la conflictividad gremial. En suma, puede afirmarse que la tercerización constituye una estrategia sostenida por los dos grupos predominantes: el Grupo Techint (Siderar y SIAT) y Acindar, hoy Arcelor Mittal.

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En la industria del neumático al igual que en la siderurgia, persiste una importante concentración en tres empresas: Pirelli de capital italiano, Bridgestone de capital japonés y Fate de capital local. En este sector se produjo desde mediados de la década del 80 un proceso de reorganización de la producción, que alteró significativamente la homogeneidad del colectivo laboral, aunque se había logrado mantener en el mismo convenio tanto a los trabajadores de tareas centrales (fundamentalmente operarios) como periféricas (choferes, limpieza, vigilancia). Esto se modificó a instancias de la reestructuración de inicios de los 90, cuando se firmó un convenio que expresamente excluía a los segundos. Además de la diferenciación en el convenio se avanzó en la tercerización de actividades, no sólo en sectores periféricos sino también en logística, mantenimiento y producción. Con este esquema, hacia el año 2004 existían en Fate cerca de 300 trabajadores tercerizados. En dicho año, con el retorno de las convenciones colectivas de trabajo, se impulsó una estrategia de inclusión de los trabajadores tercerizados en el Convenio Colectivo N° 486/07, el cual permitió revertir la fragmentación de los 90 y avanzar en la unificación del colectivo laboral, aunque sin lograr la incorporación de los trabajadores de tareas periféricas como limpieza, vigilancia y comedores, entre otros.

También en la industria aceitera, actividad con gran crecimiento por la mejora en los términos de intercambio para la exportación de aceites en la etapa posterior a la crisis, se verificó en una primera instancia una expansión importante de la tercerización. En el cordón industrial del sur de Santa Fe la actividad creció muy significativamente desde mediados de los 90, con la desregulación portuaria y la realización de obras de dragado del Río Paraná. En esta rama industrial, las principales firmas aceiteras se encuentran en Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín, y los trabajadores se aglutinan tanto en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) como en SOEA del departamento San Lorenzo. En el caso del SOEAR se consiguió hacia el año 2005 la firma de un convenio colectivo (CCT 420/05) en el cual se eliminó la diferenciación entre el ámbito de aplicación de las empresas intervinientes, ya sean principales o subsidiarias. En este sentido, se logró la inclusión de los tercerizados bajo el convenio de la actividad aceitera logrando una decisiva igualación de condiciones de trabajo y salarios, que se complementó con una limitación de la tercerización indiscriminada. Posteriormente, un acta acuerdo firmada en 2011 por parte de Molinos Rio de la Plata, Cargill y SOEAR ratificó esta cláusula del CCT de la actividad aceitera. Los avances logrados son muy destacados y se plasmaron además en la incorporación a planta de trabajadores en varias empresas, quedando como meta la eliminación total de la tercerización en tareas extraordinarias en las distintas empresas aceiteras encuadradas en el sindicato de Rosario.

En el caso del sindicato de aceiteros del departamento San Lorenzo, por su parte, se experimentó un importante proceso de crecimiento en la afiliación sindical (de 300 en 2003 afiliados se pasó a cerca de 3.000 en 2013), de la mano de la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo de Nación en 2004 que permitió encuadrar a los trabajadores aceiteros de la zona (CCT 391/04). La serie de conflictos desencadenada en 2010 permitió, a su vez, mejorar la situación de los tercerizados, consiguiendo el pase a planta permanente de la totalidad en el año 2011. Para los delegados del complejo de San Lorenzo, ello “permitió lograr una sola clase de trabajadores aceiteros, como antes de los años 90, cuando surgió la tercerización” (SOEA, 2013, citado por Basualdo et. al. 2015).

Esta situación muestra un fuerte contraste con lo experimentado en la industria textil y de la confección, donde aparecen una serie de variables combinadas: una importante fragmentación productiva, la presencia de inmigrantes de países vecinos que trabajan en el sector, la extensión de la informalidad en la cadena del empleo textil y la persistencia de un mercado local que convive –en función de la protección- con estructuras de confección transnacionales y deslocalizadas que plantean una amenaza constante en términos de competitividad. La fundación Pro-Tejer estima que entre 2002 y 2009 en esta industria se generaron unos 233 mil puestos de trabajo, contabilizando un total de 456 mil empleos en el conjunto nacional, lo que significa el 10,4% del empleo nacional total. En base a fuentes sindicales y otras investigaciones, existirían cerca de 10.000 talleres textiles en el país, 5.000 de ellos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En los talleres se ha constatado -a partir de fallos judiciales- la existencia no sólo de prácticas violatorias de los derechos laborales, sino además de delitos penales, como la reducción a la servidumbre y el reclutamiento de  personas a través de redes de trata, situaciones de trabajo infantil, movilidad reducida y peligro de muerte. Si bien existe un marco jurídico de protección del trabajo en el sector textil, vinculado a la ley de Trabajo a Domicilio 12.713 sancionada en la década del 40, que establece un vínculo solidario entre el taller y la marca con mayores niveles de protección laboral, el mismo es aplicado parcialmente, existiendo como común denominador la replicación de talleres con empleo sin registrar. La tercerización laboral en este sector, entonces, ocurre con un ocultamiento y extensión de la cadena productiva que se efectiviza en talleres desvinculados de las marcas comerciales, las cuales desempeñan un rol de comando económico en la cadena: detallan los procedimientos, brindan los diseños de confección, supervisan el proceso y proveen los cortes y telas para la elaboración del producto final.

Al mismo tiempo, el análisis en algunas de las actividades de servicios permite afirmar que esta estrategia aparece en muchos casos, como en los de actividades de transporte –ferrocarriles y subterráneos–, y también en otras de comunicación –telefonía–, fuertemente asociada al proceso de privatizaciones y de reforma del Estado a partir de inicios de la década del 90. Por otra parte, permitió también ilustrar su desarrollo no sólo en actividades con predominancia o exclusividad del sector privado, como las relacionadas con comercio, sino también en el empleo estatal, incluyendo un amplio arco de actividades que van desde la administración pública, hasta bancarias, entre otras.

En el sector público, la expansión de la tercerización estuvo asociada con las reformas del Estado de primera y segunda generación, que supusieron la reducción del empleo estatal a través de despidos masivos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas (en las empresas estatales, de 242 mil trabajadores en 1991 se redujeron a 50 mil en 1995 y en la administración nacional pasaron de 534 mil a 467 mil) (Basualdo et. al., 2015: 45). Posteriormente el Decreto 92/95 incorporó el contrato transitorio de profesionales y técnicos como trabajadores autónomos, habilitó las horas cátedra y las pasantías universitarias y se instrumentaron convenios compartidos con organismos multilaterales. Sumado a ello, la figura del monotributo se sustanció con la Ley 24.977 y dio lugar a mecanismos de deslaboralización. Como reflejo de estos procesos pueden verse casos como los de tercerización en dependencias estatales, incluyendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como en otras empresas estatales, como el Banco Nación de la República Argentina, en el que se encontraron diversas formas de tercerización laboral.

Otra actividad de servicios con gran presencia de la tercerización fue la ferroviaria, cuya privatización se llevó adelante en 1989 y estuvo sujeta a una fuerte racionalización, que significó no sólo la reducción de personal sino que a través de la oferta de subsidios estatales, intentó atraer empresas del sector privado para que operaran el servicio. Como resultado, vía tercerización y flexibilización laboral, los trabajadores ferroviarios pasaron de ser 90 mil a sólo 9 mil. Este proceso tuvo la participación del sindicalismo empresario (encabezado por José Pedraza), que creó desde la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria la Cooperativa Unión del Mercosur para recibir subsidios, lo que implicó la contratación de trabajadores en forma tercerizada, con niveles salariales de alrededor de la mitad de los de planta, y condiciones de trabajo deficientes y riesgosas, sin derechos básicos como vacaciones o cobertura de salud. En este contexto, el asesinato en 2010 del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en el marco de una protesta de trabajadores tercerizados, que luchaban por su pase a planta y denunciaban la precariedad laboral a la que se encontraban sometidos por las cooperativas gestionadas desde el gremio, desencadenó una investigación y luego un proceso judicial penal que condenó por este homicidio a una serie de dirigentes sindicales del gremio, incluyendo a José Pedraza, así como a personal policial por su papel en el hecho.


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En lo que se refiere al caso de subterráneos, el inicio del proceso tuvo lugar en 1994 con la privatización del servicio, y se plasmó en la firma de un convenio regresivo para los trabajadores ese mismo año, por la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En ese marco, la empresa Metrovías inició desprendimientos de áreas consideradas accesorias y efectuó contrataciones a empresas terceras para desempeñar esas actividades, tales como limpieza, auxilio de emergencias, seguridad, sereno, chofer, telefonista, mantenimiento de infraestructura, entre otras. Resulta importante destacar que la subcontratación se efectuó al interior del mismo grupo Roggio (al cual pertenece Metrovías), con la presencia de prácticas como cambios de razones sociales y aplicación de diferenciales salariales entre trabajadores del mismo grupo. La organización de los trabajadores, al margen de la dirigencia al frente de la UTA, permitió conquistas para los tercerizados, entre ellas la promulgación de la insalubridad y la obtención de una resolución del Ministerio de Trabajo de Nación que consecuentemente estableció una jornada de 6 horas. Hacia el año 2005 los trabajadores tercerizados en el subterráneo de Buenos Aires ascendían a 900, sobre un total de 2900. La conflictividad gremial permitió la incorporación paulatina de estos trabajadores a la planta permanente de Metrovías y el encuadramiento en el mismo convenio colectivo, que primero se efectivizó para los trabajadores de limpieza, luego avanzó con los trabajadores auxiliares de estación, recontadores y el cuerpo de intervención rápida, finalmente incorporando a los trabajadores de seguridad en el año 2010. La conformación de un sindicato específico fue el resultante de estos procesos de organización, al crearse la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en 2008.

El caso de los telefónicos refleja en su historia el sostenido avance de la tercerización laboral. El inicio se remonta a las privatizaciones periféricas que tuvieron lugar durante la última dictadura militar en los 70, las cuales significaron la contratación por parte de Entel de empresas terceras para la realización de obras como la extensión de tendidos de redes. En un segundo momento, con la privatización de Entel y la división del servicio entre Telecom y Telefónica, este proceso se extendió con mayor fuerza: el plantel se redujo desde 47 mil a 27 mil trabajadores a través de despidos, retiros voluntarios y también de tercerización.

La expansión de la tercerización en el sector a través de call centers ha sido la más conocida y estudiada, aunque las actividades sujetas a esta modalidad contractual son más amplias, como el tendido y extensión de redes y la atención y arreglos domiciliarios, entre otros. En general, la situación de los tercerizados en el sector de telefonía es de mayor precariedad, con jornadas laborales extensas y tareas de elevada peligrosidad –sin elementos de seguridad necesarios-. Los trabajadores tercerizados se encuentran fundamentalmente bajo el convenio de UOCRA (dado que se trata de un convenio con menor nivel salarial que Telefónicos), y son obligados a trabajar a riesgo de despidos con menores protecciones frente a la eventual desvinculación en la relación laboral. En este marco, a partir del año 2006 FOETRA planteó la necesidad de incorporar tercerizados al Convenio Colectivo FOETRA y este proceso que tuvo lugar en los últimos años permitió mejorar significativamente las condiciones laborales, aun manteniendo la figura de empleados por empresas terceras.

Otro sector donde la tercerización ha tenido un gran desarrollo es el supermercadista. Investigaciones muy interesantes dan cuenta de un proceso de modificación organizativa en los 90, con la tercerización de la logística, distribución y reposición, centrándose particularmente en la cadena de supermercados Walmart en su tercerización a través de Manpower. Otra actividad que ilustra el avance de la tercerización es el servicio de mensajería, que experimentó un crecimiento exponencial en la década de 1990, cuando muchas empresas redujeron su planta de personal y los costos que su mantenimiento requería, delegando esas tareas en otras firmas.

Finalmente, los aportes recientes sobre el impacto de la tercerización en el agro, teniendo como una fuente central los informes que produjo el RENATEA desde su paso a la órbita estatal en el marco de los cambios producidos por la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario sancionada en 2011, permiten mostrar la gran incidencia y extensión de la tercerización como estrategia patronal. Se destaca la prevalencia de formas de intermediación pero con la combinación y presencia de otras relaciones laborales que, a pesar de sus particularidades y especificidades, comparten con otras actividades el efecto de disminuir las responsabilidad de los empleadores a partir de la intermediación, que además dificulta la visibilización de las relaciones laborales, y obstaculiza los procesos de organización y movilización unitaria de los trabajadores, ya de por sí fuertemente condicionados por la estacionalidad, la dispersión territorial y la importancia de las migraciones y desplazamientos en los procesos productivos. Al mismo tiempo, los desarrollos legales muestran la factibilidad de implementar regulaciones que puedan transformar los parámetros laborales actuales, introduciendo cambios progresivos que sin embargo se encuentran en la actualidad, en retroceso.

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En conjunto, la revisión de estos aportes permitió sintetizar algunas de las líneas de análisis de la evolución histórica más general del fenómeno, confirmando que, como se había ya señalado en contribuciones previas (Basualdo y Morales, 2014), el desarrollo de la tercerización formó parte entonces de un proceso de ofensiva contra las formas de organización y representación de base de los trabajadores, que habían sido además, en el caso argentino, un rasgo particularmente destacado de su estructura sindical.

Al mismo tiempo, a partir del análisis de normas legislativas, antecedentes de jurisprudencia y proyectos de ley en danza, Diego Morales y Guillermo Gianibelli (2014 y 2015) lograron proveer elementos importantes para una síntesis de las formas de regulación existentes que sostienen el desarrollo de la tercerización ya analizado. En este sentido, sugieren que las normas que resultaron esenciales para habilitar la tercerización fueron, no sólo las modificaciones que se operaron en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también los ajustes interpretativos que introdujo la Corte Suprema de Justicia a lo largo de dos décadas a través de su jurisprudencia, con relación al alcance de las obligaciones de las empresas principales ante reclamos de trabajadores de empresas tercerizadas.

En suma, las visiones de conjunto que se han podido construir señalan, no sólo que la tercerización se consolidó como estrategia empresarial en la década del 90, sino también, que se produjo una importante expansión de este fenómeno en la etapa de la posconvertibilidad, caracterizada por altos niveles de crecimiento económico, la creación de cerca de cinco millones de puestos de trabajo, y reactivación y expansión de la negociación colectiva, así como del conflicto laboral en distintos niveles. Dada la centralidad del fenómeno, en un contexto de cambio profundo de las políticas económicas y laborales, parece central conservar el foco en esta estrategia en una etapa de profundos cambios económicos y laborales en Argentina y América Latina.

Movimiento sindical, clase trabajadora y tercerización

Aunque teóricamente no hay una asociación necesaria entre tercerización y precarización laboral, entendiendo por esta última a los niveles sub-estándares que se presentan en el trabajo asalariado, dependiente, o por cuenta ajena, en términos de distintos indicadores (inestabilidad, remuneración menor a la de categorías similares, remuneración que no incluye los beneficios sociales habituales, duración de la jornada anormalmente pequeña o elevada, y el debilitamiento de la representación colectivas que suele ser también el vehículo para la precarización de las relaciones laborales), la revisión de estos casos muestra que existe una muy fuerte correlación entre tercerización y precarización laboral.

En una mayoría abrumadora de los casos analizados, se verifica en el caso de los trabajadores tercerizados una ausencia de protección adecuada, en comparación con los trabajadores de planta. A causa de las ambigüedades que existen en la definición de la naturaleza jurídica del empleo en régimen de subcontratación, las personas sujetas a él se encuentran con frecuencia ante un completo vacío legal, desprovistas de la protección que proporciona la legislación laboral o, en el mejor de los casos, incluidas en un régimen de menores derechos. En materia salarial, la remuneración percibida por los trabajadores en régimen de subcontratación es, en casi todos los casos, inferior a la de los trabajadores permanentes. Es más, generalmente, la reglamentación sobre salarios mínimos –cuando existe– puede no ser aplicable cuando se entiende que se trata de trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, el empleo de los subcontratados es menos seguro y estable que el de aquellos que pertenecen a la planta de personal de la empresa madre. Las jornadas suelen ser más largas para quienes desempeñan funciones en régimen de subcontratación debido a que su remuneración se basa en lo que producen y generalmente está vinculada a labores específicas. Asimismo, suelen estar excluidos del ámbito de aplicación de las normas que conceden los distintos beneficios laborales.

La ambigüedad de las responsabilidades en el cumplimiento de las condiciones laborales, sumada a la presión del trabajo y a la ausencia de políticas activas de formación, en muchos casos convierte al régimen de subcontratación en una zona de alto riesgo en términos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Además, por la propia naturaleza de la relación, las tasas de sindicalización entre los trabajadores subcontratados son a menudo mucho más bajas que las verificadas entre los permanentes.

Finalmente, cabe destacar que el fenómeno de la tercerización tiene consecuencias no sólo sobre quienes resultan directamente afectados por este tipo de régimen laboral, sino también sobre el conjunto de la clase trabajadora. La segmentación y el fraccionamiento de este colectivo entre un núcleo duro privilegiado y otro en inferioridad de condiciones debilitan la fuerza y las posibilidades de organización del conjunto de los trabajadores en las empresas, las ramas de actividad y la economía en su conjunto. Esta fragmentación promueve situaciones en las cuales o bien cada grupo cuenta con diferentes representaciones sindicales (incluso en el caso de tener el mismo sindicato los tercerizados frecuentemente no están alcanzados por una serie de cláusulas adicionales que benefician a los de planta), y en otras ocasiones –el peor de los marcos– algunos se encuentran sindicalizados y otros no. Con frecuencia, cuando se contrata a trabajadores por agencia, estos suelen pasar de sindicato en sindicato en sus diferentes trabajos, o directamente no están protegidos por ninguna organización, durante parte o en la totalidad de su inserción laboral. Estas diferentes formas de subcontratación también implican una transferencia de riesgos de las empresas a los trabajadores, y profundizan la precarización de sus condiciones de trabajo y de vida.

En este contexto de fuerte correlación de un avance de la tercerización con un retroceso en los derechos laborales en muchos campos, estos casos analizados permiten mostrar que si la tercerización ha sido una estrategia privilegiada de sectores significativos de la elite empresarial para transformar las relaciones laborales, los trabajadores y las organizaciones sindicales no fueron sujetos pasivos en esta historia.

En primer lugar, algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes aparecieron fuertemente vinculados al proceso de consolidación de la tercerización, que en ocasiones se convirtió, además, en un negocio no sólo para las empresas y/o su personal jerárquico, sino también para algunos funcionarios y dirigentes sindicales, desarrollando un complejo entramado que sin dudas merece mucho más estudio y análisis que el que existe actualmente. Un caso emblemático para analizar esta línea de acción es el ya mencionado del sindicato Unión Ferroviaria, que no sólo avaló el proceso de privatizaciones sino que obtuvo una serie de beneficios del mismo a partir de sus relaciones con las empresas y el estado, llegando incluso a conformar cooperativas y a emplear a trabajadores tercerizados, y sus dirigentes a impulsar procesos represivos contra los trabajadores que reclamaban su ingreso a planta, que en algunos casos, como el sucedido el 20 de octubre de 2010 que terminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y con otros militantes y trabajadores heridos de gravedad.

En segundo lugar, otro conjunto de sindicatos, dirigentes y militantes desarrollaron un amplio arco de respuestas, en muchos casos creativos y valiosos para enfrentar este fenómeno. Casos como los de los trabajadores aceiteros, de subterráneos y telefónicos  son muestras claras de procesos de organización desde las propias organizaciones sindicales, con apoyo de las direcciones. En estos casos se destaca la estrategia de la inclusión de los trabajadores tercerizados dentro del mismo convenio, para luego disputar su contratación como trabajadores de planta. Existen otros procesos de organización sindical por parte de seccionales metalúrgicas, como la de Villa Constitución, caso en el que los tercerizados se encuentran ya encuadrados en el mismo sindicato de la UOM y se dieron sucesivas disputas por garantizar derechos e instancias efectivas de organización que permitieran romper con la fragmentación. En estos casos, sin embargo, se observa la persistencia de muy altos niveles de tercerización, que alcanzan a la mitad de los trabajadores totales en planta.

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En tercer lugar, aun cuando la tercerización dificulta enormemente la organización sindical, fragmentando el colectivo de los trabajadores y consolidando divisiones y diferencias entre pares con profundos impactos identitarios y subjetivos, existieron procesos de movilización y organización por parte tanto de los trabajadores como de algunas organizaciones, que en diversas ocasiones enfrentaron no sólo a los empresarios y a las distintas instancias estatales, sino también a sus propios sindicatos. Este es el caso de los trabajadores textiles y de la confección de distintas plantas y talleres que, enfrentándose a la AOT y SOIVA lograron llevar adelante procesos de organización en los lugares de trabajo, así como los metalúrgicos, que se organizaron desde los establecimientos cuestionando la dirección de seccionales como la de la UOM Avellaneda con una proximidad innegable con las direcciones empresariales, los trabajadores de distintos establecimientos de actividades de comercio, que enfrentaron los intentos de desmovilización del sindicato de Comercio y lograron articular procesos propios, o un amplio rango de trabajadores estatales que no encontraron muchas veces en sus direcciones sindicales una respuesta y articularon formas de organización alternativas, en algunas ocasiones logrando conquistar las estructuras oficiales.

Hacia una agenda de investigación considerando dimensiones regionales y mundiales

La tercerización laboral ha tenido un impacto global que carece en la actualidad de mediciones y cuantificación exhaustiva, aunque se han concretado algunas aproximaciones a través de estudios parciales. Pochmann (2008) recupera los relevamientos de distintos organismos como OIT y Ciett (International Confederation of Private Employment Agencies), con apoyo de OCDE, ONU, UNCTAD y CEPAL, entre otras instituciones, y a partir de un trabajo que cubre a 145 países encuentra que el 25,55% del total de la mano de obra se ubica en actividades laborales tercerizadas y el 11,2% de esos tercerizados son empleados por la tercerización transnacional (Basualdo y Morales, 2014:33). Entre las mayores empresas tercerizadoras en el año 2005 se encontraban Randstad, Vedior, Kelly Services, Adecco, Manpower y Crystal, entre otras. Muchos otros autores han abordado la problemática de la tercerización global, enfatizando la expansión del offshore outsourcing y de la tercerización dentro de las fronteras nacionales, aunque aún no disponemos de estimaciones confiables y sólidas sobre el alcance de este fenómeno a nivel internacional.

Adicionalmente, la actualidad de esta problemática en América Latina y en el Cono Sur es indiscutible. En el caso de Brasil, existe gran preocupación en torno al proyecto de Ley 4.330, que abre las puertas para que las empresas puedan subcontratar todos sus servicios. En la actualidad, solamente está permitido por la legislación que puedan tercerizarse las actividades secundarias, como la limpieza, la seguridad, o el comedor. Debido a la enorme preocupación de las organizaciones sindicales, jueces del trabajo, fiscales y auditores, se conformó una agrupación de sectores bajo el nombre de Forum, con el objetivo principal de difundir la importancia de este cambio y encontrar formas de organización para combatirlo. En el caso de Uruguay, se conformó en 2013 una Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, que no sólo está a cargo de coordinar las luchas por las reivindicaciones de los tercerizados, sino que elaboró un proyecto de ley que propone la eliminación de la tercerización. El rasgo distintivo del Uruguay es la muy alta presencia de la tercerización en el empleo estatal, en el que parece haber sido un vehículo de privatización en un país que había frenado por consulta popular esta política.

En este marco, los desafíos para el estudio de la problemática requieren la constitución de redes y equipos interdisciplinarios que permitan abordar, en un marco analítico que preste especial atención a las grandes transformaciones de la estructura económica y social a nivel mundial y regional, varios aspectos. En primer lugar, es necesario retomar los debates sobre la conceptualización, alcances y formas del fenómeno; en segundo lugar, existe una necesidad urgente de instrumentos de medición y cuantificación a nivel de actividad, nacional y regional de esta estrategia y sus impactos; en tercer lugar, se requiere una ampliación del estudio de los impactos subjetivos y sociales de la tercerización, y las distintas estrategias sindicales y las formas de organización de los trabajadores; en cuarto lugar, sería muy útil profundizar el análisis comparativo de las normas legales existentes y de los proyectos hacia adelante, y finalmente, aparece como indispensable el estudio de las dinámicas de interacción de los cambios productivos, las estructuras empresariales y las cadenas globales y las políticas laborales, los cambios en las condiciones de vida, de trabajo y de organización de los trabajadores. Sería además particularmente útil disponer de análisis que permitan iluminar mejor la lógica detrás de la tercerización desde el punto de vista del sector empresarial, los costos de esta estrategia (las vinculaciones y relaciones con prácticas de corrupción y beneficios de sectores específicos en la elite empresarial y sindical) y los cálculos que implica. Esta agenda, que no pretende agotarse aquí, permitiría entonces disponer de herramientas para comprender cabalmente el fenómeno y analizar vías para transformarlo.

Referencias bibliográficas

Basualdo, Victoria (2012), “Avances y desafíos de la clase trabajadora en la Argentina de la posconvertibilidad”, en Informe Anual del CELS.

Basualdo, Victoria y Morales, Diego (coords.) (2014). La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina. Editorial Siglo Veintiuno, Buenos Aires.

Basualdo, Victoria, Esponda, Alejandra, Morales, Diego y Gianibelli, Guillermo (2015). Tercerización y derechos laborales en la Argentina actual. Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes-Página 12. Buenos Aires.

Ermida Uriarte, Oscar y Colotuzzo, Natalia (2009), Descentralización, tercerización, subcontratación. Lima, OIT, Proyecto FSAL; disponible en: <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—actrav/documents/meetingdocument/wcms_161337.pdf>.

Pochmann, M (2008), A transnacionalização da tercerização na contratação do trabalho, San Pablo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Unicamp.

Strada, Julia (2016), La tercerización laboral en Acindar Villa Constitución. 1991-2014, Tesis de Maestría, Maestría en Economía Política de FLACSO.

 Notas

[1] Este apartado sintetiza alguna de la evidencia presentada en el libro mencionado, se recomienda consultarlo para acceder al desarrollo completo y las fuentes específicas para el análisis de cada una de las actividades.

[1] Ph.D in History por la Universidad de Columbia, investigadora Adjunta del CONICET, coordinadora del Programa “Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial” en el Área de Economía y Tecnología de FLACSO Argentina y Profesora de la Maestría en Economía Política (FLACSO) y en otras instituciones académicas. Es autora de numerosos artículos y capítulos en publicaciones académicas, coautora del libro La industria y el sindicalismo de base en la Argentina (Cara o Ceca, 2010), y coordinadora de los libros Transformaciones recientes en la economía argentina (Prometeo, 2008) y La clase trabajadora argentina en el Siglo XX: formas de lucha y organización (Cara o Ceca, 2011), La tercerización laboral: orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina (Siglo XXI, 2014), Tercerización y derechos laborales en la Argentina actual (Universidad Nacional de Quilmes, 2015), y fue una de las coordinadoras del libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado (Infojus, 2015), elaborado por un equipo de FLACSO, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. e-mail: basuvic@yahoo.com.ar

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