Silvia Guemureman – Régimen penal juvenil

En 2017 se ha vuelto a instalar en la agenda pública la cuestión de la edad de punibilidad por parte de las personas menores de edad que cometen o presuntamente cometen delitos. Las primeras declaraciones del Ministro de Justicia fueron cautas respecto al tema de la edad: se situaron sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad en beneficio de un régimen de responsabilidad penal juvenil; proponían un debate legislativo recién para 2018, lejos del contexto electoral de este año, y anunciaban la conformaciones de comisiones de expertos tendientes al logro de la mejor reforma posible[1]. Sin embargo, en un ritmo vertiginoso, se sucedieron las declaraciones de otros funcionarios que se pronunciaron abiertamente por bajar la edad de punibilidad a los 14 años y saldar el debate lo antes posible[2]. La comisión de expertos creada por el Ministerio de Justicia, organizó una apresurada agenda de reuniones para el mes de febrero con una dinámica que comulgaba con la intención del gobierno de enviar la propuesta al Congreso al inicio del período legislativo. Las reuniones concluyeron con consensos sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad actual pero sin bajar la edad de punibilidad.

Cabe hacer la distinción entre imputabilidad y punibilidad ya que  la asimilación entre ambos conceptos desemboca en grandes confusiones que embarran la cancha[3].

Por imputabilidad debe entenderse: a) susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor; b) capacidad de discernimiento; o c) capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines. IMPUTABILIDAD remite al individuo.

Por punibilidad debe entenderse como potestad o facultad del estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir  sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas.  PUNIBILIDAD remite a una decisión de política criminal, y por ende, al estado.

Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el hecho en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 del CP)  no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento,  es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal.  Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de no bajar la edad de punibilidad, lo que estamos reclamando es que el Estado no se arrogue la facultad de imponer sanciones a una edad más temprana sustentado en una decisión de política criminal.

Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes participamos en las reuniones convocadas desde el Ministerio de Justicia cumpliendo en acto con la pretensión tantas veces declamada de realizar transferencia de los resultados de las investigaciones producidas. En contextos donde las discusiones siguen la dinámica de los réditos electorales, cotizan alto las intervenciones fundadas en la producción de conocimiento sostenido y riguroso. Los aportes realizados por el Observatorio de Adolescentes y jóvenes que fundamentan la posición de no bajar la edad de punibilidad desde una perspectiva de política criminal, abrevaron en los resultados de investigación que tanto desde el Observatorio como desde el Grupo de Estudios e Investigación sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) venimos llevando hace años mostrando el despliegue real de las agencias de control social penal (policía , fuerzas de seguridad, administración de justicia, y dispositivos de encierro punitivo) sobre diferentes colectivos vulnerables, los adolescentes y los jóvenes como uno de los colectivos más sobrevulnerados en sus derechos. Nuestra posición de sustentar el no a la baja en razones de política criminal no estuvo sola, sino que fue mayoritaria, y fueron muchos jueces, fiscales, defensores, operadores judiciales, integrantes de equipos profesionales que intervienen en el día a día con estos adolescentes y jóvenes “caídos en el sistema penal” los que se pronunciaron enfáticamente por el no a la baja.

El conocimiento del sistema penal por dentro, de su funcionamiento real, inhibe de la posibilidad de defender la baja de edad apelando al falaz discurso de la provisión de mayores garantías sino es a costa de mala conciencia. Los datos se tiñen del pragmatismo del funcionamiento del sistema penal real, situado, en contexto en la Argentina de hoy, donde los pibes la pasan mal en la calle, y mucho peor en los espacios de encierro, donde siguen siendo el blanco de atropellos y violencias punitivas y distintas violencias institucionales. El caso del comedor en Lanús el pasado jueves 30 de marzo[4], no es más que un ejemplo paradigmático, tristemente paradigmático de cómo funciona el sistema penal, y de porque la decisión de sustraer lo más posible a los más chicos del sistema penal es una decisión de política criminal, y como tal, una decisión primordialmente política.

[1] Cf. Telam 04/01/2017 RÉGIMEN PENAL JUVENIL:Para Garavano, la baja de la edad de imputabilidad de menores debe ser “en base a consensos”

[2] cf. Clarin, 21/01/2017: Reforma del régimen penal juvenil. Garavano defendió la baja de la edad de imputabilidad. “Ante delitos graves, los jóvenes de al menos 15 años deberían tener las responsabilidades de un adulto”. También el Presidente M. Macri y la Ministra de Seguridad, P. Bullrich.

[3] Las posiciones a favor y en contra de la baja,  y la prolongación en la voz de los actores, se desarrolla en Guemureman (2017) “Pinceladas sobre el proceso de reforma legislativa”, en Revista de Justicia de la CABA (en prensa) y el Boletín del OAJ Nº5, “LOS NNYA `CAIDOS´ EL SISTEMA PENAL Y LOS NNYA EN RIESGO DE `CAIDA ESTREPITOSA´”  (abril de 2017) disponible en http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/

[4] Represión en un comedor en Lanús . El jueves 30 de marzo la policía local irrumpió violentamente en el merendero “Cartoneritos”, del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza, Lanús. Los efectivos distritales intervinientes rompieron parte del inmueble, destrozaron elementos del trabajo diario y golpearon a las cocineras y a una embarazada, quien debió ser internada con pérdidas. La saña llegó al punto de que tiraron gas pimienta en las ollas donde se cocinaba la  cena. La saña continuó durante las horas siguientes con los  chicos detenidos. Al respecto Cf. https://www.pagina12.com.ar/29035-los-sacaron-para-torturarlos.

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