Dossier N° 4: “De teólogos y cenicientas. La investigación social frente al ajuste”


El sistema científico de la Argentina atravesó un proceso de crecimiento en la última década y media. Éste implicó la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero supuso también la amplificación de una serie de tensiones. Por un lado, fue un eje de controversia el direccionamiento del modelo científico: ¿a dónde conducía el conocimiento producido en el sector? ¿En función de qué proyecto económico estaba direccionado, y bajo qué tipo de vínculo con las problemáticas y necesidades sociales? En definitiva, ¿cómo se debía vincular la ciencia con la política, la economía y la sociedad?

En ese marco, el funcionario que condujo el MINCyT desde su creación, Lino Barañao, se encargó de atizar las brasas de una aguda polémica histórica: ¿qué papel deben cumplir las ciencias sociales y humanidades? A pocos días de asumir en el cargo, realizaba declaraciones que pusieron en alerta a quienes formamos parte de esta área del conocimiento: “Es infundado pensar que [las ciencias sociales] son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas […]. A mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.

Por otra parte, en estos años han emergido con fuerza creciente un conjunto de conflictos en torno a las condiciones laborales de los/as becarios/as y a los criterios de evaluación e ingreso. Éstos dejaron como saldo formas de organización gremial que avanzaron en la identificación de los/as jóvenes/as investigadores/as como trabajadores/as. El énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos laborales de quienes conforman la base del sistema científico, los/as becarios/as. Se trata de jóvenes que durante 5 o 7 años se dedican con exclusividad y en condiciones de trabajo precarias a llevar adelante investigaciones doctorales y posdoctorales.

El triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 supuso quiebres y continuidades respecto de estos procesos. Por una parte, en lo referido a la orientación de la política científica. El redireccionamiento de los subsidios, el incremento relativo del peso de los “temas estratégicos” en las convocatorias y el enfático llamado a que los/as investigadores/as se vinculen con el “sector productivo” son actualmente ejes de discusión -y protesta- en la comunidad científica. La medida en que estos cambios son realmente novedosos o bien si su génesis se puede hallar en el propio Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado por el gobierno anterior) es aún un debate abierto.

Donde sí se ha encontrado mayor consenso entre el conjunto de los/as trabajadores/as del sistema científico ha sido en torno a la ruptura de la curva de crecimiento que venía experimentando el sector. Esto generó un conflicto de magnitud en todos los organismos, y en particular en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el mayor empleador de becarios/as doctorales y posdoctorales e investigadores/as de carrera del país. En esa institución, la publicación de los resultados del concurso 2015 para Carrera de Investigador Científico (CIC) dio cuenta de un recorte masivo en el ingreso de personal a planta permanente, desatando niveles de movilización inéditos. Más de 500 doctores/as cuyo ingreso a CIC había sido recomendado por las respectivas comisiones disciplinares -luego de un largo y exhaustivo proceso de evaluación- fueron excluidos/as aduciéndose restricciones presupuestarias, aunque pronto el gobierno reveló que se trataba de una voluntad política de achicamiento de un organismo “inviable”.

Tras una serie de movilizaciones en reclamo contra este ajuste, en diciembre pasado becarios/as e investigadores/as de todo el país tomamos el MINCyT y numerosas sedes provinciales del CONICET para reclamar la reincorporación de los cientos/as de expulsados/as. La ocupación pacífica del Ministerio se extendió durante cinco días, y en ese interín el conflicto fue cobrando relevancia en la agenda mediática. Frente a ello, el gobierno dejó atrás las promesas de campaña, que incluían un aumento del presupuesto para el área, y orquestó un burdo ataque contra investigadores/as a través de redes sociales, al que velozmente se sumaron algunos medios de comunicación. Los misiles eran teledirigidos: se concentraron (una vez más) en temas de investigación relativos a las ciencias sociales y a las humanidades. Dado que la gran mayoría de las críticas a esas investigaciones partieron de los títulos de ponencias y artículos, puede decirse que la principal base de operaciones del ataque fue la superficialidad y la ignorancia. Apelando al sentido común, se pretendió mostrar que el Estado, a través del CONICET -una de las instituciones científicas con mayor reconocimiento internacional- financia a una suerte de casta de privilegiados/as que se dedican a investigar temas y problemas aparentemente ridículos, sin relevancia social alguna.

Atendiendo a ello, el equipo editorial de Épocas definió acercar este número a más de veinte investigadores/as con el objetivo de que puedan dar a conocer, en primera persona, cuáles son los temas sobre los que trabajan y por qué sus indagaciones teóricas y empíricas resultan legítimas, útiles y necesarias para la vida social.

Se incluyen también tres artículos de mayor extensión en los que destacados/as investigadores/as reflexionan acerca de la relación entre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades y las características del hostigamiento al que han sido sometidas en el último tiempo. En ese sentido, Silvia Elizalde reflexiona sobre el carácter sexista de las acciones de descalificación, analizando su relación con las definiciones ideológicas sobre qué tópicos  merecen ser objeto de indagación científica. Por su parte, Alexandre Roig y Catalina Arango argumentan que la principal función (por contraposición a “utilidad”) de las ciencias sociales es la ampliación y multiplicación de los sentidos posibles. Sostienen que para realizar esa función es preciso que adopten una postura reflexiva sobre sus propias lógicas de autorización y que se articulen con otras comunidades de saber a partir de la noción de compromiso. Un ejercicio de este tipo es el que desarrolló la antropóloga Rosana Guber con los estudiantes del Centro Universitario de la cárcel de Villa Devoto en ocasión del aniversario de la Guerra de Malvinas (su tema de investigación), que es lo que da vida a su artículo.

Finalmente, el cuarto número de Épocas presenta también tres entrevistas a investigadores/as de trayectoria, dos argentinos y una inglesa, que se han desempeñado en distintos sistemas científicos. En dichos diálogos, Ezequiel Adamovsky, Lauren Rea y Víctor Goldgel no sólo brindan sus puntos de vista acerca del conflicto desatado en el sector científico argentino, sino que también nos cuentan aspectos significativos de sus trayectorias académicas que permiten pensar las características de nuestro sistema científico-académico en relación a lo que sucede en otros países. Es significativo el aporte de estos tres investigadores debido a que sus objetos de estudio -la revista Billiken, la marcha y el escudo peronistas, la moda a principios del siglo XIX- pueden parecer irrelevantes a simple vista, y son del tipo de los que fueron atacados en la campaña mediática de deslegitimación de las ciencias sociales y las humanidades. Los/as propios/as protagonistas -todos con brillantes carreras y reconocimiento científico internacional- desmontan esa operación y brindan herramientas para la batalla que tenemos por delante: explicarle a la sociedad cuál es la relevancia pública de nuestra labor.

 

Comité Editorial

Junio 2017

 

DOSSIER Nº 4: “DE TEÓLOGOS Y CENICIENTAS. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL FRENTE AL AJUSTE”

El sistema científico de la Argentina atravesó un proceso de crecimiento en la última década y media. Éste implicó la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero supuso también la amplificación de una serie de tensiones. Por un lado, fue un eje de controversia el direccionamiento del modelo científico: ¿a dónde conducía el conocimiento producido en el sector? ¿En función de qué proyecto económico estaba direccionado, y bajo qué tipo de vínculo con las problemáticas y necesidades sociales? En definitiva, ¿cómo se debían vincular la ciencia y la política?

Por otro lado, el Ministro que condujo los primeros pasos del MINCyT, Lino Barañao, inauguró una aguda polémica que nunca fue clausurada: ¿qué papel cumplen y deben cumplir las ciencias sociales y humanidades? A pocos días de asumir su cargo, realizaba declaraciones que pusieron en alerta a quienes formamos parte de este área: “Es infundado pensar que [las ciencias sociales] son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas […]. A mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.

Por último, emergieron con creciente fuerza un conjunto de conflictos en torno a las condiciones laborales de los/as becarios/as y a los criterios de evaluación e ingreso. Éstos dejaron como saldo formas de organización gremial más o menos imperfectas (como toda organización social) que avanzaron en el reconocimiento de los/as jóvenes/as investigadores/as como trabajadores/as. El énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos laborales de quienes conformaban la base del sistema científico, aquellos que durante 5 o 7 años se desempeñan como becarios/as en precariedad mientras completan sus estudios doctorales y posdoctorales.

El triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 supuso quiebres y continuidades respecto de este proceso. Por una parte, en lo referido a la orientación de la política científica. El redireccionamiento de los subsidios, el incremento relativo del peso de los “temas estratégicos” en las convocatorias y el enfático llamado a que los/as investigadores/as se vinculen con el “sector productivo” son actualmente ejes de discusión -y protesta- en la comunidad científica. En qué medida estos cambios son realmente novedosos o bien si su génesis se puede hallar en el propio Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado por el gobierno anterior) son aún debates no saldados.

Donde sí se ha encontrado mayor consenso entre el conjunto de los/as trabajadores/as del sistema científico ha sido en torno a la ruptura de la curva de crecimiento que venía experimentando el sector. Esto generó un conflicto de magnitud en todos los organismos, y en particular en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el mayor empleador de becarios/as doctorales y posdoctorales e investigadores/as de carrera del país. En esa institución, la publicación de los resultados del concurso 2015 para Carrera de Investigador Científico (CIC) dio cuenta de un recorte masivo en el ingreso de personal a planta permanente, desatando niveles de movilización inéditos. Más de 500 doctores/as cuyo ingreso a CIC había sido recomendado por las respectivas comisiones disciplinares -luego de un largo y exhaustivo proceso de evaluación- fueron excluidos/as aduciéndose restricciones presupuestarias, aunque pronto el gobierno reveló que se trataba de una voluntad política de achicamiento del organismo.

Tras una serie de movilizaciones en reclamo contra este ajuste, en diciembre pasado becarios/as e investigadores/as de todo el país tomamos el MINCyT y numerosas sedes provinciales del CONICET para lograr la reincorporación de los cientos/as de expulsados/as. La ocupación pacífica del Ministerio se extendió durante cinco días, y en ese interín el conflicto fue cobrando relevancia en la agenda mediática. Frente a ello, el gobierno dejó atrás las promesas de campaña, que incluían un aumento del presupuesto para el área, y orquestó un burdo ataque contra investigadores/as a través de redes sociales, al que velozmente se sumaron algunos medios de comunicación. Los misiles eran teledirigidos: se concentraron (una vez más) en temas de investigación relativos a las ciencias sociales y a las humanidades. Dado que la gran mayoría de las críticas a esas investigaciones partieron de los títulos de ponencias y artículos, puede decirse que la principal base de operaciones del ataque fue la superficialidad y la ignorancia. Apelando al sentido común, se pretendió mostrar que el Estado, a través del CONICET -una de las instituciones científicas con mayor reconocimiento internacional- financiaba a una suerte de casta de privilegiados/as que se dedican a investigar temas y problemas aparentemente ridículos, sin relevancia social alguna.

Atendiendo a ello, el equipo editorial de Épocas definió acercar este número a más de veinte investigadores/as con el objetivo de que puedan dar a conocer, en primera persona, cuáles son los temas sobre los que trabajan y por qué sus indagaciones teóricas y empíricas resultan legítimas, útiles y necesarias para la vida social.

Se incluyen también tres artículos de mayor extensión en los que destacados/as investigadores/as reflexionan acerca de la relación entre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades y las características del hostigamiento al que han sido sometidas en el último tiempo. En ese sentido, Silvia Elizalde reflexiona sobre las implicancias que las acciones de descalificación, imbuidas de un fuerte carácter sexista, tienen en relación con la producción de definiciones ideológicas acerca de la relevancia social de ciertos tópicos como objetos de indagación científica. Por su parte, Alexandre Roig y Catalina Arango argumentan que la principal función (por contraposición a “utilidad”) de las ciencias sociales es la ampliación y multiplicación de los sentidos posibles. Sostienen que para realizar esa función es preciso que adopten una postura reflexiva sobre sus propias lógicas de autorización y que se articulen con otras comunidades de saber a partir de la noción de compromiso. Un ejercicio de este tipo es el que desarrolló la antropóloga Rosana Guber con los estudiantes del Centro Universitario de la cárcel de Villa Devoto en ocasión del aniversario de la Guerra de Malvinas (su tema de investigación), que es lo que da vida a su artículo.

Finalmente, el cuarto número de Épocas presenta también tres entrevistas a investigadores/as de trayectoria, dos argentinos y una inglesa, que se han desempeñado en distintos sistemas científicos. En dichos diálogos, Ezequiel Adamovsky, Lauren Rea y Víctor Goldgel no sólo brindan sus puntos de vista acerca del conflicto desatado en el sector científico argentino, sino que también nos cuentan aspectos significativos de sus trayectorias académicas que permiten pensar las características de nuestro sistema científico-académico en relación a lo que sucede en otros países. Es significativo el aporte de estos tres investigadores debido a que sus objetos de estudio -la revista Billiken, la marcha y el escudo peronistas, la moda a principios del siglo XIX- pueden parecer irrelevantes a simple vista, y son del tipo de los que fueron atacados en la campaña mediática de deslegitimación de las ciencias sociales y las humanidades. Los/as propios/as protagonistas -todos con brillantes carreras y reconocimiento científico internacional- desmontan esa operación y brindan herramientas para esa batalla que tenemos por delante: explicar a quienes no son especialistas cuál es la relevancia social de nuestra labor.

 

Comité Editorial

Junio 2017

 

Damián Andrada – Ciencias sociales y comunicación social

“Lo que no podemos pensar no lo podemos pensar;
así pues, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar (…)
Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje
(del lenguaje que sólo yo entiendo) significan los límites de mi mundo.”

Ludwig Wittgenstein

En su clásico y complejo Tractatus Logico-Philosophicus (1922) escrito bajo el fuego de la Primera Guerra Mundial, el pensador austríaco y discípulo de Bertrand Russell ponía el énfasis en la importancia del lenguaje en la filosofía. Sin embargo, en el marco de la avanzada del Gobierno contra la Ciencia, en general, y de las Ciencias Sociales, en particular, prefiero retomar su análisis sobre el pensamiento: “La figura lógica de los hechos es el pensamiento. (…) La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo”. Y me permito agregar que los pensamientos no verdaderos también son una figura del mundo.

Esta introducción para clarificar el primer punto de partida: nuestros mundos se construyen de pensamientos verdaderos y falsos, y también de lo que conocemos y, por supuesto, lo que desconocemos. De este modo, nuestras conversaciones y debates sobre “la realidad” van a estar enmarcados en los límites de nuestro lenguaje que serán los límites de nuestros mundos. Y es justamente éste el segundo punto de partida: las Ciencias Sociales son relevantes porque nos brindan conocimientos sobre diferentes ámbitos de la realidad. Y esos nuevos conocimientos amplían nuestros horizontes y reconfiguran nuestros mundos.

Hasta aquí está todo muy bonito e imagino que el cientista social que nos esté leyendo estará muy contento, pero justamente a esta altura me gustaría señalar el problema que observo: la sociedad precisa tener conocimiento de esos nuevos conocimientos, algo que me cuesta creer que suceda.

En su trascendente trabajo La estructura de las revoluciones científicas (1962), el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn describe una particularidad de las comunidades científicas que nos permite iniciar una respuesta a la falta de acceso de los ciudadanos al conocimiento producido: el aislamiento de los investigadores de las exigencias de los ciudadanos y la vida diaria. Si bien para el autor esto es lo que permite a los científicos concentrar la atención y lograr un alto grado de eficiencia -y probablemente tenga razón-, este artículo prefiere poner el foco en la distancia que los separa de la gente. Explica Kuhn: “No hay otras comunidades profesionales en las que el trabajo creador individual se dirija y se evalúe de manera tan exclusiva por otros miembros de la profesión. El más esotérico de los poetas o el más abstracto de los teólogos está muchísimo más preocupado que el científico por la aprobación por parte de las personas comunes de su trabajo creador, si bien tal vez esté menos interesado por la aprobación en general”.

¿A qué queremos llegar entonces? A que si el Gobierno decidió enfrentar a las Ciencias Sociales es porque o bien no considera su conocimiento relevante para el país o bien considera que el conocimiento de los cientistas sociales es un adversario político. Y, especialmente, que si logró enfrentarlas con relativo éxito es porque, en muchos casos, las Ciencias Sociales están tan alejadas de la sociedad, que la misma sociedad para la cual producimos el conocimiento con el objetivo de ampliar su horizonte no tiene conciencia ni de nuestra existencia ni de la importancia de las Ciencias Sociales para solucionar los problemas que le complican la vida diaria. O, peor aún, si llegaran a tener acceso a nuestras investigaciones, probablemente no nos entenderían. O caerían en cuestionarnos desde la más profunda ignorancia como ocurrió en el pasado diciembre negro cuando decenas de argentinos salieron a criticar a los científicos a través de las redes sociales. ¿Qué otra razón que el desconocimiento sobre el rol de la ciencia en el desarrollo para que un tipo salga a criticar a los científicos de un país?

Pero seríamos muy injustos si saliéramos a señalar con el dedo a ese tipo que, a partir del límite de su mundo, simplemente fue manipulado para salir a cuestionar algo cuya naturaleza desconoce. Lo que sí es justo es criticarnos a nosotros por el hecho de que nuestros escritorios, nuestros trabajos de campo, nuestras computadoras y nuestros egos estén a kilómetros de la sociedad que pretendemos contribuir a mejorar. ¿Cómo puede ser que un gobierno tan adverso al pueblo y unos trolls que no existen estén más cerca de ese pueblo que nosotros?

Y si tenemos la responsabilidad, por supuesto que también tenemos la solución. Abramos las ciencias sociales. Hagamos nuestras tesis, enorgullezcámonos de nuestros títulos, firmemos nuestros libros, publiquemos nuestros artículos en las revistas que lee una minoría y expongamos nuestros papers en congresos. Claro que sí. Pero también acerquemos ese conocimiento a la gente cuyos mundos queremos mejorar. Si no vienen a nosotros, vayamos nosotros a ellos. Vayamos a sus radios y canales de televisión, tanto comerciales como comunitarios, ningún espacio puede ser desestimado. Si la religión lo hace, prediquemos nuestra ciencia en las plazas. No demos clases públicas solo cuando hacemos paros. Y si, supuestamente, se ganan elecciones por las redes sociales, ¿cómo vamos a dejar ese campo por explorar?

En el Tractatus, Wittgenstein también decía que el mundo es independiente de nuestra voluntad, pero también afirmaba que “lo que es pensable es también posible”. Nuestra voluntad de que la ciencia sea uno de los motores del desarrollo en Argentina ha chocado frente a un gobierno que optó por desfinanciarnos primero y deslegitimarnos después. Pero tenemos algo a nuestro favor: el conocimiento. Hemos estudiado el pasado, observamos continuamente y desde diferentes ángulos el presente, y sabemos que la voluntad de los pueblos libres ha torcido muchas veces los destinos inciertos y oscuros de las naciones. Frente a esto tenemos dos opciones. O explicarle a la sociedad la importancia de la ciencia y persuadir como la gota que erosiona a la roca; o seguir en la soledad y el aislamiento de nuestros libros y egos. Ya sabemos a qué conduce cada camino.

Que el aislamiento mejore nuestra eficiencia y legitime nuestras investigaciones frente a los colegas. Y que nuestra apertura le explique a la sociedad la importancia de la ciencia y, de yapa, mejore sus mundos. Demos clases en la tele como Adrián Paenza, expliquemos ácidamente el mundo en 140 caracteres a lo Gerardo Aboy Carlés, demos cátedra en revistas académicas para la gente que no es como uno tal como hace Pablo Semán, debatamos con necios como Alejandro Grimson, multitaskeemos sobre relaciones bilaterales como Leandro Morgenfeld y subamos nuestros gráficos en Facebook para explicar la economía como Daniel Schteingart.

Abramos las ciencias sociales o sigamos mirando el mundo desde la cima de nuestra torre de marfil y observemos cómo somos derrotados en nuestra egocéntrica soledad.

* Damián Andrada es docente de periodismo y comunicación en la Universidad Del Salvador (USAL), y Magister en Ciencia Política y Sociología por FLACSO Argentina.

Rodolfo Elbert – Trabajadores formales e informales: experiencias, identidades y acción colectiva

En el marco del conflicto generado en diciembre de 2016 por el recorte en Ciencia y Técnica y la expulsión del sistema científico de más de 500 investigadores recomendados para ingresar al Conicet, se lanzó una campaña de desprestigio hacia los científicos con el objetivo de justificar el ajuste implementado por el gobierno de Mauricio Macri. La campaña incluyó desde declaraciones de altos funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología (con frases del estilo de “los científicos no pueden investigar lo que quieren”) hasta trolls pagados por la jefatura de gabinete y macristas de escritorio cuya principal militancia durante el conflicto fue reproducir las mentiras e infamias de los trolls (sobre el ataque orquestado desde twitter ver el artículo de Pablo González en El Gato y La caja)[1]. Uno de los principales cuestionamientos que lanzaron estos cruzados del ajuste fue la supuesta irrelevancia de numerosas investigaciones en ciencias sociales y humanas.

Este cuestionamiento interpela directamente a los que investigamos en sociología, ya que se trata de una disciplina que tiene una gran tradición de reflexividad, de pensar sus condiciones de producción y las implicancias de sus investigaciones (Bourdieu y Wacquant, 2008). Es verdad que no necesitábamos la basura virtual emanada del troll center para reflexionar sobre esto, pero ante el desafío (por más malintencionado que sea) es bueno recoger el guante y preguntarnos: ¿Qué relevancia tienen nuestras investigaciones?

En mi caso particular, desarrollo hace varios años una investigación que propone un diseño multi-método para el análisis de las relaciones entre trabajadores formales e informales en la Argentina post-2001, tanto a nivel de la estructura social como en sus experiencias de vida, identidades de clase y estrategias de acción colectiva (Elbert, 2013). La investigación tiene una parte cuantitativa donde se analizan mediante encuestas los vínculos familiares entre trabajadores/as formales e informales y la interconexión entre formalidad e informalidad en las trayectorias laborales de trabajadores/as. El componente cualitativo de la investigación consiste en un trabajo de campo con entrevistas y observaciones junto a trabajadores, delegados gremiales de fábricas y vecinos en barrios de la zona norte del conurbano bonaerense con el objetivo de analizar los vínculos entre estrategias de acción colectiva de trabajadores formales e informales de la zona.

¿Cuál considero el hallazgo más relevante de esta investigación? Mientras estaba haciendo el trabajo de campo en uno de los barrios en el año 2011, fui testigo de la lucha de un grupo de vecinas y vecinos que se organizó para exigir al municipio mejoras en la infraestructura barrial y llevó adelante una toma de tierras públicas por un período de dos meses. Los reclamos incluían el pedido de viviendas sociales para el terreno, una solución permanente a las inundaciones que afectaban el barrio, la pavimentación de algunas calles y el fin de la contaminación del arroyo por parte de ciertas empresas. El grupo estaba formado principalmente por trabajadoras y trabajadores informales, desocupados/as y beneficiarios de algún tipo de plan social. Sin embargo, también participaron algunos trabajadores y trabajadoras empleados en el sector formal, entre los cuales se destacó la participación protagónica en la toma de un delegado de la comisión interna de un frigorífico vecino. La red de solidaridad de la toma incluyó a las comisiones internas del sindicalismo de base de algunas fábricas de la zona y a bachilleratos populares del barrio. La comisión interna de los trabajadores de un frigorífico cercano, recientemente conquistada por una lista de izquierda en el marco de la emergencia del sindicalismo de base, apoyó a los vecinos a difundir el conflicto y brindó alimentos para la olla popular de la toma, entre otras acciones.

Cuando pienso en la relevancia de esta historia vivida durante el trabajo de campo se me ocurren dos aspectos principales: por un lado, es relevante dar a conocer una lucha que unificó a trabajadores formales e informales, hacer sociología pública rescatando del olvido historias que difícilmente puedan trascender los límites del barrio o la fábrica en la cual ocurrieron. La otra relevancia tiene que ver con el lugar de este tipo de acciones de lucha en los debates teóricos sobre la formación de la clase trabajadora en América Latina. Esta sorpresiva alianza entre la lucha barrial de trabajadores/as informales y las comisiones internas desafía supuestos muy difundidos respecto de la fragmentación de las luchas populares en América Latina.  En particular, cuestiona la visión que la fragmentación socio-económica de los trabajadores llevó a la emergencia de una nueva clase social denominada “proletariado informal” (Portes y Hoffman, 2003) o “precariado” (Standing, 2011) que se distingue de la clase trabajadora formal tanto en su posición estructural como en sus identidades, experiencias de vida y estrategias de lucha.

Por el contrario, experiencias como las de la toma de tierras me permitieron profundizar en una definición amplia de clase trabajadora que si bien identifica diferentes fracciones según sus condiciones socio-económicas no divide de antemano las luchas, las experiencias de vida e identidades de clase de los trabajadores debido a una supuesta división de clase entre ellos. En términos teóricos, los resultados de mi investigación refuerzan una noción marxista de que los diferentes grupos de trabajadores son parte de la misma clase social, debido a que comparten una posición subordinada en relaciones de explotación y dominación y por tanto un mismo interés material de clase. En términos de tareas de investigación, propone un proyecto de investigación sociológico enfocado en analizar las relaciones existentes entre diferentes fracciones de la clase trabajadora y las estrategias de acción colectiva que refuerzan o debilitan estas relaciones, en vez de asumir que necesariamente la fragmentación socio-económica se traduce en el aislamiento de los diferentes grupos de trabajadores.

Volviendo al tema de la relevancia de las investigaciones en ciencias sociales, los funcionarios del ministerio de Ciencia y Tecnología expresaron durante el conflicto que la relevancia pública (o utilidad) de la ciencia debe estar dada por su contribución al desarrollo económico del país mediante la creación de empleo y la transferencia de conocimiento al sector productivo[2]. ¿Qué utilidad puede tener mi investigación según este criterio? En mi opinión, ninguna, ya que para cumplir con estos objetivos me debería proponer un conocimiento científico orientado a reforzar las pautas del desarrollo capitalista. Por el contrario, pienso que debemos generar conocimiento científico relevante para el proyecto colectivo de cuestionar diferentes formas de opresión y la emergencia de condiciones sociales para que las grandes mayorías populares vivan una vida plena (Wright, 1994 [2010]), algo que no es posible en el sistema capitalista.

Siguiendo esta definición puede haber diversos caminos para desarrollar una ciencia social crítica del capitalismo y orientada a objetivos emancipatorios. Por ejemplo, podemos mencionar investigaciones enmarcadas en la ecología política crítica del extractivismo y la depredación ambiental, estudios feministas que analizan críticamente el entrelazamiento entre capitalismo y patriarcado o algunas de las investigaciones e intervenciones de Pierre Boudieu diseccionando la violencia simbólica que reforzaba la dominación de los sectores populares durante la fase neoliberal del capitalismo. De las diferentes vertientes de sociología crítica mi trabajo de investigación se enmarca en la propuesta del marxismo sociológico (Burawoy y Wright, 2002), que utiliza los métodos más avanzados de la sociología para diagnosticar las causas y consecuencias de la desigualdad de clases asociada a las dinámicas de explotación capitalista, evaluar estrategias de superación de estas desigualdades y las posibilidades de funcionamiento de un sistema social alternativo basado en la democratización de la producción y el reparto igualitario del producto social (i.e. socialismo).

El hallazgo de la solidaridad entre trabajadores formales e informales en la zona norte del conurbano, por ejemplo, demuestra que más allá de diferentes inserciones laborales, bajo determinadas condiciones ambos grupos de trabajadores pueden desarrollar estrategias de lucha unificadas. En particular, la investigación muestra que la emergencia de un sindicalismo de base y democrático fue una condición necesaria para el desarrollo de estrategias de acción colectiva orientadas a unificar a las demandas de diferentes fracciones de la clase trabajadora. Por el contrario, la hegemonía en el lugar de trabajo por parte de sindicatos de orientación burocrática y las lógicas clientelares impuestas desde arriba por funcionarios y punteros en los barrios fueron un impedimento para la emergencia y/o el desarrollo de este tipo de estrategias inclusivas.

Algunos se podrían preguntar por qué estos resultados son relevantes siendo que la mayor parte del movimiento obrero está de hecho bajo direcciones burocráticas que bloquean el desarrollo de estrategias solidarias. El motivo es que la sociología no debe ocuparse sólo de lo posible o lo predominante, sino también desarrollar un conocimiento científico de las estrategias que intentan trascender los límites del sistema social existente (Wright, 2016). Estos pueden ser gérmenes de un sistema social alternativo (como las empresas recuperadas) o estrategias para combatir más eficazmente las dinámicas de explotación y dominación que caracterizan el capitalismo. La evidencia de mis investigaciones muestra que incluso en contextos desfavorables de sindicatos burocráticos y precarización laboral, el sindicalismo de base y democrático logró construir alianzas que unificaron al núcleo formal del proletariado con las fracciones precarias e informales de la clase trabajadora. La capacidad del movimiento obrero de enfrentar la actual crisis económica y ajuste regresivo en marcha depende del éxito de este tipo de estrategias. Es una de las tareas de la sociología anticapitalista comprender las potencialidades y los obstáculos para su desarrollo.

 

Referencias

Bourdieu, Pierre y Loic Wacquant (2008) Una invitación a la sociología reflexiva, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Burawoy, Michael y Erik O. Wright (2002) “Sociological Marxism” en Jonhatan Turner (ed.) Handbook of Sociological Theory, Nueva York: Kluwer Academics/Plenum Publishers.

Elbert, Rodolfo (2013). “’Uniting What Capital Divides’: Union Organizing in the Workplace and the Community under the New Politics of Labor Informality in Argentina (2003-2011)”. Tesis Doctoral, Universidad de Wisconsin-Madison (mimeo).

Gonzalez, Pablo (2016) “Jugada preparada” https://elgatoylacaja.com.ar/jugada-preparada/ publicada el 27 de Diciembre de 2016, consultada el 18 de abril de 2017

Standing, Guy (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. Londres: Bloomsbury.

Wright, Erik Olin (2010[1994]) Preguntas a la desigualdad. Ensayos sobre análisis de clase, socialismo y marxismo, Bogotá: Universidad Nacional del Rosario.

Wright, Erik Olin (2015) “How to be an Anticapitalist Today?” https://www.jacobinmag.com/2015/12/erik-olin-wright-real-utopias-anticapitalism-democracy/ publicada el 2 de Diciembre de 2015, consultada el 19 de abril de 2017.

 

[1] Si bien se dio mucha publicidad a los ataques que recibió la comunidad científica, también las redes sociales dieron muestras de solidaridad y compromiso con el desarrollo científico. La cuenta de twitter de @JcpBuenosaires, por ejemplo, pasó de tener 20 seguidores a más de 800 después de la toma del Mincyt y hashtags difundidos por la comunidad científica llegaron a ser trending topic durante varios momentos durante el conflicto.

[2] No voy a evaluar aquí la sinceridad de estos objetivos. Sólo cabe mencionar que estos funcionarios expresaban una supuesta preocupación por crear empleos de calidad mientras implementaban un ajuste que dejó a más de 500 investigadores sin un trabajo estable para el cual habían sido evaluados positivamente.

Rafael Blanco – Géneros y sexualidad en el espacio universitario

La escena es doméstica. En  una conversación familiar alguien se dirige hacia mí y dice: “me da vergüenza el tema y no entiendo cómo el CONICET financia eso”. Es mediados del 2007; yo transitaba los primeros meses como becario doctoral de ese organismo y comenzaba un trabajo de investigación que articulaba “cosas” aparentemente sin relación: las regulaciones de los géneros y la producción de discursos sobre la sexualidad con el espacio universitario[1]. El comentario no se fundaba sólo en un desconocimiento de las reglas de la investigación social, de sus lenguajes, formas de comunicación y construcción de problemas propios. La aseveración proferida, con el sintomático “vergüenza”, contenía dos afirmaciones explicitas pero otras podían inferirse: hay temas que a priori valen la pena ser investigados y otros que no, “la ciencia” es algo que estudia cosas bien distintas a esas, deben haber fallado los mecanismos de evaluación: se está financiando la escritura de un diario íntimo, un trabajo con esas características parece no ser más que una actividad terapéutica para la tramitación de cuestiones personales.

Casi diez años después aquellas palabras resonaron nuevamente familiares. Cuando en diciembre de 2016 en el marco del proceso de ajuste iniciado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina se produjeron distintos ataques a investigaciones, investigadores e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en las redes sociales y medios de comunicación, el blanco privilegiado fueron las ciencias sociales. Como una deriva específica, un énfasis especial lo tuvieron aquellas publicaciones abocadas al análisis de procesos y problemas que atendían a la educación sexual, las sexualidades disidentes, las transformaciones en las experiencias erótico-afectivas entre jóvenes, los nuevos lenguajes y prácticas de los colectivos de mujeres, entre otras.  Muchas de estas investigaciones fueron motivadas por las transformaciones aceleradas que desde el 2002 y por espacio de una década se produjeron en los órdenes público, privado e íntimo y que dieron lugar a un nuevo entramado normativo respecto de “cuestiones personales” (salud sexual y reproductiva, educación sexual, matrimonio igualitario, muerte digna, fertilización asistida, identidad de género, entre otras).

Estos cambios, las discusiones que se sucedían, las demandas que fueron surgiendo, dieron lugar a indagaciones situadas -entre las que inscribía mi propio trabajo y el de los equipos en los que me desempeño- como así también a numerosas tesis doctorales y artículos en revistas en el heterogéneo espectro de las ciencias sociales. Estas buscaron interrogar de qué modo las transformaciones jurídicas se encarnaban en los espacios de trabajo y de estudio, en las interacciones cotidianas, en los lazos afectivos, en los productos de la industria cultural, como así también dar cuenta de los procesos de politización de aspectos de la vida social antes considerados domésticos, íntimos, individuales[2].

Vergüenza, asco, la desautorización desde alguna superioridad moral que el chiste, la ridiculización o la ironía suelen arropar, tramaron las opiniones que afloraron en los febriles días de diciembre para impugnar una variedad de investigaciones y –en un desplazamiento sin mediación-  despreciar a las personas que las llevaban a cabo. Si los ataques fueron dirigidos en gran parte por trolls desde call-centers paraestatales es algo que no tiene importancia. Al menos no para el contenido de lo que se sostenía y que merece ser retomado, ya que posiblemente ese desprecio no se trate de una aventura cibernética sin pregnancia alguna en la opinión corriente, sino de una posición que goza de un relativo consenso, dentro y fuera de la comunidad científica y universitaria.

Con una diferencia en los tonos y registros, entre colegas de disciplinas más cercanas o más lejanas, entre quienes compartimos la creencia respecto de la importancia del financiamiento público de la labor de investigación, existen también opiniones y posiciones cercanas a aquellas otras con las que convergen en señalar el carácter inútil y/o inaplicable de estas investigaciones, algo que a veces le es endilgado a las ciencias sociales en general. El debate más amplio sobre la utilidad y la aplicabilidad estructura las discusiones como una dicotomía que separa de manera tajante dos conjuntos. Por un lado, las investigaciones que contribuyen a la generación de riqueza y empleo, que posibilitan la aplicación práctica de sus resultados y “le cambian la vida a la gente”, y que por tanto sus temas y objetos de estudio merecen ser considerados. Por otro, están las que son hechas por mera curiosidad (o sin más, por una mezcla de voyeurismo y despilfarro estatal de recursos), aparentemente sin controles de calidad ni idoneidad, guiadas más por el capricho, el gusto, la arbitrariedad desvergonzada de quién la lleva adelante que por criterios científicos, equipos de trabajo, tradiciones o conocimiento acumulado.

Sin embargo, muchas de las investigaciones que versan sobre los temas desacreditados analizan o incluso se proponen incidir sobre inventos, tecnologías, dispositivos y técnicas varias.  La sexualidad es uno de esos inventos modernos: como analizó Michel Foucault (2002) es un dispositivo que surge en el siglo XVIII (antes, el discurso sobre “la carne” refería sólo una parte de lo que sexualidad nombra) y que atraviesa las prácticas pedagógicas, médicas, jurídicas, lo considerado normal y lo perverso o patológico, el deseo, la procreación o la familia. El modo de actuar de este dispositivo es regulando nuestro estar en el mundo tanto en la esfera pública como en la intimidad, y no como una fuerza “exterior”, extraña, que proviene de un lugar otro sino de un modo encarnado, propio, que el habla cotidiana llama “normal”. Frente a ese modo naturalizado de funcionamiento, las ciencias sociales buscan desentrañar las modalidades de producción de normalidad en las instituciones educativas, en los textos mediáticos, en los andamiajes legales. Por caso, en la dificultad actual para debatir –algo que empobrece nuestra vida democrática- la regulación del trabajo sexual, el aborto o la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral se encuentran pistas certeras del funcionamiento de la sexualidad como tecnología de poder, es decir, como producción de un régimen específico, de un estado de las cosas (que es uno, pero que podría ser otro). Como un desvío y una crítica a los desarrollos de Foucault, Teresa de Lauretis (1996) conceptualizó lo que denominó como tecnologías del género para dar cuenta de las estrategias discursivas mediante las que se construye no sólo el dispositivo de la sexualidad sino también el devenir diferencial y múltiple de sujetos femeninos y masculinos. Cuestión crucial esta para comprender y buscar revertir en nuestro presente los feminicidios, los crímenes de odio y las situaciones cotidianas de hostigamiento, en días en los que los cuerpos de jóvenes de sectores populares parecen valer menos que otros ante la brutalidad policial o la violencia del patriarcado. Finalmente, la investigación social se ocupa de ese otro invento, de esa tecnología compleja que es el lenguaje, y no como un mero instrumento de comunicación, inocente, neutro, sino como una facultad para conceptualizar y organizar el mundo. Una de las formas que este adopta, con diversos contenidos, es la que Roland Barthes llama la doxa, es decir, “la Opinión pública, el Espíritu mayoritario, el Consenso pequeño- burgués, la Voz de lo Natural, la Violencia del Prejuicio” (2004:65). En los usos del lenguaje, las ciencias sociales atienden al funcionamiento del poder como producción de asimetría, como violencia simbólica, como construcción de otredad, operaciones estas con efectos prácticos concretos: no es sin discursos estigmatizadores, sin la producción de verdades acerca de los “cuerpos que importan” y los que no -al decir de Butler (2009)- sin la habilitación diferencial de formas de vivir el propio deseo, que se producen algunas de las injusticias que caracterizan nuestro presente como así también de las apuestas políticas más vigorosas, como son las inéditas movilizaciones de mujeres que se vienen produciendo.

El arbitrio, la curiosidad, las implicaciones biográficas y diversas contingencias forman parte de cualquier proceso de investigación, y eso no las vuelve objetables. Luego, hay investigaciones mejores y peores, más o menos logradas, pero eso nunca estuvo en discusión. El punto de los embates hacia las ciencias sociales, desde la escena doméstica del inicio al discurso estatal pasando por los comentarios de lectores o usuarios de redes sociales parece ser otro. Como nuevo sentido común, la investigación para la fabricación de productos -como vacunas o satélites- por parte de las llamadas “ciencias aplicadas” trazan la legitimidad de la labor científica toda. Hay en este fulgor por lo visible y lo tangible un olvido fundamental: el lugar que ocupan otros inventos, tecnologías y dispositivos como los acá mencionados, sociales e históricos, incluso inacabados o siempre en proceso. Pero vale la pena recordarlo, estos participan de un asunto muy caro a los mecanismos de funcionamiento del poder, de los distintos poderes, a menudo invisibilizado: el complejo ensamble fabril que envuelve la fabricación de sujetos y la producción de subjetividades.

Referencias bibliográficas

Barrancos, Dora. 2013. “Estudios de género y renovación de las Ciencias Sociales en Argentina”.  Asociación Argentina de Sociología. Revistas Horizontes Sociológicos 1(6): 224-237.

Barthes, Roland (2004), Roland Barthes por Roland Barthes. Barcelona: Paidós.

Butler, Judith (2009). Vida precaria. Buenos Aires: Paidós.

De Lauretis, Teresa (1996). “La tecnología del género”, en revista Mora Nº 2, IIEG, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Foucault, M. (2002). Historia de la sexualidad: el uso de los placeres. México: Siglo XXI.

[1] Los resultados de esa investigación dieron lugar a mi tesis doctoral y fueron publicados en el libro Universidad íntima y sexualidades públicas. La gestión de la identidad en la experiencia estudiantil (Miño y Dávila, 2014). Es a partir de este trabajo que fui invitado a escribir en el presente dossier. Agradezco a mis compañeros/as del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (IIGG/UBA) por los comentarios y aportes.

[2] La producción de tesis de posgrado relacionadas con mujeres, géneros y sexualidades ha tenido un crecimiento ascendente y sostenido en Argentina, y en particular a partir del crecimiento de las becas doctorales, posdoctorales y el crecimiento de la Carrera de Investigador de CONICET desde 2004 como señala Dora Barrancos (2013) en un balance realizado.

Cecilia Zapata – Crisis habitacional y desigualdad social en Buenos Aires

La ciencia y la tecnología argentina están en crisis. Los acontecimientos de diciembre pasado explicitaron una situación que ya se sentía desde el último año, pero que mostró su cara más brutal en las “fiestas” con 500 investigadores despedidos, investigaciones científicas desfinanciadas, equipos de investigación desguazados y las ciencias sociales y humanas siendo objeto de un fuerte cuestionamiento social. Este escenario puso en el centro de debate si el Estado debe financiar investigaciones en Ciencias Sociales. La realidad pareciera responder por si sola este interrogante.

Según investigaciones propias en base al último Censo de Población, Hogares y Viviendas, estadísticas del Gobierno de la Ciudad y fuentes alternativas, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 2.890.151 personas. Ese universo, emplazado en el centro económico de la Argentina, presenta profundas asimetrías que disponen una verdadera grieta a saldar, pero de la que no se habla.

A pesar de ser la ciudad que concentra las mayores riquezas del país, un cuarto de los porteños, más de 600 mil personas, viven bajo alguna condición de precariedad habitacional. Más de 200 mil personas habitan en villas. Unas 140 mil viven en hoteles e inquilinatos. Más de 200 mil son ocupantes de viviendas. Unas 17 mil personas viven en la calle. Más de 21 mil hogares porteños no tienen cloacas. Unos 89 mil hogares no tienen gas de red. Y casi 5 mil no tienen agua de red. Números que explican por sí mismos una situación habitacional en la que el mercado es ley y el Estado un actor que sólo consolida su presencia para garantizar las reglas del mercado y del sálvese quien pueda por sobre los derechos de su población.

Pero los problemas habitacionales de los porteños no terminan ahí. A esas cifras hay que sumarle la población que vive en complejos y núcleos habitacionales transitorios construidos por el mismo Estado que actualmente, por desidia y abandono, muestran problemas estructurales de magnitud. Distintos organismos contralores del Gobierno de la Ciudad (defensorías, la legislatura, etc.) denunciaron que más de 25 mil viviendas sociales (involucrando a casi 108 mil habitantes) se encuentran en situación de precariedad física y legal y en riesgo inminente de accidentes.

Y como se trata de un fenómeno dinámico, en pleno progreso y que posa sus tentáculos sobre la totalidad de los sectores, en los últimos años se profundizó (y extendió) el desarrollo de un mercado informal de alquiler en villas y hoteles e inquilinatos que dispararon el índice de inquilinos de la ciudad. Esta situación evidencia las restricciones que existen, por un lado, para acceder formalmente a un alquiler y, por otro, para que los sectores populares puedan acceder al crédito y a la (utópica por estos días) vivienda en propiedad.

Cifras que grafican las desigualdades de la ciudad más rica del país, que concentra las mayores oportunidades de cumplir con el sueño americano y con un PBI per cápita de aproximadamente USD 41.000, superior incluso al de varios países desarrollados de Europa. Y estas desigualdades se hacen palpables en el territorio, ya que los porteños del norte de la ciudad además de vivir en mejores condiciones urbanas, habitacionales y ambientales con acceso a mejores infraestructuras sociales, acumulan ingresos en promedio 70% superiores a los porteños del sur.

En ese territorio, como contracara del mismo fenómeno, es posible identificar casi 300 mil viviendas vacías (un 20% del parque habitacional de la ciudad, concentrado en el norte -a pesar que la mayoría de la población vive en el sur-) que se supone esperan mejores momentos para salir a la venta, en medio de una alarmante (y creciente) especulación inmobiliaria.

Los investigadores están donde no está el Estado

Ahora bien, trolls, “referentes de opinión” de redes sociales, periodistas y/o grandes medios, estigmatizan –desde el año pasado- a las ciencias sociales en base a prejuicios, mentiras y falacias. Tomaron un puñado de títulos de artículos de investigaciones científicas (que ni habrán leído en su integridad) y realizaron una campaña de desprestigio de los autores  investigadores, para desvalorizar nuestro trabajo. Que no sólo no conocen, sino que intencionalmente banalizan. Apoyada en esta campaña, los decisores de políticas públicas decidieron que el peso del ajuste caiga específicamente en el área.

Pero el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales y humanas ha demostrado a las claras que no es una “mala inversión”. Por el contrario, los resultados de investigaciones científicas de esta área produjeron saberes que impactan en la vida social. Permiten, por ejemplo, entender mejor el mundo en el que vivimos, cómo nos organizamos, como reproducimos nuestra vida social, las formas que asume la pobreza (y también la riqueza), quiénes somos, cómo son nuestra instituciones; aporta ideas, conceptos e informaciones a debates de actualidad y, fundamentalmente; aporta empiria para el desarrollo de políticas públicas que busquen resolver los problemas reales y (mayormente) olvidados.  

Específicamente en mi área de estudio (el urbanismo desde un abordaje social), caracterizar la problemática habitacional local y nacional, estudiar las políticas públicas ejecutadas y producir propuestas integrales de solución, atadas a una lógica de derecho, me pone al servicio de lo que 600 mil porteños necesitan y se les niega. Comprender acabadamente la problemática habitacional para poder aportar al debate de soluciones es una tarea fundamental para la ciencia argentina. Más aun siendo una temática entregada por el Estado al mercado en un juego de roles complementarios, que impacta con distinta intensidad en el deterioro de la vida de millones de argentinos.

Clara la relevancia de los trabajos, el recorte a las ciencias sociales no es otra cosa que un ladrillo más en la pared de la retirada del Estado de la vida de los argentinos y un intento de silenciar todo aquello que no le es funcional en ese proceso.

Sandra Carli – Sociabilidad y experiencias universitarias

La incursión en los “estudios sobre la universidad pública” hace ya más de una década, en el marco de investigaciones desarrolladas en el Instituto Gino Germani[1], resultó una aventura intelectual y político-académica.  La pregunta por la experiencia universitaria -en los inicios sobre la experiencia estudiantil y en los últimos años sobre las biografías de profesores y profesoras de ciencias sociales y humanas-,  abrió un campo fértil de indagaciones, no solo por sus resultados académicos sino por las derivaciones y apropiaciones en otros ámbitos.  Cabe señalar que cuando comenzaban las primeras investigaciones, se producía en la Universidad de Buenos Aires un debate sobre el estatuto universitario, luego de una convulsiva elección de Rector.  Por otra parte, en el contexto nacional las nuevas políticas en educación superior y en ciencia y técnica ponían en un plano de mayor relevancia y visibilidad problemáticas vinculadas con la formación universitaria y la producción científica.

Permeada por el impacto de la crisis de los años 2001/2002 sobre las universidades públicas,  la investigación sobre la experiencia estudiantil en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales durante lo que denominé el período de crisis[2], entre mediados de la década del 90 del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, permitió  explorar la vida universitaria desde una nueva perspectiva, atenta sobre todo a las experiencias de sociabilidad [3], siendo esta una categoría también potente para leer distintos fenómenos (experiencias urbanas y suburbanas, dinámicas comunitarias, lazos entre pares, identificaciones políticas, entre otros).

Los relatos biográficos de estudiantes al mismo tiempo que daban forma a una visión sobre la experiencia transcurrida desde el ingreso hasta la graduación, en un ciclo histórico en el que debieron desarrollar diversas tácticas para permanecer en facultades con una fuerte debilidad estratégica y en un contexto de crisis social generalizada, ofrecían una mirada compleja sobre las instituciones.  En este sentido, si el interés inicial había sido auscultar la experiencia estudiantil, poniendo en discusión la categoría “estudiantes” en ocasiones subsumida en la de “movimiento estudiantil”,  en un segundo momento determinados aspectos institucionales adquirían relevancia  (las luces y sombras del ingreso irrestricto, la mitificación y desacralización de las clases teóricas, los usos públicos o privados de los espacios institucionales, las dinámicas vinculadas con el mundo de los libros y los apuntes, la cultura material de las instituciones, las demoras en la graduación, entre otras).

Al mismo tiempo la relación clásica entre estudiantes y política se releía a la luz de las transformaciones de esos años, ligadas con la declinación de agrupaciones vinculadas con el radicalismo y la emergencia de fuerzas de izquierda independiente y partidaria, así como el activismo estudiantil en organizaciones y movimientos sociales extrauniversitarios. En este sentido, la investigación dio elementos también para una caracterización histórica del movimiento estudiantil durante el período y alentó incursiones en períodos anteriores[4], para comprender la emergencia de tradiciones políticas diferenciales respecto de la formación universitaria y de la participación política de la juventud.

Tomando en cuenta las clásicas polarizaciones que han estado presente en el debate público entre ciencia básica/ciencia aplicada, podría señalar que estas investigaciones produjeron nuevos conocimientos sobre la experiencia estudiantil y las instituciones universitarias, tanto desde una perspectiva sociocultural como histórica, pero al mismo tiempo esos conocimientos fueron insumos valorados en otros ámbitos (universidades, secretarías académicas de facultades, sindicatos universitarios) para ahondar en cuestiones específicas (deserción, primeros años universitarios, prácticas de lectura y escritura estudiantil). También propiciaron miradas comparadas, en tanto la tradición de las universidades públicas en la Argentina presenta rasgos singulares, frente a la tradición restrictiva de las universidades públicas en Brasil, por poner un ejemplo[5].

La investigación sobre la experiencia estudiantil puso en primer plano cómo se generan identificaciones o desidentificaciones con la docencia universitaria; pero también los avatares cotidianos de los procesos de producción, transmisión y apropiación del conocimiento[6]. Ello generó en los últimos años la incursión en las experiencias de profesores y profesoras, en la reconstrucción de biografías académicas de una generación que ha tenido y tiene un papel crucial en la configuración de las humanidades y las ciencias sociales[7].  Si la historia intelectual, la historia de la ciencia y la historia de las disciplinas han aportado investigaciones para comprender la producción de este campo, los enfoques biográficos permiten ahondar en el papel que los sujetos individuales y colectivos han tenido en la emergencia, desarrollo e institucionalización de áreas de conocimiento, bajo el telón de fondo en la Argentina de instituciones signadas por procesos de crisis e inestabilidad permanentes. El devenir de esas biografías revela que la “utilidad” de las humanidades y las ciencias sociales ha sido siempre intensa.  En contextos de transformación política y social pero también de adversidad,  los itinerarios biográficos dan cuenta de la producción de conocimiento científico,  el aporte a las políticas públicas, la colaboración con las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, el enriquecimiento del mundo editorial, la intervención en la opinión pública y  la divulgación cultural,  y la persistencia del pensamiento crítico en las aulas y fuera de ellas.

[1] Véase Programa de estudios sobre la Universidad Pública (PESUP). En: http://pesupiigg.sociales.uba.ar/?page_id=708

[2] Carli, S. (2012) El estudiante universitario. Hacia una historia del presente de la educación pública. Buenos Aires: Siglo XXI.

[3] Carli, S.  (2014). “La sociabilidad estudiantil en las universidades públicas. Perspectivas teóricas y horizontes de investigación”. Revista Pensamiento Universitario año 16, no 16, octubre/2014.

[4] Carli, S. (2014). Entre la formación cultural y la educación política de los estudiantes universitarios. Las visiones sobre la universidad del rector Risieri Frondizi y del intelectual Juan José Hernández Arregui (1955-1973). En Carli (direc. y comp.)  2014). Universidad pública y experiencia estudiantil. Historia, política y vida cotidiana. Buenos Aires: Miño y Dávila.

[5] Carli, S. y Aveiro, M. (2015). A propósito de Darcy Ribeiro: conexiones e intercambios de ideas y experiencias universitarias con intelectuales argentinos. En Pimenta Rocha, H. y Borges Salvadori, M.A. Entre Brasil e Argentina. Miradas da Historia da Educação.  Brasil: Colección Edvecere-CAPES/ SECYT.

[6] Carli, S. (2012). Conocimiento y Universidad en el escenario global. La crítica al universalismo y la dimensión de la experiencia. En Buenfil Burgos, R.N., Fuentes, S. y Treviño, E. (coord). Giros teóricos II. Diálogos y debates en las Ciencias Sociales y Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

[7]  Entre otras producciones: Carli, S. (2015).  Hacer sociología, entre la  historia reciente y el tiempo presente. Itinerarios biográficos y académicos de mujeres universitarias. En: Remedi Allione, Eduardo y Rosalba G. Ramírez García (Coords.) Los científicos y su quehacer. Perspectivas en los estudios sobre trayectorias, producciones y quehaceres científicos. México: ANUIES, 440 pp.; (2014) Las ciencias sociales en la Argentina: itinerarios intelectuales, disciplinas académicas y pasiones políticas. Revista Nómadas No 41,  octubre de 2014,  Universidad Central, Colombia; (2013) El viaje de conocimiento en las humanidades y las ciencias sociales. Un estudio de caso sobre profesores universitarios en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. Historia de la Educación. Anuario. Vol. 14, No2. 2013. Carli, S. (2016) Adriana Puiggrós. Ensayo de una biografía incompleta: el exilio mexicano y la génesis del pensamiento crítico sobre la educación en América Latina (1974-1984). Historia de la Educación. Anuario. Vol.17, No2.

Néstor Cohen – Diversidad étnica y desigualdad social

Una nueva categoría ha surgido en estos tiempos participando del debate científico, y por fuera de él también, que algunos pretenden ubicar en un lugar de privilegio. Me refiero a la llamada “inutilidad de las Ciencias Sociales”. Las primeras preguntas y reflexiones que podemos formularnos ante su presencia son ¿en qué consiste la utilidad de una ciencia? ¿Cómo se la evalúa? ¿Quiénes son los destinatarios, beneficiarios, de su utilidad? ¿Las otras ciencias, siempre, producen resultados útiles? Podremos debatir, discutir, criticar cómo se produce conocimiento, la pertinencia teórica o metodológica, la oportunidad de esa producción, para quién se lo produce, las fuentes de financiamiento, etcétera, pero en tanto es el fin primero de la ciencia, toda vez que se ha producido conocimiento se vacía cualquier comentario acerca de su nivel de utilidad. En otras palabras, si el conocimiento es científico significa que ha respetado los estándares de la ciencia. Para ello, todo proceso de producción de conocimiento es sometido a diferentes evaluaciones, referatos, tribunales. En tales evaluaciones no se aplica como indicador el nivel de utilidad, porque aportar al conocimiento de un fenómeno es útil en sí mismo. Negar esta afirmación, oponerse a ella, podría llevar a preguntarse qué es más útil ¿aportar conocimiento al fenómeno de la pobreza o al desarrollo de un nuevo antibiótico? Formularse esta pregunta implica reflexionar sobre qué muerte es más importante ¿aquella causada por la pobreza o la causada por una bacteria? De quién se tendría que ocupar la ciencia, ¿de los pobres o de los enfermos? En la misma línea de pensamiento podríamos preguntarnos qué es más útil ¿investigar sobre la discriminación étnica, de género, el bullying escolar o el desarrollo de un nuevo agroquímico? De quién se tendría que ocupar la ciencia ¿de las grupos estigmatizados, marginados, inferiorizados o de la calidad de la producción agropecuaria? Qué es más útil ¿evaluar los resultados de una política social en el ámbito público de la educación o evaluar la tasa de absorción específica de los teléfonos celulares? De quién se tendría que ocupar la ciencia ¿de contribuir a una mejor educación pública o contribuir a mejorar la calidad de los celulares? Infinitas preguntas similares a éstas surgen cuando el debate acerca de la ciencia, se concentra en torno a la utilidad de su producción. Para responderlas sólo puede hacerse desde la defensa de los intereses de los grupos dominantes o desde el mundo de la estupidez, pero jamás podrá darse respuesta desde la ciencia misma.

Las Ciencias Sociales han sido señaladas (con intencionalidad acusatoria), desde algunos lugares, como ciencias abstractas y productoras de un conocimiento inútil. Estas ciencias están integradas por varias disciplinas, la sociología es una de ellas. Entre quienes producimos conocimiento sociológico, algunos nos dedicamos a trabajar sobre las migraciones externas. En mi caso lo hago desde hace 20 años y mis problemas de investigación han estado vinculados a la diversidad étnica. Me involucré en esa temática para tratar de responder a preguntas que me formulaba, y nos formulábamos, respecto a la realidad en la que participábamos en la calle, en las instituciones, en el ámbito de la vida privada, en relación a las colectividades migrantes de los países limítrofes y de aquellas de origen asiático. Desde diferentes espacios públicos y privados, desde la prensa, desde el poder político, desde los ámbitos empresario y sindical, desde las fuerzas de seguridad, a lo largo de la década de 1990, se instaló un discurso estigmatizante y persecutorio de estas colectividades. Sólo desde las ciencias sociales se podía aportar conocimiento que visibilizara, denunciara y, por lo tanto, contribuyera a confrontar con un discurso que se había naturalizado y culpabilizaba a estos migrantes del crecimiento sostenido de los índices de desocupación, del delito, de la presencia del cólera, del uso abusivo de los servicios públicos, entre otras acusaciones que se formulaban día a día.

Nuestra preocupación ha sido y sigue siendo, hacer visible lo invisible de la diversidad étnica. En otras palabras, significa hacer visible la mutación de la diversidad en desigualdad social y económica, hacer visible que en nuestro país contamos con un muy buen marco normativo que regula la presencia de los migrantes, pero esto no garantiza un fluido acceso a derechos, hacer visible que la combinación de desigualdad con dificultades en el acceso a derechos son condiciones necesarias y suficientes para generar escenarios de vulnerabilidad, de relaciones sociales de dominación, con obstáculos a la participación social, económica y política. Nos ha preocupado y nos preocupa hacer visibles las fronteras simbólicas que fragmentan el espacio urbano, pero también los microespacios en las escuelas, los hospitales, el ámbito laboral, la justicia, etcétera. Nos ha preocupado y nos preocupa esta falsa clasificación que da cuenta de buenas migraciones y malas migraciones, ejemplificando con las migraciones ultramarinas de fines del siglo XIX y parte del siglo XX y las migraciones recientes, principalmente las provenientes de los países limítrofes y Perú. Nunca nos hemos preguntado acerca de la utilidad de lo que investigamos, siempre nos hemos ocupado en producir conocimiento que contribuya a mejorar las condiciones de vida, el acceso a derecho, de las poblaciones migrantes.

Esta muy breve presentación que he hecho de nuestro trabajo como investigadores, es un ejemplo entre muchos más que resultan de la tarea que investigadores e investigadoras de las ciencias sociales realizamos cotidianamente a lo largo de nuestro país en universidades, CONICET, centros de investigación y otras instituciones públicas y privadas. La salud, el medio ambiente, la educación, el género, los partidos políticos, las migraciones externas e internas, los pueblos originarios, el trabajo, la comunicación, el espacio urbano y el rural, el delito, la cultura, entre otros ámbitos o manifestaciones de la sociedad civil y política, cuentan con insumos que contribuyen a su desarrollo provenientes de las ciencias sociales.

Cabe preguntarse, entonces, por qué esta descalificación, esta estigmatización. Es posible que surjan diferentes respuestas, algunas estarán más cerca y otras más alejadas de las verdaderas motivaciones. Considero que una de las respuestas posible expresa que en este conflicto hay una disputa por los recursos escasos. En este sentido, asociar las ciencias sociales a la inutilidad, intenta legitimar cualquier decisión que se tome respecto a limitar, coartar, el acceso de estas ciencias al financiamiento. Pero debemos entender, también, a estas actitudes como la expresión del temor a la producción de un conocimiento crítico que cuestiona las relaciones de dominación existentes, que visibiliza a los sectores vulnerables y que se pregunta por una sociedad más justa. Ciencia sin financiamiento es ciencia silenciada: doble beneficio para quienes están detrás de este objetivo.

Nicolás Dvoskin – Historia de las ideas económicas

Me llamo Nicolás Dvoskin y soy Magíster en Historia Económica y Doctor en Ciencias Sociales. Me dedico al análisis de la Historia de las Ideas económicas en la Argentina. Mi tesis doctoral consistió en un estudio del discurso económico presente en los distintos debates sobre la reforma de la seguridad social argentina entre 1957 y 1994, mientras que mi investigación posdoctoral actual se centra en la misma temática, pero tomando como caso las políticas de vivienda. Mi trabajo consiste en ir a archivos y bibliotecas, bucear entre cajas de documentos y navegar por repositorios digitales buscando información, para después analizarla, compararla y obtener resultados.

La pregunta central de mis investigaciones es cómo se reciben, adaptan, escriben, difunden, generalizan y desaparecen las distintas ideas económicas que conforman el discurso social. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad y contextos tanto empíricos como intelectuales que favorecen que en determinado momento del tiempo se pongan de moda ciertas ideas y en otro momento otras. Para ello, me interesan en particular los discursos públicos: alocuciones de referentes y funcionarios, notas en diarios y revistas de alcance nacional, leyes, documentos oficiales, etc. Me interesa analizar cómo se fundamentan, justifican y critican los distintos proyectos de reforma de las políticas públicas, y es en ese “cómo” donde puedo rastrear la presencia o ausencia de determinadas teorías o ideas económicas.

No elegí estudiar la seguridad social por una preocupación particular por la temática en sí, sino porque la entendí como un campo propicio para mis investigaciones sobre historia de las ideas económicas: es un tema que ha estado permanentemente en agenda. A lo largo del siglo XX ha sufrido cambios normativos muy importantes, distintos sectores sociales, partidos políticos, corporaciones e intelectuales se han referido a ella y, sobre todo, en los debates acerca de sus reformas se pueden encontrar referencias a problemas tales como la inflación, el desempleo, la distribución del ingreso, el rol del Estado, el crecimiento económico o los modelos de desarrollo, entre otros. Cuando decidí estudiar las políticas de vivienda lo hice, entre otras cosas, porque entendí que había una temática central de la economía argentina que no aparecía referida en los debates sobre la reforma de la seguridad social, pero sí  podría encontrarse en el nuevo tema: la renta de la tierra.

Encontré relaciones muy fuertes entre los climas intelectuales a nivel mundial, las lecturas argentinas y latinoamericanas y las propuestas de reforma. Por ejemplo, entre los ‘40 y mediados de los ‘60 el diagnóstico más difundido sobre la situación argentina era el del subdesarrollo: se entendía que la economía argentina tenía menor productividad que la de los países centrales y que era necesario encauzar, desde el Estado, procesos acelerados de desarrollo económico por la vía de la industrialización sustitutiva. Los imaginarios sociales referían a una sociedad de pleno empleo, en la que, en un futuro próximo, no habría más pobreza ni penurias sociales. En este marco, las políticas sociales y de seguridad social debían ser homogéneas y contributivas: todos debían acceder de la misma manera, y las prestaciones se financiarían desde los aportes sobre la nómina salarial. Si todas las personas tienen trabajo registrado, un sistema contributivo genera una protección universal. En este marco, una de las funciones de la seguridad social es asegurar que los trabajadores puedan seguir consumiendo después de agotada su vida activa o mientras están temporalmente desempleados.

A mediados de los ‘60 se registra un leve viraje: del diagnóstico del subdesarrollo pasamos al de la heterogeneidad estructural. La economía argentina no sería ya catalogada como meramente atrasada, sino que se haría hincapié en la coexistencia de sectores de alta productividad, que habían acogido los frutos de las políticas de industrialización de las décadas anteriores, con otros de productividad mucho más baja. Ante este escenario, la política social y la seguridad social se transforman: se abandonan las pretensiones de homogeneidad y se plantea como deseable que algunos sectores o regiones puedan acceder a protecciones no contributivas, financiadas por el Estado. Más aun, se empieza a pensar, en Argentina y en América Latina, que la seguridad social ampliada puede ser un medio para el desarrollo, una condición necesaria de su encauce.

A partir de la última dictadura, los consensos hegemónicos empezarán a cambiar, pero el nuevo paradigma se impondrá recién en los ‘90. Ahora el diagnóstico de la economía argentina será el de un mercado emergente. Se sostendrá que la industrialización sustitutiva había sido un fracaso, que las industrias nacionales siempre fueron deficitarias y que es necesario volver a una Argentina exportadora de productos agropecuarios, a lo que se agregarán los servicios financieros. Sin una industria que sostener y sin una producción nacional que garantizar la seguridad social se convierte en una carga; deja de ser una solución y se convierte en un problema. Entonces hay que transformarla. He ahí la clave argumental de la privatización: si los aportes a la seguridad social pasan por las aceitadas ruedas de la bicicleta financiera, podrán canalizarse a inversiones productivas, tecnológicas, de última moda, de fin de siglo.

Hacia la primera década del siglo XXI, crisis del neoliberalismo mediante, volverá a cambiar el diagnóstico hacia algo parecido a la vieja heterogeneidad estructural, pero con utopías más escuetas. El kirchnerismo propondrá como misión el desarrollo económico con inclusión social, reconocerá que el crecimiento económico no puede ser la solución a la precariedad y la marginalidad, y lanzará políticas masivas –moratorias y AUH- tendientes a amortiguar y contener. Las políticas sociales no serán necesariamente precondiciones económicas del desarrollo, o lo serán parcialmente, pero sí serán sostenes políticos y sociales de un modelo de crecimiento, bajo desempleo, mejor distribución del ingreso, lenta reindustrialización y aun más lenta autonomización de la dependencia respecto de las exportaciones primarias.

En síntesis, las distintas políticas públicas implementadas son inescindibles de sus contextos de formulación. La posibilidad de poner en práctica una propuesta no sólo está limitada por su financiamiento, su operativización o los acuerdos políticos para lograrla, sino, también, por los consensos sociales a su alrededor. Si queremos proponer políticas públicas e intentamos tomar como referencia a las experiencias del pasado, el tener en cuenta los contextos intelectuales, los consensos sociales y las ideas dominantes en cada momento resulta imprescindible. O, en todo caso, si queremos poner en práctica una idea resulta necesario promover los distintos consensos sociales que la legitimen y la sostengan. La historia de las ideas tiene mucho que aportar al análisis y la implementación de políticas públicas en la actualidad.

[ENTREVISTA A EZEQUIEL ADAMOVSKY] “La ideología del emprendedorismo es lo que está detrás de la política científica de este gobierno”

Por Fernando Toyos

Ezequiel Adamovsky es Doctor en Historia por University College London (UCL) y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido Investigador Invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) en Francia y  actualmente se desempeña como Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones han girado en torno de la historia intelectual europea y la historia de las clases medias y populares en Argentina. Ha pubicado numerosos artículos en revistas académicas. Es autor de los libros Euro-Orientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France, c. 1740–1880 (Oxford, Peter Lang, 2006) e Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003 (Buenos Aires, Planeta, 2009), entre otros. Ha obtenido el James Alexander Robertson Memorial Prize (2009), el Premio Nacional (Primer premio categoría historia, 2013) y el Premio Bernardo Houssay (2016).

FT: A partir del conflicto desatado a fines del año pasado respecto de los y las postulantes para el ingreso a Carrera del Investigador que fueron recomendados pero no ingresaron, adquiriendo estado público a partir de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿qué balance puede realizarse de aquellas jornadas? ¿En qué medida lo acordado cerró el conflicto, y en qué medida quedaron conflictos latentes?

EA: El conflicto claramente no está cerrado en la medida en que el Ministerio todavía no dio respuestas concretas a los planteamientos. La lucha de diciembre consiguió un “cuarto intermedio”, digamos, y abrió una ventana de diálogo a ver si se soluciona el conflicto. Yo no estoy entre los que están motorizando el reclamo, pero en su momento me pareció sensata la postura de la mayoría de las organizaciones que conducían de aceptar lo que ofrecía el Ministerio y levantar la toma. Se venía Navidad y luego de las fiestas el gobierno no iba a tener incentivo para levantar urgente la toma y, a su vez, iba a ser muy difícil sostenerla en enero y febrero. Se corría el riesgo de terminar en una derrota total, lo que habría sido catastrófico. En ese sentido mi balance es módicamente positivo. Se avanzó algo también en la coordinación entre disciplinas y a nivel nacional, partiendo de la desconexión total que había en diciembre. Y en un terreno muy desigual, creo que se consiguió sensibilizar a la población sobre el tema. Las encuestas que manejaba el gobierno y que se hicieron públicas, indicaban que la mayoría de la población, incluyendo los que habían votado al gobierno, veían con desagrado el desfinanciamiento de la ciencia. Conozco gente capaz de justificar cualquier cosa al gobierno, pero que con este tema no pudo.

Queda un conflicto latente, más allá de la situación de los becarios de diciembre, que me temo que se va a proyectar en los próximos años. Es evidente que este gobierno no tiene ninguna intención de cumplir su promesa de campaña de llevar la inversión en CyT al 1,5% del PBI. La está bajando y nada indica que vaya a revertir eso en los años próximos. Fue uno de los tantos engaños de la campaña. Por otra parte, es evidente –porque lo dicen los funcionarios del MINCyT con todas las letras– que hay un proyecto de poner cada vez más la investigación pública al servicio de las necesidades de la acumulación de capital (y de las empresas en particular). En medio de la toma, en la reunión que mantuvimos los premios Houssay con las autoridades, nos dijeron de manera explícita que el proyecto era que cada investigador pudiera convertirse en un “emprendedor”. Esto es literal: así lo dijeron. La ideología del emprendedorismo es lo que está detrás de la política científica de este gobierno. Evidentemente es una visión ruinosa para cualquier horizonte de desarrollo científico que uno piense, así que, lamentablemente, imagino que seguirá habiendo conflictos en el futuro.

FT: La toma del MINCyT disparó un debate en el seno de la sociedad respecto de la utilidad o inutilidad del financiamiento público a la investigación científica, ¿qué reflexión te merecen las opiniones vertidas en esa polémica? ¿Qué concepto entendés que predomina en la sociedad respecto de la relevancia de financiar la investigación científica desde la esfera pública?

EA: Creo que hay una especie de sentido común de la clase política, compartido por una parte de la comunidad científica, según el cual la investigación es “útil” si contribuye al crecimiento de la economía, genera puestos de trabajo, etc. Este gobierno profundizó esa visión, pero hay que decir que es una visión que compartía Cristina Kirchner también. No es casual que el Ministro de CyT haya continuado. Tiene razón Barañao cuando dice que lo que él está haciendo, su orientación, es la que Cristina Kirchner aprobaba entusiasta anteriormente. Me refiero a la orientación de la inversión, no al recorte presupuestario. Lamentablemente ese sentido común también es dominante en la población en general, me temo, incluso entre los que no son hostiles al CONICET o particularmente de derecha.

La idea  de que la ciencia debe orientarse al crecimiento económico y a las necesidades de las empresas es una visión evidentemente ideologizada y empobrecedora. La ciencia puede contribuir a eso, pero su misión no puede agotarse allí. Hay veces en que la ciencia debe plantarse claramente en oposición a los intereses empresariales. Doy un ejemplo conocido: aumentar el uso de transgénicos es del interés de los empresarios rurales, de Monsanto y de los políticos que quieren ampliar sus arcas. Desde la visión científica de la conducción del MINCyT (la de tiempos kirchneristas y la actual), la ciencia debe contribuir a eso. Pero las evidencias científicas hacen cada vez más claro que ese tipo de actividad económica, organizada de esa manera, es ruinosa para la mayoría de la población en el mediano plazo. El modelo sojero actual nos envenena con glifosato, está generando una crisis sanitaria alarmante, empobrece los suelos, los hace más impermeables generando inundaciones, produce un despoblamiento del campo y pérdida de fuentes de trabajo. Una política de CyT seria estaría hoy invirtiendo en generar alternativas viables a este modelo. En cambio, la que tenemos se pone a su servicio. Tanto, como para haber no sólo marginado sino incluso atacado a los científicos que advirtieron por primera vez sobre los efectos del glifosato sobre la salud. Todos recordamos a Andrés Carrasco, que estuvo entre los primeros científicos del mundo en demostrar, sobre base empírica, que el glifosato es una calamidad. Hoy es algo que dice hasta la OMS. Carrasco debería ser un héroe nacional. Pero en cambio, cuando dio a publicidad sus descubrimientos de laboratorio, la plana mayor del MINCyT –con Barañao a la cabeza—salió a atacarlo y a tratar de desacreditarlo. Incluso intentaron someterlo a un tribunal de ética. Un absurdo. Esa es la consecuencia de orientar el desarrollo científico a las necesidades de las empresas, en lugar de pensar de manera más amplia en las necesidades de la sociedad.

Otro ejemplo es el de la formación de investigadores en geología. Desde una visión como la actual, es bueno que los geólogos colaboren con las empresas mineras. Pero sucede que la minería a cielo abierto es otro desastre desde el punto de vista del bienestar de la población. Posiblemente genere divisas (ni siquiera eso está claro), pero a costa de un daño a mediano plazo, incluso estrictamente económico, que es tremendo. Hoy tenemos la situación, en nuestro país, que prácticamente no hay un solo geólogo que no esté trabajando para las empresas mineras transnacionales. Es decir: no hay profesionales que puedan hacer un estudio independiente del daño que están causando. Una política seria de CyT tendría que garantizar núcleos de investigación en geología que se mantengan independientes respecto de las empresas.

La inversión en CyT debería apuntar a la diversidad de necesidades que tiene una sociedad. Y puede que la ciencia esté llamada, por ejemplo, no a contribuir al crecimiento económico sino a advertir en contra del crecimiento económico. Es a esta altura evidente para cualquier persona honesta e informada que el planeta no tolera este ritmo de consumo de recursos naturales y de contaminación ambiental. La comunidad científica, en este escenario, debe colaborar en el diseño de otros modos de vida en común, que impliquen no aumentar sino disminuir el ritmo de crecimiento, incluso detenerlo o “decrecer”, si fuese necesario, como plantean hace tiempo muchas voces. La ciencia no puede seguir alentando y participando en este tipo de actividad económica inviable a mediano plazo.

Por otra parte, la sociedad tiene montones de necesidades que no son económicas. Es un error plantear que lo útil es lo que genera dinero, un error típico de esta sociedad unidimensional que es el capitalismo. Porque además, incluso pensando en una ciencia que sirva al crecimiento económico, es algo bien sabido que no existe investigación aplicada sin investigación de base. Y la investigación básica no orienta sus pesquisas pensando en alguna utilidad práctica. Buena parte de los descubrimientos y desarrollos de hecho se dan “por casualidad”, mientras uno busca entender o estudiar otra cosa. Se calcula que no menos del 30% de los descubrimientos científicos en las ciencias “duras” tienen ese origen. Quizás más.  Esas “casualidades” se vuelven más frecuentes a medida en que se acumulan más investigaciones, cuyos resultados permiten “atar cabos” y arribar a conocimiento nuevo. En ese sentido, no puede saberse de antemano qué investigación resultará “útil” (o dicho de otro modo, no existe indagación de la que pueda asegurarse que es “inútil”). La opción más razonable para la inversión en CyT es dejar que los investigadores orienten sus propias pesquisas (lo que no es obstáculo para que una porción menor del presupuesto se invierta en temas de demanda específica y orientados por el Estado, cosa que es legítima).

Lamentablemente, los políticos y periodistas que responden al gobierno actual no sólo no explican esto a la población, sino que se han dedicado a diseminar de manera artera e irresponsable la idea de que los investigadores derrochamos el dinero en investigaciones que no sirven para nada. Que lo hayan hecho marca la pobreza actual que tiene nuestra clase política.

FT: En el marco del debate sobre la utilidad de la investigación, las ciencias sociales y las humanidades han sido el blanco de los ataques más duros, llegando al punto de negarles de plano todo tipo de relevancia social. ¿Cuál es tu opinión, en tanto investigador en historia?

EA: Efectivamente las ciencias sociales, y las humanidades, fuimos víctimas de una campaña brutal de difamación.  Especialmente los que nos dedicamos a disciplinas humanísticas fuimos caricaturizados en los medios y en las redes sociales como personas incapaces, dedicadas a malgastar fondos públicos en indagaciones que no sirven para nada. Hoy sabemos que parte de ese ataque fue políticamente orquestado, con trolls pagos por alguien (evidentemente el gobierno). Pero no es algo que fuera del todo nuevo. El propio ministro Barañao acumula ya una cantidad de declaraciones, antes y después de la toma del MINCyT, contra las humanidades. Varias veces ha dicho que lo que hacemos no tiene ningún valor y, recientemente, llegó a afirmar que el sistema de CyT no debería financiar en absoluto, por caso, la investigación en historia medieval. Es una afirmación de un nivel de brutalidad pasmoso: todos los países desarrollados (y los menos desarrollados también) financian investigación en todo el abanico de las humanidades. Es evidente que Barañao no tiene la menor idea de cómo funciona la investigación en nuestra área a nivel internacional ni le interesa averiguarlo. Se mueve desde el más absoluto prejuicio.

Lamentablemente el CONICET, avalando esta orientación que propone el MINCyT, acaba de implementar un cambio brutal en la modalidad de financiamiento, al poner la mitad de los recursos en áreas supuestamente estratégicas, que serán evaluados por una comisión ad hoc. Esto supone no sólo niveles de posible arbitrariedad en las evaluaciones mucho mayores, sino que las humanidades van a ver de hecho recortados sus recursos de manera drástica. Es el mayor ataque a nuestras disciplinas que hemos visto desde que se reactivó el CONICET en los años ’90.

Hay que decir, sin embargo, que los ataques que venimos recibiendo no provienen sólo de la ignorancia o de la necesidad de justificar el recorte que este gobierno viene haciendo. Hay un motivo ideológico más profundo. Existe una relación intrínseca entre esa campaña de desprestigio y la ideología del emprendedorismo que profesan tanto el PRO como las máximas autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El culto al optimismo emprendedor está estrechamente vinculado con los llamamientos que vienen haciendo figuras del gobierno a olvidar el pasado para orientarse (supuestamente) hacia el futuro y también con la insólita arremetida contra el “pensamiento crítico” que ensayaron algunas figuras del PRO, como Alejandro Rozitchner o Marcos Peña, que dijeron directamente que “el pensamiento crítico es un valor negativo”, por lo que las escuelas públicas deberían evitar estimularlo. Rozitchner propuso a cambio que a los estudiantes se les enseñe “el entusiasmo” y “las ganas de avanzar y de crecer”. Desde su visión, los adolescentes deben ser “felices, capaces y productivos”, para lo cual es mejor erradicar “el hábito de la queja, el descontento y la insatisfacción”. El “conformismo” debería reivindicarse como expresión de un verdadero “amor por lo real”. Parece broma pero son afirmaciones textuales de Rozitchner.

La sospecha frente a la capacidad de cuestionamiento de la realidad es la marca de nacimiento de todo autoritarismo. Esta vez no se manifiesta como en tiempos pasados, con bastones largos para los académicos o prisión para los intelectuales. Pero se lo reconoce tras la campaña de desprestigio a la que los voceros oficiosos del PRO han sometido a los investigadores y también a las universidades públicas, a las que se buscó asociar con la corrupción kirchnerista, al punto tal de promoverse una denuncia judicial colectiva contra 52 de ellas, basada en la nada misma, que sin embargo motivó los oportunos titulares en los diarios y en la TV. El Consejo Interuniversitario Nacional, debe recordarse, debió salir a advertir que se trataba de “una agresión a la identidad misma de la universidad pública”. Y los rectores no se equivocaban: los valores que encarnan las universidades –su pluralidad, su vocación crítica, su meritocracia real asociada al compromiso con la igualdad y con las necesidades de la sociedad– son ciertamente un obstáculo frente al “cambio cultural” al que aspira el macrismo. Nuestras universidades públicas no se contentan con ser incubadoras de optimismo emprendedor y de planes de negocios. Obviamente los que hacemos humanidades tampoco: no podríamos ser emprendedores ni aunque quisiésemos. Pero me atrevo a imaginar que la mayor parte de los científicos de las ciencias duras tampoco se sienten a gusto con esta especie de optimismo de Estado compulsivo que se quiere imponer como alternativa al pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay ciencia: hay Lyssenkoísmo, sólo que esta vez liberal en vez de soviético.

FT: Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo.