Pablo Barbetta y Diego Domínguez – Ecología política, comunidades y derechos

El Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA está conformado por jóvenes investigadores de distinta trayectoria -sociólogos, geógrafos, antropólogos- que trabajan temas referidos a la cuestión agraria en la Argentina. A través de la docencia y la investigación participativa el GEPCyD se constituye en un espacio de formación que busca promover estrategias de fortalecimiento entre el mundo académico y los diferentes actores sociales con los que ha trabajado hasta el momento. Teniendo como meta la práctica permanente de problematizar los modos de producción de conocimiento, la búsqueda de articular con las demandas de organizaciones sociales y populares, y el deseo de aportar en la democratización de otros campos de la vida social.

El Grupo se inscribe en un nuevo paradigma epistemológico y metodológico en los estudios rurales, crítico con los paradigmas de la modernidad y la fe puesta en el progreso. Asume el enfoque de la ecología política, un campo teórico-práctico en conformación, que se interroga sobre las luchas y relaciones de poder que se juegan en la definición de los territorios y en la distribución de los bienes naturales. En este contexto, nuestras investigaciones recuperan la trayectoria de los estudios campesinos e indígenas desde diferentes perspectivas de análisis y en diálogo con los estudios culturales, las teorías feministas, la filosofía política, la historia, para interpretar las prácticas sociales de las/los campesinas/nos y los pueblos originarios, recuperando para ello la tradición de la sociología agraria latinoamericana, de la sociología crítica jurídica y de la geografía crítica brasilera, ente otras.

Nuestras investigaciones tienen, en términos generales, como objetivo analizar y comprender las consecuencias sobre los actores sociales del modelo del agronegocio.  En este contexto, abordamos las estrategias que realizan los distintos sectores de la agricultura familiar para permanecer en el campo en el actual contexto de desarrollo de la “agricultura transgénica”, caracterizada por la intensa innovación tecnológica y la transnacionalización del sistema agroalimentario argentino. Con ello venimos dando cuenta de la conflictividad que gira en torno del control de la producción, de los canales de distribución y procesamiento, y de los bienes naturales en general, incluida la tierra, y que está relacionada con la disputa entre territorialidades distintas (y a veces opuestas) que pugnan por reproducirse en un mismo espacio geográfico (GEPCyD, 2007 y 2009).

Un segundo grupo de investigaciones remiten a la dimensión jurídico-política del accionar campesino e indígena. Aquí, Domínguez y Sabatino (2008) abordaron la singularidad actual de la conflictividad por la tierra en Latinoamérica, entendiendo que ésta se inscribe en la problemática más amplia del territorio, de las disputas por la definición de territorios que expresa la emergencia del proyecto político del campesinado y los pueblos originarios. Para dar cuenta de este recorrido analizaron la conflictividad en el espacio rural de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. En la misma dirección, Diego Domínguez (2009) aborda la recreación política del campesinado y de los pueblos originarios que se manifiesta en los conflictos de tierra de Argentina en la actualidad. Considera como hipótesis que los conflictos por tierra son un indicador de la persistencia y recreación de estos sujetos. Para el autor, la recreación del campesinado (como modo de vida siempre amenazado, como clase sobreviviente), ha reactualizado la lucha por la tierra con otros elementos que le imprimen gran complejidad, ya que la disputa aparece ahora enmarcada en una conflictualidad que podría denominarse socioambiental o territorial, y que se desenvuelve en un período histórico signado por el proyecto globalizador neoliberal y por profundas crisis (de representación política, de los Estados-Nación, del proyecto inclusivo de la modernidad, etcétera).

Desde el abordaje de una sociología jurídica crítica, abordamos la inscripción de los conflictos por la tenencia legal de la tierra protagonizados por campesinos e indígenas en el campo jurídico. Con trabajos de campo en la provincia de Santiago del Estero (Barbetta, 2009), Salta (Barbetta, Godoy Garraza, Mioni, 2013; 2016) y Chaco (Barbetta, 2015, 2016), dimos cuenta no sólo de las dificultades para el acceso a la justicia por parte de poblaciones campesinas y/o indígenas sino también del rol del poder judicial en dichos conflictos. En efecto, en el análisis de la práctica jurídica o, más precisamente, en el proceso de construcción de una determinada verdad jurídica por parte de los jueces encontramos que, en primer lugar, las prácticas sociales del derecho no hacen más que definir tipos de subjetividad que sitúan a campesinos e indígenas en un lugar del no lugar tanto en términos económicos (pobres, improductivos), como en términos jurídicos (usurpadores, delincuentes). En segundo término, una tendencia rigorista (legalismo) y burocratizante (procedimentalismo) de las prácticas jurídicas que implica que el contenido de la disputa se redireccione al cumplimiento de las formas y a los procedimientos, dejando sin resolución la veracidad o no de los hechos pero por sobre todo, el no reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra/ territorio. En otras palabras, en la medida en que existen dificultades para el reconocimiento de la posesión (ya sea campesina o indígena), lo que se está impugnando son, por un lado, otras formas de producir, de ser y estar en los territorios en base a una relación armoniosa con los bienes naturales y por el otro, de formas de derecho infraestatal, informal, no oficial y más o menos consuetudinario.  

Por último, un tercer grupo de trabajos remiten, desde el paradigma de la Ecología Política, a analizar y comprender distintos casos de contaminación asociada a los cultivos transgénicos, corriendo el eje del carácter accidental de tales acontecimientos, para buscar explicaciones en términos de procesos sociales. De este modo, postulamos la posibilidad de pensar la contaminación en clave de conflictos entre distintos modelos de agricultura por la definición del territorio. La contaminación, tomada como consecuencia del avance de la agricultura transgénica, expresa la conformación de una “arena” en donde se “encuentran” la agricultura campesina y la agricultura industrial. Siendo la disputa de fondo, aquello que está en juego, la lucha por el territorio. Lucha que significa, para los campesinos, la posibilidad de su reproducción individual y colectiva, es decir, “la materialización de la existencia humana” (véase al respecto, Domínguez y Sabatino, 2005; Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005; Barbetta y Domínguez, 2016).

La investigación se complementa con un trabajo de formación interna y de extensión. Por un lado anualmente realizamos seminarios para miembros del equipo y estudiantes sobre temáticas propias de la sociología rural y la ecología política. A su vez que sostenemos desde hace casi diez años un trabajo de extensión con organizaciones campesinas (como la Unión de Pequeños Productores Chaqueños – UNPEPROCH) e instituciones públicas (en especial con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA), en diversas instancias de co–producción de conocimiento, tales como la cartografía o mapeo social y comunitario. Finalmente, sostenemos actividades de docencia en la cátedra de Sociología Rural y Ecología Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  

 

* Coordinadores del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCYD). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales (UBA). Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET)

Correo electrónico: gepcyd@sociales.uba.ar

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