Ni “vagos” ni “ladrones”: trabajadores cartoneros. La disputa por el reconocimiento de su actividad como un trabajo.

Por Santiago Sorroche [1]

Introducción

La emergencia del fenómeno cartonero se presentó, principalmente desde los medios de comunicación (Adissi, 2004; Tufró y Sanjurjo, 2010), como una de las más visibles consecuencias de la crisis que nuestro país atravesó a principios de este siglo. Cada atardecer, miles de desempleados accedían desde las barriadas del conurbano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para buscar su sustento de los residuos que los vecinos del distrito más rico del país dejaban en la vía pública. Sin embargo, y como numerosos trabajos académicos dieron cuenta, esta actividad tenía una profundidad histórica rastreable, al menos, al siglo XIX (Súarez, 1998; 2015; Schamber, 2008).

El modelo de gestión de residuos vigente en ese momento prohibía la actividad, lo que permitía que fueran acosados, encarcelados, les decomisen los materiales recuperados o se les exigiesen sobornos por parte de la policía. Al mismo tiempo, y como lo señalan quienes desarrollaban la actividad hacía más tiempo, eran considerados “vagos”. Por lo tanto, no trabajadores.

Los cambios legislativos, primero en la CABA pero años más tarde en la provincia, legalizaron la actividad, y junto al desarrollo de políticas públicas orientadas al sector, posibilitaron la organización de cooperativas. Desde allí, comenzaron a disputar por mejoras en las condiciones y en el reconocimiento de su trabajo. En ese contexto, las principales preocupaciones que orientaron la producción académica sobre la problemática fueron la forma de organización de la actividad e intentar dar cuenta de si la misma podía, o no, ser considerada un trabajo (Abduca 2011; Aimetta, 2009; Dimarco, 2007; 2011; 2012; Gorbán y Busso, 2003; Gorbán, 2004; 2005; 2006; 2014; Martínez Vega, Bertotti y Mundt, 2004; Perelman, 2007; 2008. 2010; Perelman y Boy, 2010).

En este sentido, aquí me propongo analizar las condiciones en que las organizaciones cartoneras han llegado al momento de la asunción de Mauricio Macri como presidente y, a partir de allí, señalar las diferentes estrategias que las mismas han desplegado en función de defender los derechos adquiridos y de lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.

En función de lo expuesto, reconstruiré el rol del trabajo cartonero desde la implementación del Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) hasta este momento, mostrando las disputas que las organizaciones cartoneras llevaron adelante para ser reconocidos como trabajadores y lograr el reconocimiento pleno de sus derechos.

El sistema de gestión previo

“Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura”, señaló Mauricio Macri durante su primera campaña para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002[1]. Tal afirmación dejaba en claro dos cuestiones: la primera, el negocio de la basura es millonario, claro que para las empresas que se encargan de recoger y enterrar la basura, tales como el grupo SOCMA, Techint, entre otras grandes empresas; la segunda, efectivamente, para estos grupos empresariales y monopólicos, la actividad de recuperación de materiales reciclables por parte de los cartoneros significaba una merma en sus ganancias. El sistema estipulaba que cada una de ellas cobraba por tonelada recolectada[2], mientras que el CEAMSE –una empresa estatal tercerizada en su operatoria, también en favor de estos grupos empresariales- lo hacía por cada una que se entierra en sus Centros de Disposición Final (CDF) también conocidos como rellenos sanitarios.

Este sistema, en tanto contempla todas las etapas de la gestión de los residuos –según fue estipulado al momento de su creación: recolección, traslado y enterramiento- fue creado en el año 1978. Inspirado en los desarrollos de los “Cinturones Ecológicos” de Londres y Sidney, se proponía el relleno de terrenos anegadizos –a través de los residuos- para luego crear parques sobre estos “nuevos” terrenos. Implementando en conjunto entre el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Cacciatore, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Saint Jean, la dictadura se propuso una gestión metropolitana que tenía como meta varios objetivos. Por un lado, sustituir los incineradores que poblaban toda la ciudad de Buenos Aires, altamente contaminantes del aire, por rellenos sanitarios, la técnica utilizada en los países centrales. Por el otro, la prohibición del “cirujeo”[3] en la ciudad.

En este sentido, el proyecto no se orientaba únicamente a la mejora de la infraestructura, sino que también perseguía objetivos socio-políticos ya que buscaba, como señalaron Carré y Fernández (2013: 55):

…hacer de la ciudad una zona relativamente exclusiva para un sector específico de la sociedad, una burguesía urbana (Ozlak, 1991). Promulgadas por la ciudad, desde la ciudad y para la ciudad, las políticas de ordenamiento y de planificación urbana se caracterizan por este esquema que marca el centro y la periferia, y que hace del conurbano bonaerense —el espacio de la industria, de los obreros, muy poblado y pobre— un espacio en blanco.

En este marco, es posible entender al CEAMSE como una de las políticas impulsadas por la dictadura para “limpiar” el espacio urbano de la ciudad, tanto de la basura como de los habitantes más pobres de la misma. El cinturón ecológico permitió entonces resolver el problema de los residuos, al tiempo que generaba nuevas obras de infraestructura que posicionarían a Buenos Aires como una ciudad moderna. A esto se sumaba la erradicación de las villas de la ciudad (Hermitte y Boivin, 1985). El reto del gobierno de facto fue construir una ciudad que fuera vista como una urbe que se encontraba al nivel de las grandes metrópolis, lo cual “…ocurrió en un momento crítico, en que la apuesta mayor para la Municipalidad de Buenos Aires era la recepción del Campeonato Mundial de Fútbol, en el año 1978”. (Carré y Fernández, 2013:54).

La dictadura no estaba preocupada por incluir a la gente dedicada al “cirujeo” como parte de la clase trabajadora formal. Por el contrario, consideró que la idea era simplemente que desaparecieran de la vista pública.

Una de las mayores erradicaciones de villas realizadas por la dictadura fue en el Bajo Flores. La villa se encontraba en las inmediaciones de la usina y el basurero municipal (Suárez, 1998). Muchos de sus habitantes obtenían su sustento a través de la recuperación de materiales reciclables que luego vendían en los galpones ubicados en las inmediaciones. Eliminando los lugares de disposición final –e incineración- de la Ciudad de Buenos Aires y estableciéndolos a varios kilómetros en terrenos anegadizos –y, por lo tanto, de escaso valor comercial-, junto con la erradicación de las villas de la ciudad, en muchos casos a lugares cercanos a los nuevos rellenos, no se buscaba que dejaran la actividad sino que la realizaran fuera del ámbito de la ciudad. Al mismo tiempo, la prohibición del “cirujeo” en la vía pública, brindaba las herramientas jurídico-legales para poder reprimir y eliminar la actividad de la vía pública. Como señalé en otro trabajo (Sorroche, 2016), entiendo que el establecimiento de este sistema se produjo en el marco de un nuevo proceso de acumulación por desposesión. Donde, en función de asegurar su funcionamiento, se excluyó a la población cartonera señalándola como un problema para la salud y la moral (Dimarco, 2011).

Asimismo, si bien la prohibición era explícita, tanto en los fundamentos, como en la legislación y directivas del CEAMSE, nunca se tipificó como un delito. Quienes eran arrestados desarrollando la actividad, lo eran bajo la carátula de vagancia. De esta manera, les negaban su condición de trabajadores.

Al mismo tiempo, si bien Laura (1978) –ideólogo del proyecto- señalaba que su preocupación era por quienes perjudicaban y explotaban a los “cirujas”, la legislación estaba orientada a quienes realizaban la actividad. No estaba estipulado un castigo o contravención a quienes se dedicaban a la compra y venta de materiales. Aunque está claro que, al prohibir el cirujeo, se complicaría el trabajo de este sector, la prohibición del reciclado, al menos en los papeles, era menos importante que la del “cirujeo”, al cual había que reprimir.

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A través de la replicación de modelos exitosos en Norteamérica y Europa, la dictadura quiso que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubicara a la vanguardia de la gestión de los residuos en América Latina. Para esto se valió de los desarrollos de la ingeniería ambiental, construyendo una nueva hegemonía en torno a la gestión de los residuos. Hegemonía entendida en los términos de Thompson (1984), en tanto que posibilita la definición de los límites de lo posible, e imposibilita el desarrollo de alternativas. Hegemonía que es mantenida a través de “…un constante y diestro ejercicio de teatro y concesión” (Thompson, 1984:60). Sin embargo, como señalara el historiador, esta no impone una visión del mundo totalizadora, sino que más bien son “orejeras” que mientras permiten ver en una dirección impiden hacerlo en otra. Esta hegemonía, estableció que solo una forma de gestionar los residuos era posible en el AMBA, lo que inhibió el desarrollo de otras prácticas que podrían haber estado orientadas al reciclaje o la reducción de los residuos.

La necesidad del desarrollo del sistema CEAMSE fue construida a través de los despliegues de poder de la dictadura. Pero también, por una modernización de una ciudad que se había construido en crisis permanente. Como los parques de ciervos en el siglo XVIII eran “… una prueba visible de la riqueza y el poder” (Thompson, 2010:214), también lo era el cinturón ecológico, atravesado por autopistas de norte a sur y de este a oeste. Con cientos de canchas de fútbol, golf y otros deportes. El despliegue del poder para “reorganizar el país”, ya no quedaba circunscripto a la “violencia política”, también actuaba sobre el espacio, “reorganizando” la ciudad, “limpiándola”, “ordenándola”.

El modelo en tensión

El sistema del CEAMSE funcionó sin grandes críticas ni problemas por más de 20 años. Sin embargo, con el cambio de siglo, la invisibilidad en la que había estado sumida la política de residuos comenzó a resquebrajarse. Por un lado, para el año 2001 diversas fuentes periodísticas señalaban que los rellenos se encontraban al borde del colapso[4]. Fue el enterramiento sin control, columna vertebral de esta forma de gestionar los residuos, lo que lo llevó a este punto crítico (Grassi, 2011; Suárez, Brancoli, Neumann y Ruggerio, 2011; Ruggerio, 2011), convirtiéndolo en el tercer relleno sanitario del mundo en cuanto a tamaño (Korber, 2014)[5].

Por el otro lado, desde fines de los años noventa, los reclamos de las poblaciones lindantes a los rellenos contribuyeron a visibilizar a nivel de la agenda pública conflictos vinculados a la gestión del sistema –aparición de enfermedades, contaminación de las napas de aguas, vertido de gases y lixiviados. Tras varios años de movilización, en el año 2004, se logró el cierre definitivo del relleno sanitario de Villa Domínico (Merlinsky, 2011). Con el correr de los años y de las manifestaciones vecinales, fue también clausurado el relleno sanitario de Ensenada (Sarlingo, 2008) y, de manera parcial, el de La Matanza (Carré, 2010, Álvarez, 2007)[6]. En este marco, solo quedó disponible para el entierro de todos los residuos del AMBA, el relleno Norte III ubicado en José León Suarez. Dado este contexto, el CEAMSE comenzó a buscar terrenos para la ubicación de nuevos rellenos. Pero la movilización de los vecinos en los partidos propuestos para la instalación –todos en la provincia de Buenos Aires-, lograron frenar los diferentes proyectos (Greenpeace, 2004, Merlinsky, 2011, Carré, 2010; Duverges, 2013) e incluso la construcción de nuevas plantas de transferencia (Carré, 2010)[7].

Pero no solo las protestas organizadas por vecinos pusieron en tensión al CEAMSE. La crisis del 2001, en la que un número importante de personas se orientó a la recuperación de materiales reciclables -los cartoneros- sumó otro factor que, refiriéndose al manejo de los residuos y su recuperación, posibilitó que “la legitimidad, que el CEAMSE había construido a través de la maestría técnica del relleno sanitario, sea interrogada por la aparición de nuevas cuestiones económicas y sociales” (Carré, 2010: 4). De esta forma, la conjunción de ambos procesos permitieron visibilizar los problemas estructurales que presentaba el sistema CEAMSE: la saturación de los rellenos; los problemas ambientales por su mala construcción y las consecuencias para la salud de los habitantes de las zonas aledañas.

En función de hacer frente a estas problemáticas, en el AMBA comenzaron a diagramarse políticas locales que se enmarcaron dentro de las propuestas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Desenvuelta en los países “desarrollados”, la GIRSU se orienta como una herramienta para lograr el “desarrollo sostenible”. La diferencia entre un manejo integral y uno que no lo es, reside en la adecuación a sus postulados (Paiva, 2009: 19-20), es decir, que los residuos no pongan en riesgo al planeta en su conjunto. A diferencia de la propuesta del CEAMSE, donde primó la disposición final de los residuos, amparada en el paradigma higienista que prevaleció en nuestro país desde principios del Siglo XX (Dimarco, 2011), el manejo integral de los residuos se propone actuar en todos los estadios del mismo, desde la producción de las mercancías hasta el reciclado y la posterior disposición final de los residuos; lo que Dimarco (2011) dio en llamar como la emergencia de la “cuestión ambiental”. Uno de los principales fundamentos de este modelo de gestión es lo que se ha denominado las “3 R’s”: “reducir, reciclar, reutilizar”.

Dimarco (2011) afirmó que la tercera variable que incidió en los cambios en la manera de gestionar los residuos fue la revalorización de la clasificación de los residuos en la mayoría de los países centrales y algunos de América Latina. Por su parte, Paiva señaló que “muchas de las medidas que circulan a nivel mundial nacieron en países con contextos socioeconómicos y culturales diferentes de los latinoamericanos, y, por esta razón, no terminan de encauzar las prácticas y las realidades que presenta el Tercer Mundo” (Paiva, 2009:22).

En la Argentina la puesta en marcha de una GIRSU, como señalé más arriba, se debió a varios factores. Sin embargo, la implementación de la misma, no se dio en los términos prescriptos por los organismos multilaterales. La condición socioeconómica del país, presentó complejidades que los agentes estatales debieron afrontar al momento de ponerla en práctica.

La articulación de las problemáticas –la irrupción del cartoneo como un problema social junto con la demanda de los vecinos por el cierre de los rellenos-, allanó el camino para la reformulación de la legislación y la puesta en marcha de varios programas orientados al establecimiento de modelos de GIRSU.

Como señalé, la actividad no era nueva en el AMBA. Sin embargo, el aumento de la cantidad de personas y el impacto que tenía en el resto de la ciudadanía lo presentaban como un fenómeno totalmente novedoso. Por otra parte, la actividad seguía prohibida por el mismo decreto de creación del CEAMSE. Por lo tanto, la emergencia del fenómeno social posibilitó que se llevara adelante la adecuación de las legislaciones existentes en materia de residuos. En el año 2002, se sancionó la ley Nº 992 de la ciudad de Buenos Aires, de creación del Programa de Recuperadores Urbanos[8], que pronto comenzó a denominarse por su sigla “el PRU”[9]. Al año siguiente se dictó la ley nacional Nº 25.916. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el artículo Nº 11 del decreto que prohibía la actividad no fue derogado hasta el año 2006, con la sanción de la ley provincial Nº 13.592. Ese mismo año en la ciudad de Buenos Aires, se sancionó la ley Nº 1.854 –conocida como ley de “Basura Cero”-, donde se establece la prioridad de los “recuperadores urbanos”, en lo concerniente a la fracción seca[10] de los residuos de la ciudad. Estas leyes reconocen la labor de los cartoneros y su inserción en las cadenas de reciclado. Para poder ser beneficiarios de esta nueva legislación, se hizo necesario que los cartoneros se registraran en el registro de recuperadores urbanos que se había creado a través de las leyes, al tiempo que se reconocía a las cooperativas que ya se encontraban en funcionamiento y se promocionaba el desarrollo de nuevas, permitiendo el acceso a programas y beneficios tanto estatales como de ONGs[11].

Estos cambios permitieron una reconfiguración de las relaciones de hegemonía en torno a los residuos que dieron lugar a diferentes formas de incorporación de la población cartonera. Por un lado, las plantas sociales donde los camiones llegan con sus residuos y son clasificados, a través de cintas transportadoras los trabajadores/as, cartoneros/as, clasifican uno por uno los materiales (Carenzo, Acevedo y Bárbaro, 2013; Cross, 2012). Por el otro, la conformación de cooperativas de cartoneros (Carenzo y Fernández Álvarez, 2011) que posibilitaron el desarrollo de diferentes prácticas que, no sólo tensionaron los lineamientos de los agentes estatales y de las ONGs, sino que también posibilitaron ampliar los límites de lo posible en torno a la gestión de los residuos.

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Este proceso, no exento de contradicciones y disputas, posibilitó que a lo largo de los últimos años las cooperativas no sólo no dejaran de existir sino que se convirtieran en actores centrales en la diagramación y disputa de las políticas de residuos en el AMBA. Este arduo trabajo de las organizaciones cartoneras requirió la disputa por el reconocimiento de la actividad como un trabajo y de los cartoneros/as como trabajadores/as.

Las disputas cartoneras

Como he desarrollado en mi tesis doctoral (Sorroche, 2016), este proceso no fue exclusivo de nuestro país y se nutrió de las prácticas y experiencias surgidas en otros países de la región, principalmente de los desarrollos que el Movemento Nacional de Catadores de Materias Reciclaveis (MNCR), y sus integrantes, desarrollaron en Brasil. Allí, el proceso de formalización de cartoneros/as en cooperativas comenzó a fines de los años ochenta en vinculación entre espacios de la Iglesia Católica y diversas ONGs.

En nuestro país, el trabajo mancomunado entre ONGs y organizaciones cartoneras amplió el rango de acción para que estas últimas pudieran incidir en los circuitos formales de residuos. Una problemática que en la Argentina se presentaba como extremadamente novedosa requirió del apoyo de las ONGs, en función de poder desplegar las propuestas de las organizaciones. Este proceso fue generando un trabajo conjunto en el que las cooperativas se fueron constituyendo como un actor colectivo que demandaba políticas para la inclusión social de esta población.

Los desarrollos alcanzados por las cooperativas fueron recuperados por las ONGs y agencias estatales como modalidades de gestión replicables. Sin embargo, las mismas son disputadas en los nuevos espacios donde se buscan implementar. La construcción de la replicabilidad se volvió una condición de la capacidad de constituirse como propuestas posibles dentro de las nuevas relaciones de hegemonía en torno a la gestión de los residuos.

Las propuestas que mayor incidencia lograron, se orientaron principalmente a la puesta en marcha de sistemas de recolección diferenciada, con una diagramación y logística particulares -sustentado en la práctica cotidiana-, y posibilitaron disputar la forma en que los cartoneros ingresaban a los circuitos formales de los residuos. Dado el cambio en el proceso del trabajo -de recolectar de las bolsas depositadas en la vía pública, a un contacto cotidiano con los vecinos-, fue necesario el desarrollo de conocimientos específicos para instruir a los vecinos en la separación de los residuos y en el trabajo de recuperación de los mismos en su totalidad (Carenzo, 2011).

Estas experiencias –con mayor o menor apoyo municipal-, alcanzaron niveles de recuperación de residuos inéditos, tanto para la Argentina como la región[12], posibilitando que fueran consideradas en diversos ámbitos como decisiones exitosas a replicar.

Sin lugar a dudas, como señalaron Carenzo y Fernández Álvarez (2011), la promoción de emprendimientos asociativos de cartoneros debe comprenderse desde el marco de la gubernamentalidad y, como sostuve anteriormente, dentro de las nuevas relaciones de hegemonía que los modelos de GIRSU han establecido. En este contexto, el desarrollo de los programas de recolección diferenciada se presentaron como formas novedosas de gestión, ya que al reducir los residuos enviados a enterramiento y generar materias primas para la industria, permitieron que estas propuestas sean consideradas como prácticas que permitían alcanzar los postulados de los modelos GIRSU. La forma en que la política pensaba la inclusión fue disputada y reconfigurada por las cooperativas, definiendo una nueva forma de realizar la tarea cartonera, marcando la diferencia en la recolección diferenciada.

El desarrollo de estas experiencias –Reciclando Sueños y NuevaMente, en La Matanza y Morón respectivamente, junto con otras de la CABA, como El Ceibo o El Álamo, y, más recientemente, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)-, posibilitaron la construcción política de lo que comenzó a denominarse, “gestión social de los residuos” -principalmente desde las agencias estatales- o “reciclaje inclusivo”, por parte de ONGs como AVINA.

Dentro del marco de las relaciones de hegemonía que se configuraron a través del establecimiento de los modelos de GIRSU en el AMBA, orientadas al reciclado y reducción de los residuos, se conformó un nuevo lenguaje, cuya apropiación por parte de las cooperativas derivó en formas particulares de ponerlo en acción. De esta forma, en los ámbitos estatales, de ONGs y de organizaciones cartoneras la recolección diferenciada llevada a cabo por cooperativas de cartoneros, fue definida como “gestión social de los residuos”. El establecimiento de los modelos de recolección diferenciada  generó nuevas condiciones para demandar por mejores condiciones laborales y por el reconocimiento de su trabajo. Sin embargo, el establecimiento de los programas de recolección contrastaba fuertemente con la realidad cotidiana de las cooperativas.

Pero, lo que a simple vista parece contradictorio, la regulación que tanto agencias estatales y ONGs buscaban, posibilitó la configuración de una demanda particular como trabajadores cartoneros. El propio requisito de la formalización permitió la construcción de la demanda por el reconocimiento de su trabajo como servidores públicos. Pero, ¿en qué ideas se basó la conformación de la demanda por el reconocimiento de la recolección diferenciada como servicio público? Como señaló Fernández Álvarez (2007), la forma cooperativa se estableció como el lenguaje mediante el cual estos grupos debían hablar e interpelar a las agencias estatales, desarrollado en interacción con las políticas públicas orientadas a la promoción de formas asociativas de trabajo. Siguiendo este planteo, podemos incorporar el rol de las ONGs en el proceso. Recuperando lo señalado por la autora, las propias características de la actividad –y de los contextos locales en los que se desarrolla- permitieron el despliegue de propuestas innovadoras en el ámbito de la gestión de los residuos que abrevaron de las experiencias y tradiciones políticas de los integrantes de las cooperativas. La construcción política, se configuró en función de demostrar las posibilidades de desarrollar la actividad también en los barrios del Gran Buenos Aires.

La ganancia de los sistemas de residuos, presentadas por la prensa[13] y por la propia existencia de las empresas de recolección, se presenta como altamente redituable. Sumado a esta cuestión, el hecho de que tras la devaluación de 2002 se haya volcado un porcentaje importante de la población a la recuperación de los residuos, generó la idea de que la basura es riqueza. Entonces, a las cooperativas se les hizo necesario, como señaló Carenzo (2011), desfetichizar cotidianamente la gestión de los residuos. La ganancia de estos modelos está dada por el pago que los municipios realizan –ocupando los primeros puestos en erogaciones municipales- por la recolección, traslado y enterramiento.

Como señalan los integrantes de una de las cooperativas con las que trabajé –Reciclando Sueños-, cada vez que cuentan con un espacio deben concientizar a los vecinos, recolectar los materiales, clasificarlos y acondicionarlos para, recién en ese momento, venderlos a un precio que no reconoce la mayoría de las actividades desarrolladas. De esta manera, la consideración de su trabajo como un servicio público, se enmarca en el entendimiento de que la gestión de los residuos es una obligación del Estado y, como las empresas privadas, ellos deberían ser quienes tuvieran la concesión de los sistemas de recolección de materiales reciclables. Como señaló Marcelo, presidente de Reciclando Sueños, en más de una ocasión: “a la otra empresa le dan la basura y dinero, a nosotros nos dan solamente la basura. Nosotros decíamos por ahí, no sé si sería muy lógico, pero justo por lo menos que, o nos empiecen a pagar a nosotros, o a la empresa le den la basura y que ellos la transformen”.

De esta forma, lo que desde los trabajos académicos y periodísticos fue presentado como un epifenómeno de la crisis, tras más de una década se ha fortalecido a través de organizaciones nacionales e internacionales. La disputa ya no es por seguir llevando adelante la actividad, sino por ser plenamente considerados trabajadores con todos los derechos que esto implica. En esta línea, es importante destacar que en el caso de Argentina –a diferencia de Brasil, Chile o Colombia, por citar los más conocidos-, si bien hubo intentos de conformar organizaciones que nuclearan a las cooperativas sindicalmente, como lo fue el Sindicato Único de Trabajadores Cartoneros y Afines (SUCARA) –promovido desde la CTA- o la Unión de Trabajadores Cartoneros (UTRACA) (Dimarco, 2005), éstas se desarticularon tras su impulso inicial.

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Al día de hoy, la experiencia más consolidada en este sentido, es la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)[14] , que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)[15]. Las principales líneas de acción de la federación se orientan a convertirla en “la herramienta institucional para los trabajadores del sector”[16], proponiendo políticas que se orienten a la erradicación del trabajo infantil y a mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo de los cartoneros.

Actualmente

El proceso descripto posibilitó el desarrollo de diversas políticas que permitieron la incorporación de los cartoneros a los sistemas formales de GIRSU. Si bien la actividad ya no es considerada ilegal y cuenta con apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales, la formalidad no es total. Sacando el caso de la CABA y el de Morón, el resto de las cooperativas no reciben pago por su trabajo más allá de la venta de los materiales recolectados y clasificados por ellos.

Sin embargo, a fines del 2013, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires emitió dos resoluciones –la Nº 138 y la Nº 139-, que contemplan la gestión de los materiales reciclables de los Grandes Generadores (empresas, fábricas, shoppings, hoteles) por parte de las cooperativas de cartoneros y que, en función de eso, deben pagarles a las mismas por la gestión de sus residuos. En la CABA hubo varias propuestas en esta dirección. La puesta en marcha de estas resoluciones, lenta y con problemas, ha permitido que las cooperativas logren mejorar sus condiciones y recibir el pago por el tratamiento y acondicionamiento de los materiales reciclables.

La organización de los cartoneros fue resignificándose en el lenguaje por su rol social como servidores públicos. En este sentido, si el trabajo fue el lenguaje movilizado en los primeros años post-crisis, el reconocimiento logrado en las disputas por su inclusión en los sistemas de GIRSU, configuraron un nuevo piso desde donde disputar por mejores condiciones.

Como señalé, tras más de 15 años de la emergencia del “fenómeno cartonero”, las cooperativas gozan de una fuerte presencia en la actualidad. Si bien siguen vigentes demandas por mejores condiciones de trabajo, se ha logrado el reconocimiento de los cartoneros como trabajadores y, como tales, su participación en los sistemas de GIRSU del AMBA. No obstante, hasta la actualidad son varias las experiencias que intentan conformar la representación gremial del sector.

En este contexto, la búsqueda de la valorización de los residuos, a partir del reconocimiento del trabajo cartonero como un modo de garantizar una “gestión social y ambientalmente sostenible”, configuró un modelo de intervención que se ha dado en llamar “reciclaje inclusivo” (AVINA, 2009; WIEGO, 2010). Estos lineamientos fueron recuperados por los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, a través de la “Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”. En el marco de la denominada economía verde, algunos organismos internacionales –OIT, PNUMA-, definen como empleos verdes al trabajo decente que contribuye a reducir los efectos en el medio ambiente (OIT, 2012). El reconocimiento, por parte de la OIT, de esta población como trabajadores, influye en los espacios locales –tanto de agencias estatales como de ONGs-, posibilitando que se desarrollen procesos de construcción de demanda de estos colectivos por sus derechos laborales.

Sin embargo, en los últimos meses la situación de las cooperativas se ha vuelto más compleja. Por un lado, los precios de los materiales han disminuido por la apertura de las importaciones y por la disminución de la producción de las fábricas –e incluso su cierre. Al mismo tiempo, el número de cartoneros va en aumento, lo cual parece ser una tendencia que se mantendrá a la alza. Según datos de la FACyR hay alrededor de 15.000 nuevos cartoneros tras estos pocos meses de gobierno de Cambiemos, haciendo un total de 200.000 en todo el país. Por el otro, la política del macrismo, tanto a nivel de la ciudad como de la provincia, se presenta como un escollo a sortear. En la CABA, los pliegos para la licitación de la basura no contemplaron, en un primer momento, la participación de las cooperativas. Una masiva movilización de las doce cooperativas que integran el sistema de recolección diferenciada en la ciudad logró que los pliegos fueran reformulados. En la provincia, un proyecto de ley que reconoce su trabajo como servidores públicos y que promueve la puesta en marcha de sistemas de gestión social de los residuos espera ser tratado en la Cámara de Senadores. El OPDS dice no tener capacidad de poder instar a las empresas a acoplarse a las resoluciones, lo que deja todo el trabajo en manos de las cooperativas. En este sentido, a nivel nacional, la FACyR lanzó en septiembre de este año la campaña “Reciclado en nuestras manos”, a través de la cual se propone no solo visibilizar el trabajo que diariamente llevan a cabo los cartoneros, sino también lograr la sanción de una ley de envases[17], como vía para financiar los sistemas de gestión de los residuos llevados adelante por cartoneros.

En este contexto, a nivel provincial, las cooperativas comenzaron a juntarse en pos de poder lograr mejoras en sus condiciones de trabajo, el tratamiento del proyecto de ley, exigir una mayor participación de la OPDS, además de reclamar por derechos básicos en tanto trabajadores (obra social, precio sostén de los materiales en períodos de crisis o de fluctuación del mercado, subsidios y aportes previsionales).

El mayor reto que presenta el nuevo contexto político para las organizaciones es lograr el pleno reconocimiento como trabajadores y como servidores públicos que desarrollan una tarea ambientalmente amigable y que permite hacer frente a los principales problemas que enfrenta la gestión de residuos en nuestro país: el enterramiento indiscriminado. Del otro lado, se encuentran grandes empresas, tanto las que se dedican al “tratamiento de los residuos”, como las que producen con materiales que pueden ser reciclables. Mientras los primeros se oponen a leyes que reconozcan el trabajo cartonero como un servicio público, los segundos se oponen a una ley de envases en la cual los fondos recaudados por la misma sean gestionados por las organizaciones cartoneras para mejorar los servicios de gestión social de los residuos.

Bibliografía

Abduca R. G. (2011). “Acariciando lo áspero” El itinerario cartonero como construcción de un territorio. En Suárez F. Y Schamber P. (comps.) Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos de América Latina. Buenos Aires: UNLa./UNGS/Prometeo

Adissi, G. (2004). “El fenómeno “cartoneros” en los medios gráficos porteños – La construcción de un nuevo sujeto/objeto histórico”. En: Revista Fichero de Casos p. 1-12

Aimetta, C. (2009). “Salir a carrear: ¿trabajo o rebusque?” en Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas Nº 12, vol. XI, Otoño 2009, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871 (Caicyt-Conicet) – www.unse.edu.ar/trabajoysociedad

Álvarez, R. N. (2007). “Suárez-Catán. Comparación de dos luchas en el terreno de la basura”. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Carenzo, S. (2011). “Desfetichizar para producir valor, refetichizar para producir el colectivo” En: Horizontes Antropológicos; Lugar: Porto Alegre; Año: 2011 vol. 17 p. 15 – 42

Carenzo, S; Acevedo, R. y Bárbaro, J. (2013). “Construyendo oficio: experiencias laborales de integrantes de una Planta Social de Separación en el CEAMSE”. En: revista Trabajo y Sociedad; Lugar: Santiago del Estero; Año: 2013 p. 221 – 238

Carenzo, S. y Fernández Álvarez, M. I. (2011). “La promoción del asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad: reflexiones desde una experiencia de cartoneros/as en la metrópolis de Buenos Aires” En: Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad; Lugar: México D.F.; Año: 2011 p. 171 – 193

Carré, M. N. y Fernández, L. (2013). “¿ El Cinturón Ecológico? Análisis de una marca urbana que nunca existió.” En: Revista Eure N° 117, vol 39. Mayo 2013

Carré, M. N (2010). “Conflits environnementaux et gestion des déchets à Buenos Aires : les nouvelles territorialités d’un service urbain?”. En: RITA, n° 4 : décembre 2010, (en ligne), Mise en ligne le  10 décembre 2010. Disponible en ligne http://www.revue-rita.com/notes-de-recherche-60/dechets-et-conflits-metropolitains.html

Cross, C. (2013). “Vulnerabilidad social e inempleabilidad: Reflexiones a partir del estudio de un programa de reciclado de residuos sólidos urbanos” En: revista Trabajo y Sociedad; Lugar: Santiago del Estero; Año: 2013 p. 475 – 494

Dimarco, S. (2005). “Experiencias de autoorganización en cartoneros: un acercamiento a la configuración de vínculos laborales, sociales y políticos en contextos de exclusión social.” En Informe final del concurso: Partidos, movimientos y alternativas políticas en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO.http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/partijov/dimarco.pdf

Dimarco, S. (2007). “¿Podremos mirar más allá de la basura? Raneros, cirujas y cartoneros: historias detrás de la basura” En: Papeles del CEIC; Lugar: Bilbao; Año: 2007 vol. 2007 p. 2 – 29

Dimarco, S. (2011). ”Entre riesgo social y beneficio ambiental: transformaciones sociohistóricas en la construcción social del riesgo de la clasificación de residuos” En: Quid 16 N°2; Buenos Aires, Instituto Gino Germani (161-180)

Dimarco, S. (2012). “De lo patógeno a lo ambiental: disputas de sentido en torno a la clasificación de residuos” En: Revista Mexicana de Sociología 74, núm. 2 (abril-junio, 2012): 185-212. México, D.F.

Duvergues, D. M. (2013). La crisis en el manejo de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana. En: Informe ambiental FARN 2013. Disponible en: http://farn.org.ar/informe-ambiental-farn-2013

Fernández Álvarez, M. I. (2007). “De la recuperación como acción a la recuperación como proceso: prácticas de movilización social y acciones estatales en torno a las recuperaciones de fábricas”. Revista Cuadernos de Antropología Social, N25, pp. 89-110.

Fernández Álvarez, M. I. (2015). “Las narrativas como proyecto. O la potencia de las situaciones truncas para el estudio de las practicas colectivas” En: Fernández Álvarez, María Inés (ed.) Hacer juntos. Contornos, relieves y dinámicas de las prácticas políticas colectivas en sectores subalternos. Editorial Biblos.

Gorbán, D. (2004). “Reflexiones alrededor de los procesos de cambio social en Argentina. El caso de los cartoneros” En: e-l@tina, Vol. 2, núm. 8, Buenos Aires, julio-setiembre de 2004 – htpp://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal

Gorbán, D. (2005). “El espacio de trabajo como lugar de construcción de referencias colectivas”. In: Séptimo Congreso de la Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo –ASET- “Nuevos escenarios en el mundo del trabajo: rupturas y continuidades”., 2005, Buenos Aires.

Gorbán, D. (2006). “TRABAJO Y COTIDIANEIDAD. El barrio como espacio de trabajo de los cartoneros del Tren Blanco”. En:Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas. Nº 8, vol. VII, Otoño 2006, Santiago del Estero, Argentina.

Gorbán, D. (2014). Las tramas del cartón. Trabajo y familia en los sectores populares del Gran Buenos Aires. Editorial Gorla. Buenos Aires, Argentina.

Gorbán, D. y Busso, M. (2003). “Viejas pero novedosas formas de supervivencia: trabajar en la calle: Cartoneros y feriantes después de la “oleada neoliberal””. En VI Congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo-ASET- “Los Trabajadores y el Trabajo en la crisis”Agosto de 2003 Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Grassi, L. S. (2011). “Inserción de los Recuperadores Urbanos en el ámbito de la Ley No 1854 y su decreto reglamentario No 639/07 en la Ciudad de Buenos Aires” En Suárez F. Y Schamber P. (comp..) Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos de América Latina. Buenos Aires: UNLa./UNGS/Ediciones Ciccus

Greenpeace. (2004). Plan de basura cero para Buenos Aires. Elaborado por Verónica Odriozola para la “Campaña de tóxicos” www.greenpeace.com.ar

Hermitte, E. y Boivin, M. (1985). Erradicación de “villas miseria” y las respuestas organizativas de sus pobladores. Relocalizados: Antropología social de las poblaciones desplazadas. IDES, Buenos Aires.

Korber, M. (2014). “El Recuperador Urbano Reconstruido: Una Perspectiva Crítica sobre la Gestión de Residuos Urbanos en Buenos Aires y la Nuevas Políticas Públicas de “Ciudad Verde” / The Urban Recycler, Reconstructed: A Critical Perspective on the Waste ManagementProcesses of Buenos Aires, and the New Public Policies known as “Green City””. Independent Study Project (ISP) Collection. Paper 1991. http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1991

Martínez Vega, M.; Bertotti, C. y Mundt, V. (2004). “En la vereda”. En Revista Argumentos Número 4, Octubre 2004. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buenos Aires, Argentina.

Merlinsky, G. (2011). La crisis de la basura en Buenos Aires. Un análisis de la productividad del conflicto ambiental por el cierre del relleno sanitario de Villa Dominico” Publicado en francés bajo el título: “Crises des dechets à Buenos Aires. Une analyse de la productivité du conflit environnemental lié à la fermeture de la décharge contrôlée de Villa Domínico” En: Géocarrefour, 86/2, 2011.

Paiva, V. (2009). Cartoneros y Cooperativas de recuperadores. Prometeo. Buenos Aires.

Perelman, M. (2007). “¿Rebusque o trabajo? Un análisis a partir de las transformaciones del cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires” En Schamber, P. J. y Suárez, F. M. Comp. (2007) Recicloscopio. Miradas sobre recuperadores urbanos. Prometeo. Buenos Aires.

Perelman, M. (2008). “De la vida en la Quema al Trabajo en las calles: El cirujeo Ciudad de Buenos Aires”. En revista Avá n.12, pp. 117-136, Posadas, Misiones.

Perelman, M. (2010). “El cirujeo en la Ciudad de Buenos Aires. Visibilización, estigma y confianza.” En: AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana; Lugar: Madrid; Año: 2010 vol. 5 p. 94 – 124

Perelman, M. D. y Boy, M. (2010). “Cartoneros en Buenos Aires: nuevas modalidades de encuentro” En: Revista Mexicana de Sociología. UNAM, Vol. 72, núm. 3 (julio-septiembre, 2010). México DF.

Ruggerio, C. (2011). “Cluster de Plantas Sociales de Recuperación de Residuos. ¿Una oportunidad para propender a una gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos? El Área Metropolitana de Buenos Aires como caso de estudio” En Suárez F. Y Schamber P. (comp..) Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos de América Latina. Buenos Aires: UNLa./UNGS/Ediciones Ciccus.

Sarlingo, M. (2008). Los residuos como objetos. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Misiones, Posadas.

Schamber, P. (2008a) De los desechos a las mercancías: una etnografía de los cartoneros. Editorial SB, Buenos Aires.

Sorroche, S. (2016) Gubernamentalidad global y vernaculización en la gestión de residuos. Análisis etnográfico desde la experiencia de cooperativas de cartoneros en el Gran Buenos Aires. Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Mimeo.

Suárez, F. (1998). “’Que las recojan y arrojen fuera de la ciudad’ Historia de la gestión de los residuos sólidos (las basuras) en Buenos Aires.” Documento de trabajo 8. Instituto del conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Suárez, F. (2016). La reina del Plata. Buenos Aires: sociedad y residuos. Buenos Aires, Argentina, Ediciones UNGS

Suárez, F., Brancoli, D., Neumann, M. y Ruggerio, C. (2011). “Del barrio al relleno, del relleno a las Plantas Sociales. Una experiencia de investigación-acción” En Suárez F. Y Schamber P. (comp..) Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos de América Latina. Buenos Aires: UNLa./UNGS/Ediciones Ciccus.

Thompson, E. P. (1984). Tradición, revuelta y conciencia de clase. Madrid, Critica

Thompson, E. P. (2010). Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal inglesa. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina.

Tufró, M. y Sanjurjo, L. M. (2010). “Cuerpos precarios. La construcción discursiva de los “cartoneros”, entre la invasión del espacio público y la gestión biopolítica.” En Questión. Revista especializada en periodismo y comunicación. Año 1, núm. 28. UNLP. La Plata, Argentina.

1 http://www.lanacion.com.ar/425929-a-los-recolectores-informales-de-basura-los-vamos-a-sacar-de-la-calle
2 Si bien en la Ciudad de Buenos Aires esto se modificó, a través de la Ley 992 estableciendo el criterio de zona limpia –el pago corresponde a un criterio, ambiguo en la redacción y que nunca fue definido como debe evaluarse, que contempla la situación de higiene en cada una de las zonas que corresponden a cada una de las empresas y no ya por tonelada recolectada-, en el Gran Buenos Aires el sistema sigue funcionando de la misma manera.
3 Tal era la manera en que se denominaba a la actividad de recuperación de materiales reciclables en esa época. Algunos cartoneros, los que más años llevan en la actividad, siguen refiriéndose a si mismos como cirujas y a la actividad como cirujeo. CITA PERELMAN
4http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/5e523dea81addd2ddd8f54ddd3e6fe1a/ http://www.lanacion.com.ar/339819-los-rellenos-sanitarios-estan-colapsados http://edant.clarin.com/diario/2001/09/27/s-04103.htm
5“El CEAMSE recibe 14.000 toneladas de basura diariamente, incluyen/do las 6.000 de la Capital Federal. Por eso, las posibilidades de enterramiento se están agotando porque el relleno no da abasto, a pesar de ser el tercer relleno sanitario más grande del mundo, detrás solamente del Mestique Regional Landfill, en Los Ángeles, California que recibe 20.000 toneladas por día y del Sudokwon Landfill, en Seúl, Corea que recibe 18.000 toneladas por día.” (Korber, 2014:7) Hay que considerar que Rio de Janeiro cerró Jardim Gramacho en el año 2012 –tres semanas antes de que se desarrollara la reunión Rio +20, que era el más grande de América del Sur. http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lixao-de-jardim-gramacho-e-fechado-no-rio-de-janeiro/
6Tras una resolución emitida por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires debía seguir el mismo camino pero, dada la imposibilidad de abrir nuevos, fue mantenido en funcionamiento circunscripto al enterramiento, únicamente, de los residuos del distrito.
7Las plantas de transferencias funcionan como puntos intermedios entre la recolección domiciliaria y los rellenos. Los camiones que realizan la recolección vierten lo recogido en tráileres más grandes que son enviados a los CDF. Esto permite abaratar costos, ya que en menos viajes se envían mayor cantidad de residuos.
8En el siguiente apartado analizaré lo referente a los cambios de categorías referidos a quienes realizan la actividad.
9Un interesante análisis de las condiciones que posibilitaron la sanción de esta ley puede encontrarse en Schamber, 2008.
10 Fracción seca se refiere a los residuos que son potencialmente reciclables. Por su parte, la fracción húmeda, refiere a los residuos orgánicos que no pueden recuperarse.
11La cuestión de la formalización en cooperativas ha sido abordada en profundidad en Carenzo y Fernández Álvarez (2011).
12 Como señalé anteriormente, mientras que Recisu llegó a una estimación de la reducción en un 15% de los residuos generados en Aldo Bonzi, NuevaMente llegó al procesamiento de 43 toneladas mensuales. Es importante señalar la excepción de casos como el de Londriñas, donde la política pública de residuos estuvo enfocada totalmente a la recuperación de los residuos a través de cooperativas de cartoneros, brindando ayuda económica y logística.
13 Los medios de prensa han apoyado la creencia de que la basura es pura riqueza a ser explotada. En el año 2001, con los precios de materiales extremadamente bajos, el diario La Nación señalaba que “Es que por un kilogramo de latas los cartoneros reciben 40 centavos. Cuando se trata de botellas, les pagan 20 centavos. Por papel blanco consiguen 14 centavos y el papel de diario les deja 5 centavos. A simple vista, las cifras resultan insignificantes. Es evidente que los cartoneros no ganan grandes sumas por comerciar con los residuos que recolectan. Sin embargo, a la larga, su trabajo representa un monto verdaderamente grande del mercado total. Las estimaciones indican que el circuito ilegal de la basura se lleva por año 1.839.600 pesos, un número importante dentro de los 60 millones netos que genera el negocio global. Aunque no hay registros oficiales, el dato surge de un cálculo estimativo realizado por el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).” Unas líneas más abajo agregaban que el 5% de la basura de la ciudad era “desviado” por los cartoneros, de esta forma la estimación se daba en la reducción de 180 toneladas diarias que sufría el sistema CEAMSE, multiplicado por $28 que era el valor de la tonelada enterrada en ese momento. (http://www.lanacion.com.ar/54448-cartoneros-que-tienen-su-propio-tren. Publicada 03/03/2001). En el año 1996 las ganancias del sector “informal” eran aún mayores “Circuito: buena parte de los residuos domiciliarios porteños va al negocio clandestino del cirujeo, que mueve anualmente 10 millones de pesos por año. Entre el 10 y el 15 por ciento de los residuos que se recolectan en la Capital Federal ingresan en un circuito ilegal manejado por cirujas, cartoneros, basurales y volqueteros que no se someten a controles sanitarios y ponen en peligro la salud de los ciudadanos.” (http://www.lanacion.com.ar/172921-crecen-los-basureros-clandestinos-y-amenazan-la-salud-de-los-portenos. Publicada el 15/09.1996). De esta forma se sustentó la idea de que la recolección de los residuos generan grandes ganancias, obviando el hecho de los presupuestos millonarios que manejan tanto las empresas de recolección como la CEAMSE.
14 “El Movimiento de Trabajadores Excluidos es una organización social, independiente de los partidos políticos, que agrupa a más de 2000 cartoneros de Capital Federal y del conurbano, especialmente de Lanús y Lomas de Zamora.” http://cartoneando.org.ar/quienes
15 “La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias.” http://ctepargentina.org/nosotros/
16 http://cartoneando.org.ar/content/otras-organizaciones-de-cartoneros
17 Las leyes de envases estipulan que el productor paguen por la gestión del residuo que se produce tras el consumo de su producto –por ejemplo una botella de gaseosa-. La propuesta presentada desde la FACyR busca que a través de esos fondos se financie la puesta en marcha de sistemas de recolección diferenciada a cargo de cartoneros en todo el país.

1 Doctor en Ciencias Antropológicas. Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. Becario Posdoctoral CONICET. e-mail: sorroche.santiago@gmail.com

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