MEDIO AMBIENTE Y URBANIZACIONES POPULARES: APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Por María Paula Yacovino[1], Vanina Lekerman[2], Nadina Campos[3] y María Carman[4]

Introducción

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre un amicus curiae elaborado por un equipo de antropólogas en el marco de una causa judicial iniciada por los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno, con el objeto de demostrar que un barrio popular no solo puede coexistir con una reserva ecológica, sino que incluso pueden desarrollarse estrategias para consolidar su política de conservación. Dicho documento -que fue recientemente presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires- constituye el último eslabón de una serie de participaciones de este equipo a lo largo del conflicto suscitado por la presencia de esta villa en las proximidades de una reserva natural, así como de tierras de altísimo valor inmobiliario.

Hemos de reconstruir, en primer lugar, las diversas instancias de la demanda judicial por el derecho a la vivienda impulsadas desde hace una década por habitantes de la Villa Rodrigo Bueno -en conjunto con otros organismos-, prestando especial atención a la trama argumentativa de este proceso de judicialización. A continuación, interesa exponer los argumentos centrales del amicus curiae presentado por nuestro equipo a fin de proponer la urbanización sustentable de la Villa Rodrigo Bueno. Por último, presentamos algunas reflexiones acerca de los vínculos entre el campo académico, el campo judicial y el campo político, y los desafíos que implican para la práctica etnográfica.

El conflicto en torno a la Villa Rodrigo Bueno

La Villa Rodrigo Bueno se asienta en una franja ribereña de la ciudad de Buenos Aires comprendida entre la avenida España, la Reserva Ecológica Costanera Sur y un estrecho canal que la separa del predio vacante de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La villa linda también con el barrio de Puerto Madero, un proyecto de desarrollo urbano gestado en 1989 por la Corporación Antiguo Puerto Madero y que, en la actualidad, configura uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. En las 70 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, contigua a la Villa Rodrigo Bueno, la empresa IRSA proyecta construir el complejo urbanístico “Solares de Santa María”. Dicho proyecto -actualmente suspendido por no contar con la aprobación de la Legislatura porteña- supone una cuantiosa inversión para erigir un nuevo barrio destinado a un público de alto poder adquisitivo.

El origen de la Villa Rodrigo Bueno exige remontarnos a un entorno urbano radicalmente distinto. Desde mediados de la década del 50 la zona se encontraba abandonada y en desuso, con un alto grado de deterioro. Recién a comienzos de los años 70 se aprobó el proyecto denominado Ensanche del Área Central a fin de ampliar el centro administrativo sobre tierras ganadas al río. Con este objetivo, se autorizó a rellenar el lugar bajo el sistema holandés de polderización. Las obras de relleno se iniciaron en 1978, utilizando materiales de las demoliciones realizadas para la construcción de autopistas. El proyecto fue, sin embargo, suspendido definitivamente con el retorno de la democracia.

Es en ese espacio urbano abandonado donde se sitúan los relatos de los habitantes más antiguos de la Villa Rodrigo Bueno. De acuerdo a la información provista por nuestro trabajo de campo, la villa se desarrolló a partir de dos asentamientos surgidos a principios de la década del 80, cuyos habitantes conocían el lugar porque solían pescar en el río o pasear allí en sus días francos. Ambos estaban habitados mayormente por personas solas, con una inserción laboral precaria, para quienes la ocupación de tales espacios constituyó la única forma de garantizarse el acceso a una vivienda. En este sentido, el origen de la Villa Rodrigo Bueno -al igual que otras villas y ocupaciones de inmuebles- es una expresión más de las modalidades que asume la pobreza urbana en la ciudad. La legitimidad de tales espacios habitacionales informales se sustenta, como sabemos, en su misma existencia y consolidación gracias al trabajo de sus pobladores.

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En el año 2005, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha el Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica, eufemismo que expresaba la voluntad de desalojar esta villa. En ese contexto, un grupo de habitantes interpuso un recurso de amparo ante la justicia porteña a fin de frenar la erradicación del barrio y exigir su urbanización. En dicho amparo los vecinos denunciaban las acciones tendientes a amedrentarlos para lograr su aceptación extorsiva del traslado, y solicitaban la protección de su derecho constitucional a la vivienda mediante la urbanización del barrio[6]. También requerían que se disponga cautelarmente la suspensión de la operatoria y que se tomen las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

El amparo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº4 a cargo de la Dra. Liberatori, quien poco tiempo después hizo lugar al recurso presentado. El operativo de desalojo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había comenzado a implementar se vio entonces suspendido.

En términos generales, el conflicto generado a partir de la creación del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur y sus implicancias para la villa se estructura en torno a dos grandes bloques de actores:

a- Un primer bloque de actores objeta la presencia de la villa, así como el comportamiento ambiental y moral de sus habitantes: ellos estarían invadiendo terrenos pertenecientes a la Reserva Ecológica, destruyendo el ecosistema y cercenando el derecho al disfrute del espacio público del resto de la ciudadanía. Este primer bloque de actores propicia el desalojo de la villa para destinar esos terrenos a fines “nobles”, como el esparcimiento y la ampliación de la reserva. En líneas generales podemos agrupar aquí a organizaciones ambientalistas vinculadas a la Reserva Ecológica; legisladores “verdes” y funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, fundamentalmente de las áreas de Desarrollo Social y Espacio Público.

b- En permanente diálogo con ese primer grupo no homogéneo de actores, podemos identificar un segundo bloque de actores cuya interpretación de la problemática hace hincapié en la vulneración estatal del derecho a la vivienda. Estos actores destacan el esfuerzo invertido por los sectores de menores recursos para “construir ciudad” en condiciones adversas; esfuerzo que involucra el relleno de tierras ganadas al río, la construcción de sus viviendas y la gestión colectiva de servicios. A partir de tales consideraciones, este segundo bloque de actores reivindica la (re)urbanización del barrio. Entre los principales actores afines a esta postura es posible mencionar a los miembros de un organismo de derechos humanos de activa participación en la villa; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; algunos legisladores porteños pertenecientes a la Comisión de Vivienda y agentes del Poder Judicial local (jueza, asesor, defensor); un equipo de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires y habitantes de la villa. Y casi lo olvidamos: también nosotras mismas, el equipo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires.

El problema suscitado por la presencia de la villa se construye en torno a la tensión entre el derecho a la vivienda -vulnerado por el Estado local- y el derecho al medio ambiente, en apariencia vulnerado por la existencia de la villa y los comportamientos non sanctos atribuidos a sus habitantes, tales como alimentarse con especies animales protegidas y afectar la biodiversidad.

Durante 2005, la puesta en marcha del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consolidó la clasificación del “problema” en los términos del primer bloque de actores. Las soluciones habitacionales propuestas -magros subsidios monetarios e inalcanzables créditos- apuntaron menos a satisfacer necesidades de vivienda de los habitantes que a agilizar la desocupación del área. Como ya comentamos, el desalojo total de la villa nunca fue concluido: en septiembre de 2005, la jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar que dispuso interrumpir la operatoria. Desde ese momento y hasta la actualidad, la regularización de la infraestructura de servicios de la villa y otras políticas desplegadas por parte del Ejecutivo porteño se fueron desarrollando como respuesta a sucesivas exhortaciones del Juzgado.

Las cosmovisiones jurídicas contrapuestas

 El proceso de judicialización del caso Rodrigo Bueno en la ciudad de Buenos Aires expresa diferentes modos en que la justicia construye el armado y el transcurrir de un litigio. Para algunos actores, el escenario se reduce al cuerpo normativo local; para otros, el relato testimonial, el trabajo de campo y la producción académica son fuentes de información decisivas a la hora de analizar los elementos de prueba en el mundo del derecho.

Tales diferencias se inscriben en cosmovisiones jurídicas contrapuestas que se plasman en fallos de diversa índole, que hemos caracterizado bajo la dicotomía de dialógicos/polifónicos versus monológicos. Mientras que un fallo polifónico se sirve de técnicas y recursos para incorporar una pluralidad de voces que entablan un diálogo entre sí, un fallo monológico reduce el potencial de perspectivas a una sola voz dotada de autoridad.

En marzo de 2011, la jueza Liberatori dictó un fallo judicial a favor de la (re)urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, en el cual además declaró nulo el decreto que creaba el Programa de Recuperación de Terrenos de la reserva ecológica, prohibió el desalojo del barrio y conminó al Gobierno de la Ciudad a elaborar un plan de integración urbanística y social de la villa con la participación de sus habitantes. La magistrada estableció que hasta tanto se llevara a cabo la (re)urbanización, el Gobierno de la Ciudad debía proveer al barrio de servicios públicos; realizar acciones de descompactación y traslado de automóviles; y efectuar un informe sobre contaminación y afectación de los menores y adultos, con su correspondiente propuesta de saneamiento del suelo. Por último, la jueza declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que establece los límites de la Reserva Ecológica debido a que no contempló la existencia de la Villa Rodrigo Bueno respecto a dicha reserva[7].

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Desde nuestra perspectiva, el fallo de primera instancia puede ser caracterizado como polifónico en tanto su argumentación se fue construyendo en la puesta en diálogo, a lo largo del proceso judicial, de una multiplicidad de voces y perspectivas. Dicho fallo polifónico no solo incorpora la voz de otras disciplinas -la antropología, la sociología, la arquitectura y el urbanismo- sino que habilita a la voz de la parte actora -los habitantes de Rodrigo Bueno- para ser escuchada.

En efecto, la jueza solicitó la realización de informes técnicos sobre temáticas específicas a profesionales del campo de las ciencias sociales -antropólogas de la Universidad de Buenos Aires-; a la veedora del censo poblacional efectuado por el Instituto de Vivienda en el año 2009 y al entonces Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quien realizó un informe sobre la factibilidad de urbanización. Asimismo, recurrió a investigaciones realizadas por cientistas sociales pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. A esto se sumaron las conversaciones de la jueza con los vecinos; los reconocimientos judiciales en la villa y las audiencias públicas en las cuales participaron todas las partes de la causa: organismos del Ejecutivo, residentes, funcionarios de la defensoría, etc.

La inclusión de una mirada foránea al campo del derecho aportó nuevas claves de lectura que inscribieron las historias, prácticas y relatos de los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno en el marco de problemáticas urbanas de larga data. Tanto los informes como la bibliografía académica consultada constituyeron elementos de prueba que se entrelazaron en la argumentación del fallo. Este abanico de voces recuperadas incidió significativamente en la representación de los vecinos de Rodrigo Bueno sobre sí mismos. En este clima más receptivo, ellos encontraron una oportunidad fuera de lo ordinario para que sus demandas de mejores condiciones de vida fuesen incorporadas a las medidas propuestas por la jueza o el asesor de menores, o bien al proyecto de urbanización promovido por la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña[8].

Previsiblemente, el Gobierno de la Ciudad no demoró en apelar la resolución. Tres años y medio después de dictarse el fallo en primera instancia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó la sentencia de primer grado. En sintonía con la postura comentada del primer bloque de actores, el fallo en mayoría de la Cámara definió el conflicto a resolver como un problema de ocupación del espacio público, cuyos responsables no reunían los requisitos legales para reclamar la propiedad.

A diferencia del fallo polifónico dictado por la jueza de primera instancia, el fallo en mayoría de la Cámara puede ser definido como monológico ya que su argumentación se construyó a partir de la jerarquización de la voz de los actores judiciales como una única voz autorizada para producir una adecuada interpretación de los hechos. Los jueces que firmaron este fallo privilegiaron una lectura ceñida a lo procesal, desestimando la validez de los testimonios e informes elaborados por diferentes expertos y asignando “escaso valor” a las voces de los pobladores. Desde esta concepción restringida del proceso de producción de la prueba, los magistrados afirmaron la ilegitimidad de la permanencia en el lugar de los habitantes de Rodrigo Bueno y la pertinencia de la política de subsidio habitacional diseñada por el Gobierno de la Ciudad en el marco del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Un interesante fallo en disidencia de la Sala II argumentó en sentido coincidente con el fallo polifónico de primera instancia, incorporando las diversas perspectivas que aportaron especialistas en la temática, así como también los puntos de vista de los habitantes de la villa.

La propuesta de una urbanización sustentable

Fruto de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Asesoría y Defensoría de Cámara, la causa Rodrigo Bueno se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Justicia. Allí se han presentado durante 2015 un total de cuatro amicus curiae, impulsados por los siguientes colectivos: 1) la organización TECHO, 2) el Centro de Estudios Legales y Sociales en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; 3) el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) y 4) el Área Urbana del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Cada uno de los amicus curiae, de acuerdo a la expertise de las instituciones participantes, aborda dimensiones específicas de la problemática planteada en el expediente.

El documento presentado por nuestro equipo desarrolló los siguientes ejes: a) la pertinencia del reclamo de urbanización del barrio Rodrigo Bueno sustentada en la historia del barrio y sus pobladores; b) la completa inadecuación e ineficiencia de la política de subsidios monetarios del gobierno local que fuera ofrecida a los habitantes del barrio como respuesta institucional al desalojo; y c) la coexistencia del derecho a la vivienda de los habitantes de Rodrigo Bueno (expresado en la demanda de urbanización) y el derecho al medio ambiente de la ciudadanía (garantizado por la existencia de la Reserva Ecológica Costanera Sur) que, desde nuestra perspectiva, permite pensar en un proyecto de urbanización sustentable.

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Nos detendremos sobre este último punto ya que constituye una línea de argumentación poco explorada que habilita, a nuestro entender, un abordaje integral del conflicto, superador del abordaje ortodoxo en términos de colisión de derechos.

1) El amicus curiae en cuestión retoma, en primer lugar, las normativas, reglamentaciones y directrices que -a escala local, nacional e internacional- regulan la planificación, gestión y manejo de las áreas protegidas; así como los antecedentes de áreas protegidas en las que reside población. El análisis de la documentación elaborada por organismos internacionales (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-; Convenio sobre la Diversidad Biológica; Convenio de RAMSAR) y nacionales (la Administración Nacional de Parques Nacionales) revela un cambio de paradigma en relación a los criterios de conservación tradicionalmente regidos por una lógica restrictiva y excluyente, que suponía que el medio ambiente debía ser protegido de la interferencia humana (Trentini, 2012).

Los lineamientos elaborados en las últimas décadas, por el contrario, parten del reconocimiento de que la intervención estatal en la conformación de áreas protegidas frecuentemente ha implicado la negación de las poblaciones preexistentes; provocando su desalojo ante la evidencia incuestionable de su existencia (Starapoli, Napole, y Paradela, 2010). En este sentido, uno de los desafíos de la gestión de áreas protegidas consiste en resolver eficientemente los frecuentes conflictos y tensiones suscitados con la población residente en ellas, evitando que el uso de categorías más o menos estrictas de conservación sean funcionales a “la expulsión de los pueblos de sus tierras tradicionales” (UICN, 2008: 7).

2) En segundo lugar, el amicus curiae enumera algunas experiencias de gestión de las áreas protegidas en diversos países en las que existe población asentada, a fin de aportar antecedentes que permitan proponer soluciones para el caso de Rodrigo Bueno. En términos generales, las experiencias relevadas siguen las recomendaciones de los organismos ya citados en torno a la necesidad de contemplar los usos y necesidades de la población asentada. En esta línea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advierte, por ejemplo, que una declaración de áreas estrictamente protegidas que no contemple las necesidades de la población local, puede resultar contraproducente y obstaculizar el manejo diario del área (Amend y Amend, 1998). Uno de los antecedentes más pertinentes para nuestra propuesta es el informe elaborado por el Comité Boliviano de la UICN (Amend y Amend, 1998) que sostiene que, aun en los casos sin base legal explícita a nivel nacional, se pueden adjudicar derechos de uso a la población asentada.

3) Por último, el amicus curiae recupera la legislación nacional y local en torno a la gestión de áreas protegidas y, en particular, las zonas declaradas de reserva ecológica. En relación a los Parques Nacionales en nuestro país se desarrolló la categoría de co-manejo o manejo participativo, la cual implica “un reparto de responsabilidades y competencias, y una clara definición del ejercicio de la autoridad pública, y de las pautas de uso y manejo de los recursos que surgen del saber ancestral de las comunidades” (Plan de Gestión para los Parques Nacionales 2001, citado en Trentini, 2012). El caso de la implementación del co-manejo entre el Parque Nacional Lanín y la Confederación Mapuche Neuquina resulta una experiencia paradigmática en este sentido. En enero de 2012, la Administración de Parques Nacionales creó un Departamento de Co-manejo a fin de posibilitar su administración conjunta con las nueve comunidades mapuches que viven al interior del área protegida. La nueva figura legal permite no sólo habitar en esas tierras sino aprovechar la naturaleza como recurso de subsistencia, proteger el medio ambiente y realizar actividades productivas.

La Reserva Ecológica Costanera Sur abarca una superficie de 353 hectáreas y constituye el espacio verde más grande y de mayor diversidad biológica de la ciudad de Buenos Aires. Los criterios de conservación y gestión de esta área urbana se han establecido de acuerdo con las normativas internacionales y nacionales y con la legislación específica de la ciudad. Desde 1992, esta reserva cuenta con un Plan de Manejo que especifica los objetivos de su creación y se pautan las actividades, gestiones y usos del área. El Plan reconoce objetivos educativos, recreativos, de conservación, de investigación y turísticos.

En el año 2005, la Reserva Ecológica Costanera Sur fue incluida en el listado de humedales reconocidos por la “Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”, conocida como Convención de RAMSAR. Dicha convención, firmada en 1971 en Irán, es uno de los más antiguos e influyentes tratados intergubernamentales sobre el medio ambiente. La filosofía de la Convención RAMSAR gira en torno a la idea del uso racional de los humedales, definido como “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas dentro del contexto del desarrollo sostenible” (www.ramsar.org). El reconocimiento de sitios RAMSAR en muy diversos ecosistemas permite aplicar nuevos enfoques para resolver viejos problemas, que incluye no sólo el diálogo y la discusión sobre problemas de conservación y manejo de recursos naturales sino también formas específicas de resolver conflictos surgidos de la existencia de poblaciones que residen en áreas declaradas sitio RAMSAR, promoviendo el uso racional de los humedales y capacitando a los pobladores en el desarrollo de actividades económicas sustentables.

En síntesis, las declaratorias y convenciones internacionales que respaldan la existencia de la Reserva Ecológica Costanera Sur (UICN; RAMSAR) reconocen la complejidad ecológica y social que presentan las áreas protegidas y respaldan las propuestas de gestión que articulan la diversidad de necesidades en juego. En este sentido, se resalta el papel central de los programas educativos y de concientización de la población residente en ellas o en zonas linderas a fin de favorecer el desarrollo de proyectos sustentables. Desde esta perspectiva, sostenemos que no existe una necesaria contradicción entre el derecho al medio ambiente de la ciudadanía y el derecho a la vivienda de las poblaciones que residen en un área protegida.

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En este contexto, la (re)urbanización sustentable de la Villa Rodrigo Bueno constituye, a nuestro entender, una solución adecuada que posibilita la articulación del derecho a la vivienda de dicha población con el derecho al medio ambiente de la ciudadanía. Por un lado, la política de urbanización forma parte del corpus normativo vigente para garantizar el derecho a la vivienda (artículo 31 de la Constitución de la Ciudad) que se expresa específicamente en la ley 148. Por otra parte, los objetivos en torno a la sustentabilidad de la reserva responden tanto a los lineamientos establecidos por la Convención RAMSAR como a los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad y al artículo 41 de la Constitución Nacional. Por último, el desarrollo de una política pública de tales características resulta viable ya que la Constitución de la Ciudad establece que las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano son posibles en tanto se respeten los procedimientos enunciados en sus artículos 89 y 90.

Conclusiones

Desde hace una década, nuestro equipo viene acompañando a los vecinos de Rodrigo Bueno en distintas instancias de su lucha política y judicial por la urbanización del barrio. Si bien periférica, nuestra participación en la causa judicial constituyó una experiencia que nos llevó a reflexionar sobre la potencia de la investigación etnográfica y las implicancias sociales de la producción de conocimiento.

Dos ejes han sido centrales en este proceso: la experiencia judicial y la (co)producción de conocimiento social. ¿En qué contextos la producción académica en ciencias sociales adquiere la legitimidad necesaria para ser incluida como voz autorizada en una causa judicial, en este caso vinculada al derecho a la vivienda?

El análisis de las distintas etapas de la causa Rodrigo Bueno nos ha permitido observar un transcurrir judicial que -lejos de responder a una unívoca lógica legal- da cuenta de disputas e intereses en pugna que van delineando el campo jurídico. Tales disputas cobran forma en el contraste entre lo que hemos denominado una producción jurídica desde abajo -en la cual la mirada del experto sintoniza con el padecimiento de un otro vulnerable y dialoga con otras disciplinas y actores- y una producción jurídica desde arriba. Esta última se caracteriza por una mirada tecnocrática del experto judicial que se mantiene a prudente distancia de los afectados del conflicto, y cuyo resultado es un fallo monológico.

La producción jurídica desde abajo -expresada en la postura del primer bloque de actores, el fallo de primera instancia de la Dra. Liberatori y el fallo en disidencia de Cámara de la Dra. Daniele- opera desde una lógica dialógica: no sólo incorpora las distintas voces y testimonios de los habitantes -acortando la distancia espacial y simbólica entre la justicia y el barrio- sino también la perspectiva de otras disciplinas sociales. La producción jurídica desde arriba refuerza, por el contrario, la distancia entre el mundo judicial y el transcurrir de una villa históricamente relegada pese a su ubicación estratégica.

La intervención de nuestro equipo en el marco del expediente fue posible en tanto algunos de los actores judiciales involucrados en la causa consideraron necesario sumar diversas perspectivas para comprender cabalmente la problemática en cuestión. La inclusión de la mirada antropológica permitió reponer en el expediente un material en apariencia inasible, como son las voces de los sujetos involucrados. En ese marco, nuestro trabajo apuntó a reconstruir el complejo contexto en el que se sitúa el conflicto en cuestión así como los significados que asume para los diferentes actores involucrados, a fin de favorecer una adecuada interpretación de los argumentos y pruebas presentadas.

La apertura dialógica generada durante la primera instancia del proceso judicial permitió además que los vecinos pudieran reconstruir su pasado en un ejercicio activo sobre su propia identidad; impugnando la versión oficial -hasta entonces imperante- del Poder Ejecutivo porteño. Pese a estas conquistas, el sinuoso transcurrir del litigio judicial no impide la persistencia de los padecimientos en la vida cotidiana de estos pobladores, como el alto porcentaje de plomo en sangre en los niños.

Por otra parte, la legitimidad temporaria alcanzada por los conocimientos producidos desde las ciencias sociales en el marco de esa apertura dialógica nos enfrentó a dilemas prácticos y éticos, obligándonos a reflexionar sobre el modo en que producíamos tales conocimientos sobre el barrio y sus pobladores. Strathern (1987) sintetiza parte de esas preocupaciones con su lucidez habitual: “Necesitamos tener alguna idea de la actividad productiva que yace detrás de lo que la gente dice y, así, su propia relación con lo que fue dicho. Sin saber de qué manera ‘poseen’ sus propias palabras, no podemos saber lo que hemos hecho al apropiárnoslas”.

Casi imperceptiblemente nos hemos convertido en portavoces autorizadas de las voces de los vecinos, inscriptos en nuestros artículos e informes. Somos en parte conscientes de las transformaciones que sufren esos corpus de los nativos cuando son reproducidos en el marco de nuevos dispositivos; las traiciones implicadas en toda traducción, diría Viveiros de Castro. A esta temática, ya abordada oportunamente por la antropología posmoderna, se le suma otra no menor: ¿Qué tipo de autores son aquellos nativos con los que trabajamos? ¿Y qué tipo de autores somos nosotras mismas?

En un próximo trabajo seguiremos profundizando en los pormenores de la coproducción intelectual (Viveiros de Castro, 2010: 15-18) entre ambos tipos de autores, el nativo y el antropólogo; en el marco de lo que algunos colegas denominan una investigación colaborativa o activista (Carenzo y Fernández Álvarez, 2012).

Referencias bibliográficas

Abramovich, Víctor. (2007). Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política. En Revista Estudios Socio- Jurídicos, N° 9, Bogotá, Universidad del Rosario, pp. 9-33.

Abramovich, Víctor y Courtis, Cristian. (2006). El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional. Buenos Aires: Estudios del Puerto.

Amend, Stephan y Amend, Thora. (1998). La zonificación, elemento clave de los planes de manejo. En GTZ y Comité Boliviano de la UICN. Metodologías participativas para elaboración e implementación de planes de manejo en áreas protegidas. Cochabamba.

Carenzo, Sebastián y Fernández Álvarez, María Inés. (2012). ‘Ellos son los compañeros del CONICET’: el vínculo con organizaciones sociales como desafío etnográfico. En Publicar, Año X, Nº 12.

Carman, María, Crovara, María Eugenia, Girola, Florencia, Lekerman, Vanina y Yacovino, María Paula. (2005). Informe sobre el asentamiento Costanera Sur. Expediente “Ramírez Tito, Magdalena y Otros C/ GCBA S/ Amparo (Art.14 CCABA)” Exp. 17601. Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005

Carman, María, Lekerman, Vanina y Yacovino, María Paula. (2013). La coproducción intelectual del antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un nuevo paradigma de antropología aplicada. En Tempo da Ciencia, Vol. 38, pp. 52–72.

Dudley, Nigel. (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. UICN.

Starapoli, Laura, Napole, María Eugenia, y Paradela, Horacio. (2010). Revalorización del archivo histórico sobre pobladores y comunidades en la Administración de Parques Nacionales, Reflexiones y usos actuales. Ponencia presentada en IV Congreso Interoceánico de actividad pesquera.

Strathern, Marilyn. (1987). Los límites de la autoantropología. En Jackson, A. (ed.). Anthropology at home. London and New York: Tavistock Publications. Traducción: Laura Vugman, Departamento de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires.

Trentini, Florencia. (2012). Ecología política y conservación: El caso del ‘co-manejo’ del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Pueblo Mapuche. En Revista Pilquen, Año XIV, N° 15.

Viveiros de Castro, Eduardo. (2010). Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural. Buenos Aires: Katz.

Documentación consultada

Decreto 1.247/GCABA/05. Creación del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Decreto N° 2.136/GCABA/06. Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Subsidios, mutuos con garantía hipotecaria y soluciones habitacionales para grupos familiares que lo ocupan.

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), elaborada en marzo 2005

Fondo de Humedales para el Futuro. Beneficiando el manejo y la conservación de humedales en América Latina y el Caribe. 2010.

Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas. 2010. Administración Nacional de Parques Nacionales.

Ordenanza N° 41.247/CD/86. Declaración de Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.

Ordenanza Nº 43.609/CD/89. Creación del Distrito Área Reserva Ecológica en el área Costanera Sur.

Ordenanza Nº 45.676/CD/91. Aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Plan de Manejo de la Reserva Costanera Ecológica Costanera Sur.

http://www.iucn.org/es

http://ciaper.com.ar/wordpress

www.ramsar.org

[1] Prof. Ciencias Antropológicas. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: mpyacovino@gmail.com

[2] Dra. en Ciencias Antropológicas. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: vaninalekerman@gmail.com

[3] Lic. Trabajo Social. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: nadinacampos@gmail.com

[4]  Dra. en Ciencias Antropológicas. Investigadora independiente CONICET. Directora del Equipo de investigación “Antropología, ciudad y naturaleza” del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. http://aeuiigg.sociales.uba.ar/ . E-mail: mariacarman1971@gmail.com

[5] Amicus curiae, traducida literalmente como “amigo del Tribunal”, es un instituto del derecho procesal que admite a terceros ajenos a una disputa a ofrecer opiniones para la resolución del proceso.

[6] Durante los meses de julio y agosto de 2005, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad implicados en el operativo de desalojo desplegaron medidas intimidatorias hacia los habitantes de Rodrigo Bueno, tales como la construcción de una muralla de tierra de 10 metros de altura rodeando parte de la villa; la instalación de personal de seguridad controlando los ingresos y egresos de los vecinos; la suspensión de servicios -tales como recolección de residuos, disposición de excretas y desratización del predio-; y la amenaza verbal de recurrir al uso de la violencia en caso de que se resistieran a abandonar el lugar.

[7] Véase el artículo 1 de la Ordenanza 41.247/86. El fallo de Liberatori plantea que el verdadero conflicto del expediente reside en la tensión entre los derechos fundamentales de los habitantes del predio, las actividades inmobiliarias proyectadas y el rol asumido por el gobierno en disfavor de los primeros.

[8] Cfr. Carman, M.; Lekerman, V. y Yacovino, M. P. 2012. “La coproducción intelectual del antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un nuevo paradigma de antropología aplicada”. Revista Tempo da Ciência. Volume 19, nº 38, 2º Semestre de 2012. Revista de Ciências Sociais e humanas. Centro de Ciências humanas e sociais. Universidade estadual do oeste do Paraná. Campus de Toledo.

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