Los establecidos sin poder de grupo. Viejos loteos y nueva pobreza en el conurbano bonaerense

Por Santiago Nardin (1)

Caín: ¿Soy lo celeste y elige lo negro? / ¿Soy desvelo y elige el sueño…?

Soy lo hecho y elige a lo echado/ Soy prendario y elige lo desprendido.

Soy botón y elige el ojal/ Soy sombra y elige al asombrado.

Soy el juicio y elige al pleito/Soy regla y elige al regular/ Soy negocio y elige al ocio.

Soy uso y elige abuso/ Soy el mundano y elige al inmundo.

Soy la derecha y elige la torcida

¡Entonces, concha, no hay ley ni juez! ¡No hay mundo futuro, ni recompensa para el justo, ni castigo para el malhechor!

¡Por Dios! ¿Yo hago todo lo que se debe y él no lo pone en el haber? ¿Rindo para aprobado y aprueba al réprobo?

¡Una ley, concha! ¡Exijo una ley!

Terrenal, Mauricio Kartun

 

Dos oposiciones suelen resumir al conurbano. La primera, aquella que lo identifica con la periferia difusa de un centro integrado, resultado de la dinámica que asumió su expansión tentacular sobre una de las tierras más productivas del mundo. Dentro de este territorio dualizado, una segunda oposición señala los contrastes violentos que alojan sus márgenes: el tercio de la población que vive en la pobreza -entre los cordones industriales que empujan la economía argentina- libra una competencia desigual por el espacio urbano contra una elite crecientemente autosegregada.

Otros contrastes menos visibles surcan el conurbano. Contra la imagen aplanada que homogeneiza a los sectores populares y los define por su oposición respecto de los sectores integrados, es posible rastrear múltiples tensiones entre las fracciones que conforman a la heterogénea clase trabajadora y sus prácticas de producción del hábitat.

Como parte de un trabajo de investigación, docencia y extensión que llevamos adelante en la zona de San Francisco Solano (2), estudiamos las relaciones entre dos barrios populares espacialmente próximos pero cuya génesis remitía a procesos y temporalidades diversas; allí exploramos las distancias morales que los residentes de un viejo loteo “pirata” de los años sesenta experimentaban con los habitantes de un asentamiento resultado de una toma de tierras que había tenido lugar en plena crisis a fines de los años noventa.

 

El modelo de loteo popular

Entre comienzos de siglo xx y los años setenta, el desarrollo de la pequeña propiedad fue el factor decisivo de la acelerada suburbanización por fuera de la regulación del mercado formal de tierras o de la planificación territorial. Los desarrollos proliferaron en las zonas lindantes a las estaciones de tren o siguieron el trayecto de los colectivos que favorecieron la ocupación de espacios intersticiales entre ramales ferroviarios. Diego Armus y Ernesto Boholavsky (2015) identifican cuatro procesos que resumen las estrategias de los sectores populares para resolver el problema de vivienda en el Gran Buenos Aires: las casas y edificios construidos por empresas, las viviendas construidas por el Estado, los asentamientos de emergencia y la autoconstrucción. Esta última fue la más relevante: la construcción de viviendas a partir del fraccionamiento de espacios anteriormente destinadas a uso rural o que habían permanecido desocupadas entre las vías ferroviarias fue el proceso que permitió que amplios sectores suburbanos se convirtieran en propietarios. Aquí el Estado jugó un rol subsidiario –o intervino por omisión– al dejar actuar a los comerciantes inmobiliarios que ofrecían facilidades de pago para que los compradores accedieran a los lotes que, en muchas ocasiones, contaban con deficientes condiciones de habitabilidad. Frente a las dificultades de acceso a los servicios y las fuertes carencias en materia de agua corriente, desagües, luz, pavimento, escuelas o centros de salud, entre otros problemas, se ensayaron soluciones individuales y acciones concertadas de los vecinos que suplieran la presencia cuanto menos deficitaria del Estado.

Dicho asociacionismo jugó, por lo tanto, un rol fundamental: favoreció el desarrollo de diversas prácticas de sociabilidad, que forjaron liderazgos locales y definieron las características de las relaciones entre sociedad civil, política e instituciones del Estado (3). Los clubes sociales, las sociedades de fomento, las bibliotecas, las asociaciones de origen son algunas de las instituciones que se crearon en este período. En la lectura que realizan Armus y Boholavsky, este asociacionismo era socialmente heterogéneo y se hallaba atravesado por un igualitarismo que era el resultado de carencias y aspiraciones de movilidad social ascendente compartidas.

Al calor de la industrialización sustitutiva de los años peronistas se fue desarrollando una urbanización periférica a la Ciudad de Buenos Aires que era jalonada por las migraciones internas. El conurbano bonaerense se fue poblando mayoritariamente de viviendas autoconstruidas en lotes financiados en cuotas, apuntalado por la disponibilidad de crédito a largo plazo para sectores medios y medios bajos, además del ahorro personal (facilitado por el congelamiento de alquileres) y préstamos privados de corto plazo. El Banco Hipotecario ofreció créditos que facilitarían el acceso a la casa propia; sin embargo, su incidencia se concentró más en la compra de materiales y marginalmente en la compra en cuotas de los lotes.

Así, la urbanización era dinamizada por el sector inmobiliario que compraba y fraccionaba la tierra por lo que obtenía rentabilidades significativas, mientras que el Estado desarrollaba, más lentamente, una trama irregular de servicios e infraestructura. Bajo los gobiernos peronistas (1943-1955) se definieron normas de subdivisión y uso de suelo, se organizaron catastros, se ofrecieron créditos que expandieron el mercado de tierra y vivienda para las clases populares (ley de Propiedad Horizontal de 1948, y ley de Venta de Lotes en Mensualidades de 1950) y se desarrolló la construcción directa por parte del Estado. La vivienda, además, adquirió el estatuto de derecho al ser consagrado en la Constitución de 1947 (y, posteriormente, mantenido en el artículo 14 bis).

Sobre esta dimensión material de la producción del hábitat popular en el conurbano bonaerense, Denis Merklen (1997) señala la constitución de un sector social específico, con sus criterios de justicia y sus pautas de sociabilidad. El lote condensaba el logro de un esfuerzo personal realizable, uno de los pilares de aquella identidad obrera del mundo nacional-popular estructurada entre el trabajo y la casa. Se trataba, efectivamente, del acceso a una tierra que en ocasiones era inundable o de mala calidad, alejada de los lugares de trabajo o con mala conectividad, pero cuya legalidad contrastaba con lo que sucedía en el resto de la región.

La declinación de este modelo de acceso a la tierra y la vivienda en el conurbano bonaerense implicó, entonces, la crisis de una forma de sociabilidad y la puesta en cuestión de un conjunto de roles legítimos que encarnaban los trabajadores de bajos recursos. Este proceso tuvo lugar a mediados de los años setenta, cuando cruje el triángulo conformado por una legislación laxa, trabajadores con buen salario y cierta estabilidad, y sólidas ganancias para los sectores inmobiliarios. En diciembre de 1976, la dictadura militar –que gobernaba el país desde marzo de ese año– prohíbe el loteo en la Provincia de Buenos Aires y, en octubre de 1977, sanciona la ley de Ordenamiento Territorial n° 8912 que fija la necesidad de proveer loteos con la infraestructura urbana (agua, luz, cloacas, desagües) e incrementa el precio del suelo urbano. Otras políticas aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires también impactaron significativamente: la ley de Locaciones Urbanas (junio de 1976) permitió la liberación gradual de los alquileres congelados; la promulgación del Código de Planeamiento Urbano fijó restricciones para la utilización del suelo urbano apto para la edificación que aumentó aún más el precio; las políticas de erradicación de villas de la Ciudad en julio de 1977 y la destrucción de viviendas para la construcción de autopistas (Izaguirre y Aristizábal, 1988; Oszlak, 1991; Yujnovsky, 1984).

Establecidos y marginados

En su trabajo clásico sobre la relación entre establecidos y marginados, Norbert Elías (2016) observaba que aquellos recién llegados debían aceptar su inclusión en un grupo “de menor virtud y respetabilidad” como una caracterización impuesta por los grupos de más años de residencia en el lugar. La fuente de la diferencia de poder entre ambos grupos radicaba en los diferenciales de cohesión e integración: la mayor cohesión –derivada de los años de conocimiento a través de generaciones– les permitía movilizar mecanismos de control comunitario, recursos de los que no disponían aquellos residentes más nuevos, quienes eran extraños no sólo respecto de los viejos residentes, sino entre ellos mismos.

La antigüedad de residencia, por lo tanto, se traduce en un diferencial de poder en la medida en que los grupos dominantes controlan las instituciones comunitarias (o crean otras nuevas), que les brindan recursos materiales y simbólicos y cuyo monopolio utilizan para excluir al grupo marginado y reafirmar la propia identidad. Las relaciones entre unos y otros se regulaban a través de diversos mecanismos de control social formales e informales, entre los cuales el rumor constituía uno de los más efectivos para gestionar los contactos entre los grupos con diferentes status.

 

Ahora bien, ¿qué sucede si un grupo no logra convertir la antigüedad de residencia en un diferencial de poder? ¿Si las instituciones que conforman en sus orígenes languidecieron, sino directamente han dejado de existir? ¿De qué manera elaboran subjetivamente su vínculo con un grupo de vecinos nuevos, a quienes definen con atributos estigmatizantes y cuya presencia impugnan? Estas preguntas ordenan nuestra aproximación a las sociabilidades interbarriales en la periferia del conurbano.

Recordemos que, en su configuración tradicional, la pobreza era concebida espacialmente como un enclave –la “villa”-, un territorio depositario de un conjunto de atributos desacreditadores. A partir de los años ochenta, sin embargo, surgieron otras manifestaciones espaciales asociadas con la “nueva pobreza”, una categoría que se acuñó para dar cuenta de las consecuencias sociales y económicas de las políticas de la dictadura militar sobre fracciones de la clase trabajadora (auto)identificadas como perteneciente a los sectores medios (4). En esta nueva configuración, la pobreza dejó de ser un enclave ya que comenzaron a disolverse límites materiales y simbólicos en torno a los cuales se estructuraban prácticas espaciales y habitacionales que se representaban como diferentes.

La pregunta sobre cómo sectores que comparten una misma realidad habitacional imaginan sus diferencias constituye un interrogante sustancial para estudiar las sociabilidades conurbanas. La antropología realizó significativos aportes al poner en cuestión la asociación mecánica entre espacio y grupo, y con ello desnaturalizar las relaciones entre distancias físicas y sociales. El problema que nos interesa remite al modo en que sujetos que experimentan grandes distancias morales gestionan la proximidad espacial con estos otros. En un estudio sobre un complejo de vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires, Girola (2013) se interesó por el proceso por medio del cual –desde la perspectiva de sus residentes– el complejo de viviendas había devenido una “villa en altura”, y las consecuencias sobre las sociabilidades, que eran leídas bajo la etiqueta de una “homogeneidad promiscua”. Las diferencias socioculturales y la cercanía espacial redundó en un creciente temor a la contaminación y la necesidad de regular la diferencia no deseada en un contexto de proximidad impuesta, que se cristalizó en una serie de operaciones: el establecimiento de clasificaciones internas, la invocación a un contraste entre un pasado venturoso y un presente desafortunado, el énfasis en los arreglos de las viviendas (mostrando la diferencia entre vecinos negligentes y cuidadosos), el relacionamiento lejano, el énfasis en la esfera doméstica y la construcción de relaciones “por fuera”.

“Esta calle figura asfaltada»

Aunque los primeros loteos comienzan a desarrollarse en 1943, el nacimiento formal del barrio La Paz data de 1951 cuando la sociedad de fomento local presentó su inscripción en los registros municipales. Alicia Esther es el resultado de un pequeño loteo irregular en los fondos del barrio La Paz que surge en la década del sesenta y se localiza en el sector más alejado de la avenida Donato Álvarez, –la principal vía comercial por la que circulan gran cantidad de líneas de colectivos que van hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La calle 895 –denominada Emilio Torre–, que constituye el límite formal con El Tala, es una vía asfaltada de dos manos por la que circulan algunas líneas de colectivos municipales. Para un visitante ocasional, no existen diferencias visibles entre ambos barrios, las características de los lotes y las viviendas son similares: terrenos amplios y casas en su mayoría de material, terminadas, con algunas edificaciones en curso hacia arriba o en el fondo del lote; también pueden observarse algunas pilas de ladrillos, arena y otros materiales de construcción.

Entre los habitantes de este viejo loteo la mayoría son herederos, -hijos o nietos de fundadores que llegaron al barrio con los primeros loteos-, y compradores, aquellos que llegaron poco tiempo después, cuando la urbanización ya se encontraba más desarrollada. Sus relatos condensan una evocación nostálgica en torno al momento fundacional que exaltan los atributos de sus protagonistas en contraposición con las formas de relacionamiento actuales; frente a lo que consideran el “yoismo” imperante en la actualidad, resaltan las cualidades de aquella generación: la solidaridad, el ascetismo y la laboriosidad.

El dilema alguno de estos habitantes podría resumirse en las dificultades para concretar exitosamente el tránsito de comprador a propietario (5). Imposibilitados de afrontar los costos de escrituración por su precaria condición laboral, intentan con amargura transitar la vía de la diligencia estatal; sin embargo, las oficinas municipales resultan un ámbito ajeno y poco inteligible.

Rubén: Algunos [vecinos] tienen pero pagaron ellos la escritura, yo no pude, al no tener un laburo fijo entonces… y está la posibilidad de que la municipalidad te lo haga, pero… ese es otro punto, me parece que te tardan muy mucho, es como en otros tiempos que para ponerte un teléfono tenías que esperar dos años, tres años. Yo le pregunto [a una empleada municipal] “¿Por qué tardan mucho, señorita?”, y ella dice: “Yo, en su lugar, pensaría lo mismo, pero acá eso no es mucho, es poco” (…) Hay muchos que están, cómo te puedo decir, como estoy yo, en el aire. Tengo antigüedad, pago mis servicios, todo, pero hay cosas que no pago a mi nombre, pago la luz, el teléfono, el agua a mi nombre, pero los gastos municipales, yo pago a nombre de otras personas que supuestamente eran dueños, después se fueron.

La espera, como observó Auyero (2013), es una dimensión central para comprender el vínculo de los “pobres” con el Estado por cuanto modula las relaciones de dominación al combinar momentos de incertidumbre y arbitrariedad; por medio de la espera, paradójicamente, quedan “atados al Estado”. Lidiar con las oficinas de públicas destinadas a la asistencia implica, a su vez, el manejo de un determinado “saber hacer” y, junto con ello, una cierta disposición subjetiva a participar de esas relaciones.

La frustración que experimenta Rubén, por ejemplo, como resultado de un tránsito fallido por las oficinas públicas se inscribe en una suerte de rechazo a estas prácticas inherentes al “brazo asistencial” del Estado, así como también a la predisposición subjetiva que se le requiere a quienes se acercan a estas dependencias.

Otra expresión recurrente en estos entrevistados para ilustrar las dificultades para acceder a la titulación es la de “estar en el aire”, que indica una ubicación tan distante de la vía mercantil como de la estatal para concretar el tránsito de comprador a propietario.

Ahora bien, las impugnaciones acerca del modo en que las instituciones públicas y los políticos atienden las demandas en torno al hábitat y la vivienda no se limitan al problema de la titulación. En los relatos de algunos habitantes de Alicia Esther, hay recurrentes valoraciones acerca del estancamiento en el que se encuentra el barrio como resultado del abandono estatal, que habría privilegiado la realización de obras en otros barrios, los cuales, en menos tiempo, lograron importantes mejoras.

Esta red de sentidos y valoraciones se condensa en el mito de la calle asfaltada. Un rumor de circulación activa y origen indeterminado, de acuerdo al cual las calles de tierra –especialmente aquellas sobre las que viven quienes lo difunden– figuran como asfaltadas en un plano de alguna dependencia municipal. La controversia involucra una sospecha sobre el destino de los recursos que habrían sido asignados para dicha obra y que se especula que fueron desviados a otros propósitos desconocidos.

Leticia: Acá no hicieron el asfalto. En todos lados menos acá la calle tiene un mejorado. Por ahora me gustaría un mejorado, porque desde que vine acá todos los años están por asfaltar. Figura como asfaltada incluso.

Entrevistador: ¿Figura como asfaltada?

Leticia: Figura como asfaltada, pero todos los años es promesa.

Entrevistador: ¿Y los vecinos no se juntaban por ese tema?

Leticia: Sí, se juntaron. Nosotros hicimos un mejorado al poco tiempo que vinimos, entre todos los vecinos, fue el primer mejorado que se hizo, con brea y después se echó a perder.

Ana: El único problema que vas a encontrar y la queja en este barrio es que nunca nos hicieron asfalto… Pasaron gestiones y gestiones y nunca nos hicieron el asfalto. Acá hicieron todo bitumé a la redonda. Desde que yo nací esto figura avenida, que hace la unión con 12 de Octubre y Donato Álvarez. O sea, el intendente dijo que recibió el subsidio, el intendente Villordo, y el intendente Gutiérrez, pero no, no se pudo hacer el asfalto. Esa es la queja más grande que vas a tener.

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Recordemos que el modelo de loteo popular –que entra en crisis a partir de la última dictadura militar– era también un modelo de sociabilidad que definía pautas normativas, ofrecía un soporte legítimo al trabajador “pobre pero integrado” y proponía una aspiración asequible de progreso. La medida material de dicho progreso lo determinaba el alcance de los servicios públicos que las sociedades de fomento –como sintetizadoras de un esfuerzo colectivo– se encargaban de promover en articulación con un Estado que, en general, respondía a esos requerimientos. Esta trama de memorias y aspiraciones está en la base de las movilizantes controversias alrededor de un asfalto que nunca llega como resultado de, cuanto menos, la inobservancia de instituciones públicas.

De manera similar a lo que ocurre con los juicios referidos a los trámites de titulación, en este caso tampoco emergen formulaciones que permitan retraducir la impugnación pasiva sobre el modo de intervención estatal en representaciones acerca del tipo de actuación esperado por parte de las instituciones públicas y políticas. Es decir, la promesa incumplida o el recurso desviado configuran agravios que  refuerzan el distanciamiento del barrio con el Estado y los políticos.

“Hay familias, pero también hay mucho pillaje”

La Matera está delimitado, al norte, por la calle 811, al sur por la 821, al oeste por 891 y al este por 844. Se accede por dos vías: desde El Tala cruzando el arroyo San Francisco por alguno de los cuatro puentes peatonales y solo uno de autos, o desde camino General Belgrano, cruzando el arroyo Piedras en cuyo margen se localizan otros asentamientos más recientes. En una franja de aproximadamente seis cuadras se emplazan las viviendas (mayoritariamente casas de ladrillo sin revocar y otras casillas de chapas) sobre terrenos irregulares, en calles sin asfaltar, a excepción de dos.

La Matera fue un barrio planificado en el marco de un programa provincial de creación de asentamientos en el que se desarrolló un plan de viviendas inconcluso, lo que derivó en una toma protagonizada por aproximadamente mil quinientas familias el 31 de marzo de 2000. Por esta razón, el barrio adquirió una organización espacial: una hilera de manzanas que estaban destinadas a espacios verdes y equipamiento urbano permanecieron libres y posteriormente fueron destinadas para la construcción de una escuela y un Centro Integrador Comunitario en 2011. El resultado es paradójico: se trata de un territorio atravesado por múltiples carencias, con una población más vulnerable que la que reside en los barrios cercanos y más antiguos; a la vez, ha sido objeto de sistemáticas intervenciones estatales, lo cual lo convierte, a la vista de habitantes de otros barrios como los de Alicia Esther, en una especie de territorio privilegiado.

Entrevistador: ¿Se acuerda? ¿Cómo fueron las tomas?

Rubén: Se va de a poco, una noche van cincuenta familias, después más y después más. (…) Hay familias pero también hay, como te dije, mucho pillaje. Supongamos, yo, que económicamente estoy bien acá, o sea sanamente yo no necesito hacerlo pero voy, después cuando se calme un poco lo vendo, como quien quiere decir, currar al otro. Yo no tendría necesidad de ir a sacar un terreno. Vamos uno o dos, lo agarramos y después lo vendemos.

Aquí, la acción directa es expresión de una acción fundamentalmente desnormativizada; la ruptura de la legalidad se asocia con la institución de un espacio de anomia, integrado por la multiplicidad de acciones individuales motivadas por una suma de intereses particularistas. La distinción es el elemento central que organiza la representación sobre los participantes de la toma entre nuestros entrevistados. Para ellos se trató de una acción guiada, no por una “necesidad real” de un terreno, sino que fue motivada por un fin especulativo o económico; protagonizada por unos “otros” provenientes de lugares tan lejanos como ajenos –expresado en la referencia al “malón” –; dirigidos por políticos que los movilizan como parte un intercambio venal y con un Estado que avala, cuando no interviene directamente en favor de estos “ocupantes fraudulentos”. La toma como mito de origen, en este caso, resume una existencia por fuera de la ley y parece imprimirle una marca que acompaña a su derrotero posterior del barrio.

La sospecha resume un conjunto de representaciones que los habitantes de Alicia Esther elaboran sobre los habitantes de La Matera. Pero también nos habla de la ubicación que elige el entrevistado para estructurar su relato. En este caso, se trata de la búsqueda de reforzar una distancia ante este “otro” cuya semejanza es representada como algo contaminante. Como observó Girola (2013), frente al riesgo de una “homogeneidad promiscua”, emerge la necesidad de gestionar constantemente la distancia respecto de la alteridad. Reforzar las distancias sociales –alegando desconocimiento sobre el episodio y sobre sus protagonistas, por ejemplo– y reafirmar la propia honorabilidad son algunos de los recursos a los que apelan nuestros entrevistados.

Abel: Nosotros estábamos acá. Pero es lo mismo, de igual…. Es igual, todo lo mismo, porque a mí también cuando yo estaba acá… “Eh, están tomando terreno en La Matera”. Y, primero que una de las cosas que… Eso no sé si seré yo el egoísta, o soy conformista, o como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi casa, ¿para qué quiero otro terreno? ¿Para qué quiero otra cosa? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si yo, por ejemplo, vos tenés necesidad de vivir… O necesidad de un lugar físico, y yo tengo el mío. ¿Para qué te voy a quitar a vos? Viví tranquila, quedate ahí, no hay problema. Pero la gente es avara, ¿por qué? Porque después $100, $200 te dejo esto. $300, $400…

El rechazo de La Matera se asienta en un cuestionamiento sobre las motivaciones de sus participantes y su “necesidad de un lugar físico”. Por el contrario, Abel asocia esta toma con fines estrictamente comerciales (y poco productivos), identifica a los protagonistas con atributos desacreditadores (avaricia) y señala la existencia de un sujeto damnificado como resultado de la ocupación.

“Están más adelantados que nosotros”

Las sospechas sobre las motivaciones de los ocupantes se complementan con la ya mencionada impugnación a la intervención estatal. La distinción respecto de los ocupantes de La Matera se inscribe en una representación más general que escinde, entre legítimos y espurios, el universo de personas que entran en relación con el “brazo asistencial” del Estado. Sobre esta lectura, la tarea primordial que le correspondería al Estado sería la de distinguir unos de otros, separar a aquellos que “realmente necesitan” respecto de quienes no serían merecedores de la asistencia (6).

Existe una relación entre esta representación que segmenta el universo de asistidos legítimos y espurios con la forma en que se juzga el accionar estatal que enfatiza la dimensión punitiva y, en el extremo, le otorga un estatuto moralizante a su intervención. Frente a la imposibilidad cierta de establecer “merecedores legítimos” se reafirma la exigencia de una modalidad disciplinante de intervención estatal.

Rubén: Mirá, ese es un gran tema, la ayuda que hace el gobierno, yo pasé por todos lados… el gobierno te hace una buena ayuda pero a quien lo ayuda no le da el destino que tiene que darle. Si vos me das una casa, y yo, en vez de tratar de mejorarlo, cuando puedo le vendo la puerta, cuando puedo la cambio por otra cosaHay que verificar realmente lo que pasa. Mirá, yo mando a alguien para que te controle a vos y después hay que mandar a otro para que controle al otro, es lamentable.

El cuestionamiento recae, fundamentalmente, sobre los sujetos que participan de la relación con el Estado a quienes juzgan alternativamente como indolentes o perezosos, pero también, como hedonistas y dispendiosos. Los atributos que imputan a quienes cuestionan nos permiten imaginar, por contraste, una escala de valores estimables organizada en torno a los principios de laboriosidad y ascetismo.

El rechazo a una modalidad de intervención estatal condensada en la idea de que “toma parte” por quienes llevaron adelante la toma de tierras, se traduce en una diferenciación entre un “nosotros” damnificado y desatendido por el gobierno municipal y un “ellos” favorecido por un tratamiento preferencial.

César: Claro. En este momento ya ahí le ofrecieron casa, hicieron escuela, hicieron una escuela nueva. Hizo el intendente anterior, hizo casas nuevas, puso allá una comisaria. ¡Están más adelantados que nosotros! Tenemos una avenida que hace 40 años que figuran asfaltadas, iluminada y…

Rosa: Pero bueno, algún día va a venir… Pero mi papá y yo capaz que no existimos, capaz mi hijo la vea.

Beatriz: Te digo esto porque es una diferencia: en La Matera no pagan luz, no pagan nada. Le digo, tienen cloaca, tienen asfalto, tienen todo.

Alberto: Tienen colegios de dos o tres pisos. Tienen salita de primeros auxilios.  

La sospecha permite gestionar la distancia y así conjurar –en el plano de las representaciones– una proximidad que se percibe como contaminante. Sin embargo, se trata de una sutura parcial y la experiencia subjetiva queda a merced de importantes niveles de incertidumbre, razón por la cual el Estado es interpelado para restablecer un ordenamiento en un mundo social que se percibe como trastocado. En particular, esta exhortación se dirige a la necesidad de precisar quiénes y bajo qué condiciones deberían ser merecedores de recursos públicos. Paugam (2007) –a partir de Simmel (2011) – observó que la condición de pobreza se deriva de la relación de asistencia y que, por lo tanto, el pobre está dentro de la sociedad, aunque más no sea ocupando el zócalo inferior. Esta configuración social de la pobreza –una “pobreza integrada” – implica un grado de reconocimiento mínimo –la que la vuelve meritoria de la intervención estatal–, que le es negado a otras configuraciones de la misma, que se reserva para aquellos grupos cuya condición resulta minimizada y negada, frecuentemente estigmatizada. Sobre esta forma de “pobreza marginal” se elabora un relato “psicologizante” que enfatiza las incapacidades personales o morales a partir de lo cual se justifica un tipo de intervención pública sobre los aspectos de su vida privada.

***

En las entrevistas que realizamos a los habitantes de Alicia Esther, nos encontramos con que varios eludían las preguntas sobre La Matera, manifestaban cierta incomodidad o sobreactuaban la distancia con los habitantes de aquel barrio, del que los separan unas cinco cuadras y un arroyo. Muchas respuestas solían comenzar con un rodeo que parecía no tener una relación directa con lo que se preguntaba.; “Hay una mala distribución de los bienes”, “está todo desproporcionado” protestó uno de nuestros entrevistados para introducirnos en las que, a su juicio, eran las causas que explicaban el estancamiento, sino directamente el deterioro de Alicia Esther. El Estado era juzgado, alternativamente, como ausente o cómplice de las prácticas que llevan adelante las personas con quienes se experimentan enormes distancias morales: indolentes y perezosos para el trabajo, hedonistas y dispendiosos en los consumos.

Los habitantes de este viejo loteo con los que conversamos se adscriben el rol de honrosos damnificados de los nuevos vínculos de los sectores subalternos con el Estado y recrean aquel modelo del “pobre laborioso y ascético” que parece reforzarse en momentos en los que la crisis ensancha las incertidumbres cotidianas. Son establecidos sin poder de grupo en la medida en que se representan como incapaces de gestionar efectivamente la distancia, sino directamente controlar, a los grupos a los que imaginan inferiores.

El Estado, desde el punto de vista de los habitantes de Alicia Esther, derrocha recursos de la asistencia porque no distingue adecuadamente entre demandantes legítimos y venales: en ocasiones, quienes reciben estos bienes le dan un uso indebido. La casa entregada al beneficiario que en lugar de mejorarla le vende la puerta es una imagen que resume acabadamente las características del vínculo que condenan. Del otro lado, observan la inacción de los funcionarios frente a la degradación de su barrio, la promesa del asfalto que nunca llega o la imposibilidad de acceder al título que certifique su estatuto de propietario. Frente a un Estado cuya intervención juzgan espuria, comandado por políticos con quienes mantienen distancias morales, la apelación al barrio –los “buenos vecinos” para reponer la hipótesis de Frederic (2004)– carece de la capacidad aglutinadora, priva a los habitantes de Alicia Esther de una referencia colectiva y los expone a tramitar estos conflictos de manera atomizada.

(1) Sociólogo (UBA) y Magíster en Estudios Urbanos (UNGS). Docente en el seminario de investigación “Explorando la periferia” en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

(2) En este texto analizamos entrevistas de un trabajo de campo que tuvo lugar en noviembre de 2015. Las entrevistas fueron realizadas por estudiantes del Seminario “Procesos de (des)encaje y movimientos sociales: reconfiguraciones de las identidades colectivas” (Carolina Bruzuela, Mercedes Maidana, Paula, Martínez, Juan Pablo Palmucci y Ana María Rodríguez) y el equipo docente (María Maneiro, María Carla Bertotti y Santiago Nardin). Los nombres de los entrevistados han sido modificados debido al compromiso establecido de garantizar su anonimato.

(3) Dentro de este asociacionismo hubo diversas experiencias: algunas que se caracterizaban por una mayor autonomía ciudadana, las que buscaban constituir al Estado como interlocutor y, por último, un asociacionismo más politizado, articulado o dependiente de estructuras partidarias.

(4) Sobre los debates en torno a la pobreza en los años ochenta, ver Vommaro (2011) y Grondona (2014).

(5) Fernando Ostuni y Jean-Louis van Gelder (2018) desarrollan con detenimiento un análisis acerca de las percepciones sobre la seguridad de la tenencia y los títulos de propiedad. También llamaron la atención sobre la expresión “estar en el aire” para aludir a la “sensación de temor” que experimentan los ocupantes ante la posibilidad de que se reclamen la devolución de los terrenos. Paradójicamente, en el caso que aquí analizamos, los ocupantes de El Tala lograron mayores avances en los trámites de titulación que muchos habitantes de Alicia Esther, compradores, pero en un loteo irregular.  

(6) Sobre los criterios de merecimiento y las controversias en la distribución de planes sociales, ver Quirós (2006)

Bibliografía

Armus, D. y Bohoslavsky, E. (2015). Vivienda popular y asociacionismo en la conformación del Gran Buenos Aires. En Kessler, G. Historia de la Provincia de Buenos Aires: el Gran Buenos Aires. Edhasa, Buenos Aires.

Auyero, J. (2013). Pacientes del Estado. Eudeba, Buenos Aires.

Frederic, S. (2004). Buenos vecinos, malos políticos. Buenos Aires, Prometeo editorial, Buenos Aires.

Girola, M. F. (2013). Procesos de heterogeneización y homogeneización socioresidencial desde una perspectiva etnográfica: reflexiones en torno a la constitución de urbanidad en una vivienda social de la ciudad de Buenos Aires. En Carman, M., Vieira, N., y Segura, R. (Coord). Segregación y diferencia en la ciudad. CLACSO, Minduvi, Flacso, Ecuador.

Grondona, A. (2014). Saber de la pobreza: discursos expertos y subclases en la Argentina entre 1956 y 2006. Ediciones del CCC, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Izaguirre, I. y Aristizabal. Z. (1988). Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. CEAL, Buenos Aires.

Merklen, D. (1997). Organización comunitaria y práctica política. Nueva Sociedad, 149.

Ostuni, F., & Van Gelder, J. L. (2008). No sé si legal… ¡pero legítimo es! Percepciones sobre seguridad en la tenencia y títulos de propiedad en barrios informales del Gran Buenos Aires. En Cravino, M. (Org.) (2008). Los mil barrios (in) formales. Apuntes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires. UNGS, Provincia de Buenos Aires.

Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano. CEDES, Buenos Aires.

Paugam, Serge (2007) Las formas elementales de la pobreza. Alianza Editorial, Madrid.

Quirós, J. (2006). Cruzando la Sarmiento: Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires. Antropofagia, Buenos Aires

Simmel, G. (2011). El pobre. Sequitur, Madrid

Vommaro, G. (2011). La pobreza en transición: el redescubrimiento de la pobreza y el tratamiento estatal de los sectores populares en Argentina en los años ochenta. Apuntes de Investigación del CECYP, (19).

Yujnovsky, O. (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955-1981. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

 

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