Las universidades nacionales en el conurbano bonaerense

Por Laura Rovelli (1)

Antiguos talleres y galpones ferroviarios, fábricas industriales desmontadas por los ciclos de crisis económica en el país, laboratorios petroleros del Estado en desuso son algunos de los paisajes suburbanos sobre los que se cimentan las universidades nacionales localizadas en el conurbano bonaerense (2). Sus movimientos fundacionales se enmarcan en procesos más amplios de modernización de la educación superior en la Argentina, donde se trazan proyectos novedosos que buscan diferenciarse de las instituciones metropolitanas tradicionales. Al igual que las del resto de las universidades nacionales, reúnen una interacción compleja entre proyectos políticos, orientaciones académicas y científicas diversas y amplias demandas sociales. De allí que sus dinámicas de institucionalización cobren la forma de un agregado de capas originadas en tradiciones divergentes, lo que genera un entramado heterogéneo.

Diversas descripciones e interpretaciones circulan en la literatura académica y en los debates político-académicos de cada época acerca de los orígenes de las nuevas universidades creadas en el Gran Buenos Aires. Todos ellos conforman distintos relatos sobre un verdadero mito de origen, en buena medida construido desde fuera del territorio, sus instituciones y comunidades. De ellos se desprenden algunas preguntas: ¿son instituciones creadas para descomprimir la matrícula de las universidades nacionales de más larga tradición en el Área Metropolitana de  Buenos Aires? ¿Responden muchos de los proyectos presentados por legisladores a las demandas de sus clientelas locales? ¿Podría considerarse su creación una maniobra de los gobiernos de turno para desestabilizar el predominio político de las universidades opositoras al oficialismo en los organismos de coordinación interuniversitaria? ¿Son concebidas para poder servir mejor a los intereses de la comunidad local? Estos interrogantes presentes en ciertos relatos no suponen una realidad o su representación sino por el contrario, advierten sobre la existencia de un mito de origen en torno a la creación de  universidades en ese territorio. Resulta evidente que las características propias de cada institución, así como sus márgenes de autonomía frente a las demandas e intereses de actores extra e intrauniversitarios, ofrecen un espectro heterogéneo de estilos institucionales, por lo que la noción tempranamente acuñada de “nuevas universidades del conurbano (NUC)” pierde rápidamente poder clasificatorio y explicativo al referir a configuraciones y proyectos institucionales disímiles.

A partir de un diálogo con la historia y sus temporalidades, es posible identificar entonces un conflicto de proyectos en torno a la definición de nuevos espacios institucionales, como también la circulación de ideas y de modelos universitarios diferentes, en un tiempo delimitado por los procesos de modernización y expansión de la educación superior entre los años sesenta y setenta, los noventa del siglo pasado y los dos mi en la Argentina. A lo largo del período, el área metropolitana de Buenos Aires se constituye en un espacio de luchas simbólicas por la definición de nuevos entramados institucionales. El recorrido aquí propuesto procura arrojar luz sobre dos dimensiones específicas, que sin pretender ser exhaustivas resultan relevantes y de escaso tratamiento: la contribución de las universidades estudiadas con diversos dispositivos y experiencias de inclusión educativa y los distintos itinerarios de movilidad académica.  Lejos de caer en la recurrente periodización histórica de la universidad pública argentina, se trata de analizar proyectos novedosos de universidad, que operan como telón de fondo de enclaves institucionales más recientes, como también la manera en que desde la contemporaneidad se reinventan ciertas expectativas y reformas inconclusas del pasado.

Modelos de universidad y temporalidades en el territorio

Los primeros debates sobre la expansión de universidades en el área metropolitana de Buenos Aires y los proyectos de universidad que allí podían enraizarse surgen en los años sesenta y setenta del siglo pasado, lo que llevaría tempranamente a la tematización de la “cuestión universitaria” en ese espacio geográfico. En una época de fuerte expansión de la matrícula universitaria y de la educación superior en general, proliferan diversas fuerzas de modernización aunque con alcances disímiles según las universidades y las áreas de conocimiento, en el marco de una planificación estatal débil.

Una de las propuestas -conocida como Plan de Nuevas Universidades o Plan Taquini, como resultado de la identificación con su principal mentor- da lugar durante el régimen autoritario de 1971-1973 a la creación de trece nuevas universidades nacionales, mediante la fundación de nuevas casas de estudio, la subdivisión de instituciones preexistentes o la nacionalización de anteriores establecimientos privados o provinciales bajo, a lo que se suma en en los siguientes siete años, la nacionalización de tres casas de estudio. Dos de estas institucionales se emplazan en el conurbano bonaerense: una en el oeste (Luján) – aunque con mayor proyección hacia el interior de la Provincia-  y la segunda en el sur (Lomas de Zamora).

El plan reformula la idea de universidad regional característica de algunos proyectos institucionales del período desarrollista, e incluso previos, que buscan articular a “la universidad con el medio”. Combina criterios modernizadores y elitistas, que reproducen los conflictos propios del espacio académico-universitario de esos años. Sus logros consisten en completar algunos proyectos que habían quedado inacabados, en cautivar el interés de las poblaciones postergadas por falta de una oferta de educación superior y en imaginar nuevas realidades derivadas del desarrollo científico y humano que podían proveer las universidades. Si bien las propuestas formulan un modelo novedoso no logran articularse con transformaciones económicas, sociales y políticas más amplias. Paralelamente, conciben a las universidades como centros de formación de recursos humanos y alternativas para el descongestionamiento de la demanda profesional de las universidades metropolitanas. Como resultado, durante varios años, la débil institucionalización de las nuevas casas de estudio es acompañada por una baja profesionalización en general de la actividad docente y principalmente de la científica. A pesar de las dificultades, consiguen desarrollarse algunos nichos investigativos aunque en el marco de modelos institucionales con escasas dedicaciones exclusivas para el avance de la investigación.

A diferencia de los procesos precedentes, los de los años noventa del siglo pasado adquieren un carácter acentuadamente sistémico. Se modifican las reglas de juego entre el Estado y  el conjunto de las instituciones de educación superior en respuesta a ciertos lineamientos generales de reforma de cuño neoliberal y de inspiración globalizante, en amplia consonancia con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. Los ejes principales involucran: la búsqueda de fuentes financiamiento alternativas a las estatales; la importancia de los procesos de evaluación como mecanismo de rendición de cuentas y condición de mejoramiento de la calidad educativa; y la diferenciación institucional. En 1995, la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) procura ocupar un vacío legal y revertir la fragmentación vertical del sistema de educación superior. El diagnóstico general avanza sobre lo que consideraba una expansión indiscriminada de la matrícula de las universidades públicas, como también su concentración en carreras tradicionales y excesivamente largas. Al respecto, al tiempo que se habilita la expansión de nuevas ofertas públicas y privadas, promueve el acortamiento de las carreras y la diversificación de la oferta de los programas.

Entre 1989 y 1998 se crean veintidós universidades privadas y diez nacionales, seis de ellas ubicadas en el Conurbano Bonaerense: La Matanza, Quilmes, General Sarmiento, General San Martín, Tres de Febrero y Lanús.  Si en los años setenta prevalece un sesgo tecnocrático –aunque apoyado por políticos locales y nacionales y asentado en una fuerte demanda social y regional de educación superior–, los proyectos fundacionales de los años noventa resultan de la combinación de intervenciones políticas y del asesoramiento de expertos en educación superior. No obstante, en una segunda etapa de institucionalización, se agrega otro factor derivado de la impronta de los rectores y los actores académicos, la que predomina por sobre las voluntades políticas locales, particularmente en el ciclo de normalización de las universidades.

Por un lado, la creación de nuevas universidades comparte con la expansión universitaria de los años setenta, la voluntad de descentralizar la oferta universitaria del país. Por otro, y a diferencia del carácter regional de sus predecesoras, las nuevas casas de estudio se caracterizan por su emplazamiento en diversas localidades del área Metropolitana de Buenos Aires. Coincidentemente con los planteos de los años setenta, su surgimiento parece dirigirse hacia una diversificación gradual de la oferta universitaria. Aunque con diversos alcances según los proyectos institucionales, las nuevas instituciones procuran ser identificadas como una alternativa válida y prestigiosa para las poblaciones locales. En ese sentido, los modelos involucran tanto la apropiación de ideas y proyectos ya disponibles, como también invenciones propias. Así, varias instituciones recuperan la idea de universidad innovadora, propia del clima de época de sus respectivas fundaciones, la que plantea de manera sucinta una nueva organicidad centrada en un gobierno con líneas de autoridad más fuertes, una base académica en expansión y una vinculación estrecha con los sectores productivos, sociales y políticos del entorno. De todas formas, la noción es asimilada de manera singular en cada escenario institucional. Y si bien las varias instituciones comparten algunos principios en el plano de la gestión académica e institucional, en definitiva los valores y las normas implícitas que allí circulan, configuran distintas identidades universitarias y comunidades académicas.

A principios del siglo XXI, la agenda de la educación superior cuestiona muchos de los efectos de las políticas de corte neoliberal de la década anterior en la región. La recuperación de ideas-fuerza estratégicas e integrales en materia educativa se plasma en diversos Planes Nacionales de Educación y en nuevos marcos normativos. A lo anterior se suma la ampliación de derechos de nueva generación, como la diversidad cultural en toda su extensión y en distintos contextos sociales. En tanto, la idea de igualdad educativa pasa a concebirse no sólo en términos de acceso sino ahora también de permanencia y egreso en los estudios.  A su vez, en 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en Cartagena de Indias, da un salto político respecto de conferencias anteriores al concebir de la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. La Declaración interpela a los Estados a garantizar ese derecho y paralelamente al entenderlo como bien público. En la Argentina, la extensión de la obligatoriedad escolar y en particular, la del nivel secundario, la proliferación de programas e iniciativas tendientes a garantizar esa obligación junto con la expansión de instituciones de educación superior predominantemente públicas, expande la idea del derecho a la universidad, como responsabilidad del Estado. Mientras que la modificación de algunos apartados de la LES, a través de la Ley 27.204, garantiza el ingreso libre e irrestricto a la educación superior y la necesidad de complementarlo con cursos de nivelación y orientación que en ningún caso tengan carácter selectivo.

En ese escenario, entre 2007 y 2015, se nacionalizan dos institucionales universitarias y se crearon trece nuevas casas de estudio, siete localizadas en el conurbano bonaerense: Avellaneda, Moreno, del Oeste (en Merlo), Arturo Jauretche (en Florencio Varela) y José C. Paz, Hurlingham y Guillemo Brown. Si bien se trata de configuraciones institucionales relativamente recientes, en sus idearios fundacionales se bosquejan ideas-fuerza ligadas a la noción de universidades inclusivas. Se trata de proyectos centrados en la inclusión social, igualdad, equidad y el desarrollo local y nacional.  Así, destaca la misión de garantizar la equidad en el acceso, la permanencia y la titulación de los estudiantes, como también el uso social de los conocimientos allí producidos. Varias universidades recuperan, a diferencia de los años noventa, el alcance y la dimensión “nacional” de sus propuestas y, en algunos casos, la referencia al campo “popular” como motor institucional. Con respecto a la organización académica, es mayoritaria la de tipo horizontal a través de departamentos, institutos y/o escuelas, por lo que cabe preguntarse si la estructura de facultades y cátedras sigue siendo el principio organizativo predominante o el más extendido culturalmente en las universidades públicas. Mientras que la asociación entre la calidad universitaria y la existencia de un plantel de investigadores abocados a la producción científica, está presente en gran parte de las casas de estudio, cuestión que las políticas de los años noventa incentivan material o simbólicamente y que las de los dos mil privilegian como lineamiento estratégico.  

En el presente, las universidades públicas localizadas en el conurbano bonaerense ascienden a 15 casas de estudio, es decir representan el 24% de las instituciones universitarias públicas del país y alrededor del 28% del total de las universidades nacionales.

Laboratorios tempranos de inclusión educativa

Mientras que en los años noventa, los discursos neoconservadores vinculan al ingreso irrestricto con el deterioro de la calidad y el uso ineficiente de los recursos, las universidades nacionales localizadas en el conurbano bonaerense comienzan a implementar diversos dispositivos de ingreso no restrictivos. Estos instrumentos de política problematizan tempranamente la cuestión del acceso a la universidad, basados en el diagnóstico de que  las poblaciones aspirantes, provenientes mayoritariamente de sectores afectados por amplias desigualdades socio-educativas, constituían en una alta proporción la “primera generación de universitarios” de sus respectivas familias y entornos.

Los dispositivos de ingreso combinan, en general, instancias de nivelación, principalmente en las áreas de las matemáticas y la lectoescritura, con mecanismos evaluativos integradores obligatorios pero no eliminatorios; instancias de ambientación universitaria, orientación vocacional y socialización o introducción a la vida académica (Lenz, 2016). Otra dimensión interesante es la creación de talleres de metodologías de estudio y de escritura académica, problemática de largo aliento en el plano de la enseñanza en las aulas pero menos frecuentemente tratada como política institucional. En algunas instituciones también se añaden programas de mejora de la enseñanza que apuntan a formar a los y las docentes de los primeros años universitarios, a fin de trabajar las expectativas acerca del “estudiante deseado”. Con ello, se trata de desmontar la afinidad electiva entre una cultura universitaria elitista que entiende y propicia la adversidad y exclusión en el tránsito estudiantil por las instituciones como equivalente al mérito y la excelencia. Todo ello genera un laboratorio de experiencias en torno a la democratización del acceso, por lo que las universidades públicas del territorio aquí estudiado quedan tempranamente comprometidas con la inclusión educativa, en tanto misión institucional fundante.

Las universidades nacionales de más larga tradición acompañan e incluso algunas impulsan las políticas inclusivas y democratizadoras del nuevo ciclo de reforma, mientras que promueven lineamientos fuertes hacia su entramado complejo y heterogéneo de unidades académicas sobre la necesidad de implementarlos.  Así, en numerosos casos se nutren de los dispositivos desplegados por muchas de las experiencias de las universidades más jóvenes del conurbano bonaerense, a la vez que inventan y recrean otros instrumentos que atienden a las especificidades de la masividad y a las particularidades de los distintos campos de conocimiento académico.

En los últimos cuatro años, la desaceleración de las economías y el giro hacia gobiernos de derecha en varios países de América Latina, entre ellos en la Argentina, cuestionan y en numerosos casos desarman las políticas y los programas de inclusión educativa. El viejo discurso neoliberal de desacreditación del circuito universitario público, gratuito e inclusivo y más específicamente, de aquel localizado en el amplio y heterogéneo conurbano bonaerense resurge con vehemencia. La frase tristemente conocida de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires: “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” (3) es sólo un ejemplo de un discurso elitista y excluyente en torno al sentido de la educación superior, donde el derecho de los sectores populares resulta cuestionado y en riesgo. De esta manera, reaparece una narrativa sobre el conurbano bonaerense y las universidades nacionales allí localizadas que, siguiendo a Kessler (2015), refiere a un territorio que reúne de manera exagerada y extrema rasgos peyorativos y erráticos asociados a la historia del pasado reciente en la Argentina. Cristalizados en relatos e imágenes de malversación de fondos públicos y carencias naturalizan y reproducen las desigualdades existentes. Desde una perspectiva engañosa y simplificadora se pretende medir de manera lineal e instrumental la eficacia de los resultados educativos, a fin de legitimar  tanto el ajuste financiero para el sector como el retroceso en los derechos. Al tiempo que se invisibilizan las dimensiones y experiencias transformadoras y de gran potencia política situadas en estos dispositivos espaciales, donde una colectividad construye sentidos educativos fuertemente comprometidos con el derecho a la universidad y la necesidad de garantizarlo y ampliarlo en sus respectivos entornos.

Territorios de movilidad académica

El surgimiento de algunos modelos universitarios identificados y diversamente comprometidos con la promoción de la investigación científica, genera movimientos en las posiciones académicas y en la reputación institucional de las casas de estudio de la región metropolitana, cuestión que modifica la escasa cultura de movilidad interinstitucional existente hasta entonces en el sistema. A la vez, la obturación en la estabilidad y el ascenso en la carrera académica en algunas facultades de las universidades más tradicionales impulsa a muchos docentes e investigadores a buscar nuevos espacios de inserción profesional.

En los años noventa, algunas universidades se benefician de ciertos incentivos financieros, así como de una política de desregulación salarial que estimula el diseño de modelos universitarios con una fuerte impronta investigativa. Luego, desarrollan procedimientos basados en una distribución diferencial de cargos y dedicaciones, cuestión que atrae a investigadores muy calificados, escasamente reconocidos en las instituciones de origen. Las mejores condiciones salariales y de estabilidad y ascenso en la carrera académica son en un comienzo estímulos importantes para la movilidad. A esos factores se añaden otros de orden más contingente: las redes de relaciones entre colegas, directores y becarios, las que en algunos casos acarrean movimientos institucionales, como también la escala o el tamaño de la universidad y su influencia en las percepciones de los investigadores con respecto a los vínculos que allí se establecen y a las facilidades edilicias para el desarrollo del quehacer.

La Universidad Nacional de Quilmes tuvo su primer ciclo lectivo en 1991

A partir de los años dos mil, los procesos de movilidad hacia las universidades creadas en los noventa tienden a desarrollarse de manera más acotada, dado que las instituciones organizan un plantel medianamente consolidado de investigadores y en virtud de la equiparación salarial alcanzada para el conjunto de los docentes universitarios nacionales. En otras, en cambio,  continúa un flujo migratorio importante, en parte por la apertura incipiente de varias de sus carreras de grado, la apuesta a la creación y consolidación de programas de posgrado y la expansión de una base sostenida y dinámica de investigación académica. Por su parte, la tercera etapa de creación de nuevas universidades en el área metropolitana de Buenos Aires inaugura nuevos circuitos de movilidad en la medida en que algunos de los proyectos institucionales buscan incrementar su prestigio académico en la base de la institución, antes que limitarse sólo a la captación de matrícula. Con todo, las trayectorias de investigadores en el área metropolitana evidencian itinerarios diversos: a una primera oleada de científicos migrantes de alta reputación, le sigue el desplazamiento de investigadores con formación de posgrado, posicionados en los primeros peldaños de la carrera académica. En los últimos años, también se observan procesos de movilidad más circunscriptos desde y hacia alguna de las universidades nacionales localizadas en el Conurbano Bonaerense, junto con otros desplazamientos más acotados, de regreso de investigadores consolidados hacia las universidades tradicionales ante la apertura de algunos cargos en campos disciplinares específicos.

Entre 2004 y 2015, la ampliación en los ingresos a la Carrera de Investigador Científico del CONICET lleva a que numerosos investigadores compensan los obstáculos para ascender en la jerarquía docente con estrategias dirigidas a obtener reconocimiento a partir de la realización de una carrera en ese organismo. La especificidad de dicha carrera, dependiente del organismo estatal y no de las universidades (siendo las instituciones de educación superior uno de los posibles ámbitos de radicación de su actividad aunque no el único), habilita a sus investigadores a emprender la movilidad. No obstante, al tiempo que éstos aportan su capital reputacional e investigativo a las instituciones, su inserción también plantea algunas tensiones allí  donde la carrera académica se encuentra fuertemente articulada a la actividad docente, la participación institucional y la orientación hacia las demandas de conocimiento locales.  

Recientemente, en el marco de la crisis del sector de Ciencia y Tecnología ante el desfinanciamiento del área, el pasaje del ex Ministerio a Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y el recorte en los ingresos a la Carrera de investigador Científico y Tecnológico (CIC) del CONICET, este último organismo introduce la asignación de 150 cargos en la convocatoria a la carrera (en un total de 450) en la modalidad de Fortalecimiento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Tanto la convocatoria 2018 como la actual contemplan la postulación del ingreso a través de la radicación de la sede de trabajo en instituciones del sistema científico- universitario con menor desarrollo relativo de recursos altamente calificados y con proyectos articulados con las líneas de investigación institucionales. Entre las distintas sedes propuestas se encuentran varias universidades nacionales localizadas en el conurbano bonaerense junto a otras instituciones de distintas regiones del país. Ante el giro contractivo general en las condiciones de acceso a la CIC,  ese instrumento de orientación estratégica al tiempo que busca atenuar la alta concentración de capacidades científicas y recursos altamente calificados en las instituciones más consolidadas y robustecer los enclaves investigativos en aquellas con una menor trayectoria institucional, también promueve nuevos sentidos para la movilidad resultantes de la selectividad y de las pujas de distintos actores por apropiarse de recursos escasos. Seguramente, la iniciativa inaugure nuevas movilidades académicas y núcleos científicos -aunque más acotados dado el alcance de las vacantes- en la Región Metropolitana que deberán ser estudiadas a futuro.

A lo largo de los últimos treinta años, la creación de universidades nacionales en el Conurbano Bonaerense comparte, en alguna medida, la misma trayectoria que transitaron, a lo largo de su historia, otras instituciones nacionales nuevas: la tensión entre la voluntad fundadora de implantar determinado modelo de universidad y las demandas de los actores intra y extrauniversitarios, quienes moldean distintos estilos institucionales. Luego de un momento fundacional de carácter técnico-político común, se suceden disputas político-académicas que han puesto en juego el sentido y los proyectos de universidad. A la vez que se resignifican las apuestas sociales de localización de espacios universitarios en un territorio que se configura de manera compleja, heterogénea y desigual. En ese entramado se inscriben  determinadas instituciones que reformulan sus formas de solidaridad e integración a partir del compromiso con garantizar el derecho a la universidad, fortalecer las carreras académicas en vinculación con las problemáticas de su entorno y promover núcleos científicos destacados. En definitiva, logran desplegarse, aún con tensiones y desafíos, modelos universitarios diversos enraizados en la tradición universitaria pública universitaria de democratización, derecho y desarrollo científico.

 

(1) Politóloga, docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-CONICET-UNLP). Antigua migrante académica en el área metropolitana de Buenos Aireas, establecida en el presente en el Gran La Plata.  

(2) Utilizamos la denominación conurbano y Gran Buenos Aires para referirnos a los 24 partidos del Gran Buenos Aires; mientras que designamos área o región metropolitana para identificar a ese conglomerado junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(3) Vidal, María Eugenia, mayo 2018.

Referencias

Kessler, Gabriel (2015). “Prólogo”. En G. Kessler (Dir.). Historia de la provincia de Buenos aires: el Gran Buenos Aires (pp. 11-20). Ciudad Autónomo de Buenos Aires: Edhasa; Gonnet: UNIPE: Editorial Universitaria.

Lenz, S. (2016) “Las universidades nacionales frente al desafío de la democratización: estrategias institucionales y dispositivos de acceso y permanencia”. En D. Del Valle, F. Montero y S. Mauro (Comp.). El derecho a la Universidad en perspectiva regional (pp. 249-270). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IEC – CONADU: CLACSO.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *