La persistencia del neoliberalismo en la Argentina: más allá de la Propuesta Republicana

Por Sergio Morresi[1]

El crecimiento de un nuevo partido como el PRO, instalado como un serio contendiente para las elecciones presidenciales, muestra la capacidad de supervivencia de la derecha política y también la perennidad del modelo neoliberal. Aun cuando sea cierto que el neoliberalismo está en crisis en Argentina, las noticias acerca de su defunción parecen ser algo exageradas.

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Entre 1930 y 1983, Argentina vivió en la alternancia de dictaduras militares y gobiernos civiles surgidos de elecciones fraudulentas o restringidas. Podría argumentarse que la fragilidad de las instituciones demorepublicanas, la recurrencia de los golpes de Estado y el uso sistemático de la violencia como herramienta política fueron el producto de la debilidad electoral de la derecha (Di Tella, 1971; O’Donnell y Schmitter, 1994). Sin embargo, al mismo tiempo, podría sostenerse que la debilidad de los gobiernos civiles y su permeabilidad a las presiones de los actores corporativos eran el fruto de la fuerza material de esa misma derecha (Boron, 2000, 2003). Sea como fuere, lo cierto es que la capacidad de acción de la derecha ha sido una constante durante la mayor parte del último siglo: tanto durante el ciclo de dictaduras y gobiernos civiles del período previo a 1983, como durante los primeros gobiernos democráticos que le siguieron, distintas fracciones de la derecha[2] lograron, a pesar de su escaso caudal de votos, marcar la agenda de los diferentes gobiernos independientemente de su signo y origen y colocar a algunos de sus cuadros técnicos y políticos en posiciones gubernamentales con poder de decisión. Sin embargo, la larga hegemonía de la derecha argentina parece haber comenzado a resquebrajarse en el nuevo milenio.

La crisis económica global que tuvo lugar hacia el final del siglo tuvo un fuerte impacto en la Argentina y alimentó un conjunto de protestas sociales que la preexistían. Fueron esas protestas las que llevaron, en diciembre de 2001, a la renuncia del Presidente Fernando De La Rúa, quien —a pesar de haber sido electo por un frente electoral opositor a las políticas del gobierno de Carlos Menem— se había erigido en defensor de los fundamentos del modelo neoliberal. Meses más tarde, y luego de un convulsionado proceso de ajuste y de represión de las movilizaciones sociales, el peronista Néstor Kirchner llegó a la presidencia y, en un giro sorprendente teniendo en cuenta sus antecedentes como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante la década del noventa, implementó una serie de medidas de alto valor simbólico que llevaron a que la Argentina fuera considerada como un país que formaba parte de un amplio recambio político, al que los analistas internacionales pronto llamaron la “marea rosada latinoamericana” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2009).

Pese a las contradicciones internas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015 se implementó una política explícitamente contraria a la agenda del Consenso de Washington (CW). Sin embargo, de esta observación no puede desprenderse que Argentina haya entrado en una etapa post-neoliberal. Ello se debe a tres razones. La primera es que el CW y el neoliberalismo no son idénticos, así, si bien es posible sostener que el CW está dentro del marco neoliberal, no es equiparable a él.[3] La segunda es que, a pesar del discurso de tintes izquierdistas de los gobiernos kirchneristas, el giro experimentado por Argentina en los últimos años no fue tan extremo como sostienen algunos analistas y, además, puede ser explicado en términos de accountability vertical. La tercera es que el surgimiento y el crecimiento de un nuevo partido como Propuesta Republicana (PRO), actualmente instalado como un serio contendiente para las elecciones presidenciales, muestra no sólo la capacidad de supervivencia de la derecha política, sino también la perennidad del modelo neoliberal. De este modo, aun cuando sea cierto que el neoliberalismo está en crisis en Argentina, las noticias acerca de su defunción parecen ser algo exageradas.

En las páginas que siguen (1) se muestra que es posible interpretar el triunfo de los gobiernos kirchneristas dentro del contexto de la crisis del neoliberalismo sin por ello representar una salida de (o una alternativa a) el modelo neoliberal. Luego (2), se trata sobre el surgimiento y el crecimiento de PRO como un partido del campo de la derecha que incluye tanto rasgos conservadores como neoliberales. Finalmente, (3) se ofrece una breve conclusión tentativa sobre la continuidad del neoliberalismo en la Argentina contemporánea.

  1. ¿Giro a la izquierda?

Mucho se ha dicho acerca del resurgimiento de la izquierda en América Latina. En el caso argentino, buena parte de los estudios se ha concentrado en el debate acerca de si los gobiernos kirchneristas pertenecían a la izquierda “buena”, moderada y respetuosa de las instituciones republicanas, o a la “mala”, populista e irresponsable (Castañeda, 2006). Sin embargo, la clasificación de izquierdas buenas y malas es problemática. Por un lado, tiene un carácter más ideológico que analítico, pues presupone mucho de lo que tiene que explicar. Por el otro, dista de ser clara y exhaustiva, porque si bien parece haber cierto acuerdo en los casos paradigmáticos de Chile (la izquierda buena) y Venezuela ( la mala), no se ofrecen parámetros para clasificar a países como Argentina que no caben con claridad en ninguna de los dos tipos ideales (Etchemendy y Garay, 2011). Además, como mostró Marcelo Leiras (Leiras, 2007a, 399.), “la distinción entre buenas y malas izquierdas sobreestima el peso de los discursos presidenciales […] y subestima la relevancia de los factores institucionales y partidarios” y no aprehende bien los proceso políticos de cada país.

Siguiendo la idea de Leiras, sería posible argumentar que los debates acerca de la identidad izquierdista o populista del kirchnerismo ocultan las complejidades de un proceso contradictorio que ser mejor comprendido desde un prisma distinto: el de la persistencia del neoliberalismo.

1.1. Auge y crisis del neoliberalismo en Argentina

A pesar de que las ideas neoliberales eran conocidas por algunos círculos de la elite económica y política argentina en la década de 1930, sólo se las comenzó a difundir después de 1955, sobre todo gracias a una serie de acuerdos educativos internacionales que tuvieron un importante impacto en las décadas siguientes (Morresi, 2011). Así, cuando el modelo de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI), comenzó a mostrar signos de agotamiento a fines de la década de 1960, el neoliberalismo estaba listo para ser considerado como una alternativa de peso. En 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón comenzó un giro hacia la ortodoxia económica y, al año siguiente, la dictadura militar avanzó aún más hacia el paradigma neoliberal por vía de un modelo de valorización financiera (López, 2006; Basualdo, 2001, 2006).

En la década de 1980, el desafío de construir una democracia se superpuso a las presiones económicas derivadas de los magros resultados heredados del gobierno dictatorial, la baja en los precios de las commodities y la crisis de la deuda agravada por las subas en las tasas de interés. El gobierno de Raúl Alfonsín intentó resistir el avance del neoliberalismo a través de de medidas heterodoxas, pero éstas se mostraron inadecuadas para cumplir tanto las demandas de la población como los intereses de la renovada, internacionalizada y fortificada elite económica que se había desarrollado en la década anterior (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2005). El fracaso del Plan Austral y las luchas entre el trabajo y el capital (y al interior de la propia burguesía) gatillaron una dinámica inflacionaria que desembocó en hiperinflación (Castellani, 2006; Pesce, 2006). La crisis económica de 1989-1990 tuvo un profundo efecto disciplinario que pavimentó el camino hacia la reforma neoliberal. La hiperinflación no sólo produjo un aumento de la tolerancia social hacia los ajustes económicos, sino que, además, trajo como resultado un importante descrédito del Estado como agente económico (Smith, 1990, 1991; Gerchunoff y Torre, 1996). Así, aunque el peronista Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales de 1989 con una campaña clásicamente populista, su gobierno se inclinó con rapidez y claridad hacia el neoliberalismo y, poco después, Argentina se convirtió en el “mejor alumno” del CW (Palermo y Novaro, 1996; North, 2008; Nun, 1994).

La agenda del CW estaba orientada hacia una transformación del Estado en un sentido compatible con el neoliberalismo, mediante una serie de medidas que iban desde las privatizaciones hasta los cortes en el gasto público (Williamson, 1990a, 1990b).[4] En Argentina, la primera etapa del CW tuvo éxito en reducir la inflación, gracias una profunda desregulación del sector privado y a la liberalización de la inversión extranjera que incluía la libre remisión de ganancias. No obstante, el proceso argentino de reformas se diferenció de otros casos latinoamericanos por su adopción del modelo de convertibilidad que amarraba el valor del peso al del dólar en una situación de “atraso” cambiario. La reluctancia de Menem para hacer cortes aún más drásticos en el presupuesto (a causa de la resistencia de los sindicatos, los movimientos sociales y algunos partidos de oposición) o aumentar la recaudación mediante una reforma impositiva (a causa del poder de veto de las grandes empresas), impidió que se desplegaran las reformas de “segunda generación” del CW, que —en teoría— estaban orientadas a establecer una estabilidad macroeconómica sustentable y a incrementar la competitividad internacional de las empresas argentinas (Sidicaro, 2001, 2002; North, 2008).

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Hacia el final de la década de 1990, las políticas de reconfiguración de las relaciones laborales y de mejoras en la capacidad regulatoria del Estado quedaron como asignaturas pendientes. Pero la situación se agravó en la medida en que el modelo de “economía abierta” hacía de Argentina un país vulnerable a los vaivenes de la economía internacional, una debilidad que quedó clara con el impacto de las sucesivas crisis de México, el sudeste asiático, Rusia y Brasil. Los coletazos de estas crisis expusieron con cierta claridad los costos del neoliberalismo: niveles crecientes de pobreza y desempleo, polarización social, desindustrialización, concentración económica y aumento desorbitante de la deuda pública. En este contexto, los principales partidos de la oposición (la Unión Cívica Radical, UCR, y el Frente por un país Solidario, FREPASO) unieron sus fuerzas en una coalición electoral denominado Alianza que procuraba desafiar al gobierno de Menem por los resultados sociales de la reforma, pero prometía defender la política de convertibilidad, que era socialmente percibida como la piedra angular de la estabilidad económica. Así, en lugar de enfocarse en criticar la implantación del modelo neoliberal, la campaña presidencial de la Alianza de 1999 colocó el énfasis en una crítica a la corrupción y al estilo decisionista uy anti-republicano del gobierno peronista. En este sentido, en las elecciones de octubre de 1999 que ganó la Alianza, los argentinos no votaron por un cambio profundo de política, sino por un nuevo liderazgo, capaz de corregir las desviaciones y encaminar al proceso de reforma neoliberal en una dirección que fuera al mismo tiempo más transparente y más sensible a las profundas desigualdades sociales (Corradi, 2003).

En el año 2000, el presidente radical Fernando De la Rúa tenía ante sí una tarea compleja: avanzar en las reformas neoliberales y, al mismo tiempo, restablecer la vigencia de la transparencia institucional mediante los frenos y contrapesos republicanos e implementar medidas tendientes a paliar la situación social de los ciudadanos más perjudicados por neoliberalismo. De la Rúa falló. Aunque intentó hacer avanzar la agenda neoliberal mediante leyes, se encontró con la fuerte oposición de los sindicatos, el peronismo e incluso parte de su propia coalición política que se opusieron a la implementación de medidas exigidas por los organismos multilaterales de crédito, como la profundización de la flexibilización laboral. Finalmente, la ley de flexibilización fue aprobada por el Congreso Nacional, pero se hicieron denuncias públicas de sobornos, que dispararon una crisis política al interior de la Alianza. El quiebre de la Alianza empeoró la delicada situación económica y política y (en parte por ello) se vio mermada la capacidad del gobierno para obtener fondos que le permitieran llevar adelante las políticas sociales, de compensación y de contención con las que se había comprometido, lo que eventualmente llevó al desencadenamiento de una nueva y más profunda crisis que culminó en diciembre de 2001 con la renuncia del presidente, en medio de la convergencia de protestas de las estratos populares y de las clases medias urbanas (Pucciarelli, 2014).

1.2. El neoliberalismo después de la crisis

La debacle del gobierno de la Alianza fue seguida por un proceso complejo, tanto a nivel político como institucional, por el presidente provisional peronista Eduardo Duhalde. La dinámica de protestas sociales, movilización ciudadana y depresión económica que se había desatado sobre el final del gobierno de la Alianza se fue morigerando con la implementación de políticas sociales, represivas y un profundo ajuste económico (que incluyó devaluación, licuación de pasivos públicos y privados, otorgamiento de prioridad al superávit fiscal y contención del gasto público). El nuevo panorama permitió una lenta pero sistemática reconstrucción del poder gubernamental, cierto nivel de recomposición social y un paulatino aceleramiento de la economía producto de la confluencia de distintos factores (cambios en los precios de las commodities, bajas en las tasas de interés internacionales). A inicios de 2003 se celebraron elecciones presidenciales en las que se impuso (por default, debido a la renuncia a competir en un ballotage de Carlos Menem) el gobernador Kirchner.

** FILE ** Mounted police charge toward demonstrators in Buenos Aires, in this Dec, 20, 2001 file photo near the obelisk in Buenos Aires . The government of President Eduardo Duhalde is trying to quench fears that there might be generalized violence on December 19 and 20, when the country marks the first anniversary of two days of fury which forced President Fernando De la Rua to resign. (AP Photo/Walter Astrada) ARGENTINA ANNIVERSARY

Huérfano de apoyos electorales claros (había obtenido el 22% de los votos en la primer vuelta electoral) y de soporte partidario (el peronismo se encontraba quebrado en al menos tres partes), Néstor Kirchner comenzó a desplegar distintas iniciativas para fortalecer su posición. Fue así que, en una primera instancia apostó por medidas de alto valor simbólico asociadas a las demandas de la izquierda y el progresismo, tales como un giro en materia de derechos humanos y el recambio de figuras desprestigiadas en el poder judicial. Paralelamente, y en el marco de la negociación por una quita importante en la deuda, el nuevo presidente adoptó un tono enfático contra los tenedores de bonos y algunos de los representantes nacionales e internacionales del modelo neoliberal. Sin embargo, el discurso confrontativo del gobierno estuvo, en general, acompañado por decisiones moderadas (e incluso de orientación conservadora) en el campo económico (Novaro, 2006).

El relativo éxito en la recuperación económica le permitió a Kirchner fortalecer su posición, derrotando en 2005 no sólo a la oposición no peronista, sino también a las corrientes peronistas que se resistieron a su liderazgo (como la del ex-presidente Duhalde o la del gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saa). En ese nuevo contexto, se elevó aún más el tono de confrontación con el modelo neoliberal y comenzaron a desplegarse algunas medidas concretas en este mismo sentido (como la conformación de un bloque de países contrarios a la implementación del Área de Libre Comercio Americana, ALCA y algunas estatizaciones de empresas privatizadas durante los años noventa). No obstante ello, fue sólo después de 2007, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se desarrollaron políticas públicas claramente contrarias al neoliberalismo, tales como la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones y una avance progresivo de las capacidades regulatorias del Estado y que se avanzó en una agenda más audaz, incluyendo políticas masivas de reparación social (como la Asignación Universal por Hijo) y la aprobación de leyes de alto impacto en términos socioculturales (como la ley de matrimonio igualitario).

Ciertamente, el diagnóstico acerca de un “giro a la izquierda” del gobierno de Fernández de Kirchner podría (y debería) ser ponderado dentro de un marco más amplio que incluyera un análisis del reconocimiento y el pago de la deuda externa, las alianzas políticas tejidas desde la presidencia (que incluyeron a varios líderes peronistas de indudable inclinación hacia la derecha conservadora y aún hacia el neoliberalismo), la concentración de poder en manos del ejecutivo nacional, el despliegue de una suerte de capitalismo selectivo y la ausencia de avances en el fortalecimiento y la estabilidad de las instituciones políticas (Malamud y De Luca, 2011). Por otra parte, un importante número de las medidas neoliberales llevadas adelante en los años noventa no fueron revertidas: la continuidad de las transferencias monetarias condicionadas, del pago de crecientes subsidios a empresas de servicios privatizadas, de la precarización laboral y de la estructura fiscal profundamente regresiva son algunos ejemplos. Finalmente, el deterioro de la situación macroeconómica debida al abandono del tipo de cambio competitivo, el descenso en la balanza comercial y el aumento del déficit (factores que sólo en parte resultan explicables por la crisis global) llevó, sobre todo a partir de 2008, a un desaceleramiento de en el proceso de crecimiento. Esta dinámica impactó negativamente en los logros de la primera etapa (sobre todo en términos de equidad), aun cuando se desplegaron nuevas políticas orientadas a combatir la desigualdad (Kessler, 2014).

Al menos en cierta medida, los triunfos electorales y los logros políticos de los gobiernos kirchneristas pueden ser interpretados como un giro a la izquierda no sólo de la elite política, sino también de la población, que habría descubierto al alto desempleo y el aumento de la pobreza como consecuencias necesarias de las reformas neoliberales (Levitsky y Roberts, 2011). No obstante, si se analiza el comportamiento de la ciudadanía durante los últimos años sería posible matizar esta observación. A nivel electoral, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2003, dos de los tres candidatos más votados (Carlos Menem, con el 24,5% y Ricardo López Murphy, con el 16,4%) se postularon con una agenda abiertamente neoliberal. Después de 2005 los líderes ubicados a la derecha del centro político sólo tuvieron algunos triunfos locales, pero, en 2015, la presencia del partido PRO (sobre la que se tratará más adelante) muestra con claridad que existe un espacio para las alternativas políticas ligadas al paradigma neoliberal. En un mismo sentido, hay interesantes análisis basados en encuestas de opinión pública que muestran que los latinoamericanos en general (incluyendo el caso de Argentina) no se sienten más identificados con la izquierda que los que lo hacían en los años noventa, sino que —más bien al contrario— ha aumentado levemente el número de ciudadanos que se perciben a sí mismos como a la derecha del centro (Arnold y Samuels, 2011). Datos como estos han llevado a que Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010) concluyeran que los electores de América Latina (otra vez, incluyendo a los de Argentina) tienden menos a identificarse ideológicamente con su elite política y más a comportarse como votantes que consideran retrospectivamente los logros o fracasos de sus gobiernos. Es decir, que ejercen la accountability vertical para corregir o reemplazar a sus líderes. Por otra parte, si se considera al neoliberalismo en el sentido teorizado por Foucault (2007) como una gubernametalidad (es decir como un conjunto de saberes, prácticas, y tecnologías que despliegan una racionalidad), entonces se debería prestar particular atención a la construcción de subjetividades en la vida cotidiana. Y en ese plano, algunos estudios muestran la persistencia del neoliberalismo, sobre todo en las clases populares (Gago, 2014).

Pero la persistencia del neoliberalismo no se da sólo en el plano de la sociedad civil, sino también en el político partidario, como se muestra en la siguiente sección.

  1. El neoliberalismo PRO

Desde la óptica de los fundadores de PRO, la crisis de 2001 era terminal y el siglo XXI requería un auténtico “compromiso para el cambio” (de hecho, ese fue el nombre con el que nació el partido). En parte por ello apostaron a una construcción que —desde su origen— se caracterizó por su heterogeneidad y su pragmatismo. En este sentido, y a diferencia de otros partidos de derecha que se desarrollaron en Argentina durante el siglo pasado, PRO no se diseñó como una fuerza ideológica, con el fin de educar a la sociedad en una doctrina determinada o insertar sus cuadros en un gobierno ajeno (civil o militar), sino que nació con la vocación de ser una alternativa de poder. Por ello PRO cortejó a votantes con ideas e intereses diversos al mismo tiempo que incorporó en sus filas a líderes y activistas con recorridos y metas muy distintos entre sí (Morresi y Vommaro, 2014). Pero a pesar de esta heterogeneidad y de cultivar un perfil pos-ideológico, PRO puede ser catalogado como un partido centro-derecha e incluso como un partido cercano al paradigma neoliberal. Por eso, su desarrollo a lo largo del período posterior a la crisis es un indicador importante que muestra la persistencia del neoliberalismo en Argentina.

2.1. El crecimiento de PRO

Pocos antes del colapso de la Alianza, los empresarios Francisco De Narváez y Mauricio Macri, que compartían la Fundación Creer y Crecer, convocaron a expertos, activistas políticos y sociales para discutir sobre el futuro de Argentina y diseñar proyectos de políticas públicas. La Fundación había sido creada por De Narváez, pero era encabezada por Macri, que por ese entonces presidía el Club Boca Juniors. La popularidad de Macri era lo suficientemente alta como para que, en medio de la crisis, le ofrecieran postularse como presidente dentro del peronismo. No obstante, y a diferencia de su socio De Narváez (que en 2003 apoyó la candidatura de Menem), Macri declinó las invitaciones del justicialismo y optó por construir su propia propuesta política, tomando como base a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), esperando que su gestión en la capital le permitiera crecer políticamente de un modo similar al que había encarado el Frente Amplio en Uruguay.

La opción por la CABA no era casual. Tradicionalmente el voto de los porteños se orientó a fuerzas políticas distintas a las que eran mayoritarias a nivel nacional, se mostró particularmente reacio al peronismo y brindó su apoyo a casi todas las terceras fuerzas políticas argentinas (De Luca, Jones y Tula, 2002). En este sentido, la Capital parecía el terreno ideal para el experimento de PRO. Por otra parte, la crisis partidaria de comienzos de siglo afectó muy fuertemente en la CABA (Bril Mascarenhas, 2007), lo que que varios militantes y cuadros (radicales, peronistas y de los partidos liberal-conservadores) se vieran atraídos por el discurso de Macri y los pronósticos de buenos resultados electorales augurados por las encuestas. La afluencia de políticos experimentados a PRO no debe ser subestimada. La creación de un partido político es una tarea ardua que requiere el apoyo de un complejo sistema de redes (de expertos, de liderazgos territoriales, de apoyo económico, de logística). Los recursos humanos necesarios para nutrir ese entramado no siempre están libres y el costo de su reclutamiento suele ser alto. Sin embargo, por la coyuntura crítica de fines de 2001, muchos de esos recursos quedaron disponibles de forma repentina y PRO les supo dar cobijo.

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El debut electoral de PRO fue fulgurante y la fórmula encabezada por Macri logró triunfar en la primera vuelta. No obstante, en el ballotage, Aníbal Ibarra derrotó a PRO, en parte gracias al apoyo del flamante presidente Néstor Kirchner. Pese a que muchos auguraban que esa derrota iba a implicar la desaparición de PRO, el partido se consolidó desde la oposición, incluso a pesar de las crisis internas que fue atravesando (Mauro, 2005, 2007).

En 2007, dentro de PRO se consideró la posibilidad de que su líder “subiese” a la contienda nacional, pero se cayó en la cuenta de que las condiciones que habían facilitado el ascenso del partido en la CABA no estaban presentes en el resto de las provincias. Muchos liderazgos provinciales habían sobrevivido a la crisis de 2001 y no estaban disponibles para ser captados y, además, en el interior, el voto peronista es más fuerte y estable que en las grandes urbes como Buenos Aires (Torre, 2003; Leiras, 2007b). Por otra parte, el relativo éxito del gobierno nacional tornaba ardua la tarea de implantar a PRO en otros distritos. Para acelerar el proceso de expansión territorial se buscó ampliar el marco de alianzas y se apostó a una suerte de frente de centroderecha que incluía al neuquino Jorge Sobisch. Ese camino se cerró cuando la policía patagónica asesinó al maestro Carlos Fuentealba. Macri decidió soltar la mano de su aliado y concentrarse en la CABA, lo que le permitió convertirse en Jefe de Gobierno, en parte gracias a un cambio en el perfil público de la propuesta, que se presentó como posideológica.

Más adelante, con las miras puestas en 2011, PRO ofreció su nombre y sus figuras para la construcción de otros emprendimientos políticos localizados, con la esperanza de hacer pie en territorios donde no contaba con tropa propia. PRO ofreció su aval a políticos que tenían sus propias agendas, a condición de que adhirieran de forma más o menos laxa al liderazgo de Macri. Este planteo tampoco arrojó buenos dividendos. No sólo no se avanzó en términos electorales sino que muchos de los socios se revelaron poco confiables. En la “mesa chica” de PRO se advirtió pronto el problema creado por esos dirigentes que insistían en apoyar ideas o candidatos que juzgaban más interesantes y dejaban languidecer la presencia del partido de Macri en sus distritos. Por eso comenzaron a intervenir las filiales de varias provincias para desplazar a los referentes locales y reorganizar el partido en consonancia con la estrategia nacional (Vommaro, Morresi y Bellotti, 2015).

Pero en 2011 Macri tampoco se candidateó a presidente: prefirió asegurar su continuidad al frente del bastión porteño y ensayar nuevas estrategias para conseguir que PRO germinase finalmente en otras latitudes. Así, PRO comenzó a desplegar de forma paralela dos planes de acción con la mirada puesta en las elecciones de 2015. El primero de ellos consistió en convocar a emprendedores sociales, empresarios o simplemente personas exitosas para que se “metieran en política” y defendieran los valores de PRO desde sus distritos. El segundo radicó en insistir en una cuidadosa elección de alianzas con líderes políticos de raigambre distrital y proyección nacional que permitieran a PRO conservar el delicado equilibrio que viene manteniendo desde 2003. Ese equilibrio consiste en ser un partido de centroderecha que, al mismo tiempo que cosecha votos entre los electores que se identifican a sí mismos con el antiperonismo, mantiene un importante nivel de apoyo de los ciudadanos que se reconocen como peronistas. Es en este sentido que pueden interpretarse los movimientos ensayados por PRO al inicio de 2015, cuando con apenas unos pocos días de diferencia, anunció su acercamiento a líderes y partidos políticos con trayectorias y discursos casi antagónicos (desde Luis Juez en Córdoba a Carlos Reutemann en Santa Fe, desde la Coalición Cívica hasta la UCR) con la esperanza de mejorar sus chances de cara a las elecciones de octubre.

2.2. Pos-ideología y neoliberalismo

Los estudios basados en encuestas a expertos coinciden en ubicar a PRO como un partido del campo de la derecha (Sagar, 2009). Este modo de clasificar “desde afuera” no carece de problemas; sin embargo, la opinión experta sobre PRO no debería ser desestimada a priori porque se apoya en datos relevantes. En primer lugar, una parte importante de los “votantes fundamentales” de PRO (es decir, aquellos votantes que tienen mayor capacidad para actuar políticamente e influir en la formación de la agenda partidaria) provienen de la base electoral de partidos que se asumían como “orientados a la derecha” como la UCeDe (Alessandro, 2009). Segundo, desde sus inicios PRO buscó alianzas con partidos (como el Partido Demócrata) y dirigentes políticos (como López Murphy) que se identifican como pertenecientes al espacio de la derecha o la centro-derecha. Tercero, PRO está afiliado a la Unión Internacional Demócrata que agrupa a los partidos conservadores de distintos países. En la misma línea, también deben tenerse en cuenta los vínculos de PRO con las redes internacionales de think tanks de derecha como la Fundación Atlas (Fischer y Plehwe, 2013). En cuarto lugar, tanto los analistas políticos de los medios masivos de comunicación como los dirigentes de los partidos mayoritarios de Argentina, e incluso algunos funcionarios de PRO coinciden en calificar al partido como “de derecha” o “de centro-derecha” (Mora y Araujo, 2011). En este mismo sentido, el líder de PRO, Mauricio Macri, definió a su propia fuerza como “pro-mercado” (O’Donnell, 2011), lo que lo hace convergente con las ideas de derecha y centro-derecha tal como habitualmente son definidas en América Latina (Coppedge, 1997).

Ahora bien, pese a la presencia de estos elementos, la mayoría de los miembros de PRO se rehúsa a aceptar que su partido sea catalogado como de derecha. Distintas razones explican esta actitud. Por un lado debe considerarse la motivación pragmática: a los dirigentes de PRO les conviene colocarse en la postura en la que puedan granjearse el apoyo de una mayor cantidad de votantes. En Argentina, sólo el 20% de los ciudadanos se reconoce de derecha. PRO, como otros partidos modernos, procura situarse en el espacio en el que existe una mayor cantidad de votos potenciales, confiando en sumar electores de centro sin perder el apoyo de los de derecha (a los que espera poder mantener por la escasez de otras ofertas y por su potencial de acceso al poder). Por otra parte, existen motivos ideológicos: entre los cuadros de PRO prima un rechazo a colocarse en el campo de la derecha porque en Argentina la derecha y el autoritarismo se ligan fuertemente (McGee Deutsch y Dolkart, 1993). En este sentido, si bien algunos líderes de PRO se mostraron públicamente de acuerdo con políticas del último gobierno de facto, su aprobación parece referirse a ciertas perspectivas socio-económicas y político-culturales y no a las formas criminales y absolutistas que caracterizaron a la última dictadura.

Como parte de su estrategia para mantener alejada la imagen del partido del espacio de la derecha, PRO trató de impulsar una identidad pos-ideológica. La mayoría de los cuadros de PRO se muestran muy enfáticos en posicionarse “más allá de la izquierda y la derecha” y en sostener que su desempeño “no tiene nada que ver con las ideologías” propias de la “vieja política”. Así, para una parte importante de los cuadros de PRO, las identidades ideológicas tradicionales (derecha e izquierda) se asimilan a luchas estériles relacionadas con las nociones de conflicto y crispación tal como fueron tematizadas durante los gobiernos de kirchneristas (Eiff, 2014). Por ello, en reemplazo de las categorías anticuadas, se postula la construcción de una identidad “moderna” de la política ligada a la unidad y al consenso a través de una gestión seria, honesta y eficaz que permitiría la generación de condiciones para que todos puedan crecer en una suerte de carrera abierta al talento. De este modo, la concepción “moderna” aparece como una propuesta pos-ideológica de raigambre liberal y no —al menos no necesariamente— como anti-política (Morresi, 2015).

La identidad pos-ideológica de PRO se tornó más clara a partir de 2013, cuando sus dirigentes comenzaron a presentarse como exponentes de una “tercera vía”. Al comienzo, el empleo del concepto era descriptivo: tenía la función de mostrar que PRO era una alternativa a los partidos tradicionales. Más adelante, se fue perfilando un ideario más acabado, basado parcialmente en la concepción que Anthony Giddens (1999) elaboró para revitalizar a la socialdemocracia europea. Pero a diferencia de la tercera vía original, la apuesta de PRO no propone un aggiornamento de la centro-izquierda, sino de la centro-derecha. Al igual que en el “giro al centro” del Partido Popular de España (al que tomó de modelo), la tercera vía de PRO está centrada en la gestión y en ciertos valores (diálogo, libertad, solidaridad, eficiencia) con los que aspira no tanto a representar partes de la población (mayorías o minorías), sino ayudar a resolver los problemas de “la gente” a través de la búsqueda de consensos y de la convergencia de los intereses públicos y privados (Devoto, 2014).

La idea de intereses privados y públicos trabajando al unísono tiene un rol destacado en el discurso de los líderes de PRO. Para comprender el alcance de esta concepción (a primera vista tan trivial), la misma debe enmarcarse dentro de los lineamientos de PRO, según los cuales el Mercado es una institución que genera un orden dinámico y eficiente, pero al mismo tiempo se reconoce que podría resultar necesaria la acción del Estado en determinados espacios (Devoto, 2014). Así, la sinergia entre Estado y Mercado de PRO parece cercana a la fórmula de la Economía Social de Mercado alemana: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como resulte necesario.

La Economía Social de Mercado (ESM) es la doctrina político-económica desarrollada en Alemania durante la posguerra a partir de concepciones neoliberales. Pero, además de la perspectiva económica neoliberal, la ESM tenía una fuerte impronta social fundada en valores social-cristianos y humanistas. Esto llevó a sus implementadores a sostener un firme intervencionismo estatal en algunas áreas (como la seguridad social), a aceptar el rol protagónico de los sindicatos en la actividad económica (participando no sólo de la reglamentación del trabajo, sino también en la propiedad de las empresas) y a procurar cambios socio-culturales que llevaran a los individuos a comportarse de modo solidario y auto-responsable (Van Hook, 2004). En Argentina, el principal impulsor de la ESM fue Álvaro Alsogaray; sin embargo, la versión de la ESM defendida por el fundador de la UCeDe tenía algunas diferencias con el modelo original en lo referente a los aspectos sociales y políticos. Para Alsogaray los sindicatos argentinos no estaban en condiciones de asumir el rol activo que les adjudicaba la ESM debido a su enorme poder político y al carácter distorsivo del mercado de sus actividades. Además, sostenía que la seguridad social que tenía Argentina era demasiado extensa y conspiraba contra el desarrollo de un mercado libre y un Estado eficiente. Finalmente, creía que el apuntalamiento de los valores de solidaridad y responsabilidad postulados por la ESM requería que, hasta que se lograse educar a la ciudadanía que se inclinaba por opciones electorales populistas, se aceptaran restricciones claras a la democracia y a la libertad de los individuos. Así, más allá de la retórica, la propuesta de Alsogaray (que en la década de 1990 se tradujo como “economía popular de mercado”) se acercaba más a las ideas economicistas neoliberales que habían nutrido a la ESM que a las propuestas más holistas de la Alemania de posguerra (Morresi, 2008).

El estudio de PRO muestra que, a pesar de las diferencias entre las facciones que componen el partido, hay una tendencia a coincidir con los postulados de la ESM del mismo modo selectivo que empleara Alsogaray (Morresi y Vommaro, 2014). Por un lado, en PRO acuerda con la idea básica de la ESM de brindar soporte a un Estado que intervenga para corregir las fallas del mercado y reducir las desigualdades sin distorsionar los resultados de la competencia mercantil. Por el otro, se rechaza el postulado de la ESM de brindar mayor protagonismo a los sindicatos y se señala a las políticas (y a los políticos) populistas como una seria amenaza al desarrollo argentino y al conflicto político como un impedimento para el desarrollo de una sociedad libre y solidaria (Morresi, 2015).

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Así, más allá del rechazo de los miembros de PRO por identificarse a sí mismos con la derecha o la centro-derecha, el análisis de sus ideas (a través de encuestas, entrevistas, análisis de documentos y discursos) muestra ciertos lazos entre lo que podríamos llamar, siguiendo John Pocock (1972), la gramática de PRO y la que era propia de la tradición liberal-conservadora. El liberalismo-conservador —que se caracteriza por pendular entre los valores liberales y conservadores reunidos alrededor de nociones como moderación, seguridad, sensibilidad y eficacia— tiene una larga historia en la Argentina con la cual PRO dialoga sin ser apenas un emergente de la misma.

  1. Coda

En estas páginas se ha intentado mostrar que, a pesar de algunos signos contradictorios, el paradigma neoliberal persiste en la Argentina posterior a la crisis. Por un lado, se mostró que durante los doce años de gobiernos kirchneristas, si bien se implementaron políticas que podrían ser interpretadas como contrarias al CW, no hubo un avance claro en desmontar el andamiaje neoliberal. En el mismo sentido, se argumentó que el éxito político y electoral de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no implican por sí mismos un abandono del paradigma neoliberal por parte de la ciudadanía. Por otra parte, se presentó de modo somero al partido PRO como una fuerza política cercana a las ideas neoliberales que surgió y se fortaleció en el período posterior a 2001.

En este sentido, si es cierto que (como otros análisis indican) el neoliberalismo está en crisis en América Latina en general (y en Argentina en particular), se trata de una crisis de carácter orgánico que todavía no está resuelta, lo que hace difícil pensar en las características de una sociedad y un Estado post-neoliberales. Parafraseando a Antonio Gramsci, si una crisis consiste en que lo viejo se muere sin que lo nuevo termine de nacer, todavía se está asistiendo al desfile de fenómenos morbosos y diversos cuya presencia no implica por sí misma el final de un proceso, sino más bien el comienzo del mismo.

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[1] Sergio Daniel Morresi es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Ciencia Política por la Universidade de São Paulo (USP, Brasil) y actualmente se desempeña como Investigador-Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET). Es autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, análisis político e historia reciente. Su actividad se concentra en el estudio del liberalismo, el neoliberalismo y las derechas políticas.

[2] Siguiendo el enfoque del historiador René Rémond (2007), distinguimos entre tres corrientes o familias de la derecha política: la legitimista (o derecha reaccionaria), la bonapartista (o derecha populista) y la orleanista (o centro-derecha, o derecha liberal-conservadora). A pesar de esta diversidad, podría sostenerse que la centro-derecha fue hegemónica durante la mayor parte del siglo XX, véase Boron (2000) y Morresi (2015).

[3] En estas páginas no se va a abundar sobre este tema. El lector interesado puede consultar los trabajos de Morresi (2008) y Plewhe (2009).

[4] John Williamson (2008), que es quien acuñó la idea de un consenso entre los organismos multilaterales para la aplicación de políticas económicas, ha rechazado la identificación del CW con el neoliberalismo porque —de acuerdo con su interpretación— el CW nunca abogó por las doctrinas neoliberales más radicales como la “economía de la oferta” (Thompson, 1990). Sin embargo, es importante señalar que hay importantes vínculos entre el neoliberalismo y el CW tal como fue originalmente formulado por Williamson (Plewhe, 2009). Por otro lado, también es importante no identificar o confundir al CW con el neoliberalismo; el CW es un paquete de políticas públicas, el neoliberalismo es (además de un abordaje teórico) una forma de control social, un momento del desarrollo del capital (Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2005; Harvey, 2005).