La ley de cupo laboral travesti/trans en la era de los despidos

Por Alma Fernández[1] y Lucía Fuster[1]

No cambiemos futuro por pasado

Esta noche estamos haciendo historia, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado.

María Eugenia Vidal, discurso brindado en el bunker electoral de Cambiemos tras conocerse los resultados parciales de los comicios del 25 de Octubre del 2015.

Sin querer pecar de psicoanalistas, este acto fallido nos dijo más de lo que queríamos escuchar  ¿A qué pasado se refirió entonces la recientemente electa gobernadora bonaerense? ¿Qué futuro estaba enterrando?

Escribimos este artículo frente a un escenario político en que el gobierno electo a nivel nacional está negociando su estabilidad y su forma de asentarse; tironeando con los diversos actores del campo social; buscando articulaciones que le afirmen un poco el terreno sobre qué alianzas hacer, bajo qué costos y con qué concesiones.

En este marco, la lucha por la reglamentación de la Ley 14783 (Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans “Diana Sacayán” de la Provincia de Buenos Aires) y por la sanción de una Ley Nacional, tiene que ser abordada en su complejidad. Es necesario que no sea una mera concesión en el terreno formal que eche por tierra las conquistas reales, como tampoco deslindar la lucha travesti del resto de las del campo popular.

La historia reciente de los movimientos socio sexuales en general y del movimiento travesti/trans en particular, pone de manifiesto que las relaciones de fuerza en Argentina han cambiado en lo que va del siglo XXI. La capacidad de instalar agenda y articular con otros sectores de la sociedad connota una posición política no sectorial. Es decir, las luchas no quedan reducidas a unas pequeñas conquistas marginales y puntualizadas en beneficios exclusivos para la población travesti y trans. La emergencia de movimientos socio sexuales dentro de las políticas partidarias expresan el contenido macro político de las mismas.

Ahora bien, es necesario entender que los movimientos y las organizaciones del colectivo TLGBIQ (Travestis, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersex y Queer) no son un constructo homogéneo y coherente, sino que en el interior de éste campo se enfrentan posturas políticas que implican altos niveles de tensión como en todo arco político. Este escenario de tensiones internas se vio agravado ante el cambio de gobierno que sucedió en Argentina el 10 de diciembre del 2015: ¿Cómo negociar con un gobierno que viene a recortar los derechos a nivel general?

La “era kirchnerista” con las muchas limitaciones que tuvo para realizar mayores avances en políticas públicas para el colectivo TLGBIQ, generó un amplio abanico de leyes inclusivas que posicionaron a Argentina en la vanguardia latinoamericana -y mundial- en lo que respecta a los derechos sexuales y de diversidad:

Hay un amplio, divergente y en algunos casos contradictorio marco de derechos sexuales LGBT constituido por leyes, resoluciones administrativas, programas sociales que siguen un enfoque de derechos, todo lo cual se fue construyendo durante estos años consagrando entramados que posibilitan políticas públicas en DDHH. Solo por mencionar algunas: las leyes nacionales de protección de los datos personales que refiere a la vida sexual como dato sensible (2000); de salud sexual y procreación responsable (2002); de modificación de la ley de matrimonio civil (2010); de salud mental (2011); de muerte digna (2012); de identidad de género (2012); de modificación del código penal al que matare por odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión (2012); de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (2013); en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral trans (2015).[1]

Las leyes no fueron concesiones o simples activaciones desde quien fuera el oficialismo hasta diciembre del 2015, sino que a partir de la articulación estratégica de campos de sentidos, las luchas de los movimientos socio sexuales tuvieron la capacidad de instalar agenda y constituirse en actores de peso político.

Es por ello que consideramos que es necesario hacer un breve repaso sobre cuáles son las trayectorias que tienen los movimientos de travestis, transgénero y transexuales en Argentina desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, para poner de manifiesto el tejido sobre el cual se dieron las conquistas y cuáles son las herramientas construidas para seguir. Ya que las conquistas se dieron sobre la base de  luchas, fuertes desarrollos de inteligencias estratégicas y articulaciones con diversos actores políticos. Y sin duda, también, grandes cuadros políticos.

¿De dónde venimos?

La organización de las primeras travestis tuvo como clivaje constitutivo la violencia institucional que sufrían/mos las compañeras travestis y trans constantemente por parte de la policía (Cutuli; 2013, Fernández, 2004). La persistencia de los Edictos Policiales establecía una gran libertad de acción a la policía que criminalizaba las identidades travestis y trans, generando una permanente persecución. No sólo cuando estaban/mos en la calle en situación de prostitución, sino también cuando salían/mos por ejemplo, a hacer compras. “Andábamos siempre con una mantita en la cartera, porque cuando salías de tu casa no sabías cuándo ibas a volver” cuenta una compañera que vivió estas primeras experiencias organizativas.

Bajo este escenario, en los inicios de los ’90 comenzaron a gestarse las primeras organizaciones travestis, transexuales y transgénero. Primero, para luchar por la derogación de los Edictos Policiales; y  luego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luchar contra el Código de Convivencia Urbana, resultado de la presión de los “vecinos” luego de haberse sancionado la Constitución de la Ciudad que eliminaba los Edictos Policiales.

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En este apartado trabajaremos principalmente sobre lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, por dos razones. Por un lado, porque es centro de referencia nacional sobre las  pulseadas políticas, y por otro, por la convulsión social que existió en la disputa del espacio público y de las ciudadanías legítimas. ¿Quiénes acceden efectivamente a los derechos? Se distribuyen derechos según marginaciones cromáticas; zonas rojas para las travestis, (“ciudadanas de segunda”) versus espacios verdes vulnerados para los y las vecinos/as (Zambrini, 2012)

Las luchas sociales que existieron entre fines de los ’80 y principios de los ’90 dejaron un gran saldo organizativo. El primer grupo que se organizó fue la Asociación de Travestis Argentinas (ATA) en el año 1991, pero como consecuencia de tensiones internas esta asociación se dividió, quedando constituidas dos organizaciones más. OTTRA, Organización de Travestis y Transexuales de la República Argentina y ALITT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Fernández, 2004).

Las diferencias al interior de ATA, que devinieron en la escisión de la organización, se dieron en relación a si las travestis debían o no aceptar la práctica prostibular, y de ser así, bajo qué criterios defenderla. Según la investigación realizada por Josefina Fernández (2004), que retoma los testimonios de las referentes de cada una de estas organizaciones, las divisiones quedaron según las posturas respecto de la centralidad que debía dársele a la prostitución. Por un lado, emergió OTTRA, reclamando el reconocimiento de la prostitución como práctica efectiva y por ende, demandando el reconocimiento de los derechos laborales. ATA quedó más vinculada a la consecución de los derechos de forma progresiva, en alianza con el movimiento gay. Y ALITT buscó luchar por el reconocimiento de la identidad travesti, no circunscribiendo la lucha a la práctica o no práctica prostibular, sino luchando por la legitimidad de la identidad trava, en tanto tal.

Esta experiencia organizativa de los años ’90, que las/nos llevó a organizarnos y luchar contra muchos puntos nodales de poder, generó que las compañeras comenzaran a reconocerse como agentes políticos que debían luchar por sus derechos y comenzar a leer la realidad en clave política. El activismo se convirtió en una posibilidad -y en un salvavidas, según palabras de Lohana Berkins.

La lucha por la identidad travesti comenzó a tejer experiencias históricas que ahora podemos evaluar como parciales, pero que sentaron precedentes tanto locales como internacionales. En el 2003, tras haber sido victima de experiencias de discriminación respecto de su identidad de género a la hora de querer inscribirse en la carrera de Magisterio, Lohana Berkins llevó a cabo la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que extendió el reclamo a la Secretaría de Educación de la Ciudad -en ese momento a cargo de Daniel Filmus. La Secretaría de Educación se expidió a favor de la demandante y resolvió la “recomendación” a los establecimientos educativos de la Ciudad y dependencias de la Secretaría de Educación, que se garantice el respeto a la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales (Berkins y Fernández: 2005, 107).

En este mismo sentido, Amancay Diana Sacayán luchó por el reconocimiento de la identidad de género en el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires. Ante las reiteradas situaciones de violencia sufridas tanto en el Hospital Paroissien (La Matanza) como en el Muñiz (CABA), Sacayán  -perteneciente al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación- y otras organizaciones lucharon por la sanción de la resolución 2359/07[2], que estableció -en el 2007- que en todas las instituciones sanitarias, las personas debían ser llamadas por su nombre de elección y no por aquel que figurara en la historia clínica. Este avance, que si bien era parcial mientras no existiera ley de identidad de género, sí generó modos de acción ejemplificatorios para luchar y conseguir derechos. Ante las muchas situaciones en las que la ciudadanía se ha visto amenazada, las organizaciones travestis han respondido exigiendo el efectivo cumplimiento de sus derechos.

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Muchos son los ejemplos de experiencias de luchas que el movimiento travesti nos enseñó: la lucha por la personería jurídica de ALITT, la experiencia de la primer revista latinoamericana travesti “El Teje”, la construcción del Primer Bachillerato Popular Travesti/Trans “Mocha Celis”, la Cooperativa de Trabajo “Nadia Echazú”, entre muchas otras experiencias que permitieron construir las condiciones de posibilidad para la sanción de la Ley de Identidad de Género.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el  9 de mayo del 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la interpretamos como un punto de llegada y un punto de partida para la conquista de los derechos. Es un gran paso dado por el movimiento travesti y trans en particular y un gran salto para la sociedad en su conjunto, ya que permite que como sociedad tengamos la herramienta legal para poder luchar y exigir por el derecho de existir.

Ahora bien, esta ley -sin dudas inmensa- necesita el desarrollo de leyes complementarias que la articulen y vuelvan efectiva. En este sentido, la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans es un paso para hacer efectiva la inclusión laboral y las posibilidades de construir historias biográficas que dejen de estar signadas por la expulsión, el maltrato y la violencia.

¿Dónde estamos? ¿Qué cambió con “Cambiemos”?

El 2016 nos encuentra ante un nuevo escenario. Con leyes que permiten luchar por la defensa de los derechos, pero ante una reconstitución neoliberal en la que la disputa por el campo de “lo diverso” puede articularse de formas muy disímiles, y es fundamental identificar los modos en los que se organiza la política de éste campo.

Los movimientos travestis, en su intensa trayectoria, han puesto de manifiesto que la cadena de vulneraciones se ha dado no sólo en la desigualdad a partir de la desvalorización de su identidad de género, sino también por su condición de clase. Esta dimensión no hay que perderla de vista ante un escenario de achicamiento de derechos sociales, despidos masivos y reforzamiento de las desigualdades de clase (Gutiérrez, 2016)

En octubre del 2015, el movimiento travesti y transexual sufrió un duro golpe. El travesticidio de Diana Sacayán, el cual está por cumplir su primer aniversario, fue un fuerte revés para un proceso de conquistas de derechos. La ley de Cupo Laboral Travesti/Trans, aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sólo unos días antes, quedó sin su madre fundadora. Asesinada. Sí, asesinada por travesti. Como queriendo disciplinar a un movimiento que surge con la fuerza de la urgencia.

Luego, en febrero del 2016, para continuar con los duros golpes que estamos recibiendo, muere Lohana Berkins. Como la llamaban, la “travestiarca” del colectivo.

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Dentro de este marco un nuevo escenario de organización emerge, con mucho dolor y tristeza, se rearticula el movimiento sin las referencias históricas, pero con mucha urgencia y potencia. La conformación de La Colectiva Lohana Berkins, la movilización de las organizaciones socio sexuales en las marchas del 24 de febrero o en la Marcha Federal del 2 de septiembre del corriente año, así como también el apoyo de los partidos políticos –aunque todavía tímidamente- en la Primera Marcha contra los Travesticidios, ponen de manifiesto la articulación de luchas que se está dando en una parte de los movimientos de la disidencia y en una parte del campo popular.

Esta rearticulación de fuerzas se dio a partir del diagnóstico de que la lucha de los movimientos socio sexuales no se puede escindir de un proceso de lucha frente a la reconstrucción de la política neoliberal. La reconstrucción de las relaciones de fuerzas a favor de la concentración de la riqueza estructura posibilidades diferenciales de acceder a la ciudadanía.

¿Por qué una Ley de Cupo Laboral?

La situación de las travestis y feminidades trans es aún más compleja que para las mujeres, ya que es más difícil que accedan al mercado de trabajo formal. Mayormente, sus biografías están atravesadas por una cadena de vulneraciones que comienza con la expulsión del hogar y de la escuela antes de los 15 años, y la prostitución se presenta como la única opción de salida laboral generalmente antes de los 16 años.

Ésta secuencia de violencias comienza a socavar los derechos humanos desde que son muy niñas. Sin construir “tipos ideales” que refuercen con violencia simbólica la construcción de estereotipos, sí podemos observar que es muy extendida la expulsión del sistema escolar a muy temprana edad. La asunción “social” de la identidad de género se da en un 85% en el período escolar (Berkins y Fernández; 2005), con lo cual es muy recurrente que a esa edad se de la “deserción” escolar, muchas veces acompañada también de la expulsión de los hogares de origen y la migración hacía ciudades capitales o centros urbanos. Colocamos entre comillas deserción, porque queremos resaltar la no elección de un proceso que hace que las travestis jóvenes dejen la escuela por sufrir violencia por parte de sus pares, directivos y docentes. Migrantes, desescolarizadas y menores, muchas de las travestis se enfrentan a la prostitución como única salida laboral. En la actualidad aparecen pequeñas tendencias que revierten estos procesos expulsivos, aún muy incipientes pero nada desestimables.

La Ley de Identidad de Género impulsó un cambio muy grande en la sociedad. Si bien persisten, y muy extendidamente, prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos humanos, también observamos líneas de acción positivas que buscar articular dicha Ley con prácticas más cotidianas y concretas.

A partir de ésta matriz conceptual es que Diana Sacayán, incluso desde antes de sancionada la Ley de Identidad de Género, comenzó a militar por la necesidad de una Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans que permitiera la inclusión laboral de las compañeras.

La Ley 14.783, sancionada el 17 de septiembre del 2015, establece que el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires debe incorporar en su planta a personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 1%. También, destaca en su primer artículo la reserva de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.

El alcance de la aplicación de la Ley se extiende al Estado Provincial, a todos los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Ésta ley incluye a todas las personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no accedido al derecho de la ley N° 26.743. Es decir que el cambio registral en el DNI no es un requisito excluyente para acceder al puesto de trabajo.

La sanción de dicha Ley es un paso importantísimo para el ensamble legislativo que habilita y potencia el acceso efectivo a los derechos. Pero consideramos que es necesario poder ajustar un poco el lente para ver la letra chica de la misma que, actualmente y luego de mucha presión de la militancia, está en proceso de reglamentación.

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Las leyes son herramientas para conseguir derechos, pero también son utilizadas por aquellas personas que no las quieren cumplir. Es así que consideramos necesario establecer miramientos sobre las condiciones de idoneidad que establecerán la reglamentación de la ley y sobre los antecedentes penales.

Ajustando la lupa. ¿Bajo qué condiciones el cupo?

En estos momentos está en proceso de reglamentación la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans de la Provincia de Buenos Aires. Siendo ésta la única ley aprobada mas no reglamentada, consideramos que es necesario evaluar las condiciones sobre las cuales se reglamentará para poder hacerla realmente inclusiva y para que se pueda tomar de modelo para una futura Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti/Trans.

Dos cuestiones que consideramos necesario resaltar respecto esta Ley que tenemos como referencia: 1) Los requerimientos de idoneidad;  2) Los reparos sobre los antecedentes penales.

Es decir, consideramos que debemos ajustar la lupa sobre los requerimientos excluyentes de idoneidad, siempre y cuando esta idoneidad sólo remita a la terminalidad educativa de la formación obligatoria. Desde el año 2006, vía Ley Nacional de Educación, la educación obligatoria se extendió, siendo un derecho de los niños, niñas y adolescentes y una obligatoriedad del Estado garantizarla. Esta situación, como vimos anteriormente, tiene una situación muy particular dentro de la población travesti/trans. Es por ello que consideramos que no debe tener requerimientos de idoneidad excluyentes a partir de la finalización de los estudios secundarios, ya que eso generaría el reforzamiento de la expulsión.

De este modo, es necesario pensar en políticas sociales integrales que busquen generar acciones de discriminación positiva que habiliten el desarrollo de políticas focalizadas que acerquen al Estado allí donde nunca antes había llegado. Tal es la situación que puede pensarse a través de políticas públicas de terminalidad educativa o incentivos económicos para la formación laboral, dentro del marco del cupo laboral. Es decir, generar puestos de trabajo que incluyan la terminalidad educativa como parte de las condiciones de trabajo.

El desmantelamiento del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo de Nación es otra de las medidas que tomó el gobierno de Cambiemos y que generó que las compañeras travestis y trans que estaban tomando cursos de formación laboral (con un incentivo económico sumamente bajo) ahora ni siquiera tengan esa opción.

El otro factor a tener en cuenta, para que la letra chica de la Ley no refuerce las expulsiones, es la cuestión de los antecedentes penales. El miramiento sobre esta condición refiere a que muchas de las compañeras han sido víctimas del sistema policial, que a través de fuertes abusos de poder les han inventado causas penales, plantado droga, obligado a robar para ellos, o simplemente por no pagar la coima –que cumple las veces de la “caja chica” de la policía- les inventaban causas. Es reiterada esta situación en el relato de las compañeras, con una fuerte persistencia aún después de sancionada la Ley de Identidad de Género y con un recrudecimiento de la violencia institucional en lo que va del 2016.

El proceso de criminalizar las identidades de género que no se atienen al modelo heterocissexista es una práctica muy extendida en muchos espacios del mercado, de la sociedad civil y del Estado. Por eso interpretamos a ésta Ley como un espacio de disputa intra estatal, que busca generar procesos pedagógicos (obligatorios) sobre el resto del Estado y sobre el resto de la sociedad.

Lo que falta. #ReconocerEsReparar

Así como Diana Sacayán nos legó la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans, Lohana Berkins nos dejó como agenda política el proyecto de reparación histórica para víctimas de violencia institucional. Idea original de Marlene Wayar, acompañada y motorizada por Lohana incluso antes de la Ley de Identidad de Género, el proyecto de Ley de Reparación Histórica es un acto de justicia y memoria colectiva.

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La necesidad de una reparación histórica está sustentada en los Principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, más conocidos como los “Principios de Yogyakarta” (2007), de los que Argentina es uno de los países adherentes.

El Principio 28 establece que

toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos” (Principio de Yogyakarta, 2007).

Y el artículo A de éste mismo Principio, afirma que los Estados

Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una plena reparación a través de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro medio que resulte apropiado.

De este modo, la necesidad de que exista la Ley de Reparación es un acto de reconocimiento por parte del Estado de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las distintas dependencias estatales, principalmente a través de su aparato represivo.

Porque a la cárcel no volvemos nunca más

El modelo político de la alianza Cambiemos -que asumió el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- comenzó a implementar políticas de redistribución de los recursos para recomponer la ganancia empresarial en detrimento de las grandes mayorías de la población.

En estos contextos de crisis económica, los temas de género y diversidad sexual parecieran tener dos aproximaciones a ser tratados. Por un lado, pierden visibilidad y especificidad. Como lo analiza Gutiérrez (2016), durante la campaña el Presidente electo no hizo mención alguna sobre éstas temáticas.

El otro camino, que consideramos el que efectivamente están tomando al menos en algunas de las dependencias del Estado, es lo que se llama el “Pink Washing”. Este camino de “lavamiento rosa” de la imagen, es lo que muchos gobiernos de restauración neoliberal están haciendo a nivel mundial. Es decir, retomar y enarbolar las banderas de la diversidad, en tanto parangón de la libertad individual, despojando las luchas de su contenido colectivo, de clase, migrante, travesti.

Los derechos conquistados por el movimiento travesti/trans y por los movimientos socio sexuales carecen de sentido si se escinden del resto de los derechos que hacen al bienestar de la población. La pérdida masiva de puestos de trabajo, los tarifazos, el aumento del transporte público, el achicamiento del Estado, el recrudecimiento de la violencia institucional y muchos tristes etcéteras que buscan generar una domesticación del campo popular, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo pensar, en este marco, conseguir más y mejores derechos para la comunidad travesti/trans?

En principio consideramos que es necesario la articulación de las luchas y las políticas del transfeminismo respecto del campo popular en general, no cayendo en las estrategias del pinkwashing que reterritorialicen las luchas travestis/trans como luchas focalizadas.

Como destaca Alejandra Sardá (2016):

el PRO no es monolíticamente un partido «conservador de derecha» y menos aún un partido «católico conservador». (…) Es, por encima de todo, un partido de las élites financieras y agroexportadoras locales y de sus socios/mandantes extranjeros cuyo principal objetivo es asegurar buenos negocios para los sectores que lo integran y lo respaldan.

En este sentido, las políticas de pinkwashing que no le impliquen un gasto al Estado, van a depender de las relaciones de  fuerzas que se den por fuera del gobierno. Es decir, consideramos que la capacidad para mantener derechos y conseguir más y mejores, dependerá de la capacidad de instalar agenda, en un escenario donde comienzan a emerger muchos “urgentes”.

En este contexto es importante conseguir una complementariedad de las leyes -y los programas sociales- para generar un ensamble de derechos que puedan modificar las posiciones de sujetas respecto del escenario actual. No sólo pensando en su especificidad (querer mejorar exclusivamente su posición de sujetas) sino luchar articuladamente por nuevas alianzas estratégicas que cuestionen al sistema en su forma de producir sujeción. Es decir, que se aúnen las luchas que disputan el ordenamiento de lo social para poder construir alianzas que hegemonicen nuevos sentidos. Esto no significa borrar la especificidad de la marginación y los lazos que se tejen en las trayectorias travestis. No cambiamos futuro por pasado, porque a la cárcel no volvemos nunca más.

Bibliografía consultada

Berkins, Lohana; Fernández Josefina (2005). La gesta del nombre propio. Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

Berkins, Lohana Cumbia, copeteo y lágrimas (2007). Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

Cutuli, Soledad (2012). Antropología y travestismo: revisando las etnografías latinoamericanas recientes en Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Mar del Plata. Consultado en: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/162/252

Fernández, Josefina (2004). Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género, Buenos Aires, Edhasa.

Gutiérrez, Alicia (2016). ““El arte del acuerdo”: Género y sexualidades en la gestión Cambiemos” en Revista Épocas, Buenos Aires.

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Recuperado en:  http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf

Sarda – Chandiramani Alejandra (2016) Seamos diversxs pero dóciles: llego “la revolución de la alegría”. Algunas reflexiones sobre la política sexual del gobierno argentino, Akahata, Buenos Aires, Mimeo.

Zambrini, Laura (2013) “De metonimias y metáforas sobre géneros y corporalidades travestis en la prensa digital local” en AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº 5. ISSN 1853-5925. Junio de 2013. Recuperado en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/viewFile/3023/2915

Legislación consultada

Ley 14.783. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html

Ley 26.743. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

[1]              http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/4329-566-2015-12-24.html

                Visitado el 22/9/16

[2]              http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3708-2007-11-09.html Visitado   el 22/9/16

[1]              Socióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS). e-mail: luciafusterpravato@gmail.com

 [1] Referente estudiantil del Bachillerato Popular Travesti/Trans “Mocha Celis”. e-mail: almafernandezok@gmail.com

 

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