[ENTREVISTA A EZEQUIEL ADAMOVSKY] “La ideología del emprendedorismo es lo que está detrás de la política científica de este gobierno”

Por Fernando Toyos

Ezequiel Adamovsky es Doctor en Historia por University College London (UCL) y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido Investigador Invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) en Francia y  actualmente se desempeña como Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y como profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones han girado en torno de la historia intelectual europea y la historia de las clases medias y populares en Argentina. Ha pubicado numerosos artículos en revistas académicas. Es autor de los libros Euro-Orientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France, c. 1740–1880 (Oxford, Peter Lang, 2006) e Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003 (Buenos Aires, Planeta, 2009), entre otros. Ha obtenido el James Alexander Robertson Memorial Prize (2009), el Premio Nacional (Primer premio categoría historia, 2013) y el Premio Bernardo Houssay (2016).

FT: A partir del conflicto desatado a fines del año pasado respecto de los y las postulantes para el ingreso a Carrera del Investigador que fueron recomendados pero no ingresaron, adquiriendo estado público a partir de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿qué balance puede realizarse de aquellas jornadas? ¿En qué medida lo acordado cerró el conflicto, y en qué medida quedaron conflictos latentes?

EA: El conflicto claramente no está cerrado en la medida en que el Ministerio todavía no dio respuestas concretas a los planteamientos. La lucha de diciembre consiguió un “cuarto intermedio”, digamos, y abrió una ventana de diálogo a ver si se soluciona el conflicto. Yo no estoy entre los que están motorizando el reclamo, pero en su momento me pareció sensata la postura de la mayoría de las organizaciones que conducían de aceptar lo que ofrecía el Ministerio y levantar la toma. Se venía Navidad y luego de las fiestas el gobierno no iba a tener incentivo para levantar urgente la toma y, a su vez, iba a ser muy difícil sostenerla en enero y febrero. Se corría el riesgo de terminar en una derrota total, lo que habría sido catastrófico. En ese sentido mi balance es módicamente positivo. Se avanzó algo también en la coordinación entre disciplinas y a nivel nacional, partiendo de la desconexión total que había en diciembre. Y en un terreno muy desigual, creo que se consiguió sensibilizar a la población sobre el tema. Las encuestas que manejaba el gobierno y que se hicieron públicas, indicaban que la mayoría de la población, incluyendo los que habían votado al gobierno, veían con desagrado el desfinanciamiento de la ciencia. Conozco gente capaz de justificar cualquier cosa al gobierno, pero que con este tema no pudo.

Queda un conflicto latente, más allá de la situación de los becarios de diciembre, que me temo que se va a proyectar en los próximos años. Es evidente que este gobierno no tiene ninguna intención de cumplir su promesa de campaña de llevar la inversión en CyT al 1,5% del PBI. La está bajando y nada indica que vaya a revertir eso en los años próximos. Fue uno de los tantos engaños de la campaña. Por otra parte, es evidente –porque lo dicen los funcionarios del MINCyT con todas las letras– que hay un proyecto de poner cada vez más la investigación pública al servicio de las necesidades de la acumulación de capital (y de las empresas en particular). En medio de la toma, en la reunión que mantuvimos los premios Houssay con las autoridades, nos dijeron de manera explícita que el proyecto era que cada investigador pudiera convertirse en un “emprendedor”. Esto es literal: así lo dijeron. La ideología del emprendedorismo es lo que está detrás de la política científica de este gobierno. Evidentemente es una visión ruinosa para cualquier horizonte de desarrollo científico que uno piense, así que, lamentablemente, imagino que seguirá habiendo conflictos en el futuro.

FT: La toma del MINCyT disparó un debate en el seno de la sociedad respecto de la utilidad o inutilidad del financiamiento público a la investigación científica, ¿qué reflexión te merecen las opiniones vertidas en esa polémica? ¿Qué concepto entendés que predomina en la sociedad respecto de la relevancia de financiar la investigación científica desde la esfera pública?

EA: Creo que hay una especie de sentido común de la clase política, compartido por una parte de la comunidad científica, según el cual la investigación es “útil” si contribuye al crecimiento de la economía, genera puestos de trabajo, etc. Este gobierno profundizó esa visión, pero hay que decir que es una visión que compartía Cristina Kirchner también. No es casual que el Ministro de CyT haya continuado. Tiene razón Barañao cuando dice que lo que él está haciendo, su orientación, es la que Cristina Kirchner aprobaba entusiasta anteriormente. Me refiero a la orientación de la inversión, no al recorte presupuestario. Lamentablemente ese sentido común también es dominante en la población en general, me temo, incluso entre los que no son hostiles al CONICET o particularmente de derecha.

La idea  de que la ciencia debe orientarse al crecimiento económico y a las necesidades de las empresas es una visión evidentemente ideologizada y empobrecedora. La ciencia puede contribuir a eso, pero su misión no puede agotarse allí. Hay veces en que la ciencia debe plantarse claramente en oposición a los intereses empresariales. Doy un ejemplo conocido: aumentar el uso de transgénicos es del interés de los empresarios rurales, de Monsanto y de los políticos que quieren ampliar sus arcas. Desde la visión científica de la conducción del MINCyT (la de tiempos kirchneristas y la actual), la ciencia debe contribuir a eso. Pero las evidencias científicas hacen cada vez más claro que ese tipo de actividad económica, organizada de esa manera, es ruinosa para la mayoría de la población en el mediano plazo. El modelo sojero actual nos envenena con glifosato, está generando una crisis sanitaria alarmante, empobrece los suelos, los hace más impermeables generando inundaciones, produce un despoblamiento del campo y pérdida de fuentes de trabajo. Una política de CyT seria estaría hoy invirtiendo en generar alternativas viables a este modelo. En cambio, la que tenemos se pone a su servicio. Tanto, como para haber no sólo marginado sino incluso atacado a los científicos que advirtieron por primera vez sobre los efectos del glifosato sobre la salud. Todos recordamos a Andrés Carrasco, que estuvo entre los primeros científicos del mundo en demostrar, sobre base empírica, que el glifosato es una calamidad. Hoy es algo que dice hasta la OMS. Carrasco debería ser un héroe nacional. Pero en cambio, cuando dio a publicidad sus descubrimientos de laboratorio, la plana mayor del MINCyT –con Barañao a la cabeza—salió a atacarlo y a tratar de desacreditarlo. Incluso intentaron someterlo a un tribunal de ética. Un absurdo. Esa es la consecuencia de orientar el desarrollo científico a las necesidades de las empresas, en lugar de pensar de manera más amplia en las necesidades de la sociedad.

Otro ejemplo es el de la formación de investigadores en geología. Desde una visión como la actual, es bueno que los geólogos colaboren con las empresas mineras. Pero sucede que la minería a cielo abierto es otro desastre desde el punto de vista del bienestar de la población. Posiblemente genere divisas (ni siquiera eso está claro), pero a costa de un daño a mediano plazo, incluso estrictamente económico, que es tremendo. Hoy tenemos la situación, en nuestro país, que prácticamente no hay un solo geólogo que no esté trabajando para las empresas mineras transnacionales. Es decir: no hay profesionales que puedan hacer un estudio independiente del daño que están causando. Una política seria de CyT tendría que garantizar núcleos de investigación en geología que se mantengan independientes respecto de las empresas.

La inversión en CyT debería apuntar a la diversidad de necesidades que tiene una sociedad. Y puede que la ciencia esté llamada, por ejemplo, no a contribuir al crecimiento económico sino a advertir en contra del crecimiento económico. Es a esta altura evidente para cualquier persona honesta e informada que el planeta no tolera este ritmo de consumo de recursos naturales y de contaminación ambiental. La comunidad científica, en este escenario, debe colaborar en el diseño de otros modos de vida en común, que impliquen no aumentar sino disminuir el ritmo de crecimiento, incluso detenerlo o “decrecer”, si fuese necesario, como plantean hace tiempo muchas voces. La ciencia no puede seguir alentando y participando en este tipo de actividad económica inviable a mediano plazo.

Por otra parte, la sociedad tiene montones de necesidades que no son económicas. Es un error plantear que lo útil es lo que genera dinero, un error típico de esta sociedad unidimensional que es el capitalismo. Porque además, incluso pensando en una ciencia que sirva al crecimiento económico, es algo bien sabido que no existe investigación aplicada sin investigación de base. Y la investigación básica no orienta sus pesquisas pensando en alguna utilidad práctica. Buena parte de los descubrimientos y desarrollos de hecho se dan “por casualidad”, mientras uno busca entender o estudiar otra cosa. Se calcula que no menos del 30% de los descubrimientos científicos en las ciencias “duras” tienen ese origen. Quizás más.  Esas “casualidades” se vuelven más frecuentes a medida en que se acumulan más investigaciones, cuyos resultados permiten “atar cabos” y arribar a conocimiento nuevo. En ese sentido, no puede saberse de antemano qué investigación resultará “útil” (o dicho de otro modo, no existe indagación de la que pueda asegurarse que es “inútil”). La opción más razonable para la inversión en CyT es dejar que los investigadores orienten sus propias pesquisas (lo que no es obstáculo para que una porción menor del presupuesto se invierta en temas de demanda específica y orientados por el Estado, cosa que es legítima).

Lamentablemente, los políticos y periodistas que responden al gobierno actual no sólo no explican esto a la población, sino que se han dedicado a diseminar de manera artera e irresponsable la idea de que los investigadores derrochamos el dinero en investigaciones que no sirven para nada. Que lo hayan hecho marca la pobreza actual que tiene nuestra clase política.

FT: En el marco del debate sobre la utilidad de la investigación, las ciencias sociales y las humanidades han sido el blanco de los ataques más duros, llegando al punto de negarles de plano todo tipo de relevancia social. ¿Cuál es tu opinión, en tanto investigador en historia?

EA: Efectivamente las ciencias sociales, y las humanidades, fuimos víctimas de una campaña brutal de difamación.  Especialmente los que nos dedicamos a disciplinas humanísticas fuimos caricaturizados en los medios y en las redes sociales como personas incapaces, dedicadas a malgastar fondos públicos en indagaciones que no sirven para nada. Hoy sabemos que parte de ese ataque fue políticamente orquestado, con trolls pagos por alguien (evidentemente el gobierno). Pero no es algo que fuera del todo nuevo. El propio ministro Barañao acumula ya una cantidad de declaraciones, antes y después de la toma del MINCyT, contra las humanidades. Varias veces ha dicho que lo que hacemos no tiene ningún valor y, recientemente, llegó a afirmar que el sistema de CyT no debería financiar en absoluto, por caso, la investigación en historia medieval. Es una afirmación de un nivel de brutalidad pasmoso: todos los países desarrollados (y los menos desarrollados también) financian investigación en todo el abanico de las humanidades. Es evidente que Barañao no tiene la menor idea de cómo funciona la investigación en nuestra área a nivel internacional ni le interesa averiguarlo. Se mueve desde el más absoluto prejuicio.

Lamentablemente el CONICET, avalando esta orientación que propone el MINCyT, acaba de implementar un cambio brutal en la modalidad de financiamiento, al poner la mitad de los recursos en áreas supuestamente estratégicas, que serán evaluados por una comisión ad hoc. Esto supone no sólo niveles de posible arbitrariedad en las evaluaciones mucho mayores, sino que las humanidades van a ver de hecho recortados sus recursos de manera drástica. Es el mayor ataque a nuestras disciplinas que hemos visto desde que se reactivó el CONICET en los años ’90.

Hay que decir, sin embargo, que los ataques que venimos recibiendo no provienen sólo de la ignorancia o de la necesidad de justificar el recorte que este gobierno viene haciendo. Hay un motivo ideológico más profundo. Existe una relación intrínseca entre esa campaña de desprestigio y la ideología del emprendedorismo que profesan tanto el PRO como las máximas autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El culto al optimismo emprendedor está estrechamente vinculado con los llamamientos que vienen haciendo figuras del gobierno a olvidar el pasado para orientarse (supuestamente) hacia el futuro y también con la insólita arremetida contra el “pensamiento crítico” que ensayaron algunas figuras del PRO, como Alejandro Rozitchner o Marcos Peña, que dijeron directamente que “el pensamiento crítico es un valor negativo”, por lo que las escuelas públicas deberían evitar estimularlo. Rozitchner propuso a cambio que a los estudiantes se les enseñe “el entusiasmo” y “las ganas de avanzar y de crecer”. Desde su visión, los adolescentes deben ser “felices, capaces y productivos”, para lo cual es mejor erradicar “el hábito de la queja, el descontento y la insatisfacción”. El “conformismo” debería reivindicarse como expresión de un verdadero “amor por lo real”. Parece broma pero son afirmaciones textuales de Rozitchner.

La sospecha frente a la capacidad de cuestionamiento de la realidad es la marca de nacimiento de todo autoritarismo. Esta vez no se manifiesta como en tiempos pasados, con bastones largos para los académicos o prisión para los intelectuales. Pero se lo reconoce tras la campaña de desprestigio a la que los voceros oficiosos del PRO han sometido a los investigadores y también a las universidades públicas, a las que se buscó asociar con la corrupción kirchnerista, al punto tal de promoverse una denuncia judicial colectiva contra 52 de ellas, basada en la nada misma, que sin embargo motivó los oportunos titulares en los diarios y en la TV. El Consejo Interuniversitario Nacional, debe recordarse, debió salir a advertir que se trataba de “una agresión a la identidad misma de la universidad pública”. Y los rectores no se equivocaban: los valores que encarnan las universidades –su pluralidad, su vocación crítica, su meritocracia real asociada al compromiso con la igualdad y con las necesidades de la sociedad– son ciertamente un obstáculo frente al “cambio cultural” al que aspira el macrismo. Nuestras universidades públicas no se contentan con ser incubadoras de optimismo emprendedor y de planes de negocios. Obviamente los que hacemos humanidades tampoco: no podríamos ser emprendedores ni aunque quisiésemos. Pero me atrevo a imaginar que la mayor parte de los científicos de las ciencias duras tampoco se sienten a gusto con esta especie de optimismo de Estado compulsivo que se quiere imponer como alternativa al pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay ciencia: hay Lyssenkoísmo, sólo que esta vez liberal en vez de soviético.

FT: Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo.

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