“El arte del acuerdo”: género y sexualidades en cien días de Cambiemos

Por María Alicia Gutiérrez[1]

La nueva etapa que se inicia en Argentina el 10 de diciembre de 2015 marca un punto de inflexión en el recorrido de los últimos años del siglo XXI. Esta situación, que es de suma evidencia en nuestro país, se inserta en un proceso global de crisis sistémica y en un punto de agotamiento de las estrategias instrumentadas en América Latina. Son múltiples los análisis que intentan dar cuenta de dicha situación, pero consideramos que hay una clave que es indiscutible: un retorno ( ¿alguna vez se fueron?) de las estructuras y las estrategias del neoliberalismo más duro que ha configurado como punta de lanza el experimento argentino. Valdría recordar que este proceso se inicia en nuestro país con la dictadura militar instaurada en 1976, que tiene un corte institucional con la transición democrática en 1983 liderada por Raul Alfonsin de la UCR y que se reestablece en la gestiones subsiguientes de Carlos Menem, quien inaugura un formato de aplicación de las recetas del Consenso de Washington por vías de elección democrática. Fue necesario hacer uso de una ficción (post proceso inflacionario de 1989) de revolución productiva bajo la admonición de “Siganme, no los voy a defraudar”

¿Cuál era el sentido del sintagma de la campaña electoral instrumentada por Carlos Menem? ¿Una mejor calidad de vida? No parece haber sido lo que sucedió luego de un proceso rapaz de privatizaciones, achicamiento del Estado y niveles altísimos de desempleo. ¿Restaurar un orden que la transición de Alfonsín intento ( sin éxito) suspender por un momento? Esto parece más posible y entonces “no los voy a defraudar” era una directriz para los sectores dominantes. Este proceso que remata en el gobierno de la Alianza y la crisis del 2001, da lugar a una nueva recomposición liderada por Duhalde (luego de la crisis institucional de cinco presidentes consecutivos), quien llama a elecciones. Así se inaugura la llamada era “kirchnerista” en el 2003 con Néstor Kirchner. Corrían vientos favorables en la región para poner en cuestionamiento la destrucción de las estrategias neoliberales: Venezuela y Brasil ya lideraban procesos de recuperación de los sectores populares con políticas públicas de inclusión social. El contexto internacional, a su vez, con una balanza favorable a las commodities, permitían una holgura económica que desemboca en el proceso de desendeudamiento y un reordenamiento y ampliación del Estado. Estas políticas públicas llamadas de inclusión en casi todos los planos de la vida de lxs ciudadanxs, fue la plataforma de lanzamiento de una serie de derechos en el campo del género y las sexualidades. Sintetizaron y amplificaron una larga lucha de demandas de los movimientos sociales y populares, entre ellos los que peticionaban por condiciones igualitarias en una sociedad capitalista y patriarcal.

Las luchas por reivindicaciones de género en nuestro país se iniciaron mucho antes que en el 2003. Se reconocen en una larga trayectoria histórica pero con una presencia pública más potente desde la transición democrática, proceso que por otro lado es bastante similar en el resto de América Latina. Los derechos humanos en primer lugar, y a partir de allí las consideraciones de las demandas de las mujeres como derechos humanos básicos (salud, educación, trabajo entre otras), fueron hitos clave que tuvieron su inicio en la Subsecretaría de la Mujer liderada por Zita Montes de Oca en el periodo alfonsinista. Uno de los temas insignia fue la cuestión de la violencia que potentemente retoma la ley sobre violencia integral y la aparición del Ni una menos.

Las luchas de los ’90 se instalan en el seno del ajuste neoliberal y en consonancia con discusiones teóricas globales: piqueteras y la incipiente formación de los feminismos populares; los Encuentros Nacionales de Mujeres con una ampliación constante de la cantidad de participantes y los campos temáticos a debatir; las organizaciones LGBTI ( que se expresan en las marchas del orgullo) y las demandas específicas de estos colectivos; las conferencias internacionales de Naciones Unidas que ponen en el orden global el lugar de la diversidad y los derechos humanos (Gutiérrez, 2012). En esa etapa de pérdidas de derechos clave (como el trabajo), paradójicamente o no, se regulan algunos derechos de género sobre todo en la ampliación de potencialidades para las mujeres (Ley de cupo, Ley de divorcio, patria potestad compartida, entre otros). Es en la década del 2000 cuando se acentúan fuertemente las demandas en el encuentro con un Estado que fue permeable a las mismas. Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley de Violencia; parto respetado; violencia institucional; matrimonio igualitario; Ley de Identidad de Género; Educación Sexual Integral, entre otras de un espectro amplio que se enmarca en registros sobre género y sexualidad.

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Sin embargo, y en todo el recorrido histórico, existe una gran deuda pendiente que no pudo ser zanjada a pesar de una predisposición más abierta a los derechos de identidad y de respeto por la autonomía: el derecho al aborto. La conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en el año 2005 puso en evidencia la necesidad de la lucha para lograr la legalización (Gutiérrez, 2014). Supuso innumerables estrategias de acción, entre ellas, la presentación en diversas oportunidades de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que nunca fue debatida. El derecho inalienable de las mujeres para decidir con autonomía y libertad sobre su propio cuerpo no es compartido por innumerables actores. Mucho se ha estudiado sobre los grupos que hacían de su política pro vida una estrategia vital: Iglesia Católica, corporación médica, poder judicial y tantos otros. Sin embargo, y a 10 años de la existencia de la Campaña, queda en evidencia que no hubo voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos kirchneristas de que la ley fuera debatida en el Congreso. Una gran deuda pendiente que deja a las mujeres en estado de enorme indefensión frente a la embestida neoliberal.

Caracterizacion general de la nueva etapa.

A la luz del contexto detallado es evidente que Argentina porta un bagaje de legislación de avanzada en relación a las cuestiones de género y sexualidades. Por otro lado, ha sido de gran significación el incremento de los espacios de activismo sociosexual que se desarrollaron en los últimos años continuando, como decíamos al inicio, un histórico proceso. En la gestión kirchnerista que antecede durante tres períodos presidenciales a la actual administración, fue posible que una serie de leyes fueran sancionadas pero se reflejaron deficiencias en la implementación. Para todas estas demandas fueron clave las luchas cotidianas de las organizaciones, muchas de ellas en interlocución directa con el Estado y otras en sus espacios territoriales, partidarios o no. La constitución federal de nuestro país permite que, a pesar de las regulaciones nacionales, las provincias tengan autonomía para su implementación o no. Ello ha dificultado en grado sumo los avances logrados a nivel nacional.

En muchos ámbitos se articularon estrategias de implementación: creación de programas específicos con un fuerte énfasis en el acceso y el desarrollo de capacitaciones a agentes diversos. Ello es válido en el campo de la Salud, en Derechos Humanos, y en parte en Trabajo y Educación.

La nueva administración Cambiemos asume la gestión gubernamental el 10 de diciembre de 2015, luego de una reñida campaña electoral que se definió por ballotage entre el candidato de Cambiemos Mauricio Macri y el del Frente parea la Victoria, Daniel Scioli. Se impuso Macri por 51% a 49%. Como se puede apreciar, la diferencia es mínima pero no la importancia real y simbólica de haber ganado en el orden nacional y en dos distritos significativos de la Nación: la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otras provincias importantes. La alianza es un conglomerado de partidos (el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, con apoyo del Partido Fe, el Partido Conservador Popular y el Partido Demócrata Progresista) que se unieron para enfrentar la contienda electoral en 2015 pero no es ni homogéneo ni tiene la misma raíz ideológica. Sin embargo, comparten en trazo grueso la aplicación de una contundente “restauración neoliberal”. Se podría caracterizar a la actual gestión como una alianza liderada por el PRO que detenta haber gestionado la Ciudad de Buenos Aires en dos períodos previos, con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y Horacio Rodriguez Larreta en la actual gestión . Es un hecho de relevancia la particularidad que por primera vez acceden al poder grupos de sectores dominantes por la vía electoral y en una conformación política novedosa tanto en su constitución como en sus propuestas, que podríamos caracterizar como de “nueva derecha”. Las consignas que propuso en campaña dan una muestra del vacío de contenido político, renegando de la política, que caló en un sector importante de la sociedad. Los ejes más significativos de la gestión se centran en tres puntos: pobreza 0, lucha contra el narcotráfico, seguridad y la unión de los argentinos. Esas tres propuestas se expresan en una política económica que tiene por objetivo “ poner en marcha una política de “ajuste económico” que implica un salto significativo en el ritmo inflacionario que está generando una reducción del nivel de actividad económica y una reversión de la participación de los asalariados en el ingreso” detentado por una gestión que se constituye con CEOS de empresas ligadas a las actividades económicas más importantes y al capital internacional( CIFRA/CTA, FLACSO, 2016, p.2).

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Se inicia con una gestión (palabra clave de Macri por oposición a política) de gobierno poco promisoria para la democracia: Decretos de Necesidad y Urgencia que destituían todos los aparatos articulados alrededor de legislaciones diversas y la estrategia de negociación con los holdouts para, en sus palabras: “instalar al país en el mundo y proveer las condiciones favorables para la inversión”. En un análisis de gestión a los 100 días de su asunción, el Presidente Macri planteó: “Argentina volvió al mundo”. Esta propuesta (que fue convalidada por Ley en la Cámara de Diputados y Senadores en marzo de 2016) supone el endeudamiento del país a niveles altísimos. Poner “la casa en orden” implica, además, la disminución del gasto público que se refleja en la reestructuración y/o cierre de programas en diversos ministerios públicos y especialmente con despidos masivos en las diferentes reparticiones. O sea, el desempleo público (que se replica en el campo privado) como disciplinador del nuevo orden del capital.

Es en este contexto de contracción económica y endeudamiento que debemos analizar las estrategias en relación al género y las sexualidades.

Estos temas, que siempre son soslayados, adquieren una visibilidad menor en los contextos de crisis económicas. Esto lo demostró Cambiemos desde su plataforma electoral y su campaña donde no hubo menciones a estas cuestiones. Es decir, en los ejes centrales de la campaña no aparecen las preocupaciones por los derechos de las mujeres ni de los colectivos de la diversidad sexual.

Resulta sumamente dificultoso en la actual coyuntura hacer un análisis preciso de la situación particular de los programas referidos a géneros y sexualidades, especialmente porque están diseminados en diversas reparticiones públicas. Tomaremos como “caso” la situación de los derechos sexuales y reproductivos que se expresan en el espacio del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y en otras instituciones que no registraremos en este artículo.

Para ello partimos de entender a los derechos sexuales y reproductivos como un conjunto que para su ejercicio requieren de titularidades y que son inescindibles de otros derechos que hacen al bienestar de la población. En el primer caso supone sujetos posicionados en su condición de ciudadanía para poder demandar, y en el segundo la existencia y el pleno ejercicio de una innumerable cantidad de derechos sin los cuales los derechos sexuales y reproductivos son continentes vaciados de contenido (salud, educación, trabajo, vivienda, respeto y no discriminación entre otros) (Correa y Petchesky, 1994).

En ese sentido y en atención a lo anteriormente descripto, tenemos un presupuesto (a corroborar en el desarrollo de la gestión) que con las políticas económicas implementadas por Cambiemos será dificultoso que los derechos sexuales y reproductivos puedan ser ejercidos y amplificados para el conjunto de la ciudadanía. Más bien, se avizora un destino poco promisorio incluso con los derechos ya adquiridos. Coincidimos con el argumento de Alejandra Sarda (2016) de que los programas que requieran presupuesto en su implementación serán los más afectados con las nuevas políticas en tanto aquellos que no posiblemente sigan en vigencia. En esa línea vamos a desarrollar las acciones ejecutadas en el ámbito estatal y en algunos programas que consideramos de gran relevancia en relación a géneros y sexualidades.

Reorganización ministerial:

Ministerio de Salud

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable pertenece al ámbito del Ministerio de Salud y fue creado a instancias de la Ley 25673/2003 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tiene como misión promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social, temas difíciles de imaginar en el escenario antes descripto . Luego de un tiempo de vacancia fueron designadas la Dra. Silvia Oizerovich y la Dra. Gabriela Perrotta, quienes estuvieron al frente del programa de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión Pro. En un primer momento se produce una situación de impasse y desconcierto: luego de un desconocimiento inicial sobre su continuidad, se produjeron las primeras licitaciones para la distribución de insumos a los efectores públicos. En la actualidad varios de ellxs declaran tener provisión. Se produjeron despidos de trabajadorxs que luego fueron reincorporados bajo la presión de una lucha consistente de los gremios involucrados. En ese sentido, el programa continua con su misma estructura (insumos, capacitación, diversidad sexual y comunicación) y lentamente se va poniendo en acción. El tema del aborto no está incluído en el mismo. Sin embargo en la gestión de la coordinadora Dra. Adriana Alvarez se logró reactualizar el Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) que fue subido a la página ministerial (de muy difícil acceso) y que debía ser refrendado por las provincias. En muchas de ellas no fue acatado y sigue sin estar en vigencia. No hay planteada desde la nueva gestión ninguna estrategia ni acción en relación a este tema. Es importante destacar que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ha formulado un nuevo proyecto de ley que será nuevamente presentado ante las cámaras en el transcurso del año 2016. No tenemos referencias para avizorar su futuro.

Adecuación de la Ley de Identidad de Género: suscribiendo al lineamiento general de Sarda (2016), consideramos que la vigencia del programa será en la medida que no suponga erogación presupuestaria, lo que tiene que ver con las cuestiones de salud tipificadas en la ley. Por lo demás, es una ley que en su implementación (el acceso a la identidad autopercibida) no supone una gran erogación de recursos y suponemos no será afectada por cambios sustantivos.

Ministerio de Desarrollo Social

Consejo Nacional de la Mujer

Fue designada como presidenta Fabiana Tuñez, feminista de larga trayectoria al frente de la ONG Casa del Encuentro, con reconocida experiencia en el tema de violencia. La presidenta inició su gestión con una convocatoria a mujeres feministas, donde planteó las estrategias del programa en el presente año. Su lineamiento se centró en enfocar las acciones y el presupuesto al tema violencia. Su designación, no sin reticencias por parte de sectores feministas, abre una ventana de oportunidades que aún no se puede prever su desarrollo. De todos modos queda planteado el interrogante acerca de la posibilidad de desplegar su programa en un contexto de cercenamiento de derechos y puesta en cuestión de los derechos humanos.

El Consejo es el órgano de aplicación de la Ley 26.48 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de marzo   de 2009 y promulgada el 1 de abril de 2009. De las importantes falencias de la gestión anterior dio cuenta la convocatoria Ni una menos, que se expresó con una significativa marcha el 3 de junio de 2015 en la Plaza del Congreso en CABA y en los principales centros del resto del país (Rodriguez, 2015).

El instrumento utilizado es el Observatorio Nacional de Violencias contra las mujeres que está conformado por un importante equipo de profesionales en el tema con perspectiva de género y derechos humanos. Este equipo viene de la gestión anterior y ha sido reconfirmado, hasta el presente, en su totalidad en el cumplimiento de sus funciones. Un recurso clave es la Línea telefónica Nacional 144 que “está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. Esta línea responde a la obligación de garantizar, como Estado Nacional, una respuesta integral y articulada sobre la violencia de género.” Los informes presentados en enero y febrero dan cuenta de las actividades desarrolladas.

Por el momento las acciones del Consejo están focalizadas en este tema y no se registran acciones en otros campos de importancia para las mujeres.

Para tomar como referencia a la gestión del PRO en la CABA (sin que ello suponga necesariamente igual estrategia a nivel nacional) se ha informado que las Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva instaladas en Villa Piletones y Villa Lugano no están funcionando. La tercera, localizada en la Zona de Recoleta, a la fecha no tuvo modificación de horarios, personal ni recursos. Las Consejerías funcionan por fuera de los Hospitales y Centros de Salud (CESAC), brindan asesoramiento sobre anticonceptivos, test de embarazos, y consejería pre y post aborto. Las consejerías radicadas en las villas tenían un caudal de pacientes significativo que queda sin atención. Esos espacios, además, llevaran el nombre de Casas de la Juventud con otro perfil, otras acciones y con otros grupos etareos. Se argumentó recorte presupuestario y en algunos casos la desobediencia de algunxs profesionales para cumplir con las nuevas directivas del programa. Esta medida claramente afecta a los sectores más vulnerables que como es sabido, teórica y políticamente, son quienes tienen más dificultad de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

En relación a la temática del aborto, la gestión de CABA implemento la Resolución 1252 en 2012 sobre el acceso a abortos no punibles, solicitando requisitos que el propio Art.86 del Codigo Penal no tipifica, entre otros la existencia de un equipo multidisciplinario cuando se solicita un ANP; el aval del director del hospital; límite gestacional de 12 semanas; y autorización paterna en el caso de menores de edad. Todos estos requerimientos funcionan de hecho como barrera al acceso. Un conjunto de organizaciones ADC, CELS, ELA y REDI presentaron un amparo colectivo ante la justicia que siguió varias instancias y que en este momento, luego de un revocamiento de Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, las organizaciones presentaron un recurso de inconstitucionalidad que aún no tiene dictamen. Estas acciones intentan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y jóvenes bajo el marco de los derechos humanos. Estos son dos ejemplos de antecedentes de gestión en el orden local pero que nos obligan a estar alertas sobre posibles estrategias en el orden nacional..

Programa Familia Argentina – Diversidad Sexual

Este programa que fue gestado en la gestión anterior tiene como objetivos promover

el acceso a la igualdad de oportunidades de las poblaciones LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), que históricamente han sido relegados.Con las leyes de Matrimonio Igualitario Nº 26.618 y de Identidad de Género Nº 26.743 (promulgadas en 2010 y 2012, respectivamente), junto al Decreto Nº1006/2012 de Reconocimiento Igualitario, fortalecemos conquistas sociales que tienen como horizonte equiparar derechos y mejorar las condiciones de vida de todos los argentinos.

Las fuentes oficiales de información, página web del Ministerio correspondiente, no registran información asi como tampoco informes de actividades.

Programa Argentina Organiza Área de Jovenes

Este programa fue generado en la gestión anterior. Actualmente se encuentra al frente del mismo como Subsecretario de Juventud Pedro Robledo, el joven homosexual que padeció una situación de discriminación y maltrato y fue recibido por la Presidenta Cristina Fernández. En una entrevista al Diario La Nación planteo las líneas generales de su gestión: “Vamos a convocar a todos los representantes de las juventudes políticas, para que con opiniones diversas podamos hacer cosas que sirvan para nuestra generación. Vamos a impulsar todavía con más fuerza la educación sexual, el conocimiento sobre las adicciones y ayudar a recuperar a los adictos, entre muchos otros temas que junto a la Ministra Stanley vamos a poder desarrollar”.

Hasta el presente se conoce que mantuvo reuniones con representantes de ONG que se dedican a cuestiones referidas a los jóvenes en diferentes temas. Ello tendría que ver con uno de los postulados del programa que plantea como uno de sus ejes centrales el ejercicio del voluntariado. Por otro lado, los temas referidos a derechos sexuales y reproductivos se encuentran en el desarrollo del Programa Chau Tabu y están programando la creación de Casas Futuras, espacios para desarrollar encuentros, charlas, debates sobre temas relacionados con juventud, cursos, oficios etc. El programa envía frente a una solicitud sus profesionales o funciona de nexo para el desarrollo de la actividad. No se registra información sobre los temas a desarrollar. El tema de las adicciones según declaraciones del subsecretario en una reunión del Consejo Federal de Juventud, será un eje central dado lo que afecta a los jóvenes sin distinción de género o clase social. El otro eje será la formulación de políticas públicas a nivel federal.

Para seguir pensando

Resulta sumamente complejo hacer un análisis certero sobre las acciones estatales en relación a géneros y sexualidades. Varias cuestiones se conjugan para ello: en primer lugar, un tiempo de gestión que se define como “ de aterrizaje” y conocimiento del espacio; en segundo lugar, la carencia de un programa y/o definición de estrategias en relación a los temas que nos convocan; y por último, los reacomodamientos al interior de los espacios estatales que no están exentos de entredichos y disputas de poder en el propio elenco gobernante, lo que dificulta aún mas visualizar la continuidad o no de los lineamientos programáticos. Todo esto en el marco de una acción política que varía permanentemente y que gestiona, día a día, con enorme celeridad cambios sustantivos.

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En el presente artículo intentamos poner en línea algunos de los programas que nos parecen relevantes. No se nos escapa la limitación enorme de este análisis que deja por fuera espacios sumamente relevantes en lo que hace a géneros y sexualidades, y específicamente a derechos sexuales y reproductivos. Entre otros, es muy importante el desarrollo de la ESI (Educación Sexual Integral) que es obligatoria por Ley 26.150. La misma, sancionada el 4 de octubre del 2006 y promulgada el 23 del mismo mes y año, establece que

todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

El organismo de ejecución es el Ministerio de Educación. En la implementación de esta ley se pusieron en juego la elaboración de materiales de alta calidad y la capacitación de docentes a nivel federal. Sin embargo, ha sido registrada la dificultad de implementación en varios establecimientos así como en diferentes distritos del país que no refrendaron su aprobación. Este programa, crucial para la educación integral de las personas desde su inicio escolar hasta la finalización, se ha enfrentado con sectores poderosos de oposición que lidera la Iglesia Católica Argentina. En la conformación de Cambiemos, si bien se encuentra un partido con trayectoria de laicidad como la UCR, coexisten otros de corte conservador que estimamos no harán grandes esfuerzos para la continuidad de la implementación.

En otros organismos existen Programas como la inclusión laboral de jóvenes, mujeres y travestis que desconocemos su actual desarrollo. Es de público conocimiento la solicitud de organizaciones sociales para la inmediata implementación de la Ley “Diana Sacayán” Nº 14.783 de cupo laboral para travestis y trans promulgada el 21 de diciembre de 2015 en la Provincia de Buenos Aires .

En un contexto de desconcierto e incertidumbre, las organizaciones sociales de mujeres y diversidad sexual han desarrollado estrategias para enfrentar el embate dentro del marco de una demanda global contra el modelo neoliberal y un reforzamiento y plena vigencia de los derechos humanos.

Para finalizar, la propuesta neoliberal no conjuga con la inclusión de sujetos socio/sexuales/políticos, dado que no hay programa de ajuste estructural que pueda ser llevado a cabo sin exclusiones, recortes de presupuesto y recursos humanos para cualquiera de las políticas sociales y/o públicas. Por otro lado, hay un recrudecimiento de las posiciones conservadoras en relación a la moralidad, costumbres y sexualidad lo que no es propiciatorio para un mayor desarrollo de las políticas sobre géneros y sexualidades. La elección de un Papa argentino no ha sido promisoria para estos temas, especialmente por el intento denodado tanto de la gestión kirchnerista como de la actual (con menos suerte hasta ahora) de un acercamiento. Conocemos desde la gestión menemista que las presiones de la Iglesia Católica para combatir la pobreza (y en este sentido Francisco batalla en esta línea) se negocian con los derechos sexuales y reproductivos, y con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y las diferentes expresiones de la diversidad sexual.

La situación descripta y las políticas económicas trazadas (de gran impacto en el incremento de la pobreza y el desempleo) han generado en Argentina una resistencia social significativa. Ello en el marco de una protesta generalizada contra el modelo impuesto en los últimos casi cuatro meses. En ese sentido, frente a la crisis y las resistencias ( con legislaciones y acciones que apuntan a la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo) podríamos imaginar como posible (en el terreno de las especulaciones) la apertura de una ventana de oportunidades para cuestiones de géneros y sexualidades que resultan irrelevantes a la mirada de los decisores políticos. Podrían ser (como en otros momentos históricos) una carta de cambio en una jugada estratégica para congraciarse con algún sector político imprescindible para cuestiones más relevantes y a su vez instalan al país en la senda de la “modernización”.

Todo ello en la línea que lucidamente refiere Alejandra Sarda: “las políticas que no implican gastos para el Estado y que gozan de consenso social no corren peligro en la administración PRO. Un caso claro es el matrimonio igualitario, que además genera negocios y le da al país la reputación de «moderno», significante que el PRO insiste en asociar con su práctica política” (Sarda, 2016, p.4).

El arte del acuerdo, uno de los slogans de campaña de Cambiemos y principio presentado por el Presidente Macri en su discurso de asunción, no parece guiar precisamente las acciones de estos escasos pero intensos días de gobierno, donde la “espiritualidad” queda enterrada como cajitas de cristal, tras la ola de ajustes, endeudamiento, desempleo, tarifazo y tanto más que aún nos aguarda.

Bibliografía

CIFRA/ CTA y FLACSO (2016) La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos, Documento de Trabajo Nª 15, Buenos Aires.

Correa S. y Petchesky, R., 1994. “Reproductive and Sexual Rights: A Feminist Perspective” en Sen G., Germain, A. y Lincoln C. C. (eds.) Population Policies Reconsidered. Health, Empowerment, and Rights, Harvard University Press, Boston.

Gutiérrez María Alicia Cuerpo y autonomía en las demandas por el aborto legal, seguro y gratuito, ponencia presentada en el I Congreso internacional sobre diversidad sexual en Iberoamérica. Universidad Pedro de Olavide, Sevilla, España, 5/7 de julio de 2012.

Gutiérrez María Alicia Conferencista invitada en el Congreso Internacional de Ciencias Políticas (IPSA/ASIP) en el Panel El Aborto en América Latina, con la ponencia: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina”, Montreal, Canadá, 24 de julio 2014.

Rodriguez Paula (2015) Ni una menos, Buenos Aires, Editorial Planeta.

Sarda – Chandiramani Alejandra (2016) Seamos diversxs pero dóciles: llego “la revolución de la alegría”. Algunas reflexiones sobre la política sexual del gobierno argentino, Akahata, Buenos Aires, mimeo.

Vommaro G., Bellotti, A., Morresi, S. (2015) Mundo Pro. Anatomía de un partido fabricado para ganar, Buenos Aires, Editorial Planeta.

[1] María Alicia Gutiérrez es socióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ex coordinadora del Grupo de Género de Clacso (2001-2004). Coordinadora del Área de Investigación del servicio de Adolescencia del Hospital Cosme Argerich. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos. E-mail: mariagut@gmail.com

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