Dossier N° 4: “De teólogos y cenicientas. La investigación social frente al ajuste”


El sistema científico de la Argentina atravesó un proceso de crecimiento en la última década y media. Éste implicó la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero supuso también la amplificación de una serie de tensiones. Por un lado, fue un eje de controversia el direccionamiento del modelo científico: ¿a dónde conducía el conocimiento producido en el sector? ¿En función de qué proyecto económico estaba direccionado, y bajo qué tipo de vínculo con las problemáticas y necesidades sociales? En definitiva, ¿cómo se debía vincular la ciencia con la política, la economía y la sociedad?

En ese marco, el funcionario que condujo el MINCyT desde su creación, Lino Barañao, se encargó de atizar las brasas de una aguda polémica histórica: ¿qué papel deben cumplir las ciencias sociales y humanidades? A pocos días de asumir en el cargo, realizaba declaraciones que pusieron en alerta a quienes formamos parte de esta área del conocimiento: “Es infundado pensar que [las ciencias sociales] son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas […]. A mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.

Por otra parte, en estos años han emergido con fuerza creciente un conjunto de conflictos en torno a las condiciones laborales de los/as becarios/as y a los criterios de evaluación e ingreso. Éstos dejaron como saldo formas de organización gremial que avanzaron en la identificación de los/as jóvenes/as investigadores/as como trabajadores/as. El énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos laborales de quienes conforman la base del sistema científico, los/as becarios/as. Se trata de jóvenes que durante 5 o 7 años se dedican con exclusividad y en condiciones de trabajo precarias a llevar adelante investigaciones doctorales y posdoctorales.

El triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 supuso quiebres y continuidades respecto de estos procesos. Por una parte, en lo referido a la orientación de la política científica. El redireccionamiento de los subsidios, el incremento relativo del peso de los “temas estratégicos” en las convocatorias y el enfático llamado a que los/as investigadores/as se vinculen con el “sector productivo” son actualmente ejes de discusión -y protesta- en la comunidad científica. La medida en que estos cambios son realmente novedosos o bien si su génesis se puede hallar en el propio Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado por el gobierno anterior) es aún un debate abierto.

Donde sí se ha encontrado mayor consenso entre el conjunto de los/as trabajadores/as del sistema científico ha sido en torno a la ruptura de la curva de crecimiento que venía experimentando el sector. Esto generó un conflicto de magnitud en todos los organismos, y en particular en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el mayor empleador de becarios/as doctorales y posdoctorales e investigadores/as de carrera del país. En esa institución, la publicación de los resultados del concurso 2015 para Carrera de Investigador Científico (CIC) dio cuenta de un recorte masivo en el ingreso de personal a planta permanente, desatando niveles de movilización inéditos. Más de 500 doctores/as cuyo ingreso a CIC había sido recomendado por las respectivas comisiones disciplinares -luego de un largo y exhaustivo proceso de evaluación- fueron excluidos/as aduciéndose restricciones presupuestarias, aunque pronto el gobierno reveló que se trataba de una voluntad política de achicamiento de un organismo “inviable”.

Tras una serie de movilizaciones en reclamo contra este ajuste, en diciembre pasado becarios/as e investigadores/as de todo el país tomamos el MINCyT y numerosas sedes provinciales del CONICET para reclamar la reincorporación de los cientos/as de expulsados/as. La ocupación pacífica del Ministerio se extendió durante cinco días, y en ese interín el conflicto fue cobrando relevancia en la agenda mediática. Frente a ello, el gobierno dejó atrás las promesas de campaña, que incluían un aumento del presupuesto para el área, y orquestó un burdo ataque contra investigadores/as a través de redes sociales, al que velozmente se sumaron algunos medios de comunicación. Los misiles eran teledirigidos: se concentraron (una vez más) en temas de investigación relativos a las ciencias sociales y a las humanidades. Dado que la gran mayoría de las críticas a esas investigaciones partieron de los títulos de ponencias y artículos, puede decirse que la principal base de operaciones del ataque fue la superficialidad y la ignorancia. Apelando al sentido común, se pretendió mostrar que el Estado, a través del CONICET -una de las instituciones científicas con mayor reconocimiento internacional- financia a una suerte de casta de privilegiados/as que se dedican a investigar temas y problemas aparentemente ridículos, sin relevancia social alguna.

Atendiendo a ello, el equipo editorial de Épocas definió acercar este número a más de veinte investigadores/as con el objetivo de que puedan dar a conocer, en primera persona, cuáles son los temas sobre los que trabajan y por qué sus indagaciones teóricas y empíricas resultan legítimas, útiles y necesarias para la vida social.

Se incluyen también tres artículos de mayor extensión en los que destacados/as investigadores/as reflexionan acerca de la relación entre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades y las características del hostigamiento al que han sido sometidas en el último tiempo. En ese sentido, Silvia Elizalde reflexiona sobre el carácter sexista de las acciones de descalificación, analizando su relación con las definiciones ideológicas sobre qué tópicos  merecen ser objeto de indagación científica. Por su parte, Alexandre Roig y Catalina Arango argumentan que la principal función (por contraposición a “utilidad”) de las ciencias sociales es la ampliación y multiplicación de los sentidos posibles. Sostienen que para realizar esa función es preciso que adopten una postura reflexiva sobre sus propias lógicas de autorización y que se articulen con otras comunidades de saber a partir de la noción de compromiso. Un ejercicio de este tipo es el que desarrolló la antropóloga Rosana Guber con los estudiantes del Centro Universitario de la cárcel de Villa Devoto en ocasión del aniversario de la Guerra de Malvinas (su tema de investigación), que es lo que da vida a su artículo.

Finalmente, el cuarto número de Épocas presenta también tres entrevistas a investigadores/as de trayectoria, dos argentinos y una inglesa, que se han desempeñado en distintos sistemas científicos. En dichos diálogos, Ezequiel Adamovsky, Lauren Rea y Víctor Goldgel no sólo brindan sus puntos de vista acerca del conflicto desatado en el sector científico argentino, sino que también nos cuentan aspectos significativos de sus trayectorias académicas que permiten pensar las características de nuestro sistema científico-académico en relación a lo que sucede en otros países. Es significativo el aporte de estos tres investigadores debido a que sus objetos de estudio -la revista Billiken, la marcha y el escudo peronistas, la moda a principios del siglo XIX- pueden parecer irrelevantes a simple vista, y son del tipo de los que fueron atacados en la campaña mediática de deslegitimación de las ciencias sociales y las humanidades. Los/as propios/as protagonistas -todos con brillantes carreras y reconocimiento científico internacional- desmontan esa operación y brindan herramientas para la batalla que tenemos por delante: explicarle a la sociedad cuál es la relevancia pública de nuestra labor.

 

Comité Editorial

Junio 2017

 

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