Dossier N° 4: “De teólogos y cenicientas. La investigación social frente al ajuste”


El sistema científico de la Argentina atravesó un proceso de crecimiento en la última década y media. Éste implicó la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero supuso también la amplificación de una serie de tensiones. Por un lado, fue un eje de controversia el direccionamiento del modelo científico: ¿a dónde conducía el conocimiento producido en el sector? ¿En función de qué proyecto económico estaba direccionado, y bajo qué tipo de vínculo con las problemáticas y necesidades sociales? En definitiva, ¿cómo se debía vincular la ciencia con la política, la economía y la sociedad?

En ese marco, el funcionario que condujo el MINCyT desde su creación, Lino Barañao, se encargó de atizar las brasas de una aguda polémica histórica: ¿qué papel deben cumplir las ciencias sociales y humanidades? A pocos días de asumir en el cargo, realizaba declaraciones que pusieron en alerta a quienes formamos parte de esta área del conocimiento: “Es infundado pensar que [las ciencias sociales] son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas […]. A mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.

Por otra parte, en estos años han emergido con fuerza creciente un conjunto de conflictos en torno a las condiciones laborales de los/as becarios/as y a los criterios de evaluación e ingreso. Éstos dejaron como saldo formas de organización gremial que avanzaron en la identificación de los/as jóvenes/as investigadores/as como trabajadores/as. El énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos laborales de quienes conforman la base del sistema científico, los/as becarios/as. Se trata de jóvenes que durante 5 o 7 años se dedican con exclusividad y en condiciones de trabajo precarias a llevar adelante investigaciones doctorales y posdoctorales.

El triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 supuso quiebres y continuidades respecto de estos procesos. Por una parte, en lo referido a la orientación de la política científica. El redireccionamiento de los subsidios, el incremento relativo del peso de los “temas estratégicos” en las convocatorias y el enfático llamado a que los/as investigadores/as se vinculen con el “sector productivo” son actualmente ejes de discusión -y protesta- en la comunidad científica. La medida en que estos cambios son realmente novedosos o bien si su génesis se puede hallar en el propio Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado por el gobierno anterior) es aún un debate abierto.

Donde sí se ha encontrado mayor consenso entre el conjunto de los/as trabajadores/as del sistema científico ha sido en torno a la ruptura de la curva de crecimiento que venía experimentando el sector. Esto generó un conflicto de magnitud en todos los organismos, y en particular en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el mayor empleador de becarios/as doctorales y posdoctorales e investigadores/as de carrera del país. En esa institución, la publicación de los resultados del concurso 2015 para Carrera de Investigador Científico (CIC) dio cuenta de un recorte masivo en el ingreso de personal a planta permanente, desatando niveles de movilización inéditos. Más de 500 doctores/as cuyo ingreso a CIC había sido recomendado por las respectivas comisiones disciplinares -luego de un largo y exhaustivo proceso de evaluación- fueron excluidos/as aduciéndose restricciones presupuestarias, aunque pronto el gobierno reveló que se trataba de una voluntad política de achicamiento de un organismo “inviable”.

Tras una serie de movilizaciones en reclamo contra este ajuste, en diciembre pasado becarios/as e investigadores/as de todo el país tomamos el MINCyT y numerosas sedes provinciales del CONICET para reclamar la reincorporación de los cientos/as de expulsados/as. La ocupación pacífica del Ministerio se extendió durante cinco días, y en ese interín el conflicto fue cobrando relevancia en la agenda mediática. Frente a ello, el gobierno dejó atrás las promesas de campaña, que incluían un aumento del presupuesto para el área, y orquestó un burdo ataque contra investigadores/as a través de redes sociales, al que velozmente se sumaron algunos medios de comunicación. Los misiles eran teledirigidos: se concentraron (una vez más) en temas de investigación relativos a las ciencias sociales y a las humanidades. Dado que la gran mayoría de las críticas a esas investigaciones partieron de los títulos de ponencias y artículos, puede decirse que la principal base de operaciones del ataque fue la superficialidad y la ignorancia. Apelando al sentido común, se pretendió mostrar que el Estado, a través del CONICET -una de las instituciones científicas con mayor reconocimiento internacional- financia a una suerte de casta de privilegiados/as que se dedican a investigar temas y problemas aparentemente ridículos, sin relevancia social alguna.

Atendiendo a ello, el equipo editorial de Épocas definió acercar este número a más de veinte investigadores/as con el objetivo de que puedan dar a conocer, en primera persona, cuáles son los temas sobre los que trabajan y por qué sus indagaciones teóricas y empíricas resultan legítimas, útiles y necesarias para la vida social.

Se incluyen también tres artículos de mayor extensión en los que destacados/as investigadores/as reflexionan acerca de la relación entre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades y las características del hostigamiento al que han sido sometidas en el último tiempo. En ese sentido, Silvia Elizalde reflexiona sobre el carácter sexista de las acciones de descalificación, analizando su relación con las definiciones ideológicas sobre qué tópicos  merecen ser objeto de indagación científica. Por su parte, Alexandre Roig y Catalina Arango argumentan que la principal función (por contraposición a “utilidad”) de las ciencias sociales es la ampliación y multiplicación de los sentidos posibles. Sostienen que para realizar esa función es preciso que adopten una postura reflexiva sobre sus propias lógicas de autorización y que se articulen con otras comunidades de saber a partir de la noción de compromiso. Un ejercicio de este tipo es el que desarrolló la antropóloga Rosana Guber con los estudiantes del Centro Universitario de la cárcel de Villa Devoto en ocasión del aniversario de la Guerra de Malvinas (su tema de investigación), que es lo que da vida a su artículo.

Finalmente, el cuarto número de Épocas presenta también tres entrevistas a investigadores/as de trayectoria, dos argentinos y una inglesa, que se han desempeñado en distintos sistemas científicos. En dichos diálogos, Ezequiel Adamovsky, Lauren Rea y Víctor Goldgel no sólo brindan sus puntos de vista acerca del conflicto desatado en el sector científico argentino, sino que también nos cuentan aspectos significativos de sus trayectorias académicas que permiten pensar las características de nuestro sistema científico-académico en relación a lo que sucede en otros países. Es significativo el aporte de estos tres investigadores debido a que sus objetos de estudio -la revista Billiken, la marcha y el escudo peronistas, la moda a principios del siglo XIX- pueden parecer irrelevantes a simple vista, y son del tipo de los que fueron atacados en la campaña mediática de deslegitimación de las ciencias sociales y las humanidades. Los/as propios/as protagonistas -todos con brillantes carreras y reconocimiento científico internacional- desmontan esa operación y brindan herramientas para la batalla que tenemos por delante: explicarle a la sociedad cuál es la relevancia pública de nuestra labor.

 

Comité Editorial

Junio 2017

 

DOSSIER Nº 4: “DE TEÓLOGOS Y CENICIENTAS. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL FRENTE AL AJUSTE”

El sistema científico de la Argentina atravesó un proceso de crecimiento en la última década y media. Éste implicó la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), pero supuso también la amplificación de una serie de tensiones. Por un lado, fue un eje de controversia el direccionamiento del modelo científico: ¿a dónde conducía el conocimiento producido en el sector? ¿En función de qué proyecto económico estaba direccionado, y bajo qué tipo de vínculo con las problemáticas y necesidades sociales? En definitiva, ¿cómo se debían vincular la ciencia y la política?

Por otro lado, el Ministro que condujo los primeros pasos del MINCyT, Lino Barañao, inauguró una aguda polémica que nunca fue clausurada: ¿qué papel cumplen y deben cumplir las ciencias sociales y humanidades? A pocos días de asumir su cargo, realizaba declaraciones que pusieron en alerta a quienes formamos parte de este área: “Es infundado pensar que [las ciencias sociales] son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas […]. A mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.

Por último, emergieron con creciente fuerza un conjunto de conflictos en torno a las condiciones laborales de los/as becarios/as y a los criterios de evaluación e ingreso. Éstos dejaron como saldo formas de organización gremial más o menos imperfectas (como toda organización social) que avanzaron en el reconocimiento de los/as jóvenes/as investigadores/as como trabajadores/as. El énfasis estuvo puesto en la ampliación de los derechos laborales de quienes conformaban la base del sistema científico, aquellos que durante 5 o 7 años se desempeñan como becarios/as en precariedad mientras completan sus estudios doctorales y posdoctorales.

El triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015 supuso quiebres y continuidades respecto de este proceso. Por una parte, en lo referido a la orientación de la política científica. El redireccionamiento de los subsidios, el incremento relativo del peso de los “temas estratégicos” en las convocatorias y el enfático llamado a que los/as investigadores/as se vinculen con el “sector productivo” son actualmente ejes de discusión -y protesta- en la comunidad científica. En qué medida estos cambios son realmente novedosos o bien si su génesis se puede hallar en el propio Plan Argentina Innovadora 2020 (elaborado por el gobierno anterior) son aún debates no saldados.

Donde sí se ha encontrado mayor consenso entre el conjunto de los/as trabajadores/as del sistema científico ha sido en torno a la ruptura de la curva de crecimiento que venía experimentando el sector. Esto generó un conflicto de magnitud en todos los organismos, y en particular en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el mayor empleador de becarios/as doctorales y posdoctorales e investigadores/as de carrera del país. En esa institución, la publicación de los resultados del concurso 2015 para Carrera de Investigador Científico (CIC) dio cuenta de un recorte masivo en el ingreso de personal a planta permanente, desatando niveles de movilización inéditos. Más de 500 doctores/as cuyo ingreso a CIC había sido recomendado por las respectivas comisiones disciplinares -luego de un largo y exhaustivo proceso de evaluación- fueron excluidos/as aduciéndose restricciones presupuestarias, aunque pronto el gobierno reveló que se trataba de una voluntad política de achicamiento del organismo.

Tras una serie de movilizaciones en reclamo contra este ajuste, en diciembre pasado becarios/as e investigadores/as de todo el país tomamos el MINCyT y numerosas sedes provinciales del CONICET para lograr la reincorporación de los cientos/as de expulsados/as. La ocupación pacífica del Ministerio se extendió durante cinco días, y en ese interín el conflicto fue cobrando relevancia en la agenda mediática. Frente a ello, el gobierno dejó atrás las promesas de campaña, que incluían un aumento del presupuesto para el área, y orquestó un burdo ataque contra investigadores/as a través de redes sociales, al que velozmente se sumaron algunos medios de comunicación. Los misiles eran teledirigidos: se concentraron (una vez más) en temas de investigación relativos a las ciencias sociales y a las humanidades. Dado que la gran mayoría de las críticas a esas investigaciones partieron de los títulos de ponencias y artículos, puede decirse que la principal base de operaciones del ataque fue la superficialidad y la ignorancia. Apelando al sentido común, se pretendió mostrar que el Estado, a través del CONICET -una de las instituciones científicas con mayor reconocimiento internacional- financiaba a una suerte de casta de privilegiados/as que se dedican a investigar temas y problemas aparentemente ridículos, sin relevancia social alguna.

Atendiendo a ello, el equipo editorial de Épocas definió acercar este número a más de veinte investigadores/as con el objetivo de que puedan dar a conocer, en primera persona, cuáles son los temas sobre los que trabajan y por qué sus indagaciones teóricas y empíricas resultan legítimas, útiles y necesarias para la vida social.

Se incluyen también tres artículos de mayor extensión en los que destacados/as investigadores/as reflexionan acerca de la relación entre la importancia de la investigación en ciencias sociales y humanidades y las características del hostigamiento al que han sido sometidas en el último tiempo. En ese sentido, Silvia Elizalde reflexiona sobre las implicancias que las acciones de descalificación, imbuidas de un fuerte carácter sexista, tienen en relación con la producción de definiciones ideológicas acerca de la relevancia social de ciertos tópicos como objetos de indagación científica. Por su parte, Alexandre Roig y Catalina Arango argumentan que la principal función (por contraposición a “utilidad”) de las ciencias sociales es la ampliación y multiplicación de los sentidos posibles. Sostienen que para realizar esa función es preciso que adopten una postura reflexiva sobre sus propias lógicas de autorización y que se articulen con otras comunidades de saber a partir de la noción de compromiso. Un ejercicio de este tipo es el que desarrolló la antropóloga Rosana Guber con los estudiantes del Centro Universitario de la cárcel de Villa Devoto en ocasión del aniversario de la Guerra de Malvinas (su tema de investigación), que es lo que da vida a su artículo.

Finalmente, el cuarto número de Épocas presenta también tres entrevistas a investigadores/as de trayectoria, dos argentinos y una inglesa, que se han desempeñado en distintos sistemas científicos. En dichos diálogos, Ezequiel Adamovsky, Lauren Rea y Víctor Goldgel no sólo brindan sus puntos de vista acerca del conflicto desatado en el sector científico argentino, sino que también nos cuentan aspectos significativos de sus trayectorias académicas que permiten pensar las características de nuestro sistema científico-académico en relación a lo que sucede en otros países. Es significativo el aporte de estos tres investigadores debido a que sus objetos de estudio -la revista Billiken, la marcha y el escudo peronistas, la moda a principios del siglo XIX- pueden parecer irrelevantes a simple vista, y son del tipo de los que fueron atacados en la campaña mediática de deslegitimación de las ciencias sociales y las humanidades. Los/as propios/as protagonistas -todos con brillantes carreras y reconocimiento científico internacional- desmontan esa operación y brindan herramientas para esa batalla que tenemos por delante: explicar a quienes no son especialistas cuál es la relevancia social de nuestra labor.

 

Comité Editorial

Junio 2017

 

Dossier Nº 3: “Mundo del trabajo en tiempos de CEOcracia”

El 22 de noviembre se cumplirá un año de aquel balotaje en el que se impuso “el cambio”. Dos años antes nadie se animaba a pronosticar el triunfo de Macri, ya que Sergio Massa -flamante vencedor del FPV en las elecciones bonaerenses de 2013- parecía el señalado para suceder a Cristina Fernández, tanto por los votos como por los dueños del poder. Ya en los primeros meses de 2015, era Daniel Scioli quien aparecía como el mejor posicionado para captar el reclamo de “continuidad con cambios”, que arrojaban los estudios de opinión. Sin embargo, el exiguo resultado que obtuvo el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires en los comicios de primera vuelta mostró con nitidez que la victoria del candidato kirchnerista no podía darse por descontada.

El triunfo electoral de Mauricio Macri fue el resultado más regresivo posible, en un escenario de por sí conservador. Los candidatos así lo expresaban, incluido el moderadísimo Scioli, que mostró la disposición kirchnerista a depurar de cara a la nueva etapa los rasgos “populistas” endilgados por la oposición. A su vez, se leía en una coyuntura latinoamericana de tensiones y encrucijadas de los procesos y gobiernos populares al ritmo de la caída de los precios de la materias primas. Así, en el marco de una acentuada contraofensiva imperial, luego de varios años de vientos distintos, el país y la región comenzaron la transición hacia un ciclo distinto.

En el ámbito nacional, la ofensiva del capital contra el trabajo no tardó en desplegarse. Una drástica redistribución del ingreso hacia los sectores exportadores, vía la devaluación del peso y la reducción de retenciones, inauguró el periodo. Más de 200 mil puestos de trabajo perdidos entre el sector público y el privado y la tendencia a la baja del salario real -que a fin de año habrá perdido entre 6 y 7 puntos porcentuales- son la expresión más clara del programa económico de Cambiemos.

Sin embargo, la faena no es para nada sencilla. Macri debe ajustar la economía sin que lo haya precedido un descalabro económico como el de la hiperinflación de 1989, con su consiguiente efecto disciplinador sobre la fuerza de trabajo. Los sindicatos, movimientos sociales y organizaciones populares no vienen de derrotas decisivas, sino que, por el contrario, emergen de un ciclo en el que han acumulado tanto conquistas como recursos organizativos y militantes. Para colmo, el exiguo triunfo electoral estuvo muy lejos de plebiscitar un plan draconiano contra las clases populares.

Las dificultades del nuevo gobierno para implementar el ajuste buscado se expresan en los malabares que hace la alianza Cambiemos para responder a demandas cruzadas y necesidades contradictorias. Fue ungido con el mandato de operar un disciplinamiento duradero de la clase trabajadora y de expurgar los molestos residuos “populistas” del régimen político. Para ello necesita revalidar sus títulos electorales, y en Argentina nadie gana elecciones retrayendo el consumo y aplastando demandas. El establishment local y extranjero le exige señales claras y disposición combativa, pero al mismo tiempo espera la prueba electoral del 2017 para terminar de aportar su billetera.

Intentando responder a estos dilemas, el gobierno reguló tiempos y varió en sus tácticas. Comenzó con un contundente blitzkrieg pro-mercado, que a la citada transferencia de ingresos sumó la libre disponibilidad de divisas, el arreglo con los buitres y los despidos en la administración pública. También se cargó rápidamente algunos símbolos centrales del proceso previo, como la “ley de medios”, y desplegó un ataque discursivo de relevancia contra la “grasa militante” del Estado y el “negocio de los derechos humanos”. Asimismo, reorientó la política exterior hacia un alineamiento incondicional con los Estados Unidos y se puso a la cabeza de la operación de aislamiento internacional a Venezuela. El fallido tarifazo del gas, parado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en medio de un amplio descontento social, fue, a su vez, el momento más alto de esta avanzada y un punto de inflexión. Con parte del trabajo hecho, y habiendo dejado en claro su voluntad ajustadora, el gobierno pudo regular. Así, salió relativamente airoso, con un tarifazo apenas más modesto que el inicial y legitimado por una audiencia pública, y comenzó el segundo tramo del año con nuevos objetivos.

De allí en adelante, Macri atendió a la necesidad de ganar las elecciones del año que viene. Y no es para menos. No hay analista, político o empresario que no señale que el éxito del experimento PRO depende de ese plebiscito de gestión. El presupuesto 2017 nos dice algo bien claro: hecho el ajuste salarial, hay margen para que el ajuste fiscal se posponga un rato. También para anclar el dólar e intentar lograr una recuperación del consumo, ayudado por el impulso a la obra pública y un descomunal endeudamiento. Esto último se yergue como el clivaje central que le permite al gobierno postergar algunas batallas decisivas. Como reza la sabiduría popular: “pan para hoy, hambre para mañana”.

Aún con su dosis de gradualismo, Macri cierra su primer año de gestión dejando una sociedad más pobre y, sobre todo, más desigual. Resulta indiscutible el aumento de la pobreza -más allá del debate sobre el número preciso-, de la desocupación y de la brecha entre los ingresos de los que más y los que menos ganan. En este contexto, y con la economía en recesión, los ansiados “brotes verdes” -por ahora más un deseo que una realidad- le permiten al gobierno respirar con cierto alivio de cara al siempre temido diciembre. Termina entonces un año de ajuste con cierto consenso y expectativas de una parte significativa de la sociedad.

Ese crédito con el que cuenta Cambiemos ha convivido, durante estos meses, con una importante oposición callejera que se expresó en casi una decena de grandes movilizaciones de masas. Este síntoma de la vitalidad del movimiento popular al que aludimos más arriba da cuenta de que, por ahora, persisten correlaciones de fuerzas que no han logrado ser torcidas decisivamente por este gobierno. El conflicto está indudablemente asociado a los sinsabores de la coyuntura, pero también a una característica histórico-estructural: Argentina es, y lo siguió siendo a pesar de la última dictadura y el proyecto neoliberal, una sociedad fuertemente movilizada. El anquilosamiento de estructuras y el vaciamiento de instituciones en estas tierras tiene siempre como contraparte a la agitación callejera, el desborde, el tomar la palabra desde donde se pueda. Por eso, con una dirigencia sindical moderada en su andar no alcanza. Porque ahí nomás, a la vuelta de la esquina, emergen movimientos de características históricas y perspectivas sin techo evidente, como el #NiUnaMenos y el masivo paro de mujeres del 19 de octubre.

Esta sociedad movilizada es el obstáculo que el “verdadero” Cambiemos tendrá que superar. Sí, el “verdadero”. Porque a pesar de las medidas ya tomadas, de claro tinte pro-empresarial, a pesar del gabinete de los CEO, a pesar del tarifazo, este Macri es apenas un ensayo. El 2016 fue el ensayo general de una ofensiva contra las clases subalternas. La obra, con todo el decorado y los actores principales, podrá estrenarse recién a fines del 2017, si es que Macri logra plebiscitar su política en las elecciones de medio término. Mejora de la competitividad, reducción del “costo salarial”, aumento de la productividad y atracción de inversiones son algunas de las fórmulas que se esgrimen de cara a justificar una nueva reforma laboral flexibilizadora. Ése es el mandato histórico que los sectores más concentrados de las clases dominantes le han encomendado al gobierno, aunque dista mucho de las promesas de campaña y de las expectativas de sus votantes. Por ahora vimos apenas adelantos, como el acta acuerdo firmada recientemente por los petroleros, que promete atar los aumentos salariales a la productividad, la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo y el ataque a la “industria del juicio” y al fuero laboral.

Allí estará la batalla de fondo. No la de hoy ni la de mañana, porque las preocupaciones oficiales son más urgentes: rastrear, cual arqueólogos de la economía, algún signo de reactivación. Pero sin dudas, aquí reside la prueba de fuerzas fundamental con la que se verá el gobierno para cerrar la etapa previa y hacer del cambio algo más que un cambio de gobierno.

Entendiéndolo como uno de los epicentros de las disputas por venir, el Dossier Nº 3 de Épocas está dedicado al mundo del trabajo en un sentido amplio. Es decir, al abordaje de una multiplicidad de cuestiones vinculadas a las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. En ese sentido, las colaboraciones enviadas por un conjunto de destacados investigadores brindan análisis de diversas políticas tanto del actual gobierno como de su antecesor, buscando establecer líneas de continuidad y ruptura entre uno y otro. Se cuentan aportes sobre la tercerización laboral, la política de empleo público, el cupo laboral travesti/trans, la lucha de los trabajadores cartoneros y los cambios en la política previsional. De este modo, se pretende acercar al lector un panorama general que permita comprender los desafíos y las luchas por venir.

Comité Editorial

Noviembre de 2016

La ley de cupo laboral travesti/trans en la era de los despidos

Por Alma Fernández[1] y Lucía Fuster[1]

No cambiemos futuro por pasado

Esta noche estamos haciendo historia, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado.

María Eugenia Vidal, discurso brindado en el bunker electoral de Cambiemos tras conocerse los resultados parciales de los comicios del 25 de Octubre del 2015.

Sin querer pecar de psicoanalistas, este acto fallido nos dijo más de lo que queríamos escuchar  ¿A qué pasado se refirió entonces la recientemente electa gobernadora bonaerense? ¿Qué futuro estaba enterrando?

Escribimos este artículo frente a un escenario político en que el gobierno electo a nivel nacional está negociando su estabilidad y su forma de asentarse; tironeando con los diversos actores del campo social; buscando articulaciones que le afirmen un poco el terreno sobre qué alianzas hacer, bajo qué costos y con qué concesiones.

En este marco, la lucha por la reglamentación de la Ley 14783 (Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans “Diana Sacayán” de la Provincia de Buenos Aires) y por la sanción de una Ley Nacional, tiene que ser abordada en su complejidad. Es necesario que no sea una mera concesión en el terreno formal que eche por tierra las conquistas reales, como tampoco deslindar la lucha travesti del resto de las del campo popular.

La historia reciente de los movimientos socio sexuales en general y del movimiento travesti/trans en particular, pone de manifiesto que las relaciones de fuerza en Argentina han cambiado en lo que va del siglo XXI. La capacidad de instalar agenda y articular con otros sectores de la sociedad connota una posición política no sectorial. Es decir, las luchas no quedan reducidas a unas pequeñas conquistas marginales y puntualizadas en beneficios exclusivos para la población travesti y trans. La emergencia de movimientos socio sexuales dentro de las políticas partidarias expresan el contenido macro político de las mismas.

Ahora bien, es necesario entender que los movimientos y las organizaciones del colectivo TLGBIQ (Travestis, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersex y Queer) no son un constructo homogéneo y coherente, sino que en el interior de éste campo se enfrentan posturas políticas que implican altos niveles de tensión como en todo arco político. Este escenario de tensiones internas se vio agravado ante el cambio de gobierno que sucedió en Argentina el 10 de diciembre del 2015: ¿Cómo negociar con un gobierno que viene a recortar los derechos a nivel general?

La “era kirchnerista” con las muchas limitaciones que tuvo para realizar mayores avances en políticas públicas para el colectivo TLGBIQ, generó un amplio abanico de leyes inclusivas que posicionaron a Argentina en la vanguardia latinoamericana -y mundial- en lo que respecta a los derechos sexuales y de diversidad:

Hay un amplio, divergente y en algunos casos contradictorio marco de derechos sexuales LGBT constituido por leyes, resoluciones administrativas, programas sociales que siguen un enfoque de derechos, todo lo cual se fue construyendo durante estos años consagrando entramados que posibilitan políticas públicas en DDHH. Solo por mencionar algunas: las leyes nacionales de protección de los datos personales que refiere a la vida sexual como dato sensible (2000); de salud sexual y procreación responsable (2002); de modificación de la ley de matrimonio civil (2010); de salud mental (2011); de muerte digna (2012); de identidad de género (2012); de modificación del código penal al que matare por odio de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión (2012); de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (2013); en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley de cupo laboral trans (2015).[1]

Las leyes no fueron concesiones o simples activaciones desde quien fuera el oficialismo hasta diciembre del 2015, sino que a partir de la articulación estratégica de campos de sentidos, las luchas de los movimientos socio sexuales tuvieron la capacidad de instalar agenda y constituirse en actores de peso político.

Es por ello que consideramos que es necesario hacer un breve repaso sobre cuáles son las trayectorias que tienen los movimientos de travestis, transgénero y transexuales en Argentina desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, para poner de manifiesto el tejido sobre el cual se dieron las conquistas y cuáles son las herramientas construidas para seguir. Ya que las conquistas se dieron sobre la base de  luchas, fuertes desarrollos de inteligencias estratégicas y articulaciones con diversos actores políticos. Y sin duda, también, grandes cuadros políticos.

¿De dónde venimos?

La organización de las primeras travestis tuvo como clivaje constitutivo la violencia institucional que sufrían/mos las compañeras travestis y trans constantemente por parte de la policía (Cutuli; 2013, Fernández, 2004). La persistencia de los Edictos Policiales establecía una gran libertad de acción a la policía que criminalizaba las identidades travestis y trans, generando una permanente persecución. No sólo cuando estaban/mos en la calle en situación de prostitución, sino también cuando salían/mos por ejemplo, a hacer compras. “Andábamos siempre con una mantita en la cartera, porque cuando salías de tu casa no sabías cuándo ibas a volver” cuenta una compañera que vivió estas primeras experiencias organizativas.

Bajo este escenario, en los inicios de los ’90 comenzaron a gestarse las primeras organizaciones travestis, transexuales y transgénero. Primero, para luchar por la derogación de los Edictos Policiales; y  luego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luchar contra el Código de Convivencia Urbana, resultado de la presión de los “vecinos” luego de haberse sancionado la Constitución de la Ciudad que eliminaba los Edictos Policiales.

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En este apartado trabajaremos principalmente sobre lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, por dos razones. Por un lado, porque es centro de referencia nacional sobre las  pulseadas políticas, y por otro, por la convulsión social que existió en la disputa del espacio público y de las ciudadanías legítimas. ¿Quiénes acceden efectivamente a los derechos? Se distribuyen derechos según marginaciones cromáticas; zonas rojas para las travestis, (“ciudadanas de segunda”) versus espacios verdes vulnerados para los y las vecinos/as (Zambrini, 2012)

Las luchas sociales que existieron entre fines de los ’80 y principios de los ’90 dejaron un gran saldo organizativo. El primer grupo que se organizó fue la Asociación de Travestis Argentinas (ATA) en el año 1991, pero como consecuencia de tensiones internas esta asociación se dividió, quedando constituidas dos organizaciones más. OTTRA, Organización de Travestis y Transexuales de la República Argentina y ALITT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Fernández, 2004).

Las diferencias al interior de ATA, que devinieron en la escisión de la organización, se dieron en relación a si las travestis debían o no aceptar la práctica prostibular, y de ser así, bajo qué criterios defenderla. Según la investigación realizada por Josefina Fernández (2004), que retoma los testimonios de las referentes de cada una de estas organizaciones, las divisiones quedaron según las posturas respecto de la centralidad que debía dársele a la prostitución. Por un lado, emergió OTTRA, reclamando el reconocimiento de la prostitución como práctica efectiva y por ende, demandando el reconocimiento de los derechos laborales. ATA quedó más vinculada a la consecución de los derechos de forma progresiva, en alianza con el movimiento gay. Y ALITT buscó luchar por el reconocimiento de la identidad travesti, no circunscribiendo la lucha a la práctica o no práctica prostibular, sino luchando por la legitimidad de la identidad trava, en tanto tal.

Esta experiencia organizativa de los años ’90, que las/nos llevó a organizarnos y luchar contra muchos puntos nodales de poder, generó que las compañeras comenzaran a reconocerse como agentes políticos que debían luchar por sus derechos y comenzar a leer la realidad en clave política. El activismo se convirtió en una posibilidad -y en un salvavidas, según palabras de Lohana Berkins.

La lucha por la identidad travesti comenzó a tejer experiencias históricas que ahora podemos evaluar como parciales, pero que sentaron precedentes tanto locales como internacionales. En el 2003, tras haber sido victima de experiencias de discriminación respecto de su identidad de género a la hora de querer inscribirse en la carrera de Magisterio, Lohana Berkins llevó a cabo la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que extendió el reclamo a la Secretaría de Educación de la Ciudad -en ese momento a cargo de Daniel Filmus. La Secretaría de Educación se expidió a favor de la demandante y resolvió la “recomendación” a los establecimientos educativos de la Ciudad y dependencias de la Secretaría de Educación, que se garantice el respeto a la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales (Berkins y Fernández: 2005, 107).

En este mismo sentido, Amancay Diana Sacayán luchó por el reconocimiento de la identidad de género en el sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires. Ante las reiteradas situaciones de violencia sufridas tanto en el Hospital Paroissien (La Matanza) como en el Muñiz (CABA), Sacayán  -perteneciente al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación- y otras organizaciones lucharon por la sanción de la resolución 2359/07[2], que estableció -en el 2007- que en todas las instituciones sanitarias, las personas debían ser llamadas por su nombre de elección y no por aquel que figurara en la historia clínica. Este avance, que si bien era parcial mientras no existiera ley de identidad de género, sí generó modos de acción ejemplificatorios para luchar y conseguir derechos. Ante las muchas situaciones en las que la ciudadanía se ha visto amenazada, las organizaciones travestis han respondido exigiendo el efectivo cumplimiento de sus derechos.

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Muchos son los ejemplos de experiencias de luchas que el movimiento travesti nos enseñó: la lucha por la personería jurídica de ALITT, la experiencia de la primer revista latinoamericana travesti “El Teje”, la construcción del Primer Bachillerato Popular Travesti/Trans “Mocha Celis”, la Cooperativa de Trabajo “Nadia Echazú”, entre muchas otras experiencias que permitieron construir las condiciones de posibilidad para la sanción de la Ley de Identidad de Género.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el  9 de mayo del 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la interpretamos como un punto de llegada y un punto de partida para la conquista de los derechos. Es un gran paso dado por el movimiento travesti y trans en particular y un gran salto para la sociedad en su conjunto, ya que permite que como sociedad tengamos la herramienta legal para poder luchar y exigir por el derecho de existir.

Ahora bien, esta ley -sin dudas inmensa- necesita el desarrollo de leyes complementarias que la articulen y vuelvan efectiva. En este sentido, la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans es un paso para hacer efectiva la inclusión laboral y las posibilidades de construir historias biográficas que dejen de estar signadas por la expulsión, el maltrato y la violencia.

¿Dónde estamos? ¿Qué cambió con “Cambiemos”?

El 2016 nos encuentra ante un nuevo escenario. Con leyes que permiten luchar por la defensa de los derechos, pero ante una reconstitución neoliberal en la que la disputa por el campo de “lo diverso” puede articularse de formas muy disímiles, y es fundamental identificar los modos en los que se organiza la política de éste campo.

Los movimientos travestis, en su intensa trayectoria, han puesto de manifiesto que la cadena de vulneraciones se ha dado no sólo en la desigualdad a partir de la desvalorización de su identidad de género, sino también por su condición de clase. Esta dimensión no hay que perderla de vista ante un escenario de achicamiento de derechos sociales, despidos masivos y reforzamiento de las desigualdades de clase (Gutiérrez, 2016)

En octubre del 2015, el movimiento travesti y transexual sufrió un duro golpe. El travesticidio de Diana Sacayán, el cual está por cumplir su primer aniversario, fue un fuerte revés para un proceso de conquistas de derechos. La ley de Cupo Laboral Travesti/Trans, aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sólo unos días antes, quedó sin su madre fundadora. Asesinada. Sí, asesinada por travesti. Como queriendo disciplinar a un movimiento que surge con la fuerza de la urgencia.

Luego, en febrero del 2016, para continuar con los duros golpes que estamos recibiendo, muere Lohana Berkins. Como la llamaban, la “travestiarca” del colectivo.

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Dentro de este marco un nuevo escenario de organización emerge, con mucho dolor y tristeza, se rearticula el movimiento sin las referencias históricas, pero con mucha urgencia y potencia. La conformación de La Colectiva Lohana Berkins, la movilización de las organizaciones socio sexuales en las marchas del 24 de febrero o en la Marcha Federal del 2 de septiembre del corriente año, así como también el apoyo de los partidos políticos –aunque todavía tímidamente- en la Primera Marcha contra los Travesticidios, ponen de manifiesto la articulación de luchas que se está dando en una parte de los movimientos de la disidencia y en una parte del campo popular.

Esta rearticulación de fuerzas se dio a partir del diagnóstico de que la lucha de los movimientos socio sexuales no se puede escindir de un proceso de lucha frente a la reconstrucción de la política neoliberal. La reconstrucción de las relaciones de fuerzas a favor de la concentración de la riqueza estructura posibilidades diferenciales de acceder a la ciudadanía.

¿Por qué una Ley de Cupo Laboral?

La situación de las travestis y feminidades trans es aún más compleja que para las mujeres, ya que es más difícil que accedan al mercado de trabajo formal. Mayormente, sus biografías están atravesadas por una cadena de vulneraciones que comienza con la expulsión del hogar y de la escuela antes de los 15 años, y la prostitución se presenta como la única opción de salida laboral generalmente antes de los 16 años.

Ésta secuencia de violencias comienza a socavar los derechos humanos desde que son muy niñas. Sin construir “tipos ideales” que refuercen con violencia simbólica la construcción de estereotipos, sí podemos observar que es muy extendida la expulsión del sistema escolar a muy temprana edad. La asunción “social” de la identidad de género se da en un 85% en el período escolar (Berkins y Fernández; 2005), con lo cual es muy recurrente que a esa edad se de la “deserción” escolar, muchas veces acompañada también de la expulsión de los hogares de origen y la migración hacía ciudades capitales o centros urbanos. Colocamos entre comillas deserción, porque queremos resaltar la no elección de un proceso que hace que las travestis jóvenes dejen la escuela por sufrir violencia por parte de sus pares, directivos y docentes. Migrantes, desescolarizadas y menores, muchas de las travestis se enfrentan a la prostitución como única salida laboral. En la actualidad aparecen pequeñas tendencias que revierten estos procesos expulsivos, aún muy incipientes pero nada desestimables.

La Ley de Identidad de Género impulsó un cambio muy grande en la sociedad. Si bien persisten, y muy extendidamente, prácticas discriminatorias que atentan contra los derechos humanos, también observamos líneas de acción positivas que buscar articular dicha Ley con prácticas más cotidianas y concretas.

A partir de ésta matriz conceptual es que Diana Sacayán, incluso desde antes de sancionada la Ley de Identidad de Género, comenzó a militar por la necesidad de una Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans que permitiera la inclusión laboral de las compañeras.

La Ley 14.783, sancionada el 17 de septiembre del 2015, establece que el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires debe incorporar en su planta a personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 1%. También, destaca en su primer artículo la reserva de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.

El alcance de la aplicación de la Ley se extiende al Estado Provincial, a todos los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Ésta ley incluye a todas las personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no accedido al derecho de la ley N° 26.743. Es decir que el cambio registral en el DNI no es un requisito excluyente para acceder al puesto de trabajo.

La sanción de dicha Ley es un paso importantísimo para el ensamble legislativo que habilita y potencia el acceso efectivo a los derechos. Pero consideramos que es necesario poder ajustar un poco el lente para ver la letra chica de la misma que, actualmente y luego de mucha presión de la militancia, está en proceso de reglamentación.

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Las leyes son herramientas para conseguir derechos, pero también son utilizadas por aquellas personas que no las quieren cumplir. Es así que consideramos necesario establecer miramientos sobre las condiciones de idoneidad que establecerán la reglamentación de la ley y sobre los antecedentes penales.

Ajustando la lupa. ¿Bajo qué condiciones el cupo?

En estos momentos está en proceso de reglamentación la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans de la Provincia de Buenos Aires. Siendo ésta la única ley aprobada mas no reglamentada, consideramos que es necesario evaluar las condiciones sobre las cuales se reglamentará para poder hacerla realmente inclusiva y para que se pueda tomar de modelo para una futura Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti/Trans.

Dos cuestiones que consideramos necesario resaltar respecto esta Ley que tenemos como referencia: 1) Los requerimientos de idoneidad;  2) Los reparos sobre los antecedentes penales.

Es decir, consideramos que debemos ajustar la lupa sobre los requerimientos excluyentes de idoneidad, siempre y cuando esta idoneidad sólo remita a la terminalidad educativa de la formación obligatoria. Desde el año 2006, vía Ley Nacional de Educación, la educación obligatoria se extendió, siendo un derecho de los niños, niñas y adolescentes y una obligatoriedad del Estado garantizarla. Esta situación, como vimos anteriormente, tiene una situación muy particular dentro de la población travesti/trans. Es por ello que consideramos que no debe tener requerimientos de idoneidad excluyentes a partir de la finalización de los estudios secundarios, ya que eso generaría el reforzamiento de la expulsión.

De este modo, es necesario pensar en políticas sociales integrales que busquen generar acciones de discriminación positiva que habiliten el desarrollo de políticas focalizadas que acerquen al Estado allí donde nunca antes había llegado. Tal es la situación que puede pensarse a través de políticas públicas de terminalidad educativa o incentivos económicos para la formación laboral, dentro del marco del cupo laboral. Es decir, generar puestos de trabajo que incluyan la terminalidad educativa como parte de las condiciones de trabajo.

El desmantelamiento del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo de Nación es otra de las medidas que tomó el gobierno de Cambiemos y que generó que las compañeras travestis y trans que estaban tomando cursos de formación laboral (con un incentivo económico sumamente bajo) ahora ni siquiera tengan esa opción.

El otro factor a tener en cuenta, para que la letra chica de la Ley no refuerce las expulsiones, es la cuestión de los antecedentes penales. El miramiento sobre esta condición refiere a que muchas de las compañeras han sido víctimas del sistema policial, que a través de fuertes abusos de poder les han inventado causas penales, plantado droga, obligado a robar para ellos, o simplemente por no pagar la coima –que cumple las veces de la “caja chica” de la policía- les inventaban causas. Es reiterada esta situación en el relato de las compañeras, con una fuerte persistencia aún después de sancionada la Ley de Identidad de Género y con un recrudecimiento de la violencia institucional en lo que va del 2016.

El proceso de criminalizar las identidades de género que no se atienen al modelo heterocissexista es una práctica muy extendida en muchos espacios del mercado, de la sociedad civil y del Estado. Por eso interpretamos a ésta Ley como un espacio de disputa intra estatal, que busca generar procesos pedagógicos (obligatorios) sobre el resto del Estado y sobre el resto de la sociedad.

Lo que falta. #ReconocerEsReparar

Así como Diana Sacayán nos legó la Ley de Cupo Laboral Travesti/Trans, Lohana Berkins nos dejó como agenda política el proyecto de reparación histórica para víctimas de violencia institucional. Idea original de Marlene Wayar, acompañada y motorizada por Lohana incluso antes de la Ley de Identidad de Género, el proyecto de Ley de Reparación Histórica es un acto de justicia y memoria colectiva.

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La necesidad de una reparación histórica está sustentada en los Principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, más conocidos como los “Principios de Yogyakarta” (2007), de los que Argentina es uno de los países adherentes.

El Principio 28 establece que

toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos” (Principio de Yogyakarta, 2007).

Y el artículo A de éste mismo Principio, afirma que los Estados

Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una plena reparación a través de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro medio que resulte apropiado.

De este modo, la necesidad de que exista la Ley de Reparación es un acto de reconocimiento por parte del Estado de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las distintas dependencias estatales, principalmente a través de su aparato represivo.

Porque a la cárcel no volvemos nunca más

El modelo político de la alianza Cambiemos -que asumió el gobierno nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- comenzó a implementar políticas de redistribución de los recursos para recomponer la ganancia empresarial en detrimento de las grandes mayorías de la población.

En estos contextos de crisis económica, los temas de género y diversidad sexual parecieran tener dos aproximaciones a ser tratados. Por un lado, pierden visibilidad y especificidad. Como lo analiza Gutiérrez (2016), durante la campaña el Presidente electo no hizo mención alguna sobre éstas temáticas.

El otro camino, que consideramos el que efectivamente están tomando al menos en algunas de las dependencias del Estado, es lo que se llama el “Pink Washing”. Este camino de “lavamiento rosa” de la imagen, es lo que muchos gobiernos de restauración neoliberal están haciendo a nivel mundial. Es decir, retomar y enarbolar las banderas de la diversidad, en tanto parangón de la libertad individual, despojando las luchas de su contenido colectivo, de clase, migrante, travesti.

Los derechos conquistados por el movimiento travesti/trans y por los movimientos socio sexuales carecen de sentido si se escinden del resto de los derechos que hacen al bienestar de la población. La pérdida masiva de puestos de trabajo, los tarifazos, el aumento del transporte público, el achicamiento del Estado, el recrudecimiento de la violencia institucional y muchos tristes etcéteras que buscan generar una domesticación del campo popular, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo pensar, en este marco, conseguir más y mejores derechos para la comunidad travesti/trans?

En principio consideramos que es necesario la articulación de las luchas y las políticas del transfeminismo respecto del campo popular en general, no cayendo en las estrategias del pinkwashing que reterritorialicen las luchas travestis/trans como luchas focalizadas.

Como destaca Alejandra Sardá (2016):

el PRO no es monolíticamente un partido «conservador de derecha» y menos aún un partido «católico conservador». (…) Es, por encima de todo, un partido de las élites financieras y agroexportadoras locales y de sus socios/mandantes extranjeros cuyo principal objetivo es asegurar buenos negocios para los sectores que lo integran y lo respaldan.

En este sentido, las políticas de pinkwashing que no le impliquen un gasto al Estado, van a depender de las relaciones de  fuerzas que se den por fuera del gobierno. Es decir, consideramos que la capacidad para mantener derechos y conseguir más y mejores, dependerá de la capacidad de instalar agenda, en un escenario donde comienzan a emerger muchos “urgentes”.

En este contexto es importante conseguir una complementariedad de las leyes -y los programas sociales- para generar un ensamble de derechos que puedan modificar las posiciones de sujetas respecto del escenario actual. No sólo pensando en su especificidad (querer mejorar exclusivamente su posición de sujetas) sino luchar articuladamente por nuevas alianzas estratégicas que cuestionen al sistema en su forma de producir sujeción. Es decir, que se aúnen las luchas que disputan el ordenamiento de lo social para poder construir alianzas que hegemonicen nuevos sentidos. Esto no significa borrar la especificidad de la marginación y los lazos que se tejen en las trayectorias travestis. No cambiamos futuro por pasado, porque a la cárcel no volvemos nunca más.

Bibliografía consultada

Berkins, Lohana; Fernández Josefina (2005). La gesta del nombre propio. Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

Berkins, Lohana Cumbia, copeteo y lágrimas (2007). Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires.

Cutuli, Soledad (2012). Antropología y travestismo: revisando las etnografías latinoamericanas recientes en Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Mar del Plata. Consultado en: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/162/252

Fernández, Josefina (2004). Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género, Buenos Aires, Edhasa.

Gutiérrez, Alicia (2016). ““El arte del acuerdo”: Género y sexualidades en la gestión Cambiemos” en Revista Épocas, Buenos Aires.

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Recuperado en:  http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf

Sarda – Chandiramani Alejandra (2016) Seamos diversxs pero dóciles: llego “la revolución de la alegría”. Algunas reflexiones sobre la política sexual del gobierno argentino, Akahata, Buenos Aires, Mimeo.

Zambrini, Laura (2013) “De metonimias y metáforas sobre géneros y corporalidades travestis en la prensa digital local” en AVATARES de la comunicación y la cultura, Nº 5. ISSN 1853-5925. Junio de 2013. Recuperado en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/viewFile/3023/2915

Legislación consultada

Ley 14.783. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html

Ley 26.743. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

[1]              http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/4329-566-2015-12-24.html

                Visitado el 22/9/16

[2]              http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3708-2007-11-09.html Visitado   el 22/9/16

[1]              Socióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS). e-mail: luciafusterpravato@gmail.com

 [1] Referente estudiantil del Bachillerato Popular Travesti/Trans “Mocha Celis”. e-mail: almafernandezok@gmail.com

 

La reforma previsional del macrismo en clave histórica: el retorno de la estigmatización

Por Nicolás Dvoskin[1]

En junio de 2016 el gobierno nacional lanzó su proyecto de “reparación histórica a los jubilados”, el cual incorporó un variopinto conjunto de reformas, entre las que se destacan una propuesta para responder a la litigiosidad previsional reconociendo una modificación en el cálculo de los haberes -que afecta principalmente a los más elevados- y el lanzamiento de una “pensión universal a la vejez” que vendría a reemplazar a las moratorias instauradas desde 2005 por el kirchnerismo. Para financiar estas erogaciones el proyecto establece dos canales: por un lado, una convocatoria a un blanqueo de capitales -que, a diferencia de otros blanqueos, no requiere que los mismos vuelvan físicamente al país- y, por el otro, la habilitación para poner en venta los activos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Sin muchas modificaciones, el proyecto fue aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Nación y convertido en Ley. Considerando que aun no han entrado en vigencia la mayoría de sus artículos, es preciso advertir que todo lo que digamos respecto a sus alcances tiene un carácter especulativo, cimentado sobre las certezas que tenemos acerca de las intenciones del gobierno.

En este breve texto nos proponemos analizar una de las dimensiones de esta ley -la propuesta del “ingreso universal a la vejez”- a partir de la problematización de la relación que han tenido la protección a la vejez contributiva y a la no contributiva en la historia argentina, entendiendo que es allí donde más diferencias encontramos entre la propuesta del macrismo y el sistema de moratorias puesto en práctica por el kirchnerismo.

En primer lugar cabe hacer un esfuerzo por diferenciar conceptualmente un sistema contributivo de uno no contributivo, lo cual vale para cualquier esfera de protección social, no solamente para la cobertura previsional: el primero es un sistema al que se accede por haber hecho algún tipo de contribución -en general, un aporte descontado del salario; el segundo es un sistema que no pide contribución, pero que puede llegar a exigir el cumplimiento de alguna condición, como por ejemplo tener ingresos por debajo de un cierto nivel. En este sentido, un sistema contributivo sólo será universal en un país de pleno empleo formal sostenido en el tiempo, mientras que uno no contributivo será o no universal en función de los condicionamientos que tenga. En la jerga de los analistas de la seguridad social, al primero se le asigna el nombre de “bismarckiano” -en referencia al canciller alemán Otto von Bismarck, bajo cuyo gobierno a fines del siglo XIX se crearon los primeros sistemas de protección social contributivos-, mientras que al segundo se lo llama “beveridgeano” -en honor a William Beveridge, quien en la década de 1940 presentara al parlamento británico una serie de informes recomendando el establecimiento de regímenes universales de protección social que aseguraran un piso mínimo de cobertura independiente de la contribución realizada.

Más allá de nuestra pretensión de sustituir estos nombres por otros -ya que la seguridad social de la época de Bismarck es inescindible del conflicto social abierto en aquella fase de la industrialización alemana y la propuesta de Beveridge no puede comprenderse fuera del contexto de la Segunda Guerra Mundial-, cabe recuperar sus definiciones, ya que sintetizan la principal divergencia que han tenido los distintos sistemas de protección social: se accede por lo que uno hace o se accede por lo que uno es.

Si bien en Argentina las primeras pensiones a la vejez fueron no contributivas -pensiones graciables, principalmente a viudas de veteranos de guerra hacia finales del siglo XIX-, desde principios del siglo XX empezaron a crearse sistemas contributivos gestionados por los propios sindicatos, pero creados por ley -por ejemplo, para trabajadores estatales, ferroviarios, fuerzas de seguridad, entre otros. Estas cajas eran de virtual capitalización, pero en los hechos había muy pocos beneficiarios, lo cual resulta lógico en los comienzos de cualquier sistema contributivo. Sólo en 1923, durante la presidencia de Alvear, hubo un intento de creación de un sistema previsional unificado, pero este fracasó[1]. Desde ya, existían distintas esferas de protección no contributiva -no directamente pensadas para la vejez, sino para la población necesitada en general-, pero estas respondían a una lógica eminentemente asistencial, bajo las premisas de la caridad, y casi siempre la administración corría por cuenta del sector privado, más allá de la existencia de subsidios estatales[2].

Con la llegada de Perón al gobierno se crearon las cajas de trabajadores del comercio, la industria, los autónomos y los trabajadores rurales, entre otras, lo que amplió  significativamente la cantidad de afiliados. En términos de intervención estatal, no se estatizó el sistema -que siguió a cargo de los sindicatos- pero se creó el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) para intervenir sobre las cajas -principalmente compensando los déficits de las cajas más antiguas con los superávits de las cajas más nuevas-, dando lugar, en palabras de Isuani (2008), a una estatización de facto. El peronismo también tuvo una importantísima política de protección social no contributiva, más cercana a lo que hoy conocemos como asistencialismo, que, salvo algunos intentos alrededor del conjunto de leyes denominado como Primer Plan Quinquenal en 1946[3], siempre se mantuvo separada institucionalmente de la política de seguridad social. Para los trabajadores formales, afiliados a sindicatos, valían las leyes de la seguridad social; para el resto de la población, las del asistencialismo, con la Fundación Eva Perón a la cabeza.

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Durante los años cincuenta y los años sesenta se suscitaron muchísimos debates alrededor de la necesidad de reformar la seguridad social. En particular, la reforma constitucional de 1957 -que restauró la carta magna liberal de 1853, luego de la reforma peronista de 1949, pero le agregó un artículo sobre derechos sociales, el 14 bis- convocó al parlamento a elaborar un código de seguridad social, ante lo cual muchos sectores respondieron proponiendo distintas reformas. En general, el consenso mayoritario era que había que homogeneizar el sistema, que estaba desperdigado entre distintas normas para distintos sectores -distintas edades de retiro, criterios de acceso, cálculos de haberes, etc. También era un consenso que la jubilación era un derecho, y muy pocos sectores planteaban la necesidad de anular las leyes previsionales vigentes. De hecho, el sistema de protección social creado por el peronismo para trabajadores formales fue muy levemente criticado durante los años de la proscripción. Distinto fue el caso de la política asistencial, que fue duramente cuestionada. En cualquier caso, las distintas variantes de protección no contributiva salieron de la escena. Es cierto que las tasas de desempleo entre los cuarenta y mediados de los setenta fueron muy bajas, pero aun así había muchísimos adultos mayores sin cobertura, y eso no estaba en debate. Sólo por dar un ejemplo, en septiembre de 1958 se sancionó la ley 14.499, que estableció la magnitud de los haberes previsionales en un 82% del salario del mismo trabajador en actividad, en un debate que, a pesar de reconocerse a sí mismo como incompleto, se planteó como un definitivo acto de justicia para con los jubilados[4]. Esa grandilocuencia no pareció reconocer que había muchísimos ancianos sin cobertura previsional, y la ley nada hacía por ellos.

Las utopías del momento -o utopías del desarrollismo, entendiendo a este concepto en un sentido amplio- guiaban hacia una sociedad relativamente homogénea, con pleno empleo, estabilidad social, familias nucleares y crecimiento económico sostenido, donde las protecciones no contributivas, asistenciales o de protección a los más humildes no serían necesarias. El camino para llegar a eso debería ser la homogeneización normativa -mismas leyes para todos-, lo que instituía mayores dificultades para legitimar una política social o una seguridad social diferenciada -por ejemplo, no contributiva- para ciertos sectores.

En 1969 la dictadura de Juan Carlos Onganía resolvió estatizar todo el sistema previsional a través de las leyes 18.037 y 18.038, poniéndolo bajo el control del recientemente creado Ministerio de Bienestar Social (en adelante, MBS). Éste se hallaba hegemonizado por la derecha católica prácticamente desde su creación, situación en la que permaneció hasta fines de los años noventa. Cabe aclarar que desde 1966 el sistema previsional ha sido permanentemente deficitario, lo cual se mantiene hasta la actualidad. A principios de los setenta, ya bajo la presidencia de Levingston, asumió Francisco Manrique en el MBS y cambió parcialmente la impronta del organismo. Se empezaron a reivindicar protecciones no contributivas para algunos sectores postergados, siempre bajo una lógica asistencial y separada de la seguridad social ordinaria. Esto se replicó en el Programa de Seguridad Social lanzado por López Rega (a cargo del MBS durante el tercer gobierno de Perón) en noviembre de 1973; en este caso, resultó prácticamente exclusivo para trabajadores rurales[5]. Es decir, a principios de los años setenta, cuando empiezan a advertirse los límites del desarrollismo argentino -o, por lo menos, de su fase más estrecha- y se agotan sus utopías, cuando comienzan a hacerse visibles los límites de una política de seguridad social pensada como universalizable desde el empleo y, por ende, de la posibilidad de alcanzar el sueño de una sociedad homogénea a partir de políticas homogéneas, la agenda no contributiva vuelve a escena, pero muy levemente.

Durante la última dictadura cualquier intento de reencauzar una protección no contributiva a la vejez desapareció, incluso a pesar de la permanencia en el MBS de los mismos sectores que lo habían ocupado en la dictadura anterior y en los gobiernos peronistas. Aun más, aparecieron propuestas para privatizar el sistema y dejarlo en manos de bancos y del sistema financiero, las cuales fracasaron, en gran medida por la resistencia de esos sectores católicos[6].

En los años ochenta, sin embargo, la agenda no contributiva volvió a escena. El legado económico y social de la dictadura era trágico y, si bien el desempleo todavía no empezaba a subir, caían fuertemente los salarios reales, con lo que caíe la recaudación del sistema contributivo, y se agudizaba la crisis. Pasó a entenderse al sistema de seguridad social -y al previsional en particular- como un esquema que en lugar de aportarle soluciones a la economía argentina lo que hacía era causarle problemas[7]. Apareció entonces una figura nueva, desconocida hasta entonces en el país: la del jubilado pobre. Durante muchísimos años la cobertura previsional había sido muy baja y había habido en el país decenas de miles de ancianos en situación de pobreza. Sin embargo, la novedad en el retorno de la democracia fue la del jubilado pobre: personas que percibiendo un haber previsional permanecían bajo la línea de pobreza, principalmente como resultado de la caída de los salarios y de la desactualización de los haberes en contextos de altísima inflación. La noción de crisis trascendió las esferas de los analistas y se volcó a la política cuando en 1986 el presidente Alfonsín decidió declarar la emergencia previsional, cuyo principal efecto era la suspensión de los pagos de las sentencias de juicios previsionales -decreto rápidamente impugnado judicialmente y luego derogado. En este marco, la necesidad de reformar el sistema hacia uno más inclusivo en contextos de crecimiento de la pobreza encontró su lugar en la agenda principalmente hacia mediados de la década, pero después, ya entrada la crisis económica que conduciría a la hiperinflación de 1989, quedó relegada. De hecho, lo que se empezó a imponer, y se impondría hasta 1993, fue la necesidad de discutir que el sistema sea estatal, y de allí la reforma que creó el sistema mixto estatal-privado -o reparto- de capitalización a cargo de administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJPs).

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Lo acontecido en los años noventa resulta un poco más conocido. Entre sus principales resultados económicos nos encontramos con un importantísimo crecimiento de la pobreza, la indigencia, la marginalidad, el desempleo y la precariedad laboral, en ascenso durante toda la década pero principalmente hacia finales de la misma. No solo quedaron relegados muchísimos ancianos que no tenían cobertura; quienes sí estaban cubiertos cobraban haberes irrisorios -el haber mínimo estuvo estancado durante prácticamente toda la década en 150 pesos / dólares. Además, la población activa que aportaba al sistema era cada vez menor, con lo que muchos trabajadores activos pasaron a atravesar regularmente períodos de desocupación e informalidad, viendo comprometida su jubilación futura. Al mismo tiempo, en esa década retornó el asistencialismo, pero un asistencialismo en clave neoliberal, basado en la focalización, las contraprestaciones y la necesidad de que los planes no obstruyeran al mercado de trabajo[8], con lo que los beneficios debían ser lo suficientemente bajos como para que nadie osara preferir un plan a un empleo.

La política social cambió en 2002 con el Plan Jefas y Jefes del presidente Eduardo Duhalde, manteniéndose los criterios de la contraprestación -no es casual que el plan se haya creado en el seno del Ministerio de Trabajo- pero eliminándose la focalización, ya que se trató de un programa masivo. En 2004, ya durante la presidencia de Néstor Kirchner, los beneficiarios de este plan fueron divididos en dos: por un lado el Plan Familias, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social; por el otro distintos programas del Ministerio de Trabajo. Los “inempleables” de un lado, los empleables del otro. En el marco del Plan Familias se lanzó una línea llamada Plan Mayores, para ancianos sin cobertura, pero tuvo pocos adeptos[9].

Así llegamos a las moratorias, las primeras en 2005 y 2006 como apéndices de la ley de jubilación anticipada, luego reinstaladas en 2014. Si bien moratorias previsionales había habido muchas veces en el país -casi tantas como moratorias impositivas-, esta vez la lógica era otra, ya que éstas no apuntan a una real regularización de deudas -lo que implicaría un reconocimiento del deudor como tal- sino a la creación de un sistema de protección a la vejez no contributivo inserto en el seno del esquema contributivo tradicional. En lugar de pensar un sistema contributivo separado de uno no contributivo, asistencialista y sólo para pobres -como se había pensado siempre-, pasamos a un esquema en el cual todos los beneficiarios están incluidos bajo la misma lógica contributiva, la cual para algunos será real y para otros ficcional. En lugar de asignar planes sociales a los ancianos sin cobertura, se les permitió jubilarse declarando una deuda de aportes -la cual en algunos casos era total y en otros era parcial. La ANSES instaba a que se completen los formularios alegando que habían trabajado -en la informalidad, sin remuneración o llanamente evadiendo aportes-, y así los ancianos pasaban a percibir una jubilación mínima a la que se le descontaba una cuota de regularización de aportes a pagar en, como máximo, cinco años. Así, la cobertura previsional pasó del 50% en 2001 al 90% en 2010. Cerca del 75% de los nuevos jubilados fueron mujeres, lo que contribuyó a que las moratorias tomaran el mote de “jubilación para amas de casa”. Esto se repitió en 2014 y la cobertura llegó al 97% de los adultos mayores del país.

Cabe resaltar que en 2005 y 2006, cuando fueron lanzadas las primeras versiones de estas moratorias, el discurso oficial no proponía explícitamente ningún derecho adquirido asociado a status de ciudadanía ni ninguna legitimación de la protección social no contributiva, sino que, por el contrario, tendía a apegarse a los criterios formales según los cuales de lo que se trataba era de un plan de regularización de deudas. Claro está, sí era palpable una legitimación asociada al programa económico de los primeros años del kirchnerismo, según el cual era imperioso llevar adelante políticas fiscales expansivas que, en un contexto de superávit fiscal, todavía alto desempleo y baja utilización de la capacidad instalada, permitieran empujar la demanda agregada para incrementar el producto y el empleo. Curiosamente, las moratorias sí serían reconocidas como parte de una política de expansión de derechos hacia 2007, cuando en el contexto de la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández a la presidencia éstas fueron rebautizadas como Plan Nacional de Inclusión Previsional[10].

Las moratorias fueron una farsa, es cierto, o una ficción, pero fueron necesarias para adaptar las necesidades sociales del siglo XXI a lógicas legitimadoras del pasado. El Plan Mayores -y otros que se abrieron antes, como aumentos en los cupos de pensiones no contributivas- fracasaron, en parte, porque fueron pensados como planes “para pobres”, con una gran carga excluyente y estigmatizadora: para los pobres hay un plan y para los no pobres hay una jubilación. La ficción de las moratorias permitió romper con esa estigmatización. Obviamente, podemos lamentarnos hoy, esta ficción reprodujo la legitimación del sistema contributivo y de ese modo bloqueó la posibilidad de avanzar hacia un sistema universal y no contributivo, en el que todos estén incluidos sin necesidad de ficciones. Pero, por lo menos, y a pesar de que la jubilación mínima siempre se mantuvo en niveles bajos -principalmente, en comparación con los costos de las canastas básicas de bienes, y sobre todo si uno tiene en cuenta la composición de las canastas básicas de bienes para la tercera edad-, rompió con una tradición más que centenaria, que consistía en separar a los pobres de los que no lo son, de segmentar institucionalmente a la protección social.

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Llegamos entonces al final de este texto y a la “ley de reparación histórica a los jubilados”. ¿Qué propone esta nueva ley? En pocas palabras, sugiere volver al esquema segmentado. Para trabajadores formales con treinta años de aportes corresponde jubilación ordinaria. Si faltan aportes, no hay más lugar en el mundo de las jubilaciones ordinarias, sino que el destino es el plan social, o la jubilación para pobres. El argumento esgrimido -antes por economistas de la órbita del gobierno que por funcionarios- es que sería injusto darle al que aportó el mismo beneficio que al que no lo hizo, apelando a un discurso con fuertes rasgos meritocráticos. Pero, ¿acaso quienes no aportaron lo hicieron por voluntad propia? Puede ser el caso de algún que otro trabajador autónomo, pero no de trabajadores en relación de dependencia. Pensemos como ejemplo hipotético a un varón que se jubila hoy con sesenta y cinco años de edad. Esta persona tenía cuarenta años en 1991. Le tocó atravesar su etapa de madurez laboral, la edad en la que probablemente ha tenido que mantener hijos e hijas, durante los años noventa. Es muy probable que haya caído en el desempleo o en la informalidad. También es muy probable que no se haya podido recuperar del fuerte golpe que implica perder un trabajo con hijos e hijas que alimentar. Este señor hoy se quiere jubilar y la nueva ley lo arroja a la necesidad de pedir un plan social y además a cobrar un 20% menos que lo que cobraría un jubilado que percibiera el haber mínimo, pero no solo por cinco años, sino para toda la vida. Además, si fallece y su cónyuge lo sobrevive, no podrá trasladar hacia su familia una pensión, ya que la nueva pensión universal no reconoce derecho a pensión ulterior.

Si las moratorias abrieron contradicciones en el sistema, la propuesta del gobierno resuelve esas contradicciones volviendo hacia atrás, a las políticas segmentadas, a la estigmatización de la pobreza y al énfasis en la responsabilización individual. Se trata de un retorno a las lógicas de la protección social neoliberal en nombre de la meritocracia, en nombre de la supuesta justicia para con quienes sí pudieron aportar, que, como ya sabemos, simplemente tuvieron la suerte de no quedar desempleados o precarizados, o de que sus patrones no decidieran evadir las contribuciones patronales.

Referencias bibliográficas

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Dvoskin, Nicolás. (2011). Legitimidad, ciudadanía y democracia. Una aproximación desde el análisis de la reforma previsional 2005 – 2010. IX Jornadas de Sociología, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dvoskin, Nicolás. (2012a). De la protesta social a la cobertura no contributiva, y de vuelta a la protesta social: incidencia de las manifestaciones de los noventa en la reforma de la seguridad social de 2005 – 2010. II Jornadas de Sociología Política, Asociación Docente Universitaria Marplatense, Mar del Plata.

Dvoskin, Nicolás. (2012b). Ideas y teorías económicas en los debates sobre la reforma de la seguridad social en Argentina: el caso de la ley de movilidad de haberes previsionales de 1958. III Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Asociación Latinoamericana de Historia Económica, San Carlos de Bariloche.

Dvoskin, Nicolás. (2014). Los jubilados al mercado. Una genealogía teórica de la propuesta neoliberal de reforma previsional entre los ’50 y los ’70 y su arribo en Argentina. Cuadernos de Economía Crítica, N° 1.

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Mossier, Verónica. (2005). ¿Seguro social integral o creación de nuevas cajas jubilatorias?: los debates en torno a los distintos proyectos en materia de seguridad social durante el período 1943 – 1948. VII Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político,  Córdoba.

Neffa, Julio César, Battistuzzi, Agustina y Brown, Brenda. (2011). Políticas públicas de empleo I (1989-1999). Empleo, desempleo y políticas de empleo, N° 5. Buenos Aires: CEIL-PIETTE (CONICET).

Villena, César y Lucena, Alberto. (2013). Las hipótesis económicas de socialistas y sindicalistas en la huelga de 1924. VI Jornadas de Economía Crítica, Sociedad de Economía Crítica, Mendoza.

[1] Una de las principales causas que motorizó el fracaso fue el rechazo de las centrales sindicales a que los representantes de los trabajadores en la administración del sistema fueran designados por el gobierno nacional. Ver Villena y Lucena (2013).

[2] Respecto a este período recomendamos ver Isuani (1985) para los sistemas jubilatorios y Golbert (2010) para la protección no contributiva.

[3] El proyecto, las negociaciones y el fracaso de este intento pueden verse en Mossier (2005).

[4] Hemos trabajado los debates que llevaron a la sanción de esta ley en Dvoskin (2012b).

[5] La tendencia a proponer relajamientos de condiciones de acceso o directamente coberturas no contributivas para trabajadores rurales es un fenómeno que excede a la Argentina, y que se inscribe en una agenda de alcance latinoamericano. Al respecto, se recomienda el informe de la CEPAL (1969) titulado El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina y la propuesta que para México elaboró Lucila Leal de Araujo (1973). El núcleo de estos textos -que fueron recogidos con algo más de cautela en Argentina- es que la extensión de la seguridad social en su variante no contributiva hacia ciertos sectores postergados -cual política de redistribución de los ingresos- puede ser un vehículo hacia el desarrollo económico.

[6] Hemos analizado estas propuestas en Dvoskin (2014).

[7] Así se define el contexto de los años ochenta, por ejemplo, en Isuani y San Martino (1992).

[8] Para un informe detallado acerca de la diversidad de estos programas sociales se recomienda Neffa et al. (2001).

[9] En algunas publicaciones hemos definido a este período como el del pasaje de la macro-emergencia social a los primeros atisbos de una protección social basada en criterios de legitimación asociados a la ciudadanía y no a la responsabilización individual. Esto puede verse, por ejemplo, en Dvoskin (2011).

[10] Trabajamos este proceso en Dvoskin (2012a).

[1] Licenciado en Economía y en Ciencia Política, Magíster en Historia Económica y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario posdoctoral CONICET con sede en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL). Docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) y del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).

“De regreso a Marx. Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual”, de Marcello Musto (ed.)

Por Agustín Santella[1]

Entre los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, los marxismos atravesaron una crisis que parecía ser final. Sin dudas, el acontecimiento clave fue el derrumbe de los “socialismos reales”, que venían a condensar un desgaste de esperanzas emancipadoras. Ninguna formación social perece sin agotar todas sus capacidades de desarrollo. En el caso de la experiencia socialista del siglo XX, alguna de estas capacidades se agotó. Decimos marxismos en plural, porque había una diferencia llamativa entre el marxismo oficial de los partidos de Estado de la URSS, el de China, pero mucho más respecto del marxismo intelectual académico de Francia, que era muy pujante. Perry Anderson ya escribió sobre la virtual muerte de esta influencia marxista en París hacia principios de los años ochenta. Sin embargo, en el ensayo sobre “Marx en Francia” editado en este libro por Marcello Musto, Jean-Numa Ducange afirma que hoy en Francia “ya no es posible mantenerse al día con todos los periódicos y revistas francesas que proclaman un ¨regreso a Marx¨” (p. 347). ¿Cómo es este regreso a Marx? ¿Qué marxismo sugiere esta nueva lectura? ¿Qué argumentos incorpora la nueva lectura para superar la actual crisis del marxismo?

Hay varios regresos a Marx. Algunos pueden simplemente mantener el Marx del marxismo del siglo XX, tal por ejemplo el marxismo real de los “socialismos reales”. Hay pocos de este tipo, aunque se lo tiene por el verdadero marxismo. En contraste, este libro presenta una persistencia renovada de Marx, especialmente en su primera sección de ensayos. La primera sección integra ensayos de destacados investigadores marxistas (entre ellos E. Meiksins Wood, R. Antunes, M. Lebowitz, el mismo M. Musto). La segunda sección refiere a la recepción reciente de las obras de Marx y Engels en distintas regiones del globo. El libro editado por Musto propone entonces una serie de lecturas nuevas, con direcciones interpretativas específicas, intencionadas, políticas las más de las veces. Pero en la segunda parte del libro tenemos la descripción sobre la evolución del estado de las publicaciones, y las interpretaciones destacadas en un conjunto representativo de países (América hispana, Brasil, mundo de habla inglesa, Francia, Alemania, Italia, Rusia, China, Corea del sur, Japón). Esta parte tiene un valor enorme para el lector interesado en las tendencias marxistas actuales. El libro contiene capítulos sobre la situación en China, Corea, Japón y Rusia, con informes de muy difícil acceso en castellano.

La primera parte tiene ensayos muy provocadores, pero de discusión fundamental. Abarcan una variedad de temáticas, negadas en el marxismo oficial del siglo XX. Posiblemente una idea general de este volumen sea la de una contraposición entre Marx y el marxismo real, entendido como “marxismo histórico” (Arrighi), o “marxismo de los partidos” (Wallerstein). Giovanni Arrighi definía el marxismo histórico no como una “traición” al marxismo, sino como una “formación histórica que se ajusta al despliegue efectivo del legado marxiano bajo circunstancias imprevistas por ese mismo legado” (New Left Review, 1990). Sin embargo, contraponía el marxismo histórico a las tesis fundamentales de Marx. Arrighi hace énfasis en el “sustitucionismo” que los partidos marxistas ejercieron en el poder del Estado en los socialismos reales.

El volumen incluye un capítulo muy impactante para esta discusión. Paresh Chattopadhyay ataca el “mito del socialismo del siglo XX”, en relación a los fundamentos de una teoría leninista del Estado socialista de transición. El error teórico de Lenin habría sido definir el socialismo como la propiedad estatal de los medios de producción. Esto constituiría un salto mortal desde Marx, que adaptaba la teoría primera a la realidad práctica de la toma del poder político. El socialismo en Marx expresaría la socialización de los medios de producción, o un “modo asociado de producción”. Para Marx no existía la distinción entre socialismo y comunismo. En ambos se expresa la negación tanto de la enajenación social en el capital como política en el Estado. La distinción leninista entre socialismo y comunismo como dos etapas no tenía fundamento en Marx. Esta argumentación entonces realiza una crítica de las revoluciones anticapitalistas del siglo XX por no ser estrictamente anticapitalistas. Si bien habla de los ejemplos fundamentales de Rusia y China, sugiere su aplicación a todas las revoluciones (p. 97). De todos modos, el autor no se expide en relación a las teorías del capitalismo de Estado, sino que las denomina descriptivamente “socialismo de Estado”. Este ensayo ilumina sin ambigüedad el tono general del libro: es preciso volver a Marx, no al marxismo “realmente existente”.

En este mismo sentido, se destaca el texto de Ellen Meiksins Wood, porque propone una visión histórica muy distinta de la tradición leninista. En forma de ensayo, la académica canadiense sostiene la actualidad de Marx a partir del hecho de que la universalización del capitalismo es un hecho reciente. Expone la paradoja acerca de un marxismo histórico preocupado por un sistema mundial no capitalista, bajo la teoría del imperialismo. Ella sostiene que el marxismo es más actual que nunca porque nunca habíamos vivido en el capitalismo universal.

Un sentido antiburocrático, esencialmente democrático social, se tiene en los ensayos de Musto y Antunes, pero también Comminel, centrados en la teoría de la alienación. Siguiendo la idea de “modo asociado de producción”, el socialismo intenta reponer la socialización basada en la libertad individual, una visión contraria a la centralidad del Estado en la vida social. Retomar la categoría de alienación permite dar cuenta del conjunto de las formas alienadas en la sociedad capitalista.

El volumen también publica ensayos sobre el “orientalismo”, esto es, el problema de los pueblos no occidentales, sobre feminismo y sobre ecología. Además del tema más clásico de las crisis económicas.

En la sección sobre la recepción actual se destacan los informes sobre China, Rusia, Corea y Japón, como hemos mencionado. En particular, respecto China, llama la atención el hecho de que el Partido Comunista siga haciendo propaganda en nombre del marxismo. Aquí podemos leer un informe con datos concretos sobre la investigación y publicaciones marxistas en ese país. El partido sigue controlando férreamente la lectura del marxismo, reprimiendo las disidencias. Aún así, se nombran algunas investigaciones críticas. En cuanto al contenido, llama la atención cómo el Partido justifica su giro hacia el capitalismo en nombre de la “libertad” y el “desarrollo de las personas”, siguiendo a Marx. Quizá estemos en presencia de un extremo de uso estatal de Marx, como no se había visto en el siglo XX.

El volumen incorpora un capítulo sobre América de habla hispana y otro sobre Brasil. Por supuesto que se resiente para el lector local un balance más amplio sobre la recepción actual de Marx en la Argentina, que ocupa dos páginas en el volumen. Francisco Sobrino menciona allí algunos destacados marxistas académicos, grupos, revistas e iniciativas de organizaciones políticas marxistas. El eje de selección estaría puesto en obras que discuten Marx, lo cual dejaría las que simplemente usan Marx como instrumental para otro tipo de trabajo de investigación. Pero en este plano, también se podría señalar, sin contradecir el sentido del capítulo comentado, que las nuevas lecturas de Marx han florecido en una diversas de grupos e investigadores, pero que no caracteriza el marxismo de Partido, férreamente alineado en la ortodoxia. El marxismo científico e intelectual se ha desarrollado por fuera de los aparatos políticos marxistas. Se profundiza entonces una división, que Perry Anderson había advertido, entre desarrollo de la teoría marxista y movimiento  socialista.

Este libro tiene el valor enorme de proponer una serie de líneas firmes para una nueva lectura libertaria de Marx. Además, nos deja un actualizado informe sobre la actividad concreta de la publicación e investigación en gran parte del globo.

Acerca del libro

Musto, Marcello (ed.). 2015. De regreso a Marx. Nuevas lecturas y vigencia en el mundo actual, Buenos Aires: Octubre, 427 pp.

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[1] Agustín Santella es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani (IIGG-UBA) y docente universitario en las universidades de Buenos Aires y La Plata. e-mail: agustinsantella@gmail.com

Los derechos y la derecha: el empleo público en tiempos de Macri

Por Mariana Fernández Massi* y Paula Belloni**

Introducción

Uno de los rasgos salientes del período abierto en 2002 fue la fuerte y sostenida recuperación de los niveles de empleo y de salarios. Este incremento fue muy acelerado entre 2003 y 2007 y, en menor medida, entre 2010 y 2012, luego de la crisis de 2009 y de la baja en el ritmo de la actividad interna. Esta evolución se explicó no sólo por el gran crecimiento de la actividad económica de los primeros años, sino también por la aplicación de políticas laborales (ampliación de la cobertura previsional, la reapertura de las paritarias y los incrementos del Salario Mínimo Vital y Móvil -SMVM-) y políticas anti-cíclicas orientadas a incrementar y sostener el empleo. Estas últimas fueron especialmente relevantes a partir de 2009, cuando la crisis mundial repercutió con más fuerza en toda la región[1].

Ante este desempeño de los niveles de empleo, el eje de las discusiones sobre el trabajo en Argentina durante 2004-2015 se centró fundamentalmente en su calidad. Allí los resultados fueron menos contundentes: importantes mejoras respecto a las condiciones de la crisis 1999-2001, pero aun con un alto piso de informalidad, gran heterogeneidad laboral y salarial (inter e intra sectorial), con varios segmentos de salarios por debajo de la canasta básica, inestabilidad contractual y diversas formas de trabajo que vulneran los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores.

A pesar de importantes avances en programas y planes tendientes a sostener el empleo y mejorar su calidad aplicados durante los doce años de gobiernos kirchneristas, la ausencia de avances en cuestiones clave fue contundente: la falta de personería gremial de sindicatos combativos y representativos y la continuidad de una ley de Asociaciones Sindicales cuestionada; la persistencia del negocio de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART); una ley de contrato de trabajo heredada de la última dictadura cívico-militar -con proyectos de modificaciones de su propio bloque de diputados que nunca se trataron en el recinto; diversas y muy difundidas formas de contratación precaria en el Estado, y en algunos sectores del empleo público salarios muy bajos. A lo que en el plano político-sindical se sumaron una importante fragmentación de las organizaciones gremiales y sindicales, vinculada en buena medida a la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo, y un fuerte arbitraje gubernamental en las instancias institucionalizadas de las relaciones laborales, que limitó el fortalecimiento sindical (Varela, 2013).

La conjunción de estos elementos vinculados al trabajo es uno de los factores que permite comprender cómo, de cara a la campaña presidencial de 2015, el kirchnerismo no pudo aprovechar importantes victorias en sectores de la sociedad que vieron mejorar sus condiciones materiales de vida a lo largo de sus tres gobiernos. Entre ellos se encuentran: el menor dinamismo del mercado de trabajo en los últimos años, en el marco del menor ritmo de actividad y de los límites de una estructura productiva dependiente con escasos cambios estructurales; la persistencia y profundización de aspectos regresivos vinculados a la calidad del trabajo heredados del proceso de restructuración neoliberal iniciado a mediados de los setenta; una construcción política-sindical basada en la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo que abonó a la fragmentación de las organizaciones sindicales, sumada al desgaste del arbitraje gubernamental en las instancias de negociación entre capital y trabajo, en el marco de las limitaciones de las variables de la acumulación del neodesarrollismo.

Si bien a fines del 2015 sólo teníamos algunos indicios sobre las políticas laborales de la fuerza política Cambiemos[2], una vez en el gobierno se llevó adelante un fenomenal shock ortodoxo a través de una batería de medidas económicas que confluyeron en un fin común: un proceso de ofensiva y disciplinamiento de la clase trabajadora y los sectores populares, sobre los que recayó el costo del feroz ajuste económico realizado en los primeros meses de gobierno.

Aunque con objetivos diversos vinculados a una reestructuración y a un reacomodamiento de los sectores dominantes a favor de los capitales vinculados al agronegocio y las finanzas, la liberalización a la compra-venta de la dólares y la unificación de su valor (que en diciembre de 2015 implicó una devaluación del 40%), la reducción o eliminación de retenciones a las exportaciones, la suba en las tasas de interés, la liberalización y desregulación comercial y financiera y la eliminación de subsidios a los servicios públicos, han sido el puntapié de un programa de “desarrollo” que reconfigurará el mercado de trabajo y la política sindical. Éste tiene como pilares la “reinserción” en el mundo a través de la apertura comercial y del establecimiento de un nuevo vínculo con el sistema financiero internacional, una fuerte presencia de capitales extranjeros como agentes promotores del incremento de la productividad y “el mercado” como asignador eficiente de los recursos.

Esas primeras medidas se propusieron desde el nuevo gobierno para solucionar los límites y problemas económicos que enfrentó el kirchnerismo en los últimos años[3], pero no tardaron en revelarse como ajuste y reforma de Estado, a partir de una redefinición regresiva de sus funciones. El incremento del desempleo ha sido un elemento clave dentro del nuevo modelo económico de Cambiemos. Por un lado, éste aportaría a una menor demanda interna (menor consumo), como forma de resolver la inflación, y, por otro lado, actuaría restringiendo el poder de negociación sindical en las paritarias, lo que facilitaría la recomposición de la ganancia empresaria a través de la caída de los salarios reales.

Bajo el argumento de que durante los doce años de kirchnerismo hubo un incremento excesivo del empleo público, con mecanismos de ingresos poco transparentes, y denostando la pertenencia política y militante de los trabajadores, el puntapié inicial de la oleada de despidos se produjo en el Estado, como parte de un proceso de “modernización”. Sin embargo, las dependencias estatales en las que se dio la reducción de empleados y la forma en la que tuvieron lugar los despidos (atravesados por situaciones de estigmatización, amenaza, persecución y represión) exhiben los objetivos políticos con los que se llevó adelante la reducción de trabajadores del Estado.

En este escenario, el presente trabajo está centrado en dos ejes. Por un lado, la contradicción entre la recomposición del trabajo en el sector público y la continuidad de las condiciones de precarización neoliberales durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, que fue aprovechada por el nuevo gobierno para dar lugar a una inmediata ola de despidos estatales al asumir. Por otro lado, se abordan las primeras medidas adoptadas por Cambiemos en torno al empleo público, entendiendo que las mismas no sólo han afectado a los trabajadores del sector, sino que constituyen una señal clara en torno a la dirección de las políticas laborales del nuevo gobierno[4].

Neoliberalismo y el Empleo Público en la Argentina

El achicamiento del Estado a través de la reducción del empleo público no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Las transformaciones en el modo de acumulación, tras el agotamiento del modelo sustitutivo y la reestructuración neoliberal iniciada con la última dictadura cívico-militar en 1976, estuvieron acompañadas de un proceso general de heterogeneización del trabajo (Villareal, 1985), que en el sector público significó una disminución constante, como resultado de la reducción de los planteles del Estado nacional. Esta tendencia continuó desde la mitad de los ochenta hasta principios de los 2000.

Si bien se trató de un proceso extendido en el tiempo, la reducción de trabajadores estatales se dio fundamentalmente durante el primer gobierno menemista (1989-1995), producto en buena medida de las transformaciones vinculadas a la privatización de empresas públicas. En 1989 y 1991, bajo el primer gobierno de Menem y con Jorge Alberto Triaca como ministro de Trabajo[5] se implementaron la ley Nº 23.696 de Reforma del Estado[6] y la ley Nº 23.697 de Emergencia Económica. Estas leyes produjeron resultados de suma relevancia cuantitativa y cualitativa en el empleo público.

Entre los cambios cuantitativos asociados a la reforma del Estado se destacan aquellos vinculados con: i. las privatizaciones de empresas públicas, que transfirieron al sector privado parte del personal dependiente de las mismas, y la fuerte reducción del trabajo estatal producto de las políticas de retiro voluntario; ii. el cierre de organismos y la “racionalización” de áreas de la Administración Pública Nacional (APN), que avanzaron de manera directa en la merma del empleo público. En la misma línea, la ley de Emergencia Económica Nº 23.697 introdujo un capítulo específico sobre el empleo en la APN[7], que prohibía efectuar contrataciones o designaciones de personal y habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tanto a dar de baja al personal que había sido designado sin concurso previo en las categorías superiores del escalafón administrativo como a revisar los regímenes de empleo vigentes en la función pública (López & Zeller, 2010).

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Otras dos reformas introducidas en los primeros años de la década de los noventa también estuvieron vinculadas con la disminución del personal del sector público nacional. La sanción de la ley Nº 24.049 en 1992 completó la transferencia de los servicios educativos de nivel primario, secundario y terciario hacia las provincias. Y en 1992 mediante la ley Nº 24.061 -sancionada en 1991 para aprobar el presupuesto del año siguiente- se transfirieron diecinueve hospitales públicos nacionales a las provincias. Este proceso de descentralización de servicios de educación y salud hacia las provincias implicó también la transferencia del personal correspondiente a la órbita provincial. En el mismo sentido, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se separó la Ciudad de Buenos Aires como ente administrativo autónomo. Todas estas reformas implicaron despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc.

Con el propósito contrarrestar los efectos que estas medidas implicban en el nivel de empleo, la misma ley de Reforma del Estado estableció también un Plan de Emergencia del Empleo, que consistió en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva a cargo de los municipios, con prioridad para aquellos con altas tasas de desocupación. Sin embargo, el resultado de estos procesos muestra la verdadera reconfiguración del trabajo en el ámbito estatal. Entre 1989 y 1996, el empleo dentro del Estado Nacional sufrió una reducción del 57 %, y en la segunda mitad de la década del noventa se estiman alrededor de 50 mil empleos menos, especialmente en el sector de la APN (Zeller & Rivkin, 2003).

Por otra parte, además de la reducción del empleo estatal durante los veinticinco años que van desde la dictadura cívico-militar hasta la crisis del neoliberalismo en 2001, desde el retorno de la democracia en 1983 se sucedieron transformaciones en la composición del mismo, fundamentalmente la caída de la participación del personal de fuerzas armadas, de seguridad y de servicios civiles vinculados, tanto en el total de cargos como en el porcentaje de gasto público. Este fenómeno continuó en la década de 1990 debido a la eliminación de servicio militar obligatorio, la privatización de empresas militares y el cierre de bases militares. Sin embargo, las reducciones de personal generadas por el proceso de privatizaciones, descentralización y reorganización de la APN fue aún mayor, por lo cual en los noventa la participación del sector militar y de seguridad aumentó (Zeller, 1996).

Las transformaciones cualitativas del empleo público vinculadas a la reforma del Estado y administrativa durante la década de 1990 estuvieron dadas por la modificación en la forma de ingreso y de contratación. En particular la ley Nº 24.185 de 1992 otorgó el marco normativo para los convenios colectivos de la APN, aunque no fue reglamentada hasta 1999. En 1995, luego de congelar los concursos y el ingreso a planta permanente del Estado, el decreto Nº 92 reglamentó la contratación de personal especializado bajo contratos de locación de servicios.

Allí se estableció que la cantidad de personal contratado bajo esta modalidad no podía superar el 20% del personal de la Secretaría correspondiente. Así, se habilitó la figura del “consultor” de la APN, cuya participación creció considerablemente a lo largo de la década. En este marco normativo se encuadran las contrataciones correspondientes a convenios para la cooperación técnica con financiamiento externo (bilateral o multilateral). Esto fue modificado en 2001 por decreto Nº 1.184, estableciendo un tope a los honorarios en función de la escala salarial del régimen de empleo público.

Crecimiento y composición del empleo público durante el neodesarrollismo

La revisión de contratos abierta con el decreto Nº 254 de diciembre de 2015 y las declaraciones de los nuevos funcionarios y sus diagnósticos sobre el empleo en el sector estatal abrieron el debate sobre la evolución del empleo público durante los doce años de gobiernos kirchneristas y acerca de las implicancias de un cambio de signo político en este plano.

En relación al primer interrogante, el gráfico N°1 presenta la evolución de la ocupación de empleados públicos del nivel nacional de la APN, de otros entes y de las empresas públicas -excluyendo al personal de las universidades nacionales-, según el régimen de contratación entre 2002 y 2015. El mismo muestra que durante ese período efectivamente hubo un notable incremento del empleo en el sector público nacional[8] y que, si bien en el último año el personal permanente y transitorio[9] representaba una proporción muy importante del empleo total (83,0%), el mismo fue perdiendo gravitación en relación al personal contratado, que pasó del 6,2% del empleo estatal en 2002 al 17,0% en 2015.

Gráfico N°1. Evolución de la ocupación en el Poder Ejecutivo Nacional, Otros Entes del Sector Público No Financiero y Empresas y Sociedades del Estado por régimen de contratación, III trimestre de 2002-2015. grafico-n1-fmassi

Nota: Los datos de 2002-2005 no incluyen ocupados de las Empresas y Sociedades del Estado.

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Fiscal III trim 2015 – Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El incremento se dio en particular entre 2006 y 2015, cuando la cantidad de ocupados del Sector Público Nacional aumentó un 43,9%. Debido a su alta participación inicial en el total, un 64,2% de ese incremento se explicó por el personal permanente y transitorio, y el restante 35,8% por el personal contratado. Esta trayectoria del empleo público estuvo vinculada en especial a: la recuperación de empresas públicas; la creación de nuevos ministerios; la incorporación de actividades y tareas necesarias para llevar adelante programas y políticas públicas nuevas. En 2015, la APN explicaba el 87,8%; otros entes 5,3% y el personal de las empresas y sociedades del estado el 6,8% (Boletín Fiscal, III trim 2015)[10].

La tabla N°1 muestra el porcentaje de empleo que concentra cada organismo de la APN, su variación entre 2003-2015 y su contribución al crecimiento del empleo total en el período. A lo largo del mismo ha habido modificaciones en la estructura de la APN, como por ejemplo la creación de diversos ministerios cuyas tareas antes eran cubiertas por secretarias específicas dentro de otro ministerio -tal es el caso de los ministerios de Industria, de Turismo, de Planificación y de Agricultura, que estaban bajo la órbita del ministerio de Economía; o los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Cultura, que eran secretarías dependientes del ministerio de Educación[11].

Tabla N°1. Cantidad de personal por jurisdicción de la Administración Pública Nacional y participación en 2015, variación y contribución al crecimiento 2003-2015

Jurisdicción Cantidad de personal permanente, transitorio y contratado Participación 2015

Variación 2003

2015

Contribución al crecimiento 2003-2015
Ministerio de Defensa 113.577 30,3% 10,0% 7,9%
Ministerio de Seguridad 107.843 28,7% 58,9% 35,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 15.982 4,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 21.175 5,6% 141,9% 9,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 16.649 4,4% 47,5% 14,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos 14.330 3,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7.170 1,9%
Ministerio de Turismo 2.593 0,7%
Ministerio de Industria 1.697 0,5%
Ministerio de Salud 16.629 4,4% 116,3% 6,9%
Ministerio de Interior y Transporte 15.572 4,2% 319,6% 9,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 13.629 3,6% 154,0% 9,3%
Ministerio de Cultura 4.002 1,1%
Ministerio de Educación 2.313 0,6%
Ministerio de Desarrollo Social 10.211 2,7% 198,4% 5,2%
Presidencia de la Nación y Jefatura de Ministros 8.702 2,3% 30,3% 1,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 3.060 0,8% 38,2% 0,7%
TOTAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 375.134   52,9%  

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Fiscal III trim 2015 – Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el período bajo estudio se destacan por su participación los ministerios de Defensa y de Seguridad, que en 2015 llegaron a concentrar en conjunto casi el 60% del empleo de la APN. Luego, con participaciones menores cercanas al 5%, se hallan los ministerios de Trabajo, de Salud, de Justicia y Derechos Humanos y de Interior y Transporte. El último fue el ministerio con mayor crecimiento del empleo durante 2003-2015 (319,6%), seguido por el ministerio de Desarrollo Social (198,4%) y el ministerio de Trabajo (incrementó su personal en un 141,9%). Otro fuerte incremento del empleo público (154,0%) se dio al crear el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el ministerio de Cultura, separando los mismos del ministerio de Educación.

Sin embargo, por su gran peso relativo y a pesar de haber tenido un aumento relativo inferior al de otros ministerios (58,9%), la mayor contribución al crecimiento del empleo público total provino del ministerio de Seguridad y del de Justicia y Derechos Humanos. Considerados de conjunto, estos organismos aportaron el 35,4% del crecimiento durante el período bajo estudio. Además de estos ministerios, entre los que más aportaron al crecimiento de los trabajadores contratados entre 2003 y 2015 se encuentran: Salud (4,4%), Agricultura (4,4%), Planificación (3,8%) y Desarrollo Social (2,7%).

Por lo que, si bien se consolidó una estructura administrativa en la que predomina Defensa y Seguridad, hubo cambios en cuanto al crecimiento de áreas vinculadas a la gestión de programas y políticas públicas enfocadas en cultura, educación, desarrollo social e intervención estatal en la economía. Sin embargo, este importante crecimiento cuantitativo y los cambios en el perfil de la estructura administrativa del Estado, se dieron en el marco de una heterogeneidad contractual, heredada en gran medida de la década previa -cuando se congelaron los ingresos a la APN-, pero también profundizada durante el período 2003-2015.

Condiciones de empleo en el sector público en la Argentina contemporánea

Los estudios sobre los determinantes de la calidad del empleo y la precariedad se centran habitualmente en el empleo privado, en especial en el sector industrial y/o de servicios. La productividad, el grado de concentración del sector, el mercado al cual abastece, entre otros, son factores que resultan propicios para comprender los rasgos del empleo en actividades productivas del sector privado, pero no pueden trasladarse al análisis del empleo público.

Una primera diferenciación importante a considerar en relación al empleo público es la que establece la ley Nº 24.185 de 1992, que otorga el marco normativo para los convenios colectivos de la Administración Pública Nacional (APN). Esta ley diferencia, por un lado, la conducción política del Estado (funcionarios) y por otro, la burocracia estatal (empleados de la administración pública). Por consiguiente, es razonable que los primeros dejen sus funciones al asumir el nuevo gobierno, pero no así los segundos.

Ahora bien, el empleo público es una categoría más amplia que la burocracia estatal: incluye docentes, personal de salud, de justicia, policías, etc. Se corresponde, a su vez, con la jurisdicción de la cual dependen: nacional, provincial y municipal. A partir del proceso de descentralización de la educación primaria y secundaria que culminó a principios de la década del 1990, el empleo público nacional sólo ha incluido docentes del nivel universitario, siendo éste, tal como hemos mencionado, uno de los factores que explica la reducción del empleo público nacional.

Entre las distintas dimensiones en las que se expresa la precariedad laboral en la APN se destacan: individualización y heterogeneización de las condiciones de empleo, inestabilidad contractual, incertidumbre e insuficiencia de los ingresos, falta de protección y seguridad social, deterioro del reconocimiento como trabajadores, falta de representación y cobertura sindical. Si bien todos estos aspectos son relevantes, la forma más acuciante y generalizada es la falta de estabilidad contractual, la que a su vez, atraviesa y refuerza las demás dimensiones (Diana Menéndez, 2010). En particular, hay dos aristas de la estabilidad que cobran relevancia en el empleo en la APN: el vínculo con el ciclo político y los regímenes de contratación.

El primer aspecto, debería concernir sólo a quienes asumen funciones políticas; sin embargo, los cambios de gestión a lo largo del tiempo han repercutido -como durante los primeros meses de gestión del actual gobierno- en la estabilidad de los trabajadores estatales[12]. Incluso, aun cuando no pongan en juego la estabilidad contractual, estos cambios alteran las autoridades directas y las funciones cotidianas que asumen los trabajadores del Estado. El segundo aspecto concierne a las formas de contratación distintas a la del empleo por tiempo indefinido, ampliamente difundidas en el sector público.

A pesar de que estos dos aspectos otorgan inestabilidad al empleo público, la estabilidad del mismo está garantizada legalmente por el artículo 14bis de la Constitución Nacional, previendo justamente que los cambios en el signo político del gobierno vulneren el derecho de estabilidad del trabajador público. Sin embargo, dicho derecho también es vulnerado desde el mismo año en que se aprobó la reforma constitucional -1994-, cuando se congelaron los ingresos para planta permanente.

El empleo público no está regido por la ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744), sino por un régimen jurídico particular[13]. El mismo se establece en la ley Marco de Regulación de Empleo Público (Nº 25.164), sancionada en 1999 y reglamentada en 2002 mediante el decreto Nº 1.421[14]. La misma identifica tres regímenes de empleo: régimen de estabilidad (planta permanente), régimen de contrataciones (tiempo determinado) y prestación de servicios al personal de gabinete de las autoridades superiores (asistencia administrativa o asesoramiento) (Cuadro N°1).

Cuadro N°1. Ley Marco de Regulación de Empleo Público (N° 25.164)

Régimen
Estabilidad Es consecuente con el derecho a estabilidad consagrado en el artículo 14bis de la constitución nacional. Constituye la “planta permanente”. Establece métodos de selección y promoción en la carrera administrativa.
Contrataciones Corresponde a contrataciones por tiempo determinado para la prestación de servicios transitorios o estacionales que no puedan garantizarse con el personal de planta permanente. Esta modalidad puede utilizarse hasta cubrir un determinado porcentaje de la planta permanente[15] y equipara con aquella los niveles, grados y la remuneración. Bajo este régimen no es factible “hacer carrera” en la APN.
Prestación de servicios al personal de gabinete de las autoridades superiores Corresponde a las tareas de asistencia administrativa o asesoramiento de las autoridades. Su función cesa cuando cesa la de las autoridades para quienes se trabaja; y son designaciones que pueden cancelarse en cualquier momento.

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la estabilidad laboral dentro del segundo grupo (contrataciones), como rasgo distintivo de los años bajo estudio se destaca la mayor participación de trabajadores con plazos de contratación más extensos desde 2003, aunque el tiempo de contratación en este tipo de régimen sigue siendo acotado: mientras que en 2002 eran mayoría los contratados por plazos de 1 a 3 meses, en 2003 el 70% tenía contratos por 1 año (Poblete, 2013).

Asimismo, en el marco de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de 2006 para la APN se estableció que quienes estuviesen contratados bajo esta figura y percibieran honorarios hasta un cierto tope ($2.164) pasarían a ser contratados como transitorios bajo el régimen de la ley Nº 25.164. De este modo, la figura del “consultor” quedó habilitada solo para contrataciones que superen ese tope y expresamente se prohibió su uso para el desarrollo de actividades administrativas o de servicios generales.

Si bien los cambios de 2006 fueron un avance en pos de reducir la heterogeneidad contractual y reconocer el vínculo laboral, aún persiste esta forma de contratación deslaborizante (pues se rige por un contrato comercial entre partes): son trabajadores independientes de jure, pero dependientes de facto. A diferencia del régimen de estabilidad, en las contrataciones el trabajador no tiene derecho a: estabilidad; capacitación permanente; compensación, indemnizaciones y subsidios; participación a través de las organizaciones sindicales en los procedimientos de calificaciones y disciplinarios establecidos por convenio colectivo -aunque sí se establece su derecho a la libre afiliación sindical y a negociación colectiva-; y, finalmente, a “hacer carrera” en la APN[16].

Un avance significativo de 2006 fue la firma del CCT para la APN, homologado mediante el decreto Nº 214. El mismo alcanza al personal bajo relación de dependencia laboral -es decir, excluye a los trabajadores contratados mediante contratos de locación. En este convenio se precisan algunas cuestiones sobre la estabilidad del puesto: i. extiende la estabilidad a cargos de jefatura que hayan sido ocupados mediante mecanismos de selección abiertos bajo igualdad de oportunidades entre quienes cumplieran los requisitos; ii. establece que el personal estable la retendrá aun cuando fuera designado para cumplir funciones sin dicha garantía; iii. pauta los mecanismos ante procesos de reestructuración de los organismos y reconversión laboral para garantizar la continuidad laboral, o bien, indemnizar al trabajador como si fuese despedido; iv. establece la obligación del empleador de garantizar “ocupación efectiva” (es decir, cuando no se asignan tareas se está incumpliendo con esta obligación); v. fija en 12 meses la duración del período de prueba para el personal que ingresa a la planta permanente, en los cuales la estabilidad depende de evaluaciones y aprobación de instancias de capacitación.

En el año 2008 se firmó el primer CCT sectorial -enmarcado en el CCT general de 2006- para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) mediante el decreto Nº 2098, con acuerdo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y algunas disidencias por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

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Todas estas normativas y modificaciones hicieron que en el Estado exista una fuerte heterogeneidad, incluso para quienes realizan las mismas tareas. El esquema Nº 1 resume las formas de contratación predominantes que existen en la APN y que establecen distintos beneficios y derechos individuales y colectivos. Allí puede observase cómo en un mismo espacio de trabajo y organismo conviven trabajadores permanentes, trabajadores transitorios (Artículo 9, de ley Marco de Empleo Público), trabajadores autónomos contratados (“monotributistas”), contratados para asistencia técnica (a través de universidades) y pasantes. De éstos, sólo los trabajadores de planta permanente tienen contratos por tiempo indefinido, mientras que en las otras modalidades está siempre latente la posibilidad de no renovación o ruptura del contrato.

Esquema N°1. Formas de contratación predominantes en la APN

esquema-1-fmassiFuente: Elaboración propia en base a relevamiento de normativa.

Sin embargo, durante el período bajo estudio si bien esa estabilidad que no se garantizaba de jure, en general, existió de facto por la renovación constante de los contratos. Aun así, en muchos casos los trabajadores desplegaronn ciertas estrategias ante el riesgo de perder el empleo, en particular, la pluriactividad -esto es, tomando otros empleos que permitieran “diversificar el riesgo” de no renovación del contrato- (Poblete, 2013). A pesar de ello, la falta de garantías reales en torno a la estabilidad laboral es una de las asignaturas básicas requeridas pendientes, que en los últimos meses ha posibilitado una ola de despidos en el Estado bajo el argumento del nuevo gobierno de que no se está despidiendo sino, simplemente, “no renovando” los contratos.

El gráfico N° 2 muestra la composición de la ocupación por régimen jurídico en la APN en tres años: 2003, 2007 y 2015. La coexistencia de los mismos evidencia la heterogeneidad que señalamos. Es destacable, por un lado, el aumento de la participación de los ocupados bajo el CCT de la APN (trabajadores permanentes y transitorios) y la reducción de los trabajadores contratados (los “independientes dependientes” y con contratos de asistencia técnica); por otro lado, se ve que más del 50% de los ocupados se rige bajo dos regímenes especiales -el que corresponde a las fuerzas armadas y el del personal de seguridad.

Gráfico N°2. Composición de la ocupación por Régimen Jurídico en el Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Público No Financiero -excluye Empresas y Sociedades del Estado-, 2003, 2007 y 2015

grafico-n2-fmassiFuente: Elaboración propia en base a Boletín Fiscal – Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Una de las mejoras conseguidas durante el período fue la regularización de contrataciones civiles a través de la figura del trabajador transitorio (los denominados “Artículo 9”), que ofrece condiciones de empleo similares a las de los trabajadores permanentes y transitorios, excepto estabilidad, ya que tales contratos se renuevan cada año. Este cambio se evidencia en el aumento de los trabajadores bajo CCT y la reducción de los trabajadores contratados bajo decreto Nº 1254/2014 (la modificación del decreto Nº 2345/2008 vigente a julio de 2015). Otra mejora fue la apertura de concursos, puesto que a partir del 2008 se “descongeló” el acceso a la planta permanente, a través del llamado a concursos públicos para ocupar cargos vacantes. Sin embargo, la misma se concretó recién en los últimos dos años -en efecto, muchos concursos fueron realizados pero no llegaron a aprobarse las designaciones antes del 10 de diciembre de 2015. Esos concursos, que tanto demoraron en abrirse, fueron revisados, como veremos en la próxima sección, en el marco del decreto Nº 254/2015 dictado por el nuevo gobierno.

La falta de estabilidad no es el único rasgo precario del empleo público; otro aspecto a destacar es la evolución salarial en la APN. El gráfico N°3 muestra la evolución del salario mínimo y de la categoría representativa[17] respecto a sus equivalentes para el sector bancario y el telefónico. En la comparación con el salario de telefónicos, el salario de la categoría representativa en la APN era levemente inferior, pero la diferencia se acentuaba para la categoría mínima.

En 2005 y 2008 se recuperó la distancia para el salario mínimo y el de categoría representativa respectivamente. Sin embargo, durante el resto del período el cociente volvió a caer, evidenciando que los incrementos salariales en la APN fueron menores a los de ese sector. En la comparación con el salario bancario, en cambio, la APN mostraba mejores salarios en 2003, sin embargo, también en este caso se observa que los incrementos fueron inferiores a los del sector, revirtiendo incluso aquella diferencia que tenían en 2003.

Gráfico N°3. Relación entre el salario mínimo y de convenio de la APN respecto a Bancarios y Telefónicos. 2003-2015

grafico-n3-relacion-entre-el-salario-minimo-y-de-convenio-de-la-apn-respecto-a-bancarios-y-telefonicos-2003-2015

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín de Estadísticas Laborales – MTEySS

Aproximadamente el 40% de los trabajadores de la APN percibían en 2015 menos de $16.500 (gráfico N°4). Así, si bien había cargos con altos salarios, los mismos comprendían a un porcentaje muy reducido de ocupados. En particular, los trabajadores bajo el CCT del sector se concentran con más intensidad en los tramos más bajos, con poca participación en rangos de salarios altos. En efecto, el 40% de trabajadores que ganaban menos de $16.500 representaban sólo el 20% de la masa salarial total, y los trabajadores de salarios superiores a $40.000 representaban el 9% de los ocupados totales pero el 24% de la masa salarial (gráfico N°5).

Gráfico N°4. Distribución de los ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Público No Financiero -excluye Empresas y Sociedades del Estado- según rango salarial, III-trim 2015

grafico-n4-distribucion-de-los-ocupados-en-el-poder-ejecutivo-nacional-y-otros-entes-del-sector-publico-no-financiero-excluye-empresas-y-sociedades-del-estado-segun-rango-salarial-iii-trim-2Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Fiscal III trim 2015 – Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Gráfico N°5. Distribución de la masa salarial del Poder Ejecutivo Nacional y Otros Entes del Sector Público No Financiero -excluye Empresas y Sociedades del Estado- según rango salarial, III-trim 2015

grafico-n5-fmassiFuente: Elaboración propia en base a Boletín Fiscal III trim 2015 – Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

A modo de resumen, entre 2002 y 2015 se dieron ciertos avances parciales en término de la estabilidad contractual, pero que de ningún modo resolvieron la desprotección de los trabajadores heredada del período neoliberal. Prueba de ello fue la facilidad con la cual, una vez asumido el nuevo gobierno, la estabilidad del empleo público se puso en cuestión. Uno de los argumentos esgrimidos para el despido de trabajadores ha sido el ahorro fiscal, sin embargo, como hemos visto, el segmento que explica el mayor porcentaje de la masa salarial es el de altos salarios, que dista de la realidad de la mayoría de los empleados del sector público nacional.

El empleo público bajo el macrismo

A pesar de que durante la campaña electoral la fuerza política Cambiemos sólo esbozó algunos indicios acerca de sus propuestas de política laboral, una vez en el gobierno éstas han sido uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo económico. Éste comenzó con un inédito shock a través de una de una batería de medidas económicas que, si bien con objetivos diversos vinculados a una restructuración y reacomodamiento de los sectores históricamente dominantes a favor de los capitales vinculados al agronegocio y las finanzas, confluyeron en un fin común: un proceso de ofensiva y disciplinamiento de la clase trabajadora y los sectores populares, sobre los que recayó el costo del feroz ajuste económico realizado en los primeros meses de gobierno.

Los despidos y suspensiones han sido un elemento clave del nuevo modelo económico. A través de la propuesta de modernización estatal éstos comenzaron en el sector público y fueron acompañados en el sector privado producto de las medidas de política económica inmediatamente impulsadas desde el nuevo gobierno[18], que actuaron reduciendo empleo y salarios reales, y con ello la demanda agregada, como forma de resolver las tensiones económicas que venía enfrentando el kirchnerismo en sus últimos años de gobierno.

Sin precisar mucho detalle, Cambiemos se basó en el crecimiento que tuvieron los planteles del Estado Nacional en los últimos 12 años para diagnosticar la existencia de un excesivo número de trabajadores estatales que no cumplían con sus obligaciones laborales. Recuperando el legado del período neoliberal de achicamiento del Estado a través de la reducción de los trabajadores del sector público, el nuevo gobierno propuso un plan de modernización del Estado.

Éste comenzó con el decreto de reordenamiento de los ministerios (decreto Nº 13/2015), a partir del cual se creó el ministerio de Modernización[19]. Dicho organismo pasó a ser el encargado de intervenir como órgano rector en materia de empleo público y como autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de dicho régimen. Algunas semanas después el presidente firmó el decreto N° 254/2015 que estableció:

  • Un plazo de 3 meses para que en cada organismo de la APN se revisaran las designaciones efectuadas en los procesos concursales de los últimos dos años. Dicho período coincide con la apertura de los concursos.
  • Un plazo de 3 meses para la revisión de contrataciones de personal bajo el artículo 9 de la ley Marco de Empleo público (contratos anuales), celebradas por primera vez en 2013-2015, renovando los mismos hasta el 31 de marzo de 2016, plazo en que debía decidirse si era pertinente y necesaria la renovación.
  • Que cada organismo debe informar los avances al ministerio de Modernización. Los “superpoderes” de este ministerio en materia de empleo público terminaron de sellarse con el decreto Nº 227/2016 que establece que toda contratación de personal debe ser aprobada por dicha autoridad.

Los decretos sobre la revisión de contratos y el diagnóstico de Cambiemos sobre el exceso de empleados públicos se plasmaron en un verano sumamente conflictivo. Los despidos comenzaron en diciembre, sobre todo en los casos de mayor precariedad[20], y continuaron en enero, febrero y marzo. Ante la falta de información oficial, los números aquí presentados se basan en la información recopilada por los medios de comunicación. Éstos subestiman el total de despidos, ya que por la inestabilidad de ciertas formas contractuales en el Estado algunos ni siquiera fueron considerados “despidos”. Si bien este proceso tuvo mayor amplitud entre los trabajadores más precarizados, alcanzó también a trabajadores en planta permanente, con diferente antigüedad y responsabilidades.

despidos-en-el-estado

Los organismos con mayor cantidad de despidos registrados han sido: el ministerio de Cultura y sus organismos (645 despidos en museos nacionales); el ministerio de Seguridad, la secretaría de Comercio, el ministerio de Salud, el ministerio de Agricultura. En muchos casos se desmantelaron áreas completas, lo cual indica que el problema no era el exceso de personal para realizar ciertas tareas, sino que tales tareas se realicen en la órbita del Estado. Algunos ejemplos: el programa Conectar Igualdad (ministerio de Educación), la subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del ministerio de Seguridad, las áreas de Consumo Protegido, Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia (secretaria de Comercio) y la oficina de planeamiento y nuevos proyectos de Fabricaciones Militares, encargada de la puesta en marcha de la producción nacional de vagones de ferrocarril.

El 31 de marzo, cuando venció el plazo de revisión de 25.000 contratos establecido por el decreto 254/2015, y el día previo, fueron de suma conflictividad -aun en curso- en varios ministerios. Los funcionarios a cargo todavía no han entregado a los gremios el listado total de despidos ni han declarado cuál ha sido el número total.

Las explicaciones de distintos representantes de Cambiemos sobre estos despidos varían y resultan absurdas a la luz de la magnitud y los procedimientos de despido. En primer lugar, no se han dado a conocer evaluaciones de desempeño de ningún tipo. A su vez, el argumento de reducción del déficit fiscal tampoco tiene asidero, pues por un lado el gasto en personal del Sector Público tiene muy bajo impacto en el resultado fiscal -para eliminar el déficit fiscal 2015 sería necesario dejar de pagar los sueldos de todo el personal-; por otro lado, se crearon nuevos ministerios, secretarías y subsecretarías, y hubo un notable incremento tanto de los puestos políticos de dirección (ocupados en buena medida por empresarios y CEOS provenientes del sector privado) como de sus salarios, que son notablemente superiores a los de los trabajadores de la administración pública en general[21] (Lozano, 2016; CIFRA, 2016).

Podemos, entonces, esbozar otras explicaciones:

  • Los despidos han sido en ciertas áreas clave -reivindicadas por el kirchnerismo- vinculadas a la cultura, la educación, el desarrollo social y la intervención estatal en la economía, inauguradas con el gobierno anterior: el control del comercio, la política de derechos humanos, el programa Conectar Igualdad, el Centro Cultural Kirchner, la incipiente industria estatal. Así, el desmantelamiento de estos organismos puede interpretarse como un brusco cambio de rumbo y cierto “revanchismo”.
  • Aun cuando no puedan demostrarlo, ni hayan seguido los caminos administrativos dispuestos en estos casos, los funcionarios de Cambiemos han tratado de instalar la idea de que los despedidos eran “ñoquis”. Detrás de estos discursos hay una fuerte estigmatización del trabajador estatal, como aquel que está “cómodo” y prefiere evitar las tensiones y la carga de trabajo del sector privado, y en particular de los jóvenes (26% de los trabajadores bajo CCT de la APN son menores de 35 años).
  • Un Estado que controla menos al sector privado, que tiene menor injerencia activa en la economía, efectivamente necesita menos trabajadores. Aun así, cabe recordar que el desmantelamiento del Estado durante la década de 1990 trajo consigo la multiplicación de los “consultores” que facturaban a los ministerios por sus asesorías, con lo cual, la retracción del personal de la APN generó, como en otras órbitas de la economía, una oportunidad de negocio para el sector privado -la tercerización de las funciones de la APN.

En el marco de persecución y estigmatización de los trabajadores estatales con que se llevaron adelante los despidos, esta reconfiguración y “achicamiento” del trabajo estatal buscó, en primer lugar, actuar como elemento disciplinador de cara a las paritarias, tratando de correr el eje de discusión salarial hacia la conservación de los puestos de trabajo[22].

En segundo lugar, la creación de nuevos ministerios, secretarías y subsecretarías y un notable incremento tanto de los puestos políticos de dirección como de sus salarios deja ver que la restructuración y “achicamiento” del Estado no implica una reducción del gasto, sino más bien, la creación de negocios para empresas privadas en desmedro de la creación de capacidades estatales.

En este proceso se enmarca el Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones, cuya implementación también está a cargo del ministerio de Modernización. Asemejando los criterios de trabajo del sector público a los del sector privado este Programa -que ya está circulando por las direcciones de recursos humanos de los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo- habilita, a través de la búsqueda de la “dotación óptima”, una nueva ola de despidos antes de fin de año. La misma puede darse mediante cuatros ejes: i. revisión de los actuales puestos de trabajos; ii. jubilaciones y retiros voluntarios; iii. movilidad transversal; iv. revisión de los sistemas de contratación.

En tercer lugar, la inauguración del gobierno de Cambiemos con una fuerte ola de despidos fue también una señal de “vía libre” para el sector privado, en un contexto de políticas de ajuste que repercuten en un menor nivel de actividad. En efecto, en los primeros 100 días de gobierno, con menos publicidad y menos visibilización por parte de sus representantes sindicales, los despidos en el sector privado fueron aún más numerosos que en el sector público. La principal actividad afectada fue la construcción, pero también hubo fuertes despidos en otras actividades, como autopartes, petróleo, comercio y minería.

Este avance contra los trabajadores, en línea con las transformaciones de la relación capital-trabajo que se vienen dando a nivel mundial en el marco de la crisis internacional, busca institucionalizarse desde el nuevo gobierno a través de un proyecto de reforma laboral cuyos primeros pasos adelantan una recuperación y profundización de la “herencia” neoliberal: la modificación del esquema de indemnizaciones por despido para pasar a ser cofinanciado entre empresas y trabajadores; la flexibilización de las relaciones laborales para que a través de la facilitación de las desvinculaciones se minimicen los costos; la reducción de cargas fiscales; nuevas formas de contratación más baratas; menor intervención del ministerio de Trabajo en las negociaciones salariales; y establecimiento de paritarias por productividad. Todo en pos de “aumentar la competitividad”.

Consideraciones finales

Tal como hemos presentado a lo largo del trabajo la evolución del empleo público durante el ciclo de gobiernos kirchneristas tuvo sus claroscuros: un crecimiento del empleo que, en términos relativos, se concentró en áreas vinculadas a la creación de capacidades de intervención estatal en materia de derechos humanos, salud, cultura e intervención estatal en la economía; pero que, en términos absolutos, se concentró en viejas capacidades estatales: seguridad y defensa. Las condiciones de esos trabajadores mejoraron respecto a las de la década de 1990, pero persistió una importante heterogeneidad de regímenes jurídicos de contratación y de condiciones laborales y, por ende, de condiciones efectivas -tanto en cuanto a la estabilidad como al salario y a otras condiciones laborales.

Los datos aquí presentados no dan cuenta de este proceso en las provincias y municipios y no abarcan todas las dimensiones relevantes para el análisis del empleo público. En efecto, la desactualización y la dispersión sobre la información de cantidad de ocupados y condiciones de empleo ha sido un problema no sólo para el interés académico y/o periodístico sobre el tema, sino también para la disputa que se llevó adelante en los primeros meses del nuevo gobierno.

La heterogeneidad en las contrataciones y la falta de información allanaron el camino a un proceso de revisión de contratos y despidos con los que Cambiemos inauguró su gestión. Sin embargo, los despidos llegaron a alcanzar a personal en distintas situaciones contractuales, es decir qye no recayeron sólo sobre quienes tenían menor estabilidad. Los argumentos esgrimidos desde el gobierno fueron variando a medida que eran desmentidos por los propios trabajadores despedidos y por los sindicatos, en particular, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). A su vez, en los meses posteriores, la proliferación de contrataciones de asesoría -ya sea a trabajadores autónomos o a consultoras- y el incremento de salarios de ministros y funcionarios de gestión directiva, señalan que el objetivo tampoco ha sido reducir el gasto público.

Por el contrario, consideramos aquí que los despidos en el sector público han tenido tres grandes objetivos. En primer lugar, y junto con la persecución y estigmatización de los trabajadores estatales con la que se llevaron adelante, buscaron actuar como elemento disciplinador de cara a las paritarias, que -sin éxito- el gobierno pretendía cerrar por debajo del 25%, cifra en la que oficialmente se estimaba la tasa de inflación para 2016. En segundo lugar, avanzar en la restructuración y “achicamiento” del Estado, que no implica necesariamente la reducción del gasto, sino más bien, la creación de negocios para empresas privadas en desmedro de la construcción de capacidades estatales. En tercer lugar, junto con la batería de medidas económicas de ajuste aplicadas en los primeros meses de gobierno y con indicios concretos de la búsqueda de una inminente reforma laboral, la política de despidos en el Estado buscó dar una importante señal hacia el sector privado sobre la orientación de la intervención pública en materia laboral: un “vía libre” de un Estado que despidiendo advierte que no va penalizar los despidos en otros sectores.

Los despidos en el sector público, multiplicados en el sector privado, han creado un nuevo escenario en el que se corre el riesgo de que las demandas por la calidad del empleo pasen a un segundo plano, cobrando protagonismo la demanda por el sostenimiento de los niveles de empleo. En particular, otros dos elementos sugieren este camino.

En primer lugar, las declaraciones del ministro de Trabajo sobre la necesidad de que la negociación colectiva esté orientada en torno a pautas de productividad como requisito para cumplir con las metas de inflación. Este argumento, presente en la ley de convertibilidad y que se transformó en el estancamiento de la negociación colectiva durante la década de 1990, tampoco fue aceptado por los sindicatos y la negociación salarial siguió un curso similar al de los últimos años. Sin embargo, se han abierto interrogantes respecto a las negociaciones futuras, e incluso, a la reapertura de paritarias -en algunos acuerdos se plasmó explícitamente- en la segunda mitad del año.

En segundo lugar, la apuesta a la modernización del Estado tiene su correlato en la estructura económica: la apuesta por la reconversión productiva. Podría plantearse la necesidad de avanzar en torno a un cambio estructural, que tanto sectores poco afines al kirchnerismo como sus propios funcionarios reconocen como “deuda pendiente” del gobierno anterior. Sin embargo, los primeros indicios apuntan a abrir las importaciones de aquellos productos en los que Argentina tiene mayores problemas de competitividad. Así, la “reconversión” no es más que un eufemismo para seguir eliminando casilleros de la estructura productiva local, que deja librados a los trabajadores de esos sectores a la esperanza, con poco sustento teórico y/o empírico, de que puedan encontrar empleo en algún otro rubro más pujante.

Los gobiernos kirchneristas avanzaron en sentido contrario a la reforma del Estado y a la reforma laboral de la década de 1990. Sin embargo, la parcialidad de estos procesos -vinculada en buena medida al arbitraje gubernamental en las relaciones laborales- allanó el camino para el inmediato avance -o más bien, retroceso- de estos primeros meses de gestión de Cambiemos. Sin embargo, las condiciones sociales, políticas y económicas que permitieron aquellas reformas durante el menemismo distan de las actuales. Durante estos meses, la movilización y la resistencia del movimiento obrero y del conjunto de organizaciones populares han demostrado que el éxito de estas medidas está condicionado por la capacidad organizativa, de movilización y de unidad de los sectores populares.

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Villareal, J. (1985). Los hilos sociales del poder. En Jozami, E., Paz, P. & Villareal, J., Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social (1976-1983). Buenos Aires: Siglo XXI.

Zeller, N. & Rivkin, A. (2003). El empleo público nacional: estudio de la distribución de cargos y de las características de sus remuneraciones. Serie I, Nº 69. Buenos Aires: INAP.

[1]              Fundamentalmente la ampliación del REPRO a partir de la crisis de 2009.

[2]              Por ejemplo: plan primer empleo, corrección del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y asegurar una escala progresiva, declaraciones sobre la definición de las paritarias a partir de la evolución de la productividad y acerca de la necesidad de reducir los salarios reales, así como también sobre el “exceso” de empleo público.

[3]              Agravamiento del problema de restricción externa, significativo incremento del déficit fiscal, aceleración de la inflación, apreciación del tipo de cambio, estancamiento de la economía, menor generación de empleo y caída de los salarios reales.

[4]              Este artículo se centra en uno de los aspectos de las primeras medidas en torno al empleo del nuevo gobierno y forma parte de una investigación más amplia del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) – CTA Provincia de Buenos Aires.

[5]              Padre del actual ministro de Trabajo, quien asumió en diciembre de 2015 bajo la gestión de Mauricio Macri.

[6]              Entre los aspectos relevantes que dicha ley estableció en el empleo público cabe mencionar que, por un lado, la misma declaró la emergencia de la prestación de servicios públicos, cumplimiento de contratos y situación financiera de todos los organismos dependientes del Sector Público Nacional y autorizó la intervención de los mismos –excepto las universidades– por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, estableció los procedimientos para llevar adelante los procesos de privatización.

[7]              La APN comprende la Administración Central (Presidencia y Ministerios), los organismos descentralizados –por ejemplo, INDEC- y los organismos de la seguridad social –por ejemplo, ANSES-. La APN junto con otros entes, las empresas y sociedades del estado y las universidades conforman el Sector Público Nacional.

[8]              Los datos presentados no incluyen el empleo en las universidades nacionales.

[9]              Como veremos más adelante, la figura del empleo transitorio se enmarca en un régimen jurídico distinto al personal contratado –que debe facturar-. Ambos comparten el rasgo de inestabilidad, pero el primero sí reconoce su especificidad como relación laboral, mientras que el segundo corresponde jurídicamente a una relación comercial.

[10]            En América Latina, el empleo público se distribuye, según orden de importancia en: 1. Administración Pública y Defensa, 2. Enseñanza, 3. Salud y 4. Electricidad, gas y agua y otros (Arcidiácono, et. al., 2014). A partir del mismo tipo de fuente para Argentina, y en base a estimaciones propias basadas en la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (EPH-INDEC) encontramos que sobre el total de asalariados en el sector público en 2014 un 49,5% se desempeñaba en Administración Pública y Defensa, 28,8% en enseñanza y 12% en salud y servicios sociales –y sólo un 1,1% en Electricidad, Gas y Agua. Tales porcentajes implican un incremento de la participación de la Administración Pública y Defensa, que era el 41,9% en 2004, en detrimento de Educación (24,9%) y Salud (17,8%).

[11]            La creación de nuevos ministerios implica no sólo la jerarquización –cuanto menos formal– de las tareas que el mismo asume, sino también la creación de nuevas estructuras administrativas. Las variaciones 2003-2015 se han calculado reagrupando los nuevos ministerios con aquellos en los cuales recaían algunas de sus funciones previamente a su creación.

[12]            En efecto, el antecedente mencionado por Diana Menéndez (2010) para ejemplificar la inestabilidad que el cambio de gobierno representa para los trabajadores estatales menciona la asunción de Mauricio Macri en CABA en 2008. En aquel entonces se despidió un número considerable de empleados del gobierno de la ciudad, muchos de los cuales fueron luego reincorporados ante el reclamo sindical.

[13]            A su vez, los litigios entre trabajadores y empleador se dirimen bajo la órbita del derecho administrativo y no del derecho laboral, como sucede con el empleo privado. Esto tiene implicancias relevantes, ya que si bien se pueden identificar problemas en el acceso a la justicia (costos, duración del proceso, entre otros) los fallos de los tribunales laborales están enmarcados en los principios protectorios del derecho laboral, que reconocen la asimetría entre las partes y se traducen en un importante porcentaje de fallos favorables hacia los trabajadores (Senén González & Palomino, 2006); no así el derecho administrativo.

[14]            La misma refiere al servicio civil, excluyendo a ministros, secretarios y subsecretarios y al personal diplomático. El personal de fuerzas armadas y de seguridad se rige bajo otro marco normativo.

[15]            Ese porcentaje se establece en el convenio colectivo y actualmente es del 15% (Art. 156 del CCT para la APN).

[16]            Mediante un dictamen de 2009 (Nº 5295) la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) reafirmó que “el derecho a la Carrera está asignado exclusivamente al personal permanente que revistara en el nivel escalafonario al que accedió, en el SINEP, por el proceso de selección exigido”.

[17]            Las categorías definidas como representativas en la base de datos utilizada son: categoría C5 en la APN; Auxiliar con 10 años de antigüedad (cajero) para el sector bancario; Categoría 4 para Telefónicos.

[18]            Entre las que se destacan durante los tres primeros meses de gobierno: la liberalización a la compra-venta de la dólares y la unificación de su valor (que en diciembre de 2015 implicó una devaluación del 40%), la reducción o eliminación de retenciones a las exportaciones, la suba en las tasas de interés, la liberalización y desregulación comercial y financiera y la eliminación de subsidios a los servicios públicos.

[19]            Como ministro asumió Andrés Ibarra, quien tuvo un cargo similar en el segundo gobierno del PRO en CABA, y fue cuestionado por establecer retiros voluntarios y “regulación” de las asambleas gremiales.

[20]            Por ejemplo, en el caso de los trabajadores “independientes dependientes” o con contratos de asistencia técnica, cuyos contratos pueden rescindirse en cualquier momento. En el caso de los trabajadores transitorios, en muchos casos la renovación para 2016 ya había sido firmada, por lo cual, era necesario el decreto Nº 254 para poder suspender esos contratos.

[21]            De acuerdo con información provista por el ministerio de Modernización y procesada por El Destape, los salarios de los ministros y del mismo presidente se han incrementado en 2016 entre un 30% y un 111% en relación al que recibían los funcionarios de la anterior gestión (http://www.eldestapeweb.com/los-ministros-macri-ganan-un-100-mas-que-sus-antecesores-n19811)

[22]            En este sentido, a pocos días de asumir, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, fue muy claro al expresar “Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos” (http://www.cronista.com/economiapolitica/Prat-Gay-y-las-paritarias-Cada-gremio-sabra-hasta-que-punto-puede-arriesgar-salarios-a-cambio-de-empleos-20160101-0005.html)

[1]          Docente de la Universidad Nacional de Moreno. Integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC). e-mail: mafebahia@gmail.com

[1]          Investigadora del LESET. Docente de la Universidad Nacional de La Plata. Integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS) y de la Sociedad de Economía Crítica (SEC). e-mail: bellonipaula@yahoo.com.ar

La universidad en tiempos del macrismo. Entrevista a Darío Estévez (FULP), Matías Muraca (CONADU) y Luis Tiscornia (CONADU-H)

Por Fernando Toyos[1]

Los campos académico y universitario están atravesando, desde los resultados de la primera vuelta electoral de 2015, un proceso de movilización sin precedentes en los últimos años. El conflicto con el gobierno de Cambiemos en torno a la paritaria docente y al recorte presupuestario de las Universidades Nacionales fue una expresión saliente de una organización, cuyo corolario fue la movilización del 12 de mayo. Esta manifestación, imponente en términos numéricos, presentó un nivel de articulación entre distintas gremiales docentes y estudiantiles que no se había producido durante toda la década anterior. Atendiendo a ello, Épocas dialogó acerca del balance de estos acontecimientos y los desafíos a futuro con: Luis Tiscornia -secretario general de CONADU Histórica-, Matías Muraca -miembro de la mesa ejecutiva de CONADU- y Darío Estévez -presidente de la Federación Universitaria de La Plata hasta septiembre de 2016.

É: ¿Cómo describirías la situación del campo científico y universitario en la coyuntura actual? ¿Qué tareas, desafíos, etc. se desprenden de esa definición?

LUIS TISCORNIA (LT): La coyuntura actual está determinada centralmente por las políticas del gobierno nacional que acaba de asumir en diciembre del 2015. En los pocos meses de gobierno se ha expresado en los hechos que la política del gobierno de Macri tiene como centro descargar un profundo ajuste sobre las espaldas de las mayorías populares en beneficio de los sectores más concentrados de la economía, agravando la concentración de la riqueza y la dependencia del país con el correlato de mayor desocupación y pobreza para el conjunto del pueblo.

Su expresión en las universidades y en el sistema científico-tecnológico está dada por una aguda restricción presupuestaria en lo inmediato. En los salarios, que son el 90 % del presupuesto en las universidades públicas, fue la lucha docente la que – en algún grado y medida – logro disminuir este ajuste al lograr incrementos salariales de hasta un 35 %. Aunque ahora por el mantenimiento de la inflación en valores extraordinariamente altos implica el reclamo de reapertura de las discusiones salariales por parte de la docencia universitaria.

El rumbo general del gobierno de Macri en su política hacia las universidades es de achicamiento, elitización y profundización de la mercantilización de la educación y la universidad pública. Con el discurso de la “eficiencia”, la necesidad de la “evaluación” tanto de docentes como de estudiantes y utilizando los escándalos de corrupción y/o arbitrariedades en el manejo presupuestario del gobierno anterior, pretenden avanzar hacia una universidad para pocos y cuyo desarrollo científico, tecnológico y cultural esté al servicio de una política de dependencia y subordinación de nuestro país.

Por otra parte, el hecho de que el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, haya ocupado el mismo cargo durante el gobierno anterior, muestra la continuidad en la política científico-tecnológica centrada en priorizar el modelo agroexportador extractivista. En los últimos anos, más allá de los discursos, las políticas científico-tecnológicas estuvieron destinadas principalmente a recursos y orientación, y ahora continúan, hacia las ramas de la ciencia y el conocimiento para consolidar el modelo sojero agroexportador y minero-petrolero extractivista.

Enfrentar y frenar el ajuste es el desafío en lo inmediato. Esto, en concreto, significa desplegar la lucha por la defensa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector y por el presupuesto educativo en general, y en particular para las universidades públicas y el sistema científico tecnológico estatal. Para ello es necesaria la más amplia unidad hacia adentro y la articulación profunda con los sectores populares afectados por esta política. Junto con esto es necesario desplegar la disputa político-ideológica en el plano de las políticas educacionales y científicas para contrarrestar los discursos que pretenden darle legitimidad al ajuste. Hay que debatir sobre el presente, pero también sobre el pasado inmediato, en cuanto respecta a las responsabilidades del gobierno anterior. Esto es, acerca de las políticas económicas y su vínculo con la educación, la ciencia y la tecnología; si ha aumentado o disminuido la concentración y elitizacion de la riqueza, la cultura y la política; si la extranjerización de la economía y la dependencia económica, social y cultural de nuestro país ha crecido o decrecido.

MATIAS MURACA (MM): El campo científico y universitario se encuentra actualmente en una situación doblemente compleja. Por un lado, nos encontramos en un delicado momento político e ideológico que tiene su expresión en lo económico-presupuestario. El proyecto político iniciado en el mes de diciembre del 2015 no ve y no entiende como prioritarias las áreas científicas y universitarias.

Podríamos referirnos al ahogamiento presupuestario de las universidades o a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los docentes e investigadores. Pero esto se inscribe en una lógica política estatal y nacional mucho más amplia que implica una amenaza a las cuestiones soberanas de nuestro país. Nos encontramos con un proyecto que vuelve la mirada a un modelo de desarrollo de principios de siglo XX, concentrado en la explotación agrícola, con una visión industrial y científica que se agota en la agroindustria. Este acento desatiende la vinculación necesaria de nuestras investigaciones y universidades con entramados industriales complejos y amplios que generen competencias y empleos para amplios sectores de nuestra sociedad.

Por otro lado, tanto las universidades como los científicos, en particular, deben comenzar a reflexionar sobre las formas en las que realizan su producción. Hemos perdido una oportunidad muy importante para avanzar en una emancipación científica real. Seguimos generando conocimiento y patentes que quedan prendados de los intereses de las grandes potencias y de las empresas multinacionales. Ya sea en los pesos de las publicaciones o en las formas en las que se accede a los recursos no hemos logrado avanzar en una estrategia de producción de saberes y conocimientos que apuntalen y avancen en un sentido emancipador. Los científicos y los universitarios debemos hoy avanzar en dar respuestas a este doble desafío.

DARÍO ESTÉVEZ (DE): Creo que el campo científico y universitario está movilizado. Es un sector que tuvo un proceso de expansión y legitimación durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Este proceso generó un nivel de adhesión importante. Pero, por otro lado, no estuvo acompañado por una crítica radical de la forma de producir conocimiento y del destino de éste. En este sentido, es un sector que atravesó la década sin niveles de movilización y organización importantes, salvo en casos puntuales.

Esto comenzó a revertirse ya el año pasado. Es un campo que fue en buena medida consciente del riesgo que implicaba un gobierno macrista y fue de los primeros en sumarse a espacios de discusión y acción en contra de una posible victoria electoral de Cambiemos. En este sentido, estuvo alerta desde el principio del gobierno de Macri.

É: ¿Cuáles fueron las causas y cuáles las consecuencias del proceso de lucha docente que llevó a la masiva movilización del 12 de mayo? ¿Cuál diría que fue el nivel de articulación entre los distintos actores universitarios (docentes, estudiantes, personal administrativo)? ¿Qué balance hacés del conflicto?

LT: Mientras desde la CONADU Histórica hacíamos medidas de fuerza que fueron prolongándose y profundizándose -llegando a semanas enteras de paro- las otras federaciones, con sus vacilaciones tradicionales, realizaban paros de 24 o 48 horas.

El carácter activo que tuvieron los paros fue cimentando la unidad con el movimiento estudiantil. Esa combinación se fue consolidando y fue creciendo con los paros. Hasta que no llegamos a la semana de paro, por nuestra modalidad de trabajo, fue difícil establecer un clima de movilización de la envergadura que finalmente se logró. Fue un acierto clave de la CONADU Histórica arrancar con paros de 48 horas, después de 72 horas, y finalmente, en el momento más importante, realizar paros de una semana entera. Lo otro importante fue ir intercalando esas semanas de paro con semanas de actividades, de tal manera de volver a las aulas, a las reuniones y a las asambleas, y poder discutir con los estudiantes la necesidad de salir juntos a la calle. El paro con clases publicas graficó en concreto la confluencia con el movimiento estudiantil. Sobre esto tenemos que aprender.

En ese sentido, creemos que fue acertada la táctica de ir creciendo en magnitud, de prolongar los días de paro, intercalándolos con semanas de actividades normales, sin paro pero con mucha reunión y asamblea.

El otro gran debate que se dio fue con sectores del kirchnerismo que paradójicamente planteaban no hacer muchos paros y que consideraban que lo mejor políticamente era que el gobierno impusiera por decreto los incrementos salariales para que el costo político lo pague Macri. Con esa estrategia no hacían medidas de fuerza para no gastar energías en la lucha que vendría recién en el segundo cuatrimestre. Quedó demostrado que esa estrategia nos llevaba al fracaso y que la estrategia correcta era profundizar la lucha en ese momento y, a su vez, ganar la lucha salarial o avanzar lo más posible: romper el techo salarial era el mejor golpe a la política de Macri. La política de pretender que Macri impusiera los aumentos por decreto para hacerle pagar el costo político hubiera implicado regalarle aumentos miserables, al lado de lo que con nuestra lucha pudimos conseguir.

A la par de estas discusiones, peleamos y garantizamos que todos fuéramos convocantes de la movilización del 12 de mayo. Lo fundamental fue la decisión, sobre las últimas dos semanas del conflicto, de ir a una movilización nacional propuesta por la CONADU Histórica, al igual que la fecha. El resto no quería esa fecha, quería hacerla casi sobre junio. La decisión de marchar el 12 permitió empalmar el reclamo de la docencia universitaria por salario con el reclamo por el presupuesto, que es el otro gran ajuste que está haciendo el gobierno. Esto permitió que se desplegara una movilización imponente, que mostró los límites del gobierno de Macri. Porque esa movilización le marcó la cancha al gobierno al decirle que no queremos ajuste en la universidad, y que, si lo van a hacer, nosotros estaremos en la calle.

En la movilización hubo, como hacía muchísimos años que no había, decenas de miles de estudiantes, docentes y no docentes en la calle. Más de 50 mil en Buenos Aires, se dice. Pero la movilización fue nacional, literalmente, ya que hubo movilizaciones en todo el país: casi 5 mil en Neuquén, 2 mil en Misiones, otros 2 mil en Jujuy; en muchas universidades nacionales hubo movilizaciones de centenares y miles de estudiantes, docentes y no docentes. Así que esa movilización fue un punto de inflexión, que hizo que el gobierno tuviera que ceder y hacer ofertas que fueran consideradas por las asambleas.

Lo otro que impuso esa movilización es que dejó puesto en la calle, en la escena política nuevamente, al movimiento estudiantil en conjunto con los docentes y los estudiantes. Esto augura la resistencia que va a tener cualquier política de ajuste sobre la educación y sobre las universidades públicas.

MM: La movilización del 12 de mayo fue un momento muy importante que refiere a la lucha de una comunidad que se movilizó en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El 12 de mayo se movilizaron masivamente investigadores, docentes, no docentes y estudiantes, pero también (y sobre todo) se manifestó el conjunto de la sociedad en defensa de un derecho clave para el desarrollo nacional: el derecho a la Universidad.

Este acontecimiento nos coloca no sólo en el importante desafío de lograr interpretar cómo continuar con un proceso de lucha contra un proyecto neoliberal y contrario a los intereses nacionales, sino que también nos obliga a pensar en cómo continuar y ganar esta disputa. Esta aclaración es importante, y la referencia fueron las luchas de los años noventa contra el neoliberalismo. En esta oportunidad el desafío es ganar la disputa. Esto sólo se puede hacer avanzando en la unidad plena del campo popular. La clave sigue siendo el componente político y social heterogéneo de la marcha del 12.

Tenemos que juntarnos todos los que propendemos a un modelo nacional de desarrollo. En este esquema, el desafío involucra y comprende a las universidades y al campo científico, pero claramente lo desborda. Es necesario avanzar en una alianza estratégica con los gremios y con el sector industrial. El peronismo, en su sentido más amplio, debe formar parte de este desafío que se presenta con una urgencia y una necesidad históricas.

DE: A principios de año nos encontramos con ataques concretos de parte del gobierno de Cambiemos al sistema Universitario público en general, y a las nuevas Universidades en particular. El punto fuerte del gobierno anterior había sido más lo presupuestario que la política de orientación científico-tecnológica, lo cual se hizo visible con la continuidad de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, el ataque del nuevo gobierno se centró primeramente sobre ese punto. Se cuentan: el impacto del tarifazo en las Universidades, las propuestas salariales inaceptables, la reducción de convenios con el Estado y la no aplicación de algunas políticas, como el caso del boleto educativo en la Provincia de Buenos Aires. Si bien éstos fueron los más importantes, hubo otros, por ejemplo el ataque a la Ley de Gratuidad aprobada el año pasado. Estos ataques despertaron la reacción de un sector con enorme legitimidad y peso político en nuestro país, que miró con desconfianza al macrismo desde un principio, pero que no contaba con un proceso de organización y dinámica de lucha importante.

É: ¿Qué perspectivas a futuro se abren en el ámbito universitario?

LT: La CONADU Histórica y la docencia universitaria salieron muy fortalecidas después de esta lucha. Quedamos muy unidos y con el orgullo de haber sido vertebradores de ese proceso de lucha que, más allá de lo que avanzamos -que se podrá discutir si es poco o mucho-, adelantó mucho en la necesidad de volver a instalar la defensa de la universidad pública y la movilización como instrumento para esa defensa. Si hay algo que hicimos bien y que le “hizo daño” al gobierno de Macri es haber estimulado y promovido esta movilización de decenas de miles.

Por lo tanto, la perspectiva a futuro es buena desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos y de la Universidad pública. Un nuevo desafío imprescindible es lograr la confluencia de nuestra lucha con la del conjunto de los sectores populares, que seguramente se va a desplegar.

MM: Las dos principales federaciones docentes de nuestro país, la CONADU y la CONADU Histórica, han convocado a un paro total de actividades para inicios de octubre, en reclamo por la reapertura de paritarias.

El proyecto macrista se propone desmontar un entramado productivo y desmantelar las redes sociales formadas a partir de los desarrollos industriales. La propuesta de Cambiemos apunta a una sociedad más simple, agroexportadora, y con un fuerte valor agregado a partir de la tecnología aplicada al agro. El sueño de quienes hoy nos gobiernan es que Argentina vuelva a ser el “granero del mundo”. Esa visión tiene un conjunto de problemas graves para el país. El principal es que se trata de un modelo de desarrollo que tiene capacidad para contener a 15 millones de personas. Dicho claramente, este proyecto deja afuera a 20 millones de argentinos. El desafío, entonces, son las paritarias, pero es también, y sobre todo, una disputa política contra este modelo de exclusión y entrega nacional. Otra vez, la clave aquí es una articulación amplísima con todos los sectores del campo nacional y popular.

DE: La movilización del 12 de mayo, que fue histórica y condensó luchas de diferentes sectores y lugares del país con un nivel de unidad no visto hace tiempo, no terminó de lograr la continuidad necesaria. En este sentido, el nivel de articulación docente, no docente y estudiantil significó un enorme avance, pero nos habla de un proceso aún embrionario de espacios que quedaron demasiado fragmentados tras los gobiernos kirchneristas.

Considerando todo esto, entendemos que en primer término estamos ante una tarea defensiva: fortalecer las instancias de base, las asambleas docentes, estudiantiles, no docentes, y los espacios locales y nacionales de articulación sectorial. En síntesis, poner de pie a un movimiento que tiene un potencial enorme, pero que recién empieza a despertarse. La tarea defensiva es la de articular en pro de lograr instancias de lucha en unidad, capaces de sostener los derechos conquistados y de defender la educación pública. La marcha del 12 de mayo fue muy importante en este camino, pero necesitamos hacer de estos espacios encuentros sistemáticos.

Además de la tarea defensiva creo que tenemos una segunda, intermedia, que tiene que ver con obtener algunas conquistas, algunos avances. Son elementos que sirven para demostrar que la lucha y la organización son el camino, que se les pueden arrancar derechos a los empresarios que gobiernan. Creo que las paritarias docentes, en parte, significaron eso. La marcha del 12 de mayo obligó a una nueva respuesta del gobierno, a retroceder en su posición original, y nos mostró que es posible obtener triunfos. Por esto en la provincia de Buenos Aires es para nosotros fundamental conseguir el boleto educativo gratuito por el que tanto venimos luchando.

Por último, mientras se desarrollan estas dos tareas, se impone una tercera que no podemos relegar. Es la de elaborar una propuesta distinta de educación, de Universidad, de modelo científico y tecnológico. Porque no puede ser nuestra voluntad conformarnos con que no nos quiten derechos, con no perder. Si no tenemos un proyecto alternativo, una serie de experiencias, propuestas, trabajos, podremos resistir más o menos tiempo, pero no podremos proponer una salida capaz de conquistar una educación que, además de pública, sea popular, nuestroamericana y feminista.

Son tres tareas que se tienen que hacer al mismo tiempo, aunque tengan ritmos distintos. Y para las que necesitamos el mayor nivel de compromiso, humildad, perseverancia y unidad. Esas cualidades empezaron a forjarse el 12 de mayo, por lo que estamos convencidos de que, como decía el gringo Tosco, nuestras tareas han de fructificar. Y en ese camino, “Nada debe desalentarnos. Nada debe dividirnos. Nada debe desesperarnos.”

 

[1] Fernando Toyos es sociólogo (Facultad de Ciencias Sociales – UBA) y docente de las carreras de Sociología y Ciencia Política de la misma casa de estudios, donde cursa la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales. e-mail: fertoyos.87@gmail.com

Ni “vagos” ni “ladrones”: trabajadores cartoneros. La disputa por el reconocimiento de su actividad como un trabajo.

Por Santiago Sorroche [1]

Introducción

La emergencia del fenómeno cartonero se presentó, principalmente desde los medios de comunicación (Adissi, 2004; Tufró y Sanjurjo, 2010), como una de las más visibles consecuencias de la crisis que nuestro país atravesó a principios de este siglo. Cada atardecer, miles de desempleados accedían desde las barriadas del conurbano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para buscar su sustento de los residuos que los vecinos del distrito más rico del país dejaban en la vía pública. Sin embargo, y como numerosos trabajos académicos dieron cuenta, esta actividad tenía una profundidad histórica rastreable, al menos, al siglo XIX (Súarez, 1998; 2015; Schamber, 2008).

El modelo de gestión de residuos vigente en ese momento prohibía la actividad, lo que permitía que fueran acosados, encarcelados, les decomisen los materiales recuperados o se les exigiesen sobornos por parte de la policía. Al mismo tiempo, y como lo señalan quienes desarrollaban la actividad hacía más tiempo, eran considerados “vagos”. Por lo tanto, no trabajadores.

Los cambios legislativos, primero en la CABA pero años más tarde en la provincia, legalizaron la actividad, y junto al desarrollo de políticas públicas orientadas al sector, posibilitaron la organización de cooperativas. Desde allí, comenzaron a disputar por mejoras en las condiciones y en el reconocimiento de su trabajo. En ese contexto, las principales preocupaciones que orientaron la producción académica sobre la problemática fueron la forma de organización de la actividad e intentar dar cuenta de si la misma podía, o no, ser considerada un trabajo (Abduca 2011; Aimetta, 2009; Dimarco, 2007; 2011; 2012; Gorbán y Busso, 2003; Gorbán, 2004; 2005; 2006; 2014; Martínez Vega, Bertotti y Mundt, 2004; Perelman, 2007; 2008. 2010; Perelman y Boy, 2010).

En este sentido, aquí me propongo analizar las condiciones en que las organizaciones cartoneras han llegado al momento de la asunción de Mauricio Macri como presidente y, a partir de allí, señalar las diferentes estrategias que las mismas han desplegado en función de defender los derechos adquiridos y de lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.

En función de lo expuesto, reconstruiré el rol del trabajo cartonero desde la implementación del Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) hasta este momento, mostrando las disputas que las organizaciones cartoneras llevaron adelante para ser reconocidos como trabajadores y lograr el reconocimiento pleno de sus derechos.

El sistema de gestión previo

“Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura”, señaló Mauricio Macri durante su primera campaña para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002[1]. Tal afirmación dejaba en claro dos cuestiones: la primera, el negocio de la basura es millonario, claro que para las empresas que se encargan de recoger y enterrar la basura, tales como el grupo SOCMA, Techint, entre otras grandes empresas; la segunda, efectivamente, para estos grupos empresariales y monopólicos, la actividad de recuperación de materiales reciclables por parte de los cartoneros significaba una merma en sus ganancias. El sistema estipulaba que cada una de ellas cobraba por tonelada recolectada[2], mientras que el CEAMSE –una empresa estatal tercerizada en su operatoria, también en favor de estos grupos empresariales- lo hacía por cada una que se entierra en sus Centros de Disposición Final (CDF) también conocidos como rellenos sanitarios.

Este sistema, en tanto contempla todas las etapas de la gestión de los residuos –según fue estipulado al momento de su creación: recolección, traslado y enterramiento- fue creado en el año 1978. Inspirado en los desarrollos de los “Cinturones Ecológicos” de Londres y Sidney, se proponía el relleno de terrenos anegadizos –a través de los residuos- para luego crear parques sobre estos “nuevos” terrenos. Implementando en conjunto entre el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Cacciatore, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Saint Jean, la dictadura se propuso una gestión metropolitana que tenía como meta varios objetivos. Por un lado, sustituir los incineradores que poblaban toda la ciudad de Buenos Aires, altamente contaminantes del aire, por rellenos sanitarios, la técnica utilizada en los países centrales. Por el otro, la prohibición del “cirujeo”[3] en la ciudad.

En este sentido, el proyecto no se orientaba únicamente a la mejora de la infraestructura, sino que también perseguía objetivos socio-políticos ya que buscaba, como señalaron Carré y Fernández (2013: 55):

…hacer de la ciudad una zona relativamente exclusiva para un sector específico de la sociedad, una burguesía urbana (Ozlak, 1991). Promulgadas por la ciudad, desde la ciudad y para la ciudad, las políticas de ordenamiento y de planificación urbana se caracterizan por este esquema que marca el centro y la periferia, y que hace del conurbano bonaerense —el espacio de la industria, de los obreros, muy poblado y pobre— un espacio en blanco.

En este marco, es posible entender al CEAMSE como una de las políticas impulsadas por la dictadura para “limpiar” el espacio urbano de la ciudad, tanto de la basura como de los habitantes más pobres de la misma. El cinturón ecológico permitió entonces resolver el problema de los residuos, al tiempo que generaba nuevas obras de infraestructura que posicionarían a Buenos Aires como una ciudad moderna. A esto se sumaba la erradicación de las villas de la ciudad (Hermitte y Boivin, 1985). El reto del gobierno de facto fue construir una ciudad que fuera vista como una urbe que se encontraba al nivel de las grandes metrópolis, lo cual “…ocurrió en un momento crítico, en que la apuesta mayor para la Municipalidad de Buenos Aires era la recepción del Campeonato Mundial de Fútbol, en el año 1978”. (Carré y Fernández, 2013:54).

La dictadura no estaba preocupada por incluir a la gente dedicada al “cirujeo” como parte de la clase trabajadora formal. Por el contrario, consideró que la idea era simplemente que desaparecieran de la vista pública.

Una de las mayores erradicaciones de villas realizadas por la dictadura fue en el Bajo Flores. La villa se encontraba en las inmediaciones de la usina y el basurero municipal (Suárez, 1998). Muchos de sus habitantes obtenían su sustento a través de la recuperación de materiales reciclables que luego vendían en los galpones ubicados en las inmediaciones. Eliminando los lugares de disposición final –e incineración- de la Ciudad de Buenos Aires y estableciéndolos a varios kilómetros en terrenos anegadizos –y, por lo tanto, de escaso valor comercial-, junto con la erradicación de las villas de la ciudad, en muchos casos a lugares cercanos a los nuevos rellenos, no se buscaba que dejaran la actividad sino que la realizaran fuera del ámbito de la ciudad. Al mismo tiempo, la prohibición del “cirujeo” en la vía pública, brindaba las herramientas jurídico-legales para poder reprimir y eliminar la actividad de la vía pública. Como señalé en otro trabajo (Sorroche, 2016), entiendo que el establecimiento de este sistema se produjo en el marco de un nuevo proceso de acumulación por desposesión. Donde, en función de asegurar su funcionamiento, se excluyó a la población cartonera señalándola como un problema para la salud y la moral (Dimarco, 2011).

Asimismo, si bien la prohibición era explícita, tanto en los fundamentos, como en la legislación y directivas del CEAMSE, nunca se tipificó como un delito. Quienes eran arrestados desarrollando la actividad, lo eran bajo la carátula de vagancia. De esta manera, les negaban su condición de trabajadores.

Al mismo tiempo, si bien Laura (1978) –ideólogo del proyecto- señalaba que su preocupación era por quienes perjudicaban y explotaban a los “cirujas”, la legislación estaba orientada a quienes realizaban la actividad. No estaba estipulado un castigo o contravención a quienes se dedicaban a la compra y venta de materiales. Aunque está claro que, al prohibir el cirujeo, se complicaría el trabajo de este sector, la prohibición del reciclado, al menos en los papeles, era menos importante que la del “cirujeo”, al cual había que reprimir.

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A través de la replicación de modelos exitosos en Norteamérica y Europa, la dictadura quiso que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubicara a la vanguardia de la gestión de los residuos en América Latina. Para esto se valió de los desarrollos de la ingeniería ambiental, construyendo una nueva hegemonía en torno a la gestión de los residuos. Hegemonía entendida en los términos de Thompson (1984), en tanto que posibilita la definición de los límites de lo posible, e imposibilita el desarrollo de alternativas. Hegemonía que es mantenida a través de “…un constante y diestro ejercicio de teatro y concesión” (Thompson, 1984:60). Sin embargo, como señalara el historiador, esta no impone una visión del mundo totalizadora, sino que más bien son “orejeras” que mientras permiten ver en una dirección impiden hacerlo en otra. Esta hegemonía, estableció que solo una forma de gestionar los residuos era posible en el AMBA, lo que inhibió el desarrollo de otras prácticas que podrían haber estado orientadas al reciclaje o la reducción de los residuos.

La necesidad del desarrollo del sistema CEAMSE fue construida a través de los despliegues de poder de la dictadura. Pero también, por una modernización de una ciudad que se había construido en crisis permanente. Como los parques de ciervos en el siglo XVIII eran “… una prueba visible de la riqueza y el poder” (Thompson, 2010:214), también lo era el cinturón ecológico, atravesado por autopistas de norte a sur y de este a oeste. Con cientos de canchas de fútbol, golf y otros deportes. El despliegue del poder para “reorganizar el país”, ya no quedaba circunscripto a la “violencia política”, también actuaba sobre el espacio, “reorganizando” la ciudad, “limpiándola”, “ordenándola”.

El modelo en tensión

El sistema del CEAMSE funcionó sin grandes críticas ni problemas por más de 20 años. Sin embargo, con el cambio de siglo, la invisibilidad en la que había estado sumida la política de residuos comenzó a resquebrajarse. Por un lado, para el año 2001 diversas fuentes periodísticas señalaban que los rellenos se encontraban al borde del colapso[4]. Fue el enterramiento sin control, columna vertebral de esta forma de gestionar los residuos, lo que lo llevó a este punto crítico (Grassi, 2011; Suárez, Brancoli, Neumann y Ruggerio, 2011; Ruggerio, 2011), convirtiéndolo en el tercer relleno sanitario del mundo en cuanto a tamaño (Korber, 2014)[5].

Por el otro lado, desde fines de los años noventa, los reclamos de las poblaciones lindantes a los rellenos contribuyeron a visibilizar a nivel de la agenda pública conflictos vinculados a la gestión del sistema –aparición de enfermedades, contaminación de las napas de aguas, vertido de gases y lixiviados. Tras varios años de movilización, en el año 2004, se logró el cierre definitivo del relleno sanitario de Villa Domínico (Merlinsky, 2011). Con el correr de los años y de las manifestaciones vecinales, fue también clausurado el relleno sanitario de Ensenada (Sarlingo, 2008) y, de manera parcial, el de La Matanza (Carré, 2010, Álvarez, 2007)[6]. En este marco, solo quedó disponible para el entierro de todos los residuos del AMBA, el relleno Norte III ubicado en José León Suarez. Dado este contexto, el CEAMSE comenzó a buscar terrenos para la ubicación de nuevos rellenos. Pero la movilización de los vecinos en los partidos propuestos para la instalación –todos en la provincia de Buenos Aires-, lograron frenar los diferentes proyectos (Greenpeace, 2004, Merlinsky, 2011, Carré, 2010; Duverges, 2013) e incluso la construcción de nuevas plantas de transferencia (Carré, 2010)[7].

Pero no solo las protestas organizadas por vecinos pusieron en tensión al CEAMSE. La crisis del 2001, en la que un número importante de personas se orientó a la recuperación de materiales reciclables -los cartoneros- sumó otro factor que, refiriéndose al manejo de los residuos y su recuperación, posibilitó que “la legitimidad, que el CEAMSE había construido a través de la maestría técnica del relleno sanitario, sea interrogada por la aparición de nuevas cuestiones económicas y sociales” (Carré, 2010: 4). De esta forma, la conjunción de ambos procesos permitieron visibilizar los problemas estructurales que presentaba el sistema CEAMSE: la saturación de los rellenos; los problemas ambientales por su mala construcción y las consecuencias para la salud de los habitantes de las zonas aledañas.

En función de hacer frente a estas problemáticas, en el AMBA comenzaron a diagramarse políticas locales que se enmarcaron dentro de las propuestas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Desenvuelta en los países “desarrollados”, la GIRSU se orienta como una herramienta para lograr el “desarrollo sostenible”. La diferencia entre un manejo integral y uno que no lo es, reside en la adecuación a sus postulados (Paiva, 2009: 19-20), es decir, que los residuos no pongan en riesgo al planeta en su conjunto. A diferencia de la propuesta del CEAMSE, donde primó la disposición final de los residuos, amparada en el paradigma higienista que prevaleció en nuestro país desde principios del Siglo XX (Dimarco, 2011), el manejo integral de los residuos se propone actuar en todos los estadios del mismo, desde la producción de las mercancías hasta el reciclado y la posterior disposición final de los residuos; lo que Dimarco (2011) dio en llamar como la emergencia de la “cuestión ambiental”. Uno de los principales fundamentos de este modelo de gestión es lo que se ha denominado las “3 R’s”: “reducir, reciclar, reutilizar”.

Dimarco (2011) afirmó que la tercera variable que incidió en los cambios en la manera de gestionar los residuos fue la revalorización de la clasificación de los residuos en la mayoría de los países centrales y algunos de América Latina. Por su parte, Paiva señaló que “muchas de las medidas que circulan a nivel mundial nacieron en países con contextos socioeconómicos y culturales diferentes de los latinoamericanos, y, por esta razón, no terminan de encauzar las prácticas y las realidades que presenta el Tercer Mundo” (Paiva, 2009:22).

En la Argentina la puesta en marcha de una GIRSU, como señalé más arriba, se debió a varios factores. Sin embargo, la implementación de la misma, no se dio en los términos prescriptos por los organismos multilaterales. La condición socioeconómica del país, presentó complejidades que los agentes estatales debieron afrontar al momento de ponerla en práctica.

La articulación de las problemáticas –la irrupción del cartoneo como un problema social junto con la demanda de los vecinos por el cierre de los rellenos-, allanó el camino para la reformulación de la legislación y la puesta en marcha de varios programas orientados al establecimiento de modelos de GIRSU.

Como señalé, la actividad no era nueva en el AMBA. Sin embargo, el aumento de la cantidad de personas y el impacto que tenía en el resto de la ciudadanía lo presentaban como un fenómeno totalmente novedoso. Por otra parte, la actividad seguía prohibida por el mismo decreto de creación del CEAMSE. Por lo tanto, la emergencia del fenómeno social posibilitó que se llevara adelante la adecuación de las legislaciones existentes en materia de residuos. En el año 2002, se sancionó la ley Nº 992 de la ciudad de Buenos Aires, de creación del Programa de Recuperadores Urbanos[8], que pronto comenzó a denominarse por su sigla “el PRU”[9]. Al año siguiente se dictó la ley nacional Nº 25.916. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el artículo Nº 11 del decreto que prohibía la actividad no fue derogado hasta el año 2006, con la sanción de la ley provincial Nº 13.592. Ese mismo año en la ciudad de Buenos Aires, se sancionó la ley Nº 1.854 –conocida como ley de “Basura Cero”-, donde se establece la prioridad de los “recuperadores urbanos”, en lo concerniente a la fracción seca[10] de los residuos de la ciudad. Estas leyes reconocen la labor de los cartoneros y su inserción en las cadenas de reciclado. Para poder ser beneficiarios de esta nueva legislación, se hizo necesario que los cartoneros se registraran en el registro de recuperadores urbanos que se había creado a través de las leyes, al tiempo que se reconocía a las cooperativas que ya se encontraban en funcionamiento y se promocionaba el desarrollo de nuevas, permitiendo el acceso a programas y beneficios tanto estatales como de ONGs[11].

Estos cambios permitieron una reconfiguración de las relaciones de hegemonía en torno a los residuos que dieron lugar a diferentes formas de incorporación de la población cartonera. Por un lado, las plantas sociales donde los camiones llegan con sus residuos y son clasificados, a través de cintas transportadoras los trabajadores/as, cartoneros/as, clasifican uno por uno los materiales (Carenzo, Acevedo y Bárbaro, 2013; Cross, 2012). Por el otro, la conformación de cooperativas de cartoneros (Carenzo y Fernández Álvarez, 2011) que posibilitaron el desarrollo de diferentes prácticas que, no sólo tensionaron los lineamientos de los agentes estatales y de las ONGs, sino que también posibilitaron ampliar los límites de lo posible en torno a la gestión de los residuos.

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Este proceso, no exento de contradicciones y disputas, posibilitó que a lo largo de los últimos años las cooperativas no sólo no dejaran de existir sino que se convirtieran en actores centrales en la diagramación y disputa de las políticas de residuos en el AMBA. Este arduo trabajo de las organizaciones cartoneras requirió la disputa por el reconocimiento de la actividad como un trabajo y de los cartoneros/as como trabajadores/as.

Las disputas cartoneras

Como he desarrollado en mi tesis doctoral (Sorroche, 2016), este proceso no fue exclusivo de nuestro país y se nutrió de las prácticas y experiencias surgidas en otros países de la región, principalmente de los desarrollos que el Movemento Nacional de Catadores de Materias Reciclaveis (MNCR), y sus integrantes, desarrollaron en Brasil. Allí, el proceso de formalización de cartoneros/as en cooperativas comenzó a fines de los años ochenta en vinculación entre espacios de la Iglesia Católica y diversas ONGs.

En nuestro país, el trabajo mancomunado entre ONGs y organizaciones cartoneras amplió el rango de acción para que estas últimas pudieran incidir en los circuitos formales de residuos. Una problemática que en la Argentina se presentaba como extremadamente novedosa requirió del apoyo de las ONGs, en función de poder desplegar las propuestas de las organizaciones. Este proceso fue generando un trabajo conjunto en el que las cooperativas se fueron constituyendo como un actor colectivo que demandaba políticas para la inclusión social de esta población.

Los desarrollos alcanzados por las cooperativas fueron recuperados por las ONGs y agencias estatales como modalidades de gestión replicables. Sin embargo, las mismas son disputadas en los nuevos espacios donde se buscan implementar. La construcción de la replicabilidad se volvió una condición de la capacidad de constituirse como propuestas posibles dentro de las nuevas relaciones de hegemonía en torno a la gestión de los residuos.

Las propuestas que mayor incidencia lograron, se orientaron principalmente a la puesta en marcha de sistemas de recolección diferenciada, con una diagramación y logística particulares -sustentado en la práctica cotidiana-, y posibilitaron disputar la forma en que los cartoneros ingresaban a los circuitos formales de los residuos. Dado el cambio en el proceso del trabajo -de recolectar de las bolsas depositadas en la vía pública, a un contacto cotidiano con los vecinos-, fue necesario el desarrollo de conocimientos específicos para instruir a los vecinos en la separación de los residuos y en el trabajo de recuperación de los mismos en su totalidad (Carenzo, 2011).

Estas experiencias –con mayor o menor apoyo municipal-, alcanzaron niveles de recuperación de residuos inéditos, tanto para la Argentina como la región[12], posibilitando que fueran consideradas en diversos ámbitos como decisiones exitosas a replicar.

Sin lugar a dudas, como señalaron Carenzo y Fernández Álvarez (2011), la promoción de emprendimientos asociativos de cartoneros debe comprenderse desde el marco de la gubernamentalidad y, como sostuve anteriormente, dentro de las nuevas relaciones de hegemonía que los modelos de GIRSU han establecido. En este contexto, el desarrollo de los programas de recolección diferenciada se presentaron como formas novedosas de gestión, ya que al reducir los residuos enviados a enterramiento y generar materias primas para la industria, permitieron que estas propuestas sean consideradas como prácticas que permitían alcanzar los postulados de los modelos GIRSU. La forma en que la política pensaba la inclusión fue disputada y reconfigurada por las cooperativas, definiendo una nueva forma de realizar la tarea cartonera, marcando la diferencia en la recolección diferenciada.

El desarrollo de estas experiencias –Reciclando Sueños y NuevaMente, en La Matanza y Morón respectivamente, junto con otras de la CABA, como El Ceibo o El Álamo, y, más recientemente, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)-, posibilitaron la construcción política de lo que comenzó a denominarse, “gestión social de los residuos” -principalmente desde las agencias estatales- o “reciclaje inclusivo”, por parte de ONGs como AVINA.

Dentro del marco de las relaciones de hegemonía que se configuraron a través del establecimiento de los modelos de GIRSU en el AMBA, orientadas al reciclado y reducción de los residuos, se conformó un nuevo lenguaje, cuya apropiación por parte de las cooperativas derivó en formas particulares de ponerlo en acción. De esta forma, en los ámbitos estatales, de ONGs y de organizaciones cartoneras la recolección diferenciada llevada a cabo por cooperativas de cartoneros, fue definida como “gestión social de los residuos”. El establecimiento de los modelos de recolección diferenciada  generó nuevas condiciones para demandar por mejores condiciones laborales y por el reconocimiento de su trabajo. Sin embargo, el establecimiento de los programas de recolección contrastaba fuertemente con la realidad cotidiana de las cooperativas.

Pero, lo que a simple vista parece contradictorio, la regulación que tanto agencias estatales y ONGs buscaban, posibilitó la configuración de una demanda particular como trabajadores cartoneros. El propio requisito de la formalización permitió la construcción de la demanda por el reconocimiento de su trabajo como servidores públicos. Pero, ¿en qué ideas se basó la conformación de la demanda por el reconocimiento de la recolección diferenciada como servicio público? Como señaló Fernández Álvarez (2007), la forma cooperativa se estableció como el lenguaje mediante el cual estos grupos debían hablar e interpelar a las agencias estatales, desarrollado en interacción con las políticas públicas orientadas a la promoción de formas asociativas de trabajo. Siguiendo este planteo, podemos incorporar el rol de las ONGs en el proceso. Recuperando lo señalado por la autora, las propias características de la actividad –y de los contextos locales en los que se desarrolla- permitieron el despliegue de propuestas innovadoras en el ámbito de la gestión de los residuos que abrevaron de las experiencias y tradiciones políticas de los integrantes de las cooperativas. La construcción política, se configuró en función de demostrar las posibilidades de desarrollar la actividad también en los barrios del Gran Buenos Aires.

La ganancia de los sistemas de residuos, presentadas por la prensa[13] y por la propia existencia de las empresas de recolección, se presenta como altamente redituable. Sumado a esta cuestión, el hecho de que tras la devaluación de 2002 se haya volcado un porcentaje importante de la población a la recuperación de los residuos, generó la idea de que la basura es riqueza. Entonces, a las cooperativas se les hizo necesario, como señaló Carenzo (2011), desfetichizar cotidianamente la gestión de los residuos. La ganancia de estos modelos está dada por el pago que los municipios realizan –ocupando los primeros puestos en erogaciones municipales- por la recolección, traslado y enterramiento.

Como señalan los integrantes de una de las cooperativas con las que trabajé –Reciclando Sueños-, cada vez que cuentan con un espacio deben concientizar a los vecinos, recolectar los materiales, clasificarlos y acondicionarlos para, recién en ese momento, venderlos a un precio que no reconoce la mayoría de las actividades desarrolladas. De esta manera, la consideración de su trabajo como un servicio público, se enmarca en el entendimiento de que la gestión de los residuos es una obligación del Estado y, como las empresas privadas, ellos deberían ser quienes tuvieran la concesión de los sistemas de recolección de materiales reciclables. Como señaló Marcelo, presidente de Reciclando Sueños, en más de una ocasión: “a la otra empresa le dan la basura y dinero, a nosotros nos dan solamente la basura. Nosotros decíamos por ahí, no sé si sería muy lógico, pero justo por lo menos que, o nos empiecen a pagar a nosotros, o a la empresa le den la basura y que ellos la transformen”.

De esta forma, lo que desde los trabajos académicos y periodísticos fue presentado como un epifenómeno de la crisis, tras más de una década se ha fortalecido a través de organizaciones nacionales e internacionales. La disputa ya no es por seguir llevando adelante la actividad, sino por ser plenamente considerados trabajadores con todos los derechos que esto implica. En esta línea, es importante destacar que en el caso de Argentina –a diferencia de Brasil, Chile o Colombia, por citar los más conocidos-, si bien hubo intentos de conformar organizaciones que nuclearan a las cooperativas sindicalmente, como lo fue el Sindicato Único de Trabajadores Cartoneros y Afines (SUCARA) –promovido desde la CTA- o la Unión de Trabajadores Cartoneros (UTRACA) (Dimarco, 2005), éstas se desarticularon tras su impulso inicial.

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Al día de hoy, la experiencia más consolidada en este sentido, es la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)[14] , que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)[15]. Las principales líneas de acción de la federación se orientan a convertirla en “la herramienta institucional para los trabajadores del sector”[16], proponiendo políticas que se orienten a la erradicación del trabajo infantil y a mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo de los cartoneros.

Actualmente

El proceso descripto posibilitó el desarrollo de diversas políticas que permitieron la incorporación de los cartoneros a los sistemas formales de GIRSU. Si bien la actividad ya no es considerada ilegal y cuenta con apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales, la formalidad no es total. Sacando el caso de la CABA y el de Morón, el resto de las cooperativas no reciben pago por su trabajo más allá de la venta de los materiales recolectados y clasificados por ellos.

Sin embargo, a fines del 2013, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires emitió dos resoluciones –la Nº 138 y la Nº 139-, que contemplan la gestión de los materiales reciclables de los Grandes Generadores (empresas, fábricas, shoppings, hoteles) por parte de las cooperativas de cartoneros y que, en función de eso, deben pagarles a las mismas por la gestión de sus residuos. En la CABA hubo varias propuestas en esta dirección. La puesta en marcha de estas resoluciones, lenta y con problemas, ha permitido que las cooperativas logren mejorar sus condiciones y recibir el pago por el tratamiento y acondicionamiento de los materiales reciclables.

La organización de los cartoneros fue resignificándose en el lenguaje por su rol social como servidores públicos. En este sentido, si el trabajo fue el lenguaje movilizado en los primeros años post-crisis, el reconocimiento logrado en las disputas por su inclusión en los sistemas de GIRSU, configuraron un nuevo piso desde donde disputar por mejores condiciones.

Como señalé, tras más de 15 años de la emergencia del “fenómeno cartonero”, las cooperativas gozan de una fuerte presencia en la actualidad. Si bien siguen vigentes demandas por mejores condiciones de trabajo, se ha logrado el reconocimiento de los cartoneros como trabajadores y, como tales, su participación en los sistemas de GIRSU del AMBA. No obstante, hasta la actualidad son varias las experiencias que intentan conformar la representación gremial del sector.

En este contexto, la búsqueda de la valorización de los residuos, a partir del reconocimiento del trabajo cartonero como un modo de garantizar una “gestión social y ambientalmente sostenible”, configuró un modelo de intervención que se ha dado en llamar “reciclaje inclusivo” (AVINA, 2009; WIEGO, 2010). Estos lineamientos fueron recuperados por los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, a través de la “Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo”. En el marco de la denominada economía verde, algunos organismos internacionales –OIT, PNUMA-, definen como empleos verdes al trabajo decente que contribuye a reducir los efectos en el medio ambiente (OIT, 2012). El reconocimiento, por parte de la OIT, de esta población como trabajadores, influye en los espacios locales –tanto de agencias estatales como de ONGs-, posibilitando que se desarrollen procesos de construcción de demanda de estos colectivos por sus derechos laborales.

Sin embargo, en los últimos meses la situación de las cooperativas se ha vuelto más compleja. Por un lado, los precios de los materiales han disminuido por la apertura de las importaciones y por la disminución de la producción de las fábricas –e incluso su cierre. Al mismo tiempo, el número de cartoneros va en aumento, lo cual parece ser una tendencia que se mantendrá a la alza. Según datos de la FACyR hay alrededor de 15.000 nuevos cartoneros tras estos pocos meses de gobierno de Cambiemos, haciendo un total de 200.000 en todo el país. Por el otro, la política del macrismo, tanto a nivel de la ciudad como de la provincia, se presenta como un escollo a sortear. En la CABA, los pliegos para la licitación de la basura no contemplaron, en un primer momento, la participación de las cooperativas. Una masiva movilización de las doce cooperativas que integran el sistema de recolección diferenciada en la ciudad logró que los pliegos fueran reformulados. En la provincia, un proyecto de ley que reconoce su trabajo como servidores públicos y que promueve la puesta en marcha de sistemas de gestión social de los residuos espera ser tratado en la Cámara de Senadores. El OPDS dice no tener capacidad de poder instar a las empresas a acoplarse a las resoluciones, lo que deja todo el trabajo en manos de las cooperativas. En este sentido, a nivel nacional, la FACyR lanzó en septiembre de este año la campaña “Reciclado en nuestras manos”, a través de la cual se propone no solo visibilizar el trabajo que diariamente llevan a cabo los cartoneros, sino también lograr la sanción de una ley de envases[17], como vía para financiar los sistemas de gestión de los residuos llevados adelante por cartoneros.

En este contexto, a nivel provincial, las cooperativas comenzaron a juntarse en pos de poder lograr mejoras en sus condiciones de trabajo, el tratamiento del proyecto de ley, exigir una mayor participación de la OPDS, además de reclamar por derechos básicos en tanto trabajadores (obra social, precio sostén de los materiales en períodos de crisis o de fluctuación del mercado, subsidios y aportes previsionales).

El mayor reto que presenta el nuevo contexto político para las organizaciones es lograr el pleno reconocimiento como trabajadores y como servidores públicos que desarrollan una tarea ambientalmente amigable y que permite hacer frente a los principales problemas que enfrenta la gestión de residuos en nuestro país: el enterramiento indiscriminado. Del otro lado, se encuentran grandes empresas, tanto las que se dedican al “tratamiento de los residuos”, como las que producen con materiales que pueden ser reciclables. Mientras los primeros se oponen a leyes que reconozcan el trabajo cartonero como un servicio público, los segundos se oponen a una ley de envases en la cual los fondos recaudados por la misma sean gestionados por las organizaciones cartoneras para mejorar los servicios de gestión social de los residuos.

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1 http://www.lanacion.com.ar/425929-a-los-recolectores-informales-de-basura-los-vamos-a-sacar-de-la-calle
2 Si bien en la Ciudad de Buenos Aires esto se modificó, a través de la Ley 992 estableciendo el criterio de zona limpia –el pago corresponde a un criterio, ambiguo en la redacción y que nunca fue definido como debe evaluarse, que contempla la situación de higiene en cada una de las zonas que corresponden a cada una de las empresas y no ya por tonelada recolectada-, en el Gran Buenos Aires el sistema sigue funcionando de la misma manera.
3 Tal era la manera en que se denominaba a la actividad de recuperación de materiales reciclables en esa época. Algunos cartoneros, los que más años llevan en la actividad, siguen refiriéndose a si mismos como cirujas y a la actividad como cirujeo. CITA PERELMAN
4http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/5e523dea81addd2ddd8f54ddd3e6fe1a/ http://www.lanacion.com.ar/339819-los-rellenos-sanitarios-estan-colapsados http://edant.clarin.com/diario/2001/09/27/s-04103.htm
5“El CEAMSE recibe 14.000 toneladas de basura diariamente, incluyen/do las 6.000 de la Capital Federal. Por eso, las posibilidades de enterramiento se están agotando porque el relleno no da abasto, a pesar de ser el tercer relleno sanitario más grande del mundo, detrás solamente del Mestique Regional Landfill, en Los Ángeles, California que recibe 20.000 toneladas por día y del Sudokwon Landfill, en Seúl, Corea que recibe 18.000 toneladas por día.” (Korber, 2014:7) Hay que considerar que Rio de Janeiro cerró Jardim Gramacho en el año 2012 –tres semanas antes de que se desarrollara la reunión Rio +20, que era el más grande de América del Sur. http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/lixao-de-jardim-gramacho-e-fechado-no-rio-de-janeiro/
6Tras una resolución emitida por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires debía seguir el mismo camino pero, dada la imposibilidad de abrir nuevos, fue mantenido en funcionamiento circunscripto al enterramiento, únicamente, de los residuos del distrito.
7Las plantas de transferencias funcionan como puntos intermedios entre la recolección domiciliaria y los rellenos. Los camiones que realizan la recolección vierten lo recogido en tráileres más grandes que son enviados a los CDF. Esto permite abaratar costos, ya que en menos viajes se envían mayor cantidad de residuos.
8En el siguiente apartado analizaré lo referente a los cambios de categorías referidos a quienes realizan la actividad.
9Un interesante análisis de las condiciones que posibilitaron la sanción de esta ley puede encontrarse en Schamber, 2008.
10 Fracción seca se refiere a los residuos que son potencialmente reciclables. Por su parte, la fracción húmeda, refiere a los residuos orgánicos que no pueden recuperarse.
11La cuestión de la formalización en cooperativas ha sido abordada en profundidad en Carenzo y Fernández Álvarez (2011).
12 Como señalé anteriormente, mientras que Recisu llegó a una estimación de la reducción en un 15% de los residuos generados en Aldo Bonzi, NuevaMente llegó al procesamiento de 43 toneladas mensuales. Es importante señalar la excepción de casos como el de Londriñas, donde la política pública de residuos estuvo enfocada totalmente a la recuperación de los residuos a través de cooperativas de cartoneros, brindando ayuda económica y logística.
13 Los medios de prensa han apoyado la creencia de que la basura es pura riqueza a ser explotada. En el año 2001, con los precios de materiales extremadamente bajos, el diario La Nación señalaba que “Es que por un kilogramo de latas los cartoneros reciben 40 centavos. Cuando se trata de botellas, les pagan 20 centavos. Por papel blanco consiguen 14 centavos y el papel de diario les deja 5 centavos. A simple vista, las cifras resultan insignificantes. Es evidente que los cartoneros no ganan grandes sumas por comerciar con los residuos que recolectan. Sin embargo, a la larga, su trabajo representa un monto verdaderamente grande del mercado total. Las estimaciones indican que el circuito ilegal de la basura se lleva por año 1.839.600 pesos, un número importante dentro de los 60 millones netos que genera el negocio global. Aunque no hay registros oficiales, el dato surge de un cálculo estimativo realizado por el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).” Unas líneas más abajo agregaban que el 5% de la basura de la ciudad era “desviado” por los cartoneros, de esta forma la estimación se daba en la reducción de 180 toneladas diarias que sufría el sistema CEAMSE, multiplicado por $28 que era el valor de la tonelada enterrada en ese momento. (http://www.lanacion.com.ar/54448-cartoneros-que-tienen-su-propio-tren. Publicada 03/03/2001). En el año 1996 las ganancias del sector “informal” eran aún mayores “Circuito: buena parte de los residuos domiciliarios porteños va al negocio clandestino del cirujeo, que mueve anualmente 10 millones de pesos por año. Entre el 10 y el 15 por ciento de los residuos que se recolectan en la Capital Federal ingresan en un circuito ilegal manejado por cirujas, cartoneros, basurales y volqueteros que no se someten a controles sanitarios y ponen en peligro la salud de los ciudadanos.” (http://www.lanacion.com.ar/172921-crecen-los-basureros-clandestinos-y-amenazan-la-salud-de-los-portenos. Publicada el 15/09.1996). De esta forma se sustentó la idea de que la recolección de los residuos generan grandes ganancias, obviando el hecho de los presupuestos millonarios que manejan tanto las empresas de recolección como la CEAMSE.
14 “El Movimiento de Trabajadores Excluidos es una organización social, independiente de los partidos políticos, que agrupa a más de 2000 cartoneros de Capital Federal y del conurbano, especialmente de Lanús y Lomas de Zamora.” http://cartoneando.org.ar/quienes
15 “La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias.” http://ctepargentina.org/nosotros/
16 http://cartoneando.org.ar/content/otras-organizaciones-de-cartoneros
17 Las leyes de envases estipulan que el productor paguen por la gestión del residuo que se produce tras el consumo de su producto –por ejemplo una botella de gaseosa-. La propuesta presentada desde la FACyR busca que a través de esos fondos se financie la puesta en marcha de sistemas de recolección diferenciada a cargo de cartoneros en todo el país.

1 Doctor en Ciencias Antropológicas. Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires. Becario Posdoctoral CONICET. e-mail: sorroche.santiago@gmail.com

Métricas alternativas: ¿una nueva forma de medir el impacto científico?

Por Carolina De Volder[1]

Introducción

Algunas de las preguntas comunes que escucho en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en el cual coordino el Centro de Documentación e Información son ¿en qué revista me conviene publicar? ¿Cómo sé si una revista es de calidad? ¿Cómo logro mayor impacto con mis publicaciones? Estos interrogantes generan entre los becarios e investigadores un debate muy interesante con múltiples aristas.

Una de las cuestiones en las que siempre hago hincapié es en que el trabajo de escritura de un artículo no termina cuando el artículo está listo o en proceso de revisión o publicación. Es necesario pensar un plan o estrategia de comunicación posterior. Por eso, antes de publicar o querer publicar, recomiendo pensar qué objetivos se proponen, a qué público quieren llegar, a qué área geográfica, qué discusión quieren lograr, que repercusiones pretenden conseguir o si solo lo hacen “por obligación”, porque la academia les exige una cantidad de publicaciones determinadas para seguir en carrera.

Dentro de estas estrategias de comunicación de la producción científica hay dos alternativas complementarias que sugiero:

– Publicar en acceso abierto: elegir revistas de calidad que ofrezcan acceso libre y gratuito a sus contenidos;

– Utilizar y aprovechar el potencial de las redes sociales y otros medios actuales de comunicación en internet para lograr mayor impacto.

En este artículo voy a centrarme en el segundo punto, describiendo cómo los investigadores hacen uso de la web social y haciendo un énfasis especial en las métricas alternativas y en cómo éstas pueden complementar los actuales métodos de medición y evaluación de la actividad científica.

Tradicionalmente, la medición y evaluación de la actividad científica y de los investigadores se ha apoyado en dos indicadores: el número de citas y el factor de impacto. Dichos indicadores, junto con el sistema de revisión por pares, han venido funcionando bastante bien, aunque con algunas deficiencias: el proceso de acumulación de citas es lento, de forma que determinar el impacto real de un trabajo puede llevar meses; los comportamientos de citación varían notablemente según las áreas y disciplinas; y las citas que recibe un artículo no siempre son un reflejo de la calidad del mismo. Hay artículos de alto nivel científico que apenas han sido citados por estar publicados en revistas de bajo perfil o comerciales y, por el contrario, existen artículos que han sido altamente citados como resultado de un proceso de refutación más que por su calidad.

En los últimos años, y en paralelo al surgimiento y crecimiento de la web social, ha aparecido una corriente que propone subsanar estas deficiencias utilizando una forma diferente de medición: las denominadas altmetrics (article level metrics) o métricas alternativas.

Las altmetrics son nuevos indicadores propuestos para analizar el impacto y visibilidad de la actividad científica en la web social: número de tweets, menciones en un blog, cantidad de “me gusta” en facebook, presencia en gestores bibliográficos, etc. La diferencia fundamental con las métricas tradicionales es que mientras las primeras miden en función del prestigio de las revistas o de su factor de impacto, éstas últimas miden a nivel artículo. Además, las métricas tradicionales tienen en cuenta un único producto de investigación: el artículo publicado en revistas académicas, dejando de lado otro tipo de productos como las presentaciones en congresos, artículos de divulgación, datasets, software, documentos de trabajo, preprints, etc. La finalidad de las métricas alternativas no es reemplazar a las tradicionales, sino complementarlas añadiendo una nueva perspectiva.

De esta forma, el entorno digital actual posibilita la medición del alcance y popularidad en la web social no solo de los productos tradicionales, como los artículos de revista, sino también la amplia e instantánea difusión de los objetos de investigación “no tradicionales” mencionados anteriormente. Esto ofrece una visión más amplia de la repercusión de todas las actividades de un investigador, con independencia del tipo de actividad, producto y lugar de publicación.

La web social, los investigadores y la ciencia 2.0

Antes de profundizar en las ventajas y limitaciones de las altmetrics y en las diferentes iniciativas existentes, me gustaría reflexionar acerca del uso que hacen los investigadores de la web social y cómo esto afecta su quehacer diario.

La web social está compuesta por una serie de servicios web que comparten una misma filosofía y características: la inteligencia colectiva y la arquitectura de la participación. La primera se refiere a la suma del saber de todo un colectivo a partir de la colaboración y la segunda es la que permite y favorece la democratización de la participación (O’Reilly, 2005).

Estos servicios –que ya tienen más de 10 años– ubican al usuario en el centro de la escena, dándole un lugar central en la creación y difusión de contenidos, mejorando y potenciando el sistema. Blogs, wikis, marcadores sociales, gestores de referencia, redes sociales, sitios de almacenamiento de fotos y videos, son todas herramientas de la web social, donde los usuarios no solo pueden buscar y encontrar información, sino también crear y compartir contenidos además de interactuar con otras personas de intereses similares. De este modo, cuanto mayor es la colaboración y participación de las personas, mayor será la utilidad de los servicios.

La ciencia no se ha mantenido ajena a la web social y los investigadores vienen utilizando estas tecnologías desde sus comienzos. Entre los beneficios que estas herramientas ofrecen a los investigadores podemos mencionar los siguientes:

  • La posibilidad de mayor colaboración y comunicación entre pares independientemente del país en el que se encuentren o disciplina a la que pertenezcan;
  • El aumento de la visibilidad de la actividad científica (ya sea formal o informal), llegando al público especializado o general (comunicación social de la ciencia);
  • Sirven como medio para filtrar y recolectar información científica relevante y de actualidad;
  • La posibilidad de crear y mantener una imagen profesional online.

Más allá de los beneficios u oportunidades también podemos mencionar algunos obstáculos:

  • La ausencia de una clara comprensión de la utilidad y beneficios que el uso de estas aplicaciones puede tener en la práctica académica;
  • La percepción –equivocada– de que es necesario poseer o desarrollar habilidades tecnológicas que permitan su adopción;
  • La ausencia de una masa crítica de usuarios que las use (es constatable la predisposición a integrar nuevas herramientas cuando son ampliamente usadas, especialmente por colegas);
  • Las dudas relativas a los derechos y copyright de los contenidos;
  • El poco o nulo reconocimiento institucional a su uso.

La investigación científica es –o debería ser– una actividad social y comunicativa, donde el intercambio, debate y difusión de ideas sea algo fundamental. Por eso, no es extraño que los investigadores adopten estas herramientas y que las empleen tanto desde un punto de vista metodológico como para la difusión de los resultados de investigación. Los recursos tecnológicos de apoyo a la investigación abren nuevos canales para que los científicos realicen su actividad y para la comunicación de su producción. De este modo, actividades sociales/académicas como la creación y producción de conocimiento, la búsqueda y recuperación de información o su difusión pueden verse facilitadas mediante el uso de las tecnologías 2.0, dando paso a la llamada Ciencia 2.0 (Fresco Santalla, 2013).

Dentro de la web 2.0 existen multitud de posibilidades en cuanto a servicios y aplicaciones, desde herramientas genéricas para la escritura colaborativa como Google Docs, sitios de almacenamiento web como Dropbox y servicios de redes sociales como Facebook o Twitter, hasta aplicaciones especializadas orientadas a comunidades científicas como los gestores de referencias bibliográficas que ayudan al investigador a organizar una base de datos personal y los asisten en las tareas de citación y elaboración de la bibliografía (Mendeley, Zotero) y las redes sociales académicas donde los investigadores se relacionan y comunican de forma rápida y simultánea y comparten recursos de información y documentación de cualquier tipo (ResearchGate, Academia.edu, entre otras). Todas ellas cuentan con una característica común: son servicios y herramientas –generalmente gratuitas– que facilitan la creación, publicación e intercambio de contenidos y que aprovechan al máximo la inteligencia colectiva. Su empleo en el mundo académico ha dado lugar ha dado lugar a formas alternativas de crear, colaborar y comunicar el conocimiento científico, produciéndose ahora en un entorno más interactivo. El proceso de comunicación académica no ha cambiado, pero los canales y herramientas empleados sí. (Fresco Santalla, 2013).

Siguiendo las etapas fundamentales que tienen lugar en el ciclo de investigación científica podemos agrupar las herramientas en tres categorías diferentes: localización y recuperación de información, creación de conocimiento y difusión del mismo (ver gráfico Nº 1). Dichas categorías no son excluyentes ni fijas, dado que lo más habitual es que la mayoría de las aplicaciones tengan cabida en dos o incluso tres de ellas. Los servicios de migroblogging son un claro ejemplo de esta circunstancia: Twitter es una herramienta eficaz tanto a la hora de filtrar y recuperar información como en el momento de difundirla. Su utilidad y facilidad de uso ha determinado que, pese a ser un servicio de carácter “generalista”, esté siendo adoptado por la comunidad científica, junto a su uso cada vez más frecuente como canal para la retransmisión y difusión de congresos y conferencias. Twitter también sirve como herramienta de discusión y evaluación online de la calidad de los artículos científicos, característica también extensible a los blogs gracias al sistema de comentarios (Fresco Santalla, 2013).

Gráfico Nº 1. Uso de las tecnologías 2.0 en las distintas fases del proceso de investigación científica.grafico-de-volderFuente: Fresco Santalla, 2013.

Por un lado, su utilización en las etapas de localización y recuperación de información así como en la creación colaborativa de conocimiento permite lograr mayor eficiencia y productividad; por otro lado, su incorporación en la difusión de los resultados de investigación permite aumentar la visibilidad de los mismos y también su impacto y popularidad.

Métricas tradicionales vs. métricas alternativas: ¿sustituto o complementos?

Retomando el tema de la evaluación, amerita realizar un comentario sobre los “Criterios de evaluación de la producción científica de las Humanidades y Ciencias Sociales”, redactados durante el año 2012 y discutidos en el 2013 en la Jornada de discusión sobre Sistemas y Procesos de Evaluación Científica por integrantes de la Comisión Interinstitucional de elaboración de criterios de evaluación para las humanidades y ciencias sociales (CIECEHCS). Los mismos tienen la finalidad de reflexionar, promover y contribuir activamente al mejoramiento, la democratización y la creciente calificación de los procesos de evaluación de la investigación académica en Humanidades y Ciencias Sociales en los sistemas nacionales (Argentina).

El documento expresa que:

constituye la antesala de un proceso complejo, de debate entre los colegas de diferentes instituciones. Los distintos aspectos involucrados en el mismo toman en cuenta cuestiones nodales que hacen al reconocimiento y valorización de la especificidad de las Humanidades y Ciencias Sociales y, en ese marco, a la necesidad de establecer criterios de evaluación pertinentes, públicos y conocidos con antelación por la comunidad científica (…). Las articulaciones entre la tarea de investigación, transferencia, divulgación y formación amerita un debate a fondo aún pendiente, reconociendo que se trata de quehaceres que condensan una actividad científica que nutre no solo a la comunidad de pares sino a la sociedad en su conjunto. La revisión de los criterios de evaluación supone un proceso que va más allá de formular técnicamente los instrumentos más convenientes, esto es, supone reflexionar sobre las perspectivas involucradas en la evaluación de la calidad científica. Su explicitación constituye aún una asignatura pendiente. Por otra parte, la definición de criterios adecuados teniendo en cuenta lo antes planteado amerita una reflexión no marginal acerca del sistema de evaluación global que involucra a toda la comunidad de pares y a quienes tienen responsabilidades en las diferentes instancias de evaluación”. Y respecto al tema de las publicaciones expresa que “la indexación de las publicaciones periódicas no puede ser el único criterio de validación de un texto académico ya que con esta operación sólo se evalúa el impacto numérico y la visibilidad internacional de la revista, no el contenido de los artículos. Es importante tener en cuenta que no puede utilizarse el factor de impacto y el índice H exclusivamente en los procesos de evaluación de la producción científica, no sólo por la escasa representatividad de las bases de datos que los producen, sino principalmente por la necesidad de evaluar la calidad del trabajo. Además, el proceso de indexación no es automático, hay buenas revistas no indexadas por desconocimiento del procedimiento y/o falta de interés por parte de sus editores (CIECEHCS, 2013).

En línea con estos argumentos, además de revisar los criterios actuales de evaluación en nuestro país es necesario pensar criterios de evaluación complementarios y/o alternativos, entre los cuales podemos mencionar las denominadas altmetrics o métricas alternativas. El término altmetrics fue propuesto por Jason Priem en un tweet publicado el 28 de septiembre de 2010[1]. Hoy por hoy, la expresión altmetrics (en inglés) o métricas alternativas (en español) es usada y aceptada amplia e indistintamente por la comunidad académica, incluida la bibliotecaria, para referirse a “la creación y el estudio de nuevas métricas basadas en la web social para el análisis de la información académica” (Priem, Taraborelli, Groth, & Neylon, 2010). En otras palabras, las altmetrics se consideran como los nuevos estándares alternativos para medir el impacto de la producción científica desde la perspectiva y difusión en la web 2.0. Algunos autores hablan de la función de éstas métricas como una forma de revisión por pares tras la publicación (Crotty, 2012).

Las altmetrics tienen sus antecedentes más próximos en la webmetría. La webmetría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos de información, estructuras y tecnologías de una parte concreta de Internet, por regla general a una web o portal, desde perspectivas bibliométricas e informétricas (Björneborn, 2004). Ambas, junto a otras disciplinas derivadas del campo de las ciencias de la información, como la bibliometría y la cienciometría, establecen pronósticos sobre las tendencias de la comunicación científica. La diferencia radica en que éstas últimas se encargan de analizar y evaluar diferentes aspectos de la ciencia desde su producción literaria, utilizando métodos establecidos, como por ejemplo, la citación del autor en diferentes publicaciones, el factor de impacto de la revista, la evolución y proyección de un campo determinado de acuerdo a los artículos escritos. Mientras tanto, las altmetrics surgen como una técnica distinta que evalúa el comportamiento de la literatura científica pero utilizando un método complementario como es la cantidad de veces que un artículo ha sido mencionado en las redes sociales.

En lo que a indicadores se refiere se puede establecer una diferenciación entre métricas a corto plazo, como los tweets o los “me gusta” y a largo plazo como el número de descargas de un artículo. Por otro lado, la naturaleza de estos indicadores es diversa y compleja, coexistiendo indicadores bibliométricos de autor, de uso, difusión, valoración y conectividad social (Orduña-Malea, E; Martín-Martín, A.; Delgado-López-Cózar, E., 2016)[2].

Respecto a los servicios creados para evaluar el impacto de los diferentes productos académicos en la web, los hay gratuitos, como la app de la Public Library of Science (PLoS)[3]; de código abierto, como las desarrolladas por el mundo académico, como ImpactStory[4]; y comerciales, como Plum Analytics o Altmetric.com[5] (si bien en el caso de esta última el servicio es gratuito para personas individuales).

En cuanto al uso concreto, son numerosas las editoriales científicas que están integrando en sus sitios web este tipo de servicios: Elsevier, IOP Publishing, Cambridge Journals Online, Frontiers, BioMed Central, Pensoft Publishers y HighWire, entre otras. También hay instituciones que han comenzado a utilizarlas, como por ejemplo la Universidad de Pittsburgh.

Entendiendo qué son, de dónde vienen y el uso que se hace de ellas hay que considerar cuales son las ventajas que ofrecen para los investigadores, entre las cuales podemos mencionar (Margolles, 2014):

Estimulan la divulgación científica: la presencia de estos sistemas de evaluación hace que los científicos se interesen más aún por comunicar adecuadamente y de forma abierta su trabajo al público no científico;

  • Rápido feedback: la web 2.0 facilita la instantaneidad y permite al científico averiguar en mucho menos tiempo en qué medida su trabajo es relevante. Twittear, comentar en un blog o recibir un comentario online es mucho más sencillo y veloz que publicar un artículo científico referenciado y esperar dos años a que lo publiquen;
  • Facilitan la revisión por pares: ante una revisión por pares no sólo debería tenerse en cuenta la información de un único revisor sino también aquella procedente de la masa de personas que podrían leer y comentar el artículo en internet mucho más rápidamente y con amplios puntos de vista;
  • Información exhaustiva: No solo tienen en cuenta las citas académicas de toda la vida sino también los nuevos medios de comunicación. Esto permite tener un mejor conocimiento sobre el impacto y relevancia de un documento científico en el mundo académico y social. Las altmetrics permiten conocer si algo se leyó, se comentó, se descargó, se puso como favoritos, se mencionó, se recomendó y proporcionan al científico una información con la que conseguir mejorar o redirigir su actual área de investigación;
  • Ajustadas al panorama tecnológico actual: el factor de impacto y el índice H fueron buenos sistemas. Sin embargo no responden bien ante el nuevo sistema social y tecnológico. Ya no hay un sólo nicho para la ciencia, el público general necesita de una vez por todas enterarse de qué hacen los científicos en sus laboratorios. Es por esta razón que se hace indispensable comenzar a medir la capacidad de un científico no sólo para hacer ciencia sino también para comunicarla adecuadamente. Para este fin, las altmetrics son una herramienta esencial;
  • Permiten encontrar colaboradores: en base al feedback obtenido, el investigador puede encontrar colaboradores adecuados mucho más rápido para llevar a cabo un determinado proyecto;
  • Permiten una evaluación basada en el contenido y no en el continente: se centran en el potencial de difusión de un documento y no sólo de la revista que lo contiene;
  • Facilitan el filtrado de la información: una mayor cantidad de indicadores cuantitativos elevados sobre el impacto de un paper está correlacionado con una mayor calidad o relevancia de la información contenida en él. Por esta razón, conocer qué documentos o materiales tienen mayor un impacto permite crear estudios de mayor calidad;
  • Potencian la innovación: las altmetrics permiten obtener información sobre el grado de evolución y el impacto social de un campo científico rápidamente estimulando así la innovación en aquellas áreas que mejores indicadores hayan obtenido;
  • Facilitan la toma de decisiones sobre financiación y promoción: es difícil tomar una decisión sólo en base a los datos proporcionados por las altmetrics, más aún teniendo en cuenta que están todavía en desarrollo. Sin embargo, proporcionan una excelente información para facilitar las tareas de resolución y promoción de científicos al tener una gran cantidad de datos sobre sus habilidades científico-técnicas y de comunicación.

Si bien las ventajas de las nuevas métricas parecen claras, lo cierto es que el hecho de hallarse todavía en una fase “beta” genera diversos interrogantes referidos tanto al significado como al valor real de las mismas. Las preocupaciones giran en torno a varias cuestiones:  la facilidad para manipular los indicadores; la necesidad de poder contextualizar las métricas así como la exigencia de establecer medios que permitan recoger, normalizar y visualizar los datos; el carácter evanescente, inherente tanto a las fuentes como a los propios indicadores (Fresco Santalla, 2014).

Declaración de San Francisco y el Manifiesto Leiden

Por último, me parece importante mencionar dos iniciativas relacionadas con el tema de la evaluación y las métricas alternativas. La primera es la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA, del inglés San Francisco Declaration on Research Assessment), que recoge una serie de recomendaciones dirigidas a agencias de financiamiento, instituciones académicas, revistas, y organizaciones que se dedican al análisis y medición de la literatura científica y de los investigadores. La misma fue redactada en diciembre de 2012, durante la Reunión Anual de la Sociedad Americana Celular en San Francisco (California), donde un grupo de directores y editores de revistas científicas acordaron que era necesario mejorar la forma en que se evalúan los resultados de la investigación científica.

La Declaración propone, por un lado, la necesidad de eliminar el uso de medidas basadas en las revistas, tales como el factor de impacto, a la hora de otorgar subsidios o considerar promociones. Además propone la necesidad de basar la evaluación en los propios méritos del investigador. Como recomendación general propone no utilizar técnicas basadas en revistas como una medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación individuales cuando se quiera evaluar la producción de un investigador o asignar presupuestos. A los organismos de financiación los insta a ser explícitos acerca de los criterios utilizados para evaluar la producción científica y considerar el valor y el impacto que los resultados de la investigación producen en el medio en el que se desarrolla. A las instituciones les recomienda también claridad en los criterios que determinan la contratación, la tenencia y las decisiones de promoción, dando importancia al contenido científico de los artículos más que a las métricas de publicación o la identidad de la revista en la que fueron publicados. También destaca la necesidad de considerar el valor y el impacto de los resultados de investigación. Entre sus recomendaciones incluye las de carácter general como también algunas destinadas a organizaciones de financiamiento, organizaciones que proveen instrumentos de medición, editoriales e investigadores.

Dicha iniciativa tiene alcance mundial y abarca todas las disciplinas académicas. Cualquier investigador o institución puede firmar la declaración en el sitio web. Al día de hoy la Declaración ha conseguido 12.431 firmas individuales y 825 de instituciones[6].

Por otra parte, y en la misma dirección, en septiembre del 2014 en la “19 Conferencia Internacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología” se originó el Manifiesto Leiden en el cual se declaran diez principios que deben ser aplicados a la hora de evaluar investigaciones científicas:

  1. La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos.
  2. El desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la institución, grupo o investigador.
  3. La excelencia en investigación de relevancia local debe ser protegida.
  4. Los procesos de recopilación y análisis de datos deben ser abiertos, transparentes y simples.
  5. Los datos y análisis deben estar abiertos a verificación por los evaluados
  6. Las diferencias en las prácticas de publicación y citación entre campos científicos deben tenerse en cuenta.
  7. La evaluación individual de investigadores debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio de investigación.
  8. Debe evitarse la concreción improcedente y la falsa precisión.
  9. Deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores.
  10. Los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente.

Reflexiones

Quiero reflexionar aquí acerca de dos cuestiones. La primera, el rol del investigador y la denominada ciencia 2.0; y la segunda, la función de las agencias de investigación y promoción de la actividad científica y la urgencia de un cambio en los criterios de evaluación y el posible uso de métricas alternativas.

En primer lugar, teniendo en cuenta la actividad que realizan los investigadores en las diferentes fases del proceso de investigación científica considero que deberían incorporar entre sus tareas el diseño de un plan de comunicación de los resultados de sus investigaciones. Su trabajo no está acabado al terminar la investigación o al publicar esos resultados en un libro o un paper. La comunicación al mundo académico y a la sociedad, el intento de llegar a una mayor audiencia y lograr mayor impacto debería ser parte de la responsabilidad social de los investigadores. Sin embargo, muchos científicos consideran que esta es una tarea que le corresponde a la editorial o a la institución que publicó su investigación. Y es cierto, debería serlo, pero también es cierto que no hay como el interés del propio autor para difundir su obra, ya que su leitmotiv debería ser que ese producto sea visible y accesible a la mayor cantidad de público posible. Si ese interés no existe hay un serio problema en la motivación que lo lleva a investigar. La web social favorece este proceso de difusión y divulgación como nunca antes: los canales de comunicación que existen hoy posibilitados por las nuevas tecnologías son muchos y muy variados y abarcan no sólo la comunicación entre pares sino también a la comunidad en general. Si la producción científica de un investigador, de una institución o de un país no se ve, ¿cuál es el motivo de investigar?

En segundo lugar, me quiero referir al rol de las agencias de evaluación y promoción y los criterios que utilizan para la evaluación de los proyectos e investigadores. Me toca trabajar en el ámbito de las ciencias sociales y me cruzo cotidianamente con becarios e investigadores preocupados e incómodos por la forma en que se realizan estas evaluaciones: no solo los evaluados sino también los evaluadores. Ambos muestran preocupación y descontento con los criterios que se utilizan para evaluar. En los criterios de evaluación redactados por el CIECEHCS y también en la Resolución 2249/14 del CONICET[7] se declara que la indexación de las revistas en donde publican los investigadores no puede ser el único criterio de validación de un texto académico ya que con esta operación sólo se evalúa el impacto numérico y la visibilidad internacional de la revista, no el contenido de los artículos. También se propone descartar la utilización del factor de impacto y el índice H como método exclusivo en los procesos de evaluación de la producción científica, no sólo por la escasa representatividad de las bases de datos que los producen, sino principalmente por la necesidad de evaluar la calidad del trabajo. En este sentido, creo que hay un avance positivo en diferenciar los métodos de evaluación de las ciencias sociales y humanas de otros campos disciplinarios como pueden ser las ciencias exactas y naturales en donde existe cierto consenso entre los investigadores para el uso de dichas categorías en la evaluación.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones y recomendaciones, los modos de evaluación siguen siendo básicamente cuantitativos y poco transparentes. Realizar una evaluación cualitativa parece ser casi imposible y ésta parece ser la justificación perfecta con la que se termina o posterga cualquier discusión. Entonces, si se sigue pidiendo y predicando un cambio y hay un fuerte acuerdo en diferenciar a las ciencias sociales y humanas de otras disciplinas, ¿por qué este cambio no se concreta realmente? ¿Qué esperan los investigadores integrantes de las comisiones asesoras y de evaluación para oponerse firmemente a estos criterios? ¿Es justa la aplicación de una Resolución que jerarquiza las revistas por su inclusión en bases de datos y que beneficia a los artículos publicados en bases comerciales por sobre bases regionales o nacionales que favorecen el acceso abierto? ¿Es correcto beneficiar a los investigadores que publican en revistas internacionales prestigiosas por sobre quienes eligen revistas menos conocidas y locales pero de calidad y que ofrecen sus contenidos de forma libre y gratuita? ¿Vale más que un investigador publique muchos artículos sobre el mismo tema y poco originales pero en bases internacionales, o bien pocos artículos pero originales, curiosos, con perspectivas novedosas, que fueron publicados en revistas regionales?

Por último, y asociado a este último punto, es que introduje en este artículo la perspectiva de las métricas alternativas, que pueden ser utilizadas para evaluar la visibilidad y la repercusión de la investigación, no solo en la propia comunidad académica y entre pares, sino también en la sociedad en general. A su vez, toman en cuenta como objeto de evaluación a los investigadores y los productos creados por ellos (no solo los papers sino cualquier otro tipo de productos), y no a las revistas y el factor de impacto como en la tradicional bibliometría. Aunque los indicadores altmetrics tienen sus limitaciones, considero que son mecanismos de evaluación adaptados a la actual sociedad de la información, donde muchos de los datos que circulan en internet lo hacen a través de medios sociales como blogs, redes sociales generales y científicas, gestores bibliográficos y otras herramientas similares. Estos indicadores miden en tiempo real, tienen en cuenta no solo las citaciones académicas sino también aquellas realizadas en medios informales y no académicos y, por lo tanto, son más abarcativos. En este sentido, siempre me surge la misma pregunta: ¿qué vale más, un artículo publicado en una revista con factor de impacto o indexada en los sistemas de indexación internacionales más renombrados, pero sin citas ni menciones, o bien un artículo de divulgación publicado en un blog cuya repercusión fue tal que obtuvo varias citas, menciones y comentarios en las redes sociales?

El beneficio más notable de las métricas alternativas sin dudas es que miden el impacto individual (contenido) y no la revista que lo contiene (continente). Sin embargo, sus medidas, indicadores y plataformas son aún volátiles e inestables. La aplicación de estos indicadores y  métricas constituyen entonces un desafío para los próximos años, al mismo tiempo que se reclaman cambios urgentes en los procedimientos de evaluación: mayor claridad, mayor transparencia y criterios cualitativos que valoren la actividad de los investigadores.

Ojalá discusiones como éstas se instalen entre investigadores, evaluadores y agencias responsables de la promoción y evaluación científica. Entre todos tenemos la responsabilidad y el poder de modificar el actual esquema –bastante oscuro y perverso por cierto– y volverlo más justo para todos.

Referencias bibliográficas

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Castro Ponce, S. (2014). Conceptos básicos sobre Altmetrics. Disponible en: http://www.infotecarios.com/conceptos_basicos_sobre_altmetrics/

Comisión Interinstitucional de elaboración de criterios de evaluación para las humanidades y ciencias sociales (2013). Criterios de evaluación de la producción científica de las Humanidades y Ciencias Sociales. Disponible en: http://www.asaih.org/wp-content/uploads/2015/04/Documento-CIECEHCS-2014.pdf

Crotty, D (2012). Post-Publication Peer Review: What Value Do Usage-Based Metrics Offer? Disponible en: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/04/19/post-publication-peer-review-what-value-do-usage-based-metrics-offer/

Fresco Santalla, A. M. (2013).  Edición y comunicación científica: evolución y tendencias actuales. (Tesis de Maestría, Universidad Carlos III de Madrid). http://eprints.rclis.org/24471/1/Scholarly_comm_and_publishing_Evolution_and_Trends_AFresco.pdf

INAECU (2014). ltmetría, influmetría… ¡Informetría! Disponible en: http://www.inaecu.com/altmetria-influmetria-informetria/

Leiden manifiesto for research metrics (2014). Disponible en: http://www.leidenmanifesto.org/

Margolles, P. (2014). Averigua si eres un científico de alto impacto con altmetrics. Disponible en: http://www.neoscientia.com/altmetrics/

Orduña-M,alea, E; Martín-Martín, A.; Delgado-López-Cózar, E. (2016). The next bibliometrics: ALMetrics (Author Level Metrics) and the multiple faces of author impact. El profesional de la información, v. 25, n. 3, pp. 485-496.

O’Reilly, T.(2005). What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O’Reilly [en línea]. Disponible en: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P. & Neylon, C. (2010), What’s altmetrics? Disponible en: http://altmetrics.org/about/

San Francisco Declaration on research assessment (2012). Disponible en: http://www.ascb.org/dora/

[1] El primer tweet donde se mencionó el término altmetrics: https://twitter.com/jasonpriem/status/25844968813?lang=es

[2] Una descripción detallada de cada uno de estos indicadores se puede encontrar en el artículo de Orduña-Malea, E; Martín-Martín, A. y Delgado-López-Cózar, E. (2016).

[3] Article Level Metrics de PLOS: https://plos.org/article-level-metrics

[4] ImpactStory: https://impactstory.org/

[5] Plum Analytics: http://plumanalytics.com/products/ y Altmetrics: https://www.altmetric.com/

[6] Sitio web de DORA: http://www.ascb.org/sign-the-declaration/

[7] Resolución 2249/2014. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, CONICET. http://www.caicyt-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2014/07/CCSH_-RD-20140625-2249.pdf

[1] Licenciada en Bibliotecología y Documentación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Coordinadora del Centro de Documentación e Información del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Docente, en la Carrera de Bibliotecología, Instituto de Formación Técnica y Superior Nº 13 (GCBA) y tutora de la Especialización docente en Educación y TIC de Ministerio de Educación de la Nación. Miembro del Comité de Expertos en Repositorios Digitales (SNRD), Ministerio de Ciencia y Tecnología. Infotecaria. Coordina el Proyecto especial sobre comunicación científica y acceso abierto en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). e-mail: carolina_devolder@yahoo.com.ar