Alina Ríos – Gobierno de la (in)seguridad y nuevas tecnologías

Resulta incuestionable la relevancia que ha adquirido en las últimas décadas  el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Incluso, las TICs se han convertido en un objeto validado por las agencias de promoción científica. Así, por ejemplo, de la mano del tan evocado “Argentina Innovadora 2020” constituyó ésta una de las líneas de temas estratégicos en la convocatoria 2015 de la Carrera de Investigador Científico del CONICET.

Hay consenso en torno a que ‘hay que estudiar las TICs’. Y no vamos a discutir aquí la validez de esta ‘necesidad detectada’, pero sí vamos a dejar sentadas algunas observaciones que fundamentan la relevancia que tiene el abordaje de este objeto desde las ciencias sociales.

En primer lugar, hay que estudiar las TICs, sí, pero no sólo los aspectos técnicos que los nuevos dispositivos involucran. Es necesario comprender los cambios que afectan la vida social y que resultan en transformaciones respecto de la estructuración de relaciones sociales. Y en relación a ello, las maquinas en sí mismas, por más novedosas que sean las tencologías que encierran, no explican nada. Frente a estas transformaciones el esfuerzo de las ciencias sociales debe estar puesto en descifrar las sintaxis sociales que dan sentido, que ponen a jugar esas máquinas en formas específicas de producción de relaciones sociales. En definitiva, es preciso reparar en el estudio de los usos y las prácticas sociales que comprometen la aplicación de esas tecnologías.

Los cambios técnicos son relevantes en la medida en que están asociados a transformaciones de las formaciones sociales, sea respecto de las formas de sociabilidad o de las prácticas de gobierno. Y nuestro país no ha sido ajeno a la masificación de la utilización de tecnologías de control y vigilancia que puede caracterizarse como un fenómeno global. Analizar las lógicas implicadas en la gestión de estos dispositivos se vuelve imperativo para comprender cambios relativos a la configuración de las relaciones de gobierno. Y aunque las transformaciones abordadas no constituyen meramente un cambio tecnológico, no obstante, la incorporación de nuevas tecnologías se nos presenta como un analizador de las nuevas prácticas y relaciones que se articulan en el campo de la seguridad. La observación, descripción y análisis de los usos mencionados permitirá abordar las nuevas lógicas de acción de los distintos actores, sus relaciones y las racionalidades que promueven. En este sentido, el estudio de estas tecnologías aplicadas al gobierno de la seguridad constituye para nosotros una herramienta para el análisis de la reconfiguración de este campo de prácticas.

En segundo lugar, es preciso revisar críticamente sobre cuáles supuestos se construye ese consenso acerca de la importancia de estudiar las TICs. En general, este interés por la técnica se asienta en una creencia muy poco fundada, que liga de manera lineal desarrollo técnico y desarrollo social. Para el sentido común el progreso técnico se presenta como un proceso continuo orientado a mejorar la condición humana. La aceptación acrítica de las utopías tecnológicas parece ser la regla. Y en lo que respecta al problema de la seguridad no parece haber una excepción, también a su cuenta se invocan las “nuevas tecnologías” como si fueran portadoras de un poder mágico. Así, los vecinos demandando la instalación de más y más cámaras de seguridad. En efecto, la confianza ciega en la tecnología como respuesta a los temores hace que la cuestión del cómo (resuelta técnicamente) reemplace toda interrogación acerca de por qué (por qué responder de determinado modo a las incertidumbres, por qué multiplicar instancias de control y vigilancia, por qué poner en riesgo libertades y derechos…, estas preguntas quedan eclipsadas).

Frente a esta situación, las ciencias sociales tienen mucho que aportar en vistas a  generar condiciones que posibiliten una conciencia crítica sobre ciertos usos tecnológicos. Máxime en un país como Argentina que, como lo han mostrado numerosos estudios sociales, tiene una importante tradición histórica que lo ubica entre los países de más temprano desarrollo de sistemas de individuación e identificación policial del conjunto de la población. Desde los inicios de la implementación del método de identificación dactiloscópica ideado por Juan Vucetich hasta la implementación del “nuevo DNI” que universaliza el registro de datos de identificación biométrica hemos recorrido un largo camino. Y aunque al principio suscitó importantes resistencias, hoy las prácticas de individualización e identificación generalizadas son casi absolutamente naturalizadas por la opinión pública. Encontramos que en nuestro país el umbral de problematización social del control es muy bajo. Por esto es preciso que las ciencias sociales aporten a un conocimiento crítico del funcionamiento de estas tecnologías, fundamentalmente en su relación con la estructuración de un campo de prácticas de gobierno que se despliega en torno al problema de la seguridad. El tema “gobierno de la seguridad y nuevas tecnologías” apunta desnaturalizar una serie de prácticas por las que pasa la producción y reproducción del orden social.

Mario Pecheny – Política, salud, sexualidad y género

Mi formación es en ciencia política. Me dedico a investigar cuestiones de política y derechos en relación con la salud, la sexualidad y el género. Se trata de una actividad colectiva, con colegas en diversos estados formativos, disciplinas, proyectos y miradas.

Por un lado, trabajamos en qué medida y cómo las diferencias en materia de salud, sexualidad y género tienen consecuencias en cuáles derechos reconocen la sociedad y el Estado, y en las condiciones para ejercerlos (ejemplo sencillo de cómo influye la salud en los derechos: un empleador puede negarse a contratar a una persona que vive con VIH, y la ley puede ampararlo o no; ejemplo sencillo de cómo influye la sexualidad en los derechos: hasta 2010 en Argentina sólo las mujeres y varones heterosexuales accedían al matrimonio y sus derechos asociados, mientras que hoy las personas homosexuales también;  ejemplo sencillo de cómo influye el género en los derechos: en una época votaban solamente los varones –de tal edad, luego también pudieron hacerlo las mujeres).

Por otro lado, trabajamos en qué medida y cómo la política y las políticas públicas construyen los procesos que hacen a la salud, la sexualidad y el género, cómo los determinan, qué consecuencias traen para una variedad de individuos y grupos (aquí un solo ejemplo, también sencillo: las políticas que criminalizan el aborto traen consecuencias para la salud, la vida y los derechos de las mujeres).

La relevancia pública de lo que hacemos no es aquello que nos motiva en primer lugar a investigar.

La motivación primera suele ser alguna inquietud que “nos calienta” (esta expresión la tomo del politólogo Guillermo O’Donnell, cuya frase en mis tiempos de estudiantes se me grabó: “si a vos te calienta Kant y Hegel, tenés que trabajar sobre Kant y Hegel”), suele ser alguna perplejidad que – en mi caso personal – pasa por entrarle a los problemas por ventanas y puertas menos o nada transitadas: por ejemplo, en los noventa empecé a trabajar sobre sida y aborto como cuestiones de derechos humanos, o más ampliamente la sexualidad y la salud como cuestiones de derechos humanos. No se estilaba mucho, entonces.

Otra motivación es la demanda desde fuera: algún actor social (un movimiento social, un sindicato, una organización no gubernamental) se acerca con un pedido concreto, o publica algún llamado o convocatoria, o el propio CONICET o la Agencia, o algún Ministerio u organismo internacional, y ahí vemos si estamos en condiciones y con ganas de responder a esa demanda. Porque, para quien lea estas páginas y venga de algún otro planeta, hay que avisarle que la investigación no es gratis. Cuesta dinero, tiempo, insumos. Y el sistema científico argentino no se caracteriza por considerar esto del financiamiento de manera realista. Se habla cada vez más de impacto tecnológico y de temas estratégicos, pero las convocatorias para financiar las investigaciones brindan recursos suficientes para… una computadora y un viaje, por año por equipo de investigación, para dar (de nuevo) un solo ejemplo. Entonces cuando algún interesado pide que algún equipo de investigación investigue algo, ofrece fondos para ello, y nosotros estamos en la línea, trabajamos para responder a esas demandas.

Ahora voy al tema de la relevancia pública. La información (datos, descripciones, relatos) que recogemos e interpretamos, los argumentos que proveemos o intentamos clarificar, han constituido parte de la “evidencia” que reclaman hoy las llamadas “políticas basadas en evidencia”. Quienes hacen política pública necesitan saber “cómo está la cosa”, cómo intervenir mejor, y si aquello que hacen impacta, cómo, cuánto y en quiénes. (Por economía de espacio, simplemente menciono: no es neutral la investigación).

La relevancia pública pasa además y sobre todo por contribuir a dar recursos a los sujetos: esos datos y argumentos robustecen las luchas, inscriben experiencias individuales en sentidos colectivos, y se integran a los debates democráticos que se dan, a veces, en el espacio público.

Tópicos sobre los que hemos trabajado: el VIH y otras enfermedades crónicas, métodos anticonceptivos, salud reproductiva, aborto, derechos reproductivos y sexuales, la situación de derechos y salud de gays y lesbianas, de las trabajadoras sexuales, de las y los usuarios de drogas, de las personas que se encuentran al final de sus vidas; sobre esperar y hacer esperar; sobre democracia y derechos humanos; sobre cómo se investiga, piensa y enseña todo eso en Argentina, América Latina, el Sur global y en el Norte.

La relevancia de nuestro trabajo ha sido reconocida con Premios, que usamos aquí a modo de “indicadores de reconocimiento de relevancia”. Uno, muy científico, fue el Houssay. Pero también nos han dado un premio desde el sector salud, por una investigación acerca de la anticoncepción hormonal de emergencia (cuyos resultados, “relevantes”, pudieron ser de utilidad al diseño de políticas que faciliten el acceso a este método anticonceptivo), un premio desde el Senado por la contribución académica al Matrimonio Igualitario, otro desde una red de personas que viven con VIH y otro desde una organización sindical de trabajadoras sexuales, por considerar que nuestras investigaciones acompañaban sus luchas. Y, sin premio, una vez, una mujer que vivía con hepatitis C, nos dijo públicamente, muy emocionada: “Gracias: acaban de contar, por primera vez, mi vida”.

La relevancia pública no se determina de manera unívoca, no es la motivación primera de nuestro trabajo, y sólo puede encontrarse de manera dispersa, cuando actores diversos (en el Estado, en la sociedad, individuos y grupos) le encuentran un sentido, se lo apropian, “les llega” a menudo a través de múltiples mediaciones, y “les sirve”. Pero la pregunta “¿es útil tu investigación?” no es públicamente relevante, porque falsea el papel que de hecho, y en el mundo ideal, tiene la actividad científica, en la rama que sea.

María Maneiro – Trayectorias suburbanas y representaciones sociales

Hacia fines del año pasado, cuando la comunidad académica reclamaba el cumplimiento del crecimiento del plantel de investigadores tal como lo determina el -formalmente vigente- Plan Innovadora 2020[2], el ministro Barañao afirmó que “ningún país con el 30% de pobres aumenta la cantidad de investigadores”, mientras  al mismo tiempo reclamaba  “que los investigadores tengan otro perfil” y “que se inserten en los procesos productivos y en la solución de problemas sociales”[3].

El argumento del ministro resulta paradójico y controversial: ¿los países con índices altos de pobreza no tienen derecho a la producción de conocimiento? ¿El desarrollo científico es el responsable de la pobreza? ¿Cuál es el fundamento que sustenta la relación entre el recorte en el sistema científico y la pobreza? En un contexto en el cual desde el Estado se promueven diversas medidas que contribuyen a la distribución regresiva del ingreso, la asociación que propone el ministro es desafortunada y falaz.

Sin embargo, poco después, el ministro afirma que lo que se está promoviendo no es la retracción de la investigación, sino la mutación de perfil; ahora se priorizaría la actividad científica “útil”; ¿pero cuáles son los criterios sobre los cuales se define esta utilidad? ¿Cuál es el estatuto de la comunidad científica en relación a la definición de esta vinculación entre la noción de utilidad y la de producción científica? ¿La producción de saber no constituye en sí mismo un criterio de utilidad?

El trabajo que desarrollo dentro de mi plan de trabajo en la carrera de investigación del CONICET se interroga acerca del estatuto de las representaciones sociales en contextos de incertidumbre social. Para ello retoma la noción de zona gris, formulada por Primo Levi y revisitada por Javier Auyero, como ámbito de indeterminación social, para plantear como hipótesis de trabajo que las representaciones sociales construyen fronteras morales (estrategias  securitarias) que permiten  afrontar estas situaciones. Este trabajo construye  su base empírica mediante entrevistas semi estructuradas en las cuales se exploran las trayectorias y las representaciones sociales en torno al hábitat, al trabajo y a la politicidad popular de los habitantes de los barrios marginalizados del conurbano.

Profundicemos cada una de las dimensiones. Nuestra indagación en relación al hábitat explora la biografía habitacional de los vecinos de estos barrios: sus migraciones, la forma en que accedieron a su vivienda, las características de la misma y del vecindario como así también las modificaciones generacionales producidas. Sobre esta misma dimensión se pesquisan sus representaciones en torno a la responsabilidad personal, familiar y estatal respecto de la construcción de un espacio social habitable.

Acerca de la cuestión laboral, nuestra investigación profundiza las modalidades de inserción en la trayectoria de cada vecino y los itinerarios de trabajo indagando las modalidades de inclusión productiva y en torno a derechos;  dentro de esta red de exploraciones se profundiza el conocimiento de esta trayectoria y la de las generaciones previas y siguientes. Asimismo a se investigan las representaciones sociales respecto del imperativo productivo y en torno a los derechos sociales, explorando fronteras sociales, distinciones y valoraciones barriales.

En tercer lugar la dimensión relativa a la politicidad popular congrega la exploración de las modalidades de participación barrial y las redes de colaboración comunitaria; como así también los conflictos de intereses y la articulación con mediatores político-estatales como modalidades de resolución de problemas. Ligado a lo anterior indagamos las representaciones sociales acerca de estas experiencias personales, los sentidos que las invisten, los umbrales que se demarcan y los criterios de merecimiento que se construyen.

Tal como se desarrolla en los párrafos previos, la propuesta de trabajo que presentamos contiene un tipo de investigación en la cual los protagonistas son los habitantes suburbanos: sus historias y sus modalidades de interpretación.

Estos sujetos frecuentemente habitan espacios con problemas de contaminación, viven en casas más o menos precarias que fueron y son producidas –trabajosamente- por ellos mismos; las formas de tenencia de estos terrenos condensan historias de informalidades varias; estos vecinos, en muchos casos estuvieron y/o están débilmente insertos en las relaciones laborales, y frecuentemente vieron despreciados sus derechos sociales; estos sujetos -participantes o no  de redes políticas de subsistencia- viven su cotidiano cerca de la política territorial, se confrontan de diversas maneras con sus capacidades para la distribución de recursos y sus modalidades resolución de problemas. Entendemos que las representaciones sociales –que expresan imperativos morales y fronteras de inclusión/exclusión- constituyen un elemento intrínseco al proceso de dotar de certidumbre una vida cotidiana con quiebres en la seguridad social. Estos sujetos cuyas vidas están fuertemente ligadas a la contingencia y a la desprotección están viviendo hoy una nueva proscripción. Conocer sus trayectorias de vida, sus modalidades de subsistencia y sus representaciones sociales acerca de su propio habitar no resulta un tema útil para las directrices del CONICET. La presentación del dato cuantitativo en torno a la pobreza se expresa como un fundamento para el recorte y no como un desafío para la producción de conocimiento desde y con las fracciones marginalizadas.

Nuestra investigación no tiene un correlato inmediato en relación a la resolución del problema social sobre el que se asienta. Sin embargo conocer estos elementos en profundidad es un paso sustancial en relación al diagnóstico situacional. Durante estos años mediante los proyectos de extensión universitaria fuimos avanzando en el reconocimiento de los problemas sociales del barrio y colaboramos en la elaboración de estrategias de demanda de derechos  por parte de los propios vecinos de estos barrios. Seguramente se podrían pensar mediaciones para que estos resultados de investigación se transformen en sustratos de políticas públicas. No obstante, un estado sólido; promotor de derechos, profesionalizado y con trabajadores bien pagos sería una condición de posibilidad para la resolución de problemas en el marco de una complementación entre la investigación académica y las políticas públicas. Los científicos sociales, sin duda, estaríamos interpelados en la producción de este tipo de utilidad democrática. Sin embargo las políticas en curso se están desarrollando exactamente en una dirección contraria.

 

[1] Profesora de la Carrera de sociología. Facultad de Ciencias Sociales- UBA /Investigadora del CONICET con sede en el IIGG.

[2] Ver http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar.

[3] Ver http://www.perfil.com/politica/baranao-ningun-pais-con-30-de-pobres-aumenta-la-cantidad-de-investigadores.phtml.

Lucas Rebagliati – Defensores de pobres en la época colonial

Mi nombre es Lucas Rebagliati, soy Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenas Aires, docente en dicha casa de estudios y en la Universidad Nacional de Avellaneda, y becario postdoctoral del CONICET. En mi investigación doctoral analicé el devenir de una figura poco conocida de la administración de justicia en la época tardo colonial, el Defensor de pobres del cabildo de Buenos Aires, quien estaba destinado a representar a los sectores más desamparados ante los tribunales. Este cargo -que era desempeñado en forma rotativa y ad-honorem por los vecinos más distinguidos y poderosos de la ciudad-, tenía las mismas funciones que actualmente corren por cuenta de las Defensorías de pobres y ausentes en lo civil/comercial/laboral, y las Defensorías penales, ambas dependientes del Ministerio Público de la Defensa.

Una de las conclusiones a las que arribé luego de extensos años de hurgar en los archivos fue que los Defensores de pobres en la etapa estudiada estaban lejos de monopolizar la relación que las clases populares entablaban con la justicia, ya que solo intervenían en una parte de los pleitos judiciales. Por ello, en la presente etapa posdoctoral en la que me encuentro, mi foco de atención se ha desplazado hacia la relación directa y por sus propios medios de algunos sectores marginales y plebeyos -como los esclavos, los presos, los pobres o las mujeres- con las diversas instituciones de justicia. Así reclamaban sus derechos, buscando atenuar las penurias que los aquejaban en su vida cotidiana. Muchas veces se representaban a sí mismos ante los tribunales, pero dada la condición de analfabetismo de buena parte de la población, lo más común era que acudieran a familiares, vecinos, amigos, conocidos y patrones.

El crecimiento exponencial de la ciudad a fines del siglo XVIII y XIX -económico, demográfico e institucional- ha sido notado y descripto muy bien por muchas generaciones de historiadores. Sin embargo, la otra cara de dicho proceso estuvo marcada por el agravamiento de ciertas tensiones sociales, y éste fenómeno no concitó tanto la atención de los estudiosos. Miles de africanos fueron traídos forzosamente para ser esclavizados, y una vez llegados al Río de la Plata resistieron como pudieron a los intentos de sus amos por reducirlos a meras mercancías. Los migrantes del interior que escapaban de la miseria de sus regiones de origen para probar suerte en la gran ciudad eran el blanco predilecto de las acusaciones de “vagos y malentretenidos” por parte de las autoridades, lo que derivaba en su persecución y hostigamiento. Los presos se multiplicaron por doquier en los calabozos del cabildo, soportando pésimas condiciones de vida producto del hacinamiento en el que vivían. Entre ellos no solo se encontraban sospechosos de cometer crímenes. También había esclavos desobedientes, deudores, mujeres que desafiaban a sus maridos, hijos que se rebelaban ante los mandatos de sus padres, presos sin acusación formal y sujetos que impugnaban la moral sexual de la época. Por último, muchas familias de buena posición o de sectores medios súbitamente caían en la pobreza y se encontraban con dificultades para subsistir, producto de la ancianidad, alguna enfermedad o discapacidad, la mala fortuna en los negocios, o la separación del cónyuge. Esta situación era más sentida en el caso de las mujeres, quienes en el mercado laboral tenían menos oportunidades que los hombres para buscar su sustento de forma autónoma. Pese a ello, no eran raros los casos de mujeres que con el trabajo de sus manos mantenían a sus familias, a contramano del ideal patriarcal que buscaba confinarlas al ámbito del hogar doméstico.

¿Qué relevancia tiene una investigación de este tipo para nuestra actualidad? Se podría argumentar que las personas más pobres que habitaban aquella Buenos Aires colonial -esclavos, artesanos, gauchos, lavanderas y  vendedoras ambulantes- tienen tanto derecho a la historia como las personas que concentraban el poder político y económico. Y que esa historia merece ser enseñada en las escuelas. Hace rato que los historiadores sabemos que la historia no la hacen solo los grandes próceres, sino también aquellos sujetos anónimos que con sus acciones -individuales o colectivas- resistían, se adaptaban y condicionaban las medidas de quienes tenían las riendas del gobierno. Pero dicha explicación -si bien válida- sería insuficiente. Todo historiador parte inevitablemente del presente a la hora de intentar explicar, analizar y dar cuenta de un aspecto del pasado. La pobreza, la marginalidad y la exclusión social siguen siendo fenómenos muy presentes no solo en nuestro país, sino en buena parte del mundo. Y es un tema de debate público que emerge con bastante frecuencia en los medios masivos de comunicación. Lo mismo puede decirse sobre la actualidad de la otra arista de mis investigaciones, la tan mentada “justicia”. Durante el siglo XXI en nuestro país se sancionaron e implementaron un conjunto de leyes que ampliaron o brindaron derechos significativos a sectores de la población, tales como la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna o la ley de medios audiovisuales. Pero la puesta en práctica de algunos de estas normas enfrentó en varios casos obstáculos e impedimentos, entre los cuales se contaron resoluciones provenientes del mismo poder judicial, demostrando el carácter en disputa de este campo. Por eso, con frecuencia aparece como una necesidad la reforma de la justicia, aunque los grupos de interés que abogan por la misma oscilan entre dos posturas. La primera consiste en querer que el poder judicial conserve una prístina “independencia” que rara vez tuvo. Otros, en cambio, anhelan democratizar dicho poder a fin de que acompañe las iniciativas progresistas provenientes de la sociedad civil. En numerosas ocasiones esta discusión emerge ante el accionar de ciertos jueces y fiscales que se convierten en el arma de persecución del gobierno de turno contra opositores y referentes populares -con operaciones de prensa mediante-.

Las luchas judiciales que los sujetos plebeyos en la época colonial libraron en inferioridad de condiciones, con sus derrotas y victorias, tienen mucho para enseñarnos a todos aquellos empeñados en transformar una justicia en muchos casos anquilosada, corporativa y servil al poder económico y político, en una justicia abierta a las clases populares y receptiva de los reclamos de cambio de nuestro tiempo. El ámbito de la justicia, al fin y al cabo, tanto en el pasado como en la actualidad, no deja de ser un campo de batalla que no debemos abandonar.

Mariana Heredia – Sociología de las elites

Pareciera que, por estas latitudes, la ciencia es un lujo. Las sociedades del sur reclaman teléfonos celulares, tratamientos médicos de alta complejidad, instituciones liberales pero deberían renunciar no solo a producirlos sino también a desarrollar cierta conciencia de las oportunidades y desafíos que representan. Olvidando el tiempo de maduración que exigieron en los países del Norte y la convulsionada historia universitaria argentina, la escueta participación científica en los presupuestos públicos se presenta hoy apenas justificable si garantiza resultados expeditivos y útiles. Dos fórmulas y dos destinatarios definen esas demandas. Por un lado, la investigación se subsume en la ecuación “I + D” y se espera de ella productos innovadores susceptibles de medirse en patentes y regalías. Por el otro, ante un Estado que vacila entre la planificación y la asistencia, los estudios científicos lograrían cierto interés al elaborar diagnósticos capaces de intervenir en situaciones críticas.

Bajo este doble imperativo, nada pareciera a simple vista justificar la sociología de las elites. Su estudio no promete resultados capaces de ofrecer réditos económicos inmediatos (sino más bien de incomodar a quienes los producen), tampoco captar grupos merecedores de la atención y la injerencia pública (desviando fondos que podrían ser mejor utilizados). Otras particularidades de las elites las harían también refractarias a criterios de relevancia evocados para otros objetos. Al tratarse de grupos minoritarios, con condiciones y oportunidades de vida excepcionales, que detentan ya suficiente visibilidad pública y política, las elites resultan irrelevantes demográficamente, atípicas en sus atributos y trayectorias, capaces de presentarse al mundo sin intermediarios.

        Pareciera más fácil justificar la pertinencia de la ciencia pública y de la sociología de las elites ante un auditorio más desconfiado de las virtudes de la economía de mercado y de los poderes instituidos. Desde posiciones más afines a la necesidad de contar con bienes públicos, orientados a velar por el interés general, se defiende a la ciencia como una empresa humana donde las capacidades de transformación técnica no ocluyen la cautela y la consideración meditada de si los beneficios prometidos podrán democratizarse y sostenerse en el tiempo. La desconfianza en el automatismo de las instituciones así como la pregunta por la capacidad de los hombres de intervenir en la historia predisponen mejor al estudio de quienes concentran recursos valorados, ocupan posiciones destacadas o participan de manera protagónica de las grandes decisiones.

La suspicacia, no obstante, amenaza con conducir a un nuevo callejón sin salida. La atención en las elites puede deslizarse de la irrelevancia a la omnipotencia: que la ciencia las desatendiera poco se diferenciaría de que les atribuyese el origen de todas las explicaciones. Con este deslizamiento, más que a comprender, la sociología de las elites serviría para movilizar el resentimiento, reafirmar prejuicios que no requieren demostración alguna y hermanar al fin, sin distinciones, a la masa de ciudadanos de clase media con la que tanto gustan identificarse los argentinos. Sería suficiente entonces concluir que toda jerarquía se corresponde con un privilegio, que los privilegios y privilegiados son siempre los mismos y que la única novedad es que estos grupos agudizaron su concentración y su distancia con respecto al resto.

Entre los desfiladeros del orden y de la crítica, la ciencia y en particular la sociología de las elites merecen atención y esfuerzo por su capacidad de responder, de un modo específico, a los grandes interrogantes que enfrenta la humanidad. En este sentido, alcanza con recorrer las páginas de los diarios o las conversaciones cotidianas para constatar que, con diversos ropajes de coyuntura, las desigualdades socioeconómicas y la concentración de poder son dos heridas abiertas para la sociedad moderna. En una cultura donde se exalta la libertad y la igualdad entre los hombres, resulta por lo menos inconveniente la obstinación de las asimetrías. En un orden que proclama su mesurada racionalidad, incomoda constatar tanto el peso de la rutina como el de las pasiones y sus excesos. Pero no se trata solo de evidenciar olvidos sino también de enfatizar contradicciones. Mientras un impulso socava las barreras de clase, género, edad, otro profundiza las diferencias materiales y las dota de una legitimidad incuestionada. Al tiempo que se generalizan los regímenes democráticos, la autoridad se torna revulsiva y caprichoso el lazo de representación.

Además de hacerlas más evidentes, ¿responde el estudio de las elites a estas inquietudes? Sí y no. Lo hace en tanto visibiliza el polo en el que tienden a concentrarse las ventajas, de manera más o menos constante. No lo hace si se toma a las minorías como esencias aisladas sin consideración de los mecanismos de diferenciación, acaparamiento y dominación que atraviesan a la sociedad en su conjunto. En este sentido, las elites son una vía de acceso a la comprensión de la riqueza y el poder, no un punto de llegada. Y esa vía de acceso permite precisar y redefinir interrogantes que, desde el sentido común, suelen girar en redondo, sin conducir a ninguna parte.

Por un lado, contradiciendo la reprobación cristiana, hace tiempo que en las sociedades capitalistas y no solo para las elites, la acumulación de riqueza se volvió la principal medida del éxito personal y una fuente de reconocimiento público. En lugar de conformarse con condenar la correspondencia entre jerarquías materiales y simbólicas, otras preguntas pueden avanzar en la comprensión de este fenómeno: ¿Qué formas de jerarquización y reconocimiento se afirman y se debilitan en nuestras sociedades? ¿Hasta qué punto las ventajas materiales se transmiten de generación en generación o se reasignan como resultado de las crisis, las innovaciones técnicas, las transformaciones económicas y políticas? ¿Son méritos destacables o prácticas ilegales e ilegítimas los que suelen respaldar los procesos de acumulación extraordinaria? ¿Cuáles son los canales más usuales de la producción, el acaparamiento y distribución de la riqueza?; ¿Hasta qué punto esta riqueza, definida hoy mayoritariamente como potestad inajenable de tenedores privados, se reinvierte en bienes y servicios que propician el crecimiento, generan puestos de trabajo, auguran un avance en el bienestar general? ¿Sigue siendo el conflicto entre capital-trabajo el principal clivaje de concentración o derrame de la fortuna? Y más allá del origen, la magnitud y el destino de la riqueza adquirida, ¿cuánto pueden esos recursos reconvertirse en otros -políticos, judiciales, habitacionales, educativos, sanitarios- que acrecientan las distancias entre personas más y menos dotadas económicamente?

Por otro lado, una segunda constatación maquiavélica -que las decisiones fundamentales tienden a concentrarse en manos de las minorías- también constituye una invitación para interrogantes de gran significación. En situaciones de relativa normalidad, ¿qué dimensiones de la vida social y personal están abiertas a la intervención de los poderes instituidos y qué otras no están politizadas y se repliegan en la privacidad de quienes padecen sus fallas y gozan de sus beneficios?; ¿Cuáles son los grandes desafíos y dónde tienden a ubicarse los espacios donde se elaboran y adoptan los cursos de acción que marcan el pulso de la historia?; ¿Cuánto se trastocan estos límites estrechos de problematización e injerencia pública en casos de movilización social o de crisis? Y en caso de requerir una intervención mentada, ¿quién decide qué, con qué márgenes de acción y responsabilidad? Y en esos casos, ¿hasta qué punto la trayectoria y los valores de esos hombres determinan las opciones que escogen y en qué medida son los desafíos mismos los que contienen ya, en gran medida, el germen de su resolución?

La información sobre las elites es un recurso apreciado por las diversas formas del espionaje. Con vínculos y datos pertinentes se amasan fortunas, se propulsan carreras, se protegen amigos, se destruyen adversarios. Mientras es privado y coyuntural, este conocimiento puede ser estratégico, en manos del estratega de turno. En la medida en que los aportes de la sociología de las elites se vuelven menos coyunturales y más públicos, pueden plantear una relación menos ingenua y encantada con la sociedad moderna y sus miembros, pero pueden permitir también profundizar nuestra conciencia y, eventualmente, nuestro control sobre los mecanismos de acumulación, distribución y uso de la riqueza y poder.

Silvia Guemureman – Régimen penal juvenil

En 2017 se ha vuelto a instalar en la agenda pública la cuestión de la edad de punibilidad por parte de las personas menores de edad que cometen o presuntamente cometen delitos. Las primeras declaraciones del Ministro de Justicia fueron cautas respecto al tema de la edad: se situaron sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad en beneficio de un régimen de responsabilidad penal juvenil; proponían un debate legislativo recién para 2018, lejos del contexto electoral de este año, y anunciaban la conformaciones de comisiones de expertos tendientes al logro de la mejor reforma posible[1]. Sin embargo, en un ritmo vertiginoso, se sucedieron las declaraciones de otros funcionarios que se pronunciaron abiertamente por bajar la edad de punibilidad a los 14 años y saldar el debate lo antes posible[2]. La comisión de expertos creada por el Ministerio de Justicia, organizó una apresurada agenda de reuniones para el mes de febrero con una dinámica que comulgaba con la intención del gobierno de enviar la propuesta al Congreso al inicio del período legislativo. Las reuniones concluyeron con consensos sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad actual pero sin bajar la edad de punibilidad.

Cabe hacer la distinción entre imputabilidad y punibilidad ya que  la asimilación entre ambos conceptos desemboca en grandes confusiones que embarran la cancha[3].

Por imputabilidad debe entenderse: a) susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor; b) capacidad de discernimiento; o c) capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines. IMPUTABILIDAD remite al individuo.

Por punibilidad debe entenderse como potestad o facultad del estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir  sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas.  PUNIBILIDAD remite a una decisión de política criminal, y por ende, al estado.

Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el hecho en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 del CP)  no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento,  es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal.  Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de no bajar la edad de punibilidad, lo que estamos reclamando es que el Estado no se arrogue la facultad de imponer sanciones a una edad más temprana sustentado en una decisión de política criminal.

Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes participamos en las reuniones convocadas desde el Ministerio de Justicia cumpliendo en acto con la pretensión tantas veces declamada de realizar transferencia de los resultados de las investigaciones producidas. En contextos donde las discusiones siguen la dinámica de los réditos electorales, cotizan alto las intervenciones fundadas en la producción de conocimiento sostenido y riguroso. Los aportes realizados por el Observatorio de Adolescentes y jóvenes que fundamentan la posición de no bajar la edad de punibilidad desde una perspectiva de política criminal, abrevaron en los resultados de investigación que tanto desde el Observatorio como desde el Grupo de Estudios e Investigación sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH) venimos llevando hace años mostrando el despliegue real de las agencias de control social penal (policía , fuerzas de seguridad, administración de justicia, y dispositivos de encierro punitivo) sobre diferentes colectivos vulnerables, los adolescentes y los jóvenes como uno de los colectivos más sobrevulnerados en sus derechos. Nuestra posición de sustentar el no a la baja en razones de política criminal no estuvo sola, sino que fue mayoritaria, y fueron muchos jueces, fiscales, defensores, operadores judiciales, integrantes de equipos profesionales que intervienen en el día a día con estos adolescentes y jóvenes “caídos en el sistema penal” los que se pronunciaron enfáticamente por el no a la baja.

El conocimiento del sistema penal por dentro, de su funcionamiento real, inhibe de la posibilidad de defender la baja de edad apelando al falaz discurso de la provisión de mayores garantías sino es a costa de mala conciencia. Los datos se tiñen del pragmatismo del funcionamiento del sistema penal real, situado, en contexto en la Argentina de hoy, donde los pibes la pasan mal en la calle, y mucho peor en los espacios de encierro, donde siguen siendo el blanco de atropellos y violencias punitivas y distintas violencias institucionales. El caso del comedor en Lanús el pasado jueves 30 de marzo[4], no es más que un ejemplo paradigmático, tristemente paradigmático de cómo funciona el sistema penal, y de porque la decisión de sustraer lo más posible a los más chicos del sistema penal es una decisión de política criminal, y como tal, una decisión primordialmente política.

[1] Cf. Telam 04/01/2017 RÉGIMEN PENAL JUVENIL:Para Garavano, la baja de la edad de imputabilidad de menores debe ser “en base a consensos”

[2] cf. Clarin, 21/01/2017: Reforma del régimen penal juvenil. Garavano defendió la baja de la edad de imputabilidad. “Ante delitos graves, los jóvenes de al menos 15 años deberían tener las responsabilidades de un adulto”. También el Presidente M. Macri y la Ministra de Seguridad, P. Bullrich.

[3] Las posiciones a favor y en contra de la baja,  y la prolongación en la voz de los actores, se desarrolla en Guemureman (2017) “Pinceladas sobre el proceso de reforma legislativa”, en Revista de Justicia de la CABA (en prensa) y el Boletín del OAJ Nº5, “LOS NNYA `CAIDOS´ EL SISTEMA PENAL Y LOS NNYA EN RIESGO DE `CAIDA ESTREPITOSA´”  (abril de 2017) disponible en http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/

[4] Represión en un comedor en Lanús . El jueves 30 de marzo la policía local irrumpió violentamente en el merendero “Cartoneritos”, del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza, Lanús. Los efectivos distritales intervinientes rompieron parte del inmueble, destrozaron elementos del trabajo diario y golpearon a las cocineras y a una embarazada, quien debió ser internada con pérdidas. La saña llegó al punto de que tiraron gas pimienta en las ollas donde se cocinaba la  cena. La saña continuó durante las horas siguientes con los  chicos detenidos. Al respecto Cf. https://www.pagina12.com.ar/29035-los-sacaron-para-torturarlos.

Victoria D’hers – Medio ambiente degradado, cuerpos contaminados

Por invitación de los que coordinan la Revista, me propuse dar cuenta de la relevancia del trabajo que desarrollo en el CONICET y en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Me permito entonces, dado el marco de este escrito, relatar muy brevemente cómo llegué hasta aquí, para dar sentido cabal de las indagaciones actuales.

Desde el año  2004 dicto clases en la Carrera de Sociología, en la cátedra Ciencias Sociales y Medio Ambiente, titular Héctor Sejenovich. Cito esta fecha dado que en aquellos años no se leía tan habitualmente como ahora sobre la temática, y el ambiente no era vivido como un problema en general. Ya trabajando en la universidad, ad-honorem, inicié mi camino de investigación con becas de la UBA y luego del CONICET, y al día de hoy me desempeño como investigadora de esa misma entidad. Mis primeros pasos en la investigación me vincularon con profesionales de otras disciplinas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Este paso fue central para mi formación, y a la vez para comprender más cabalmente la relevancia de la mirada desde las ciencias sociales. Por una parte, trabajar con biólogos y arquitectos me permitió aprender el uso de varias herramientas informáticas para elaborar mapas y caracterizar desde el trabajo en escritorio a los basurales a cielo abierto, usando imágenes satelitales y aplicando estadísticas  socio-demográficas a dichos mapas. Este trabajo nos permitía seleccionar los basurales ocupados por asentamientos y de ellos, identificar los que presentaban las condiciones de mayor precariedad para poder aplicar estudios de campo y analizar la contaminación ambiental originada en la presencia de residuos no controlados. Por otra parte, en ese ámbito, la mirada que prevalecía era que el rol de los cientistas sociales se vinculaba exclusivamente a aplicar encuestas relativas a la presencia o ausencia de enfermedades ligadas la contaminación ambiental. Al acercarnos al “trabajo en terreno”, a la realidad de dichos espacios mapeados y caracterizados estadísticamente, fue que pudimos comenzar a hacer las preguntas adecuadas para comprender algo más de lo que aparentemente sucedía.

Frente a la idea de que la población no sabía dónde estaban asentados, no conocían que sus barrios estaban sobre terrenos que fueron basurales, rellenados sin control alguno, cada entrevista mostraba que esto no era así. Más aún, el saber la historia de dichos terrenos, el hecho de haberla vivido, los dotaba de otro valor dentro de la trayectoria habitacional de cada entrevistado. Consecuentemente, a la pregunta sobre la contaminación, y la idea de un “no saber”, si bien podían desconocer los efectos concretos de la presencia de metales pesados en sus cuerpos, la frase que prevalecía (en tonos jocosos, incluso), era “nosotros estamos contaminados”.

Entonces, luego de mucho trabajo, el punto de inicio de la investigación vigente son las conclusiones previas referentes a la invisibilización/silenciamiento de las relaciones con el ambiente en condiciones de habitabilidad precaria, vinculado con la necesidad, y percepción de tener una casa propia. A lo largo de años de indagación sostenida, y en cruce con trabajos en grupos de estudio e investigación, se visibilizó la operación que denominamos acostumbramiento como parte de los mecanismos de soportabilidad social,[1] concretándose en la construcción de las expectativas en directa relación con las posibilidades objetivas.[2] A partir de allí, se avanzó en la aplicación de estrategias expresivas de indagación para reconstruir colectivamente la historia de los asentamientos, haciendo explícitas las sensibilidades ligadas a dicho espacio físico y social, “hechas cuerpo” a lo largo de los años. Partiendo del hecho de que nada, ni gestos ni sensaciones pueden ser considerados como algo natural o a-social,[3] asumimos que en este proceso de construcción social de las sensibilidades podemos observar el funcionamiento de mecanismos de soportabilidad social. Éstos se estructuran alrededor de un conjunto de prácticas hechas cuerpo que se orientan a la evitación sistemática del conflicto social, con procesos de desplazamiento de las consecuencias de los antagonismos, que se presentan como escenarios especulares y desanclados de un espacio-tiempo: la vida social “se-hace” como un-siempre-así.

Dichos escenarios conforman cierta estructuración del poder, una política de los cuerpos; es decir, las estrategias que una sociedad acepta para dar respuesta a la disponibilidad social de los individuos. De este modo, el objetivo general de la investigación vigente es comprender las relaciones entre percepción, sensibilidad y contaminación ambiental en sus conexiones con las formas de construcción social de las sensibilidades, en condiciones de habitabilidad precaria. La perspectiva propuesta profundiza en la percepción en su vinculación con la línea de trabajo desde Sociología de los Cuerpos y las Emociones, es decir, en tanto parte de la configuración de las sensibilidades sociales y cierta política de los cuerpos. Se delimitan sus vinculaciones con la sensibilidad, dentro de la investigación de más largo alcance de procesos de configuración de cierto habitus de clase, en la forma de esquemas de percepción y acción. Luego, se establecen las relaciones de la citada percepción con la construcción de la espacialidad.

Finalmente, cabe destacar que luego de un largo recorrido donde se vienen poniendo en cuestión las prenociones y sentidos comunes (tanto lego como académico), es que es posible vincular la configuración de las sensibilidades sociales en ámbitos contaminados, con cierta política de los cuerpos, y sistemático acostumbramiento a condiciones de habitabilidad precaria. Buscando comprender no sólo por qué es que se forman barrios sobre terrenos no aptos para la vivienda, sino cómo es que esto es posible, y más aún para muchos habitantes de nuestro país deseado en tanto significa no alquilar casas en villas (signadas por la estigmatización social), no vivir en espacios sujetos a condiciones de violencia creciente, y percibir una mejora en su trayectoria habitacional. Comprender que esto es parte de una forma de dominación social resulta vital para cualquier sociedad que se llame a sí misma democrática.-

Referencias bibiliográficas:

D’hers, Victoria (2011). Configuraciones de las sensibilidades y Soportabilidad social en hábitats precarios. Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires (2007-2011). Tesis Doctoral para optar por Título de Doctor en Cs Sociales, UBA. Mimeo.

Le Breton, David (2002). Sociología del cuerpo. Buenos Aires: Nueva Visión.

Scribano, Adrián -comp.- (2007). Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones. Córdoba: Jorge Sarmiento Editor.

 

[1] “…Es posible intuir que la expansión imperial puede ser caracterizada como: un aparato extractivo de aire, agua, tierra y energía; la producción y manejo de dispositivos de regulación de las sensaciones y los mecanismos de soportabilidad social y; una máquina militar represiva.” (Scribano, 2007: 119). Dichos mecanismos funcionan junto con los dispositivos de regulación de las sensaciones, procesos de selección, clasificación y elaboración de las percepciones socialmente determinadas y distribuidas. La regulación implica la tensión entre sentidos, percepción y sentimientos que organizan las especiales maneras de “apreciarse-en-el-mundo” que las clases y los sujetos poseen. Así, los mecanismos de soportabilidad social no actúan ni directa ni explícitamente como “intento de control”, ni “profundamente” como procesos de persuasión focal y puntual. Operan “casi-desapercibidamente” en la porosidad de la costumbre, en los entramados del sentido común, en las construcciones de las sensaciones que parecen lo más “íntimo” y “único” que todo individuo posee (véase D’hers, 2011: 15).

[2] Brevemente, se naturaliza la contaminación circundante, se valoran fuertemente los logros en la construcción de la propia casa insistiendo en la presencia de basura por debajo, y en el pasado, literalmente tapada por el propio esfuerzo y sufrimiento. Véase D’hers 2011.

[3] En palabras de Marcel Mauss, “No solamente el llanto, sino que todo tipo de expresión oral de los sentimientos, no son esencialmente un fenómeno exclusivamente psicológico o fisiológico, sino fenómenos sociales, marcados eminentemente con el signo de la falta de espontaneidad y de la más perfecta obligación” (en el artículo “La expresión obligatoria de los sentimientos, Revista de Psicología, 1921, publicado en Ensayos de Sociología, ed. Minuit, Paris, 1968, tomado de Le Breton, 2002: 54).

Angélica De Sena – Políticas sociales, sociabilidades y sensibilidades

La sociología es en plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil. Al contrario de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia la ciencia que se sospecha de no serlo. Hay para ello una buena razón: produce miedo. Porque levanta el velo de cosas ocultas, incluso reprimidas […] Si la sociología es una ciencia crítica, es quizás porque ella misma se encuentra en una posición crítica. La sociología crea problemas, […] una de las dificultades mayores reside en el hecho de que sus objetos son espacios de lucha: cosas que se esconden, que se censuran…

(Pierre Bourdieu, mayo 2000)

Sabiendo que la sociología es una ciencia que incomoda, desde hace ya varios años  comenzamos un conjunto de interacciones que luego dieron origen al Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE) como una apuesta inaugural hacia una sociología de las políticas sociales (PS) analizadas desde y a través de las sensibilidades; que busca contribuir, al estudio y la comprensión de los mecanismos de estructuración en el capitalismo actual, particularmente en el caso argentino. Ello a partir de intentar conjugar una mirada de las PS y de cómo la elaboración,  diseño y ejecución de las mismas consolidan formas de ser, hacer, pensar, sentir, en definitiva: que estructuran cuerpos y emociones en los sujetos. En este contexto el GEPSE se viene ocupando de los cruces y articulaciones entre las redefiniciones de la “cuestión social”, de las elaboraciones de las PS en el marco de los procesos de regulación estatal de los conflictos entre capital y trabajo, de las sensibilidades necesarias y deseadas para que ello ocurra y las políticas de los cuerpos que implican.   Hemos indagado cómo las PS constituyen formas de intervención de los Estados modernos latinoamericanos, que por su particular lugar en los procesos de estructuración social resultan altamente ambiguas; expresan, definen e instituyen la cuestión social; poseen un fuerte potencial normativo, no solamente al normatizar y normalizar lo que en un momento determinado constituye una problemática social y quiénes la concretizarán, sino también cuáles potencialmente son susceptibles de ser posicionados como derechos reconocidos gubernamentalmente. También ha emergido en nuestras investigaciones cómo las PS colocan  en circulación una serie de satisfactores desde unas esferas hacia otras de la estructura social, configurando así las redes de responsables y responsabilizaciones del bienestar. En este sentido, las PS hacen sociedad en un doble sentido, en primer lugar, al impactar directamente en las condiciones de producción y reproducción de vida de las y los actores. En segundo lugar, al transmitir –con su mera existencia modelos de sociedad deseables;  el Estado en su diseño e implementación establece clasificaciones y categorizaciones sociales, que como en una correa de transmisión, consolida percepciones y conocimientos,   ideas y valoraciones y consagran un vínculo entre el mismo Estado y el agente.  Los y las agentes sociales conocen el mundo a través de sus cuerpos, las impresiones de los objetos, los fenómenos, los procesos y la relación con otros, estructuran las percepciones que éstos acumulan y reproducen que son afectados/impactados por las PS en tanto creadoras de sociabilidad/sensibilidad  (Scribano y De Sena, 2013).

La “historia” de la que fuese llamada “la cuestión social” y las sucesivas intervenciones estatales para reparar/mitigar los conflictos (potenciales y efectivos) entre el capital y el trabajo es uno de los procesos que pueden ser tomados como indicadores para revisar las formas de la estructuración social en su conjunto tanto en el presente como en el pasado. Por ello, efectuar una revisión sociológica de las formas que toman las intervenciones sociales por parte del Estado, nos permite comprender las definiciones que cada momento político tiene de la sociedad y entonces las PS pueden ser comprendidas desde su faceta de creadoras de sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades (De Sena, 2014). En base a las indagaciones que venimos construyendo e inscripta en el cuadro de situación que se puede dibujar con otras informaciones disponibles, aparece con fuerza la innegable presencia de las “políticas sociales” como centro de las políticas públicas y de la gestión de las sensibilidades como clave para comprender el actual desenvolvimiento de los procesos de estructuración. En dicho contexto emergen algunas pistas para pensar que pueden llegar a constituir una agenda de discusión para el campo de indagación marcado por las múltiples conexiones entre PS y sensibilidades: a)  El “destino”  de los programas de transferencias condicionadas, en tanto formas extendidas de intervención masivas. Todo parece indicar que dichos programas seguirán constituyendo la clave de la intervención estatal en los procesos de manejo de conflictos sociales otorgando a través de ellas los umbrales básicos de soportabilidad social de la desigualdad. Los umbrales señalados se modificarán no solo de acuerdo a los escenarios locales y marcados en el espacio-tiempo sino también por las transformaciones y adecuaciones de las políticas de las sensibilidades “vigente” para cada esfera y “momento” del mercado en relación al consumo interno. b) ¿Toda política pública deviene PS?,  es posible advertir que uno de los “giros” y énfasis de los próximos años será consolidar a toda política pública como PS en términos de su inscripción en una estructura de las sensibilidades aceptables/aceptadas y de su orientación explícita a ser parte de dicha estructura. Un ejemplo interesante debe advertirse que toda política pública tiene su “identidad de marca”, “su nombre de fantasía” y su estrategia de venta: las transversalidad del marketing en todas las áreas de gobierno es un fiel testimonio de la conexión entre política, Estado y emociones. c) Análisis intergeneracional. Uno de los desafíos de investigación más complejos lo constituye el indagar los resultados de la exposición sostenida de las familias subsidiadas a través del tiempo. Hoy existen varias generaciones de subsidiados en una misma familia. Más allá, obviamente, que la misma intervención estatal a través de las leyes y la educación ha impactado en la noción y las prácticas de familia, son las sensibilidades construidas alrededor de las PS las que están construyendo los juegos sensaciones/emociones en la trama de expectativas de “vivir subsidiado”, de vivir de plan en plan  y “heredar” un plan.  Es a la luz de estas tres pistas de indagación y debate que aparece con fuerza la pregunta sobre si en Latinoamérica el “círculo de la pobreza” no ha sido completado y perfeccionado por el “círculo del subsidio”, que nos obliga a estudiar/indagar/analizar al respecto y deja en evidencia que, hacer sociología incomoda y perturba. Hacer sociología es -junto con otras ciencias- el modo de desanudar la trama que tiene “atados” a la pobreza a millones de sujetos.

Bibliografia

BOURDIEU, Pierre (2000) “La sociología: ¿es una ciencia?”,  en La Recherche N0 331, Traducción: Dr. Manuel Antonio Baeza.

DE SENA, A. (editora)  (2014) Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales CIES. ESEditora /Universitas. Editorial Científica Universitaria. Argentina. Disponible en http://estudiosociologicos.org/portal/lecturas-sociologicas-de-las-politicas/ .

SCRIBANO, A. y DE SENA, A. (2013) “Los Planes de asistencia social en Buenos Aires: una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta Revista de Ciencias Sociales. España. Disponible en http://www.apostadigital.com/index.php. Número 59 (correspondiente a octubre, noviembre y diciembre).

 

[1] IIGG-FCS UBA; CIES angelicadesena@gmail.com

Javier Bundio – Cantos, aliento e hinchadas en el fútbol

Soy antropólogo social y he estudiado cantitos de fútbol durante los últimos cinco años. Podría resumir mi trabajo de esta manera y no estaría faltando a la verdad. Sin embargo, la banalidad del objeto de estudio y el desprestigio que sufrimos aquellos que trabajamos con culturas populares, llevan a que una afirmación así despierte por lo menos asombro. De allí la necesidad de explicar no sólo el “qué” de mi investigación, sino también el “por qué”.

Los cantitos son la pieza central del “aliento”, al cual considero una performance cultural de índole agonística, que se desenvuelve mediante un duelo verbal y corporal que busca poner en escena una imagen idealizada del propio grupo, a la par que se busca injuriar y burlar al grupo rival. Esta práctica constituye un proceso de inclusión y exclusión, que delimita las fronteras entre la propia hinchada y el resto de los actores. A la vez estas categorías están atravesadas por valoraciones. Por eso el canto es uno de los rasgos significativos de la autoadscripción y uno de los soportes de la identidad grupal.

Las personas cuando alientan son capaces de comunicar con sus cantos, en esta arena pública que es el fútbol, unas representaciones y orientaciones valorativas que en otros espacios sociales serían censuradas. Y estas expresiones están atravesadas por un conflicto entre un conjunto de actores -el Estado entre ellos- que conciben al alentar como una práctica discriminatoria, y otros actores que lo conciben como “folklore”, es decir, como una performance cultural.

Si pensamos que la violencia no existe sin cultura, sino que es el resultado de procesos socioculturales, toda esta agresividad verbal que se expresa en los cantos, se diluye dentro del aliento. Porque es interpretada desde claves culturales, o campos metafóricos, que ven en los cantos ofensivos una práctica lúdica, inserta en una performance cultural. Esto incluso es reforzado por el carácter cómico que contribuye a consolidar un espacio para la expresión legítima de estigmas sociales, prejuicios y estereotipos.  

La particularidad de los cantitos es que en ellos se exhibe con claridad, crudamente, una serie de representaciones y valoraciones sobre la realidad social y sobre aquello que los actores consideran la alteridad. Estos “otros” que se escenifican en el aliento constituyen representaciones sociales que se fundamentan en estereotipos y prejuicios que circulan ampliamente en la sociedad y que exceden al campo futbolístico.

Las representaciones acerca del “nosotros” y los “otros” se construyen a partir de una lógica de la representación dicotómica, excluyente y polar. De esta manera el otro es siempre representado como una alteridad radical ubicada en el polo negativo de las distintas escalas valorativas. Por intermedio de la metáfora se asocian categorías sociales a grupos de hinchas. Se enfatizan ciertos rasgos, se suprimen otros y se organizan los distintos aspectos del sujeto.

Las representaciones se organizan en al menos tres niveles: el existencial, el cultural (o histórico) y el social. A nivel existencial estamos hablando de la individualidad, fundamentalmente el género y la edad. A nivel cultural e histórico las representaciones se vinculan con la construcción de sentidos asociados a tribalismos, en este caso la cultura del aguante y del aliento. A nivel social las representaciones se relacionan con la categorización del individuo como miembro de distintos grupos sociales.

Un hallazgo importante de mi investigación es que estas representaciones dicotómicas aparecen en los setentas y los ochentas. Esta época nos permite hablar de un pasaje de lo cómico a lo trágico, del aguante-aliento al aguante-enfrentamiento, y de un pasaje de los cantos como arengas y ovaciones, a los insultos, las burlas, las amenazas y los auto-elogios. A partir de este quiebre va a ser notable la aparición de un léxico que da cuenta de nuevas concepciones acerca de lo masculino, del aguante, la identidad y las representaciones acerca del otro.

Y a la par de esta radicalización de las relaciones con el otro, vamos a tener una celebración de la propia pertenencia. Es decir, a la par que surge el “otro”, se consolida el “nosotros” en el discurso, como parejas indisolubles de las identidades del hinchismo.  Y no es de extrañar, estamos hablando de una década donde se consolida ese núcleo duro de la hinchada militante que los medios van a comenzar a llamar las “barras bravas”. Estos grupos se van a establecer como actores del aliento e incorporar el resto de los elementos que van a definir a esta performace cultural como la conocemos hoy en día.

En estas décadas aparecen las figuras del “negro” y del “villero”. El aliento escenifica una serie de categorías, imágenes, sentimientos y moralidades que parten del supuesto de la superioridad racial del hombre blanco en relación con el mestizo. Estas representaciones construyen a un “otro lejano”, o sea el “extranjero” latinoamericano, y a un “otro cercano”, o sea el mestizo pobre.  El aliento construye al otro identificándolo y haciéndolo visible mediante el lenguaje.

La oposición entre un enunciador que se imagina europeo y blanco y un sujeto representado como latinoamericano y mestizo está atravesada por todo un conjunto de evaluaciones y valoraciones que conforman un cuadro en donde se manifiesta claramente que las costumbres, los modales, la vestimenta, el lenguaje, la higiene, las comidas, los pasatiempos y hasta los gustos musicales están asociados a ciertos tipos de cuerpos y clases sociales.

Creo que en los grandes dramas sociales de las sociedades modernas -y el fútbol es uno de ellos- es posible analizar y comprender aspectos cognitivos y valorativos de la realidad social. Ellos nos permiten acercarnos a problemáticas complejas como la violencia y la discriminación, y las distintas maneras en que son legitimadas y naturalizadas en la sociedad. La cultura no sólo legitima las desigualdades, sino que también las construye y de-construye. Quizás la tarea más importante respecto a los cantos discriminatorios sea de-construir el campo metafórico que le da un sentido, e intentar recuperar las metáforas futbolísticas que, por suerte, siguen constituyendo gran parte del aliento argentino.

Entonces ¿por qué estudiar cantitos de fútbol? Porque analizarlos nos permite tener algo para decir acerca de la cultura, la sociedad y la historia. Y a la vez, instalar desde la antropología y la sociología de las culturas populares, una reflexión crítica sobre temas tan presentes como la violencia y la discriminación. Este es el primer paso en la erradicación de la homofobia, el racismo, el sexismo y otros “ismos” de los estadios de fútbol.

Pablo Barbetta y Diego Domínguez – Ecología política, comunidades y derechos

El Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA está conformado por jóvenes investigadores de distinta trayectoria -sociólogos, geógrafos, antropólogos- que trabajan temas referidos a la cuestión agraria en la Argentina. A través de la docencia y la investigación participativa el GEPCyD se constituye en un espacio de formación que busca promover estrategias de fortalecimiento entre el mundo académico y los diferentes actores sociales con los que ha trabajado hasta el momento. Teniendo como meta la práctica permanente de problematizar los modos de producción de conocimiento, la búsqueda de articular con las demandas de organizaciones sociales y populares, y el deseo de aportar en la democratización de otros campos de la vida social.

El Grupo se inscribe en un nuevo paradigma epistemológico y metodológico en los estudios rurales, crítico con los paradigmas de la modernidad y la fe puesta en el progreso. Asume el enfoque de la ecología política, un campo teórico-práctico en conformación, que se interroga sobre las luchas y relaciones de poder que se juegan en la definición de los territorios y en la distribución de los bienes naturales. En este contexto, nuestras investigaciones recuperan la trayectoria de los estudios campesinos e indígenas desde diferentes perspectivas de análisis y en diálogo con los estudios culturales, las teorías feministas, la filosofía política, la historia, para interpretar las prácticas sociales de las/los campesinas/nos y los pueblos originarios, recuperando para ello la tradición de la sociología agraria latinoamericana, de la sociología crítica jurídica y de la geografía crítica brasilera, ente otras.

Nuestras investigaciones tienen, en términos generales, como objetivo analizar y comprender las consecuencias sobre los actores sociales del modelo del agronegocio.  En este contexto, abordamos las estrategias que realizan los distintos sectores de la agricultura familiar para permanecer en el campo en el actual contexto de desarrollo de la “agricultura transgénica”, caracterizada por la intensa innovación tecnológica y la transnacionalización del sistema agroalimentario argentino. Con ello venimos dando cuenta de la conflictividad que gira en torno del control de la producción, de los canales de distribución y procesamiento, y de los bienes naturales en general, incluida la tierra, y que está relacionada con la disputa entre territorialidades distintas (y a veces opuestas) que pugnan por reproducirse en un mismo espacio geográfico (GEPCyD, 2007 y 2009).

Un segundo grupo de investigaciones remiten a la dimensión jurídico-política del accionar campesino e indígena. Aquí, Domínguez y Sabatino (2008) abordaron la singularidad actual de la conflictividad por la tierra en Latinoamérica, entendiendo que ésta se inscribe en la problemática más amplia del territorio, de las disputas por la definición de territorios que expresa la emergencia del proyecto político del campesinado y los pueblos originarios. Para dar cuenta de este recorrido analizaron la conflictividad en el espacio rural de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela. En la misma dirección, Diego Domínguez (2009) aborda la recreación política del campesinado y de los pueblos originarios que se manifiesta en los conflictos de tierra de Argentina en la actualidad. Considera como hipótesis que los conflictos por tierra son un indicador de la persistencia y recreación de estos sujetos. Para el autor, la recreación del campesinado (como modo de vida siempre amenazado, como clase sobreviviente), ha reactualizado la lucha por la tierra con otros elementos que le imprimen gran complejidad, ya que la disputa aparece ahora enmarcada en una conflictualidad que podría denominarse socioambiental o territorial, y que se desenvuelve en un período histórico signado por el proyecto globalizador neoliberal y por profundas crisis (de representación política, de los Estados-Nación, del proyecto inclusivo de la modernidad, etcétera).

Desde el abordaje de una sociología jurídica crítica, abordamos la inscripción de los conflictos por la tenencia legal de la tierra protagonizados por campesinos e indígenas en el campo jurídico. Con trabajos de campo en la provincia de Santiago del Estero (Barbetta, 2009), Salta (Barbetta, Godoy Garraza, Mioni, 2013; 2016) y Chaco (Barbetta, 2015, 2016), dimos cuenta no sólo de las dificultades para el acceso a la justicia por parte de poblaciones campesinas y/o indígenas sino también del rol del poder judicial en dichos conflictos. En efecto, en el análisis de la práctica jurídica o, más precisamente, en el proceso de construcción de una determinada verdad jurídica por parte de los jueces encontramos que, en primer lugar, las prácticas sociales del derecho no hacen más que definir tipos de subjetividad que sitúan a campesinos e indígenas en un lugar del no lugar tanto en términos económicos (pobres, improductivos), como en términos jurídicos (usurpadores, delincuentes). En segundo término, una tendencia rigorista (legalismo) y burocratizante (procedimentalismo) de las prácticas jurídicas que implica que el contenido de la disputa se redireccione al cumplimiento de las formas y a los procedimientos, dejando sin resolución la veracidad o no de los hechos pero por sobre todo, el no reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra/ territorio. En otras palabras, en la medida en que existen dificultades para el reconocimiento de la posesión (ya sea campesina o indígena), lo que se está impugnando son, por un lado, otras formas de producir, de ser y estar en los territorios en base a una relación armoniosa con los bienes naturales y por el otro, de formas de derecho infraestatal, informal, no oficial y más o menos consuetudinario.  

Por último, un tercer grupo de trabajos remiten, desde el paradigma de la Ecología Política, a analizar y comprender distintos casos de contaminación asociada a los cultivos transgénicos, corriendo el eje del carácter accidental de tales acontecimientos, para buscar explicaciones en términos de procesos sociales. De este modo, postulamos la posibilidad de pensar la contaminación en clave de conflictos entre distintos modelos de agricultura por la definición del territorio. La contaminación, tomada como consecuencia del avance de la agricultura transgénica, expresa la conformación de una “arena” en donde se “encuentran” la agricultura campesina y la agricultura industrial. Siendo la disputa de fondo, aquello que está en juego, la lucha por el territorio. Lucha que significa, para los campesinos, la posibilidad de su reproducción individual y colectiva, es decir, “la materialización de la existencia humana” (véase al respecto, Domínguez y Sabatino, 2005; Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005; Barbetta y Domínguez, 2016).

La investigación se complementa con un trabajo de formación interna y de extensión. Por un lado anualmente realizamos seminarios para miembros del equipo y estudiantes sobre temáticas propias de la sociología rural y la ecología política. A su vez que sostenemos desde hace casi diez años un trabajo de extensión con organizaciones campesinas (como la Unión de Pequeños Productores Chaqueños – UNPEPROCH) e instituciones públicas (en especial con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA), en diversas instancias de co–producción de conocimiento, tales como la cartografía o mapeo social y comunitario. Finalmente, sostenemos actividades de docencia en la cátedra de Sociología Rural y Ecología Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  

 

* Coordinadores del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCYD). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales (UBA). Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET)

Correo electrónico: gepcyd@sociales.uba.ar