“El rol del Estado se reconfiguró, en tanto productor de contenidos y actor que disputa discurso o agenda”

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN: ENTREVISTA A SANTIAGO MARINO

Por Natalia Vinelli[1]

Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Además dirige actualmente la Maestría en Industrias Culturales: Políticas y Gestión, de la Universidad Nacional de Quilmes, y es docente en la materia Políticas y Planificación de la Comunicación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En este diálogo con Épocas hizo un repaso por los aspectos principales de las políticas estatales desplegadas durante los gobiernos kirchneristas y analizó la situación que dejan planteadas esas iniciativas en el ámbito de la producción audiovisual y de las tecnologías digitales de la comunicación y la información. 

Más allá de los hitos más evidentes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ¿qué balance se puede hacer en el campo de los medios de comunicación, las industrias culturales y las “nuevas” tecnologías desde 2003 a esta parte?

Hay un elemento central que se puede destacar que es la actividad que tuvo el Estado. Hubo un conjunto articulado de acciones que es parte central de la década kirchnerista, aunque describe una parábola atada a la relación con los grandes grupos concentrados. Comienza, en 2003, tomando decisiones que benefician al sector dominante de los grupos concentrados, cuando el Gobierno sanciona la Ley de Preservación de Bienes e Industrias Culturales, una norma que beneficia fundamentalmente a Clarín porque le garantiza ciertas condiciones para sobrevivir en un contexto económico muy complicado. La parábola se cierra en 2014 con una normativa que vuelve a beneficiar la concentración, como es la Ley Argentina Digital. Pero en el medio hay decisiones que son contradictorias con ese rasgo. Fundamentalmente la LSCA, que reconfiguró el rol del Estado, en tanto productor de contenidos y actor que disputa discurso o agenda.

Por diversas razones, la producción audiovisual reforzó su centralidad en el campo de los medios y los sistemas de comunicación. ¿Qué elementos caracterizan a las políticas públicas que se desplegaron específicamente en relación con ese sector?

Hay que decir que hoy existen cuatro políticas para el sector audiovisual. Está la política histórica, que se hereda, que es la del cine. Después está la que se desprende de la LSCA. Una tercera vinculada con el desarrollo de la televisión digital abierta (TDA) y la última, que se enmarca en la Ley Argentina Digital.

En el sector cinematográfico, a simple vista, se ve más producción si se lo compara con el periodo anterior. ¿El saldo es el mismo si se consideran otros aspectos como la promoción de ciertos géneros o el fomento de espacios para la exhibición?

Ahí el kirchnerismo profundiza una perspectiva más clásica. Es decir, hay una fuerte inversión en cinematografía, reconocimiento a algunos sectores como el documental político a partir de algunas líneas de crédito. Combinada con ciertos beneficios para la exhibición, con algunas medidas que no tienen el efecto esperado, como la cuota de pantalla, y otras que por dimensión del mercado no podrían tener un gran efecto, como los Espacios INCAA, que son más significativos socialmente que en términos de cantidad de espectadores. Es una política que tiene más efecto en pueblos chicos porque se reabren salas de cine mediante esa ayuda y que generó un mejor acceso de la ciudadanía al cine, pero que no impacta en términos numéricos. Por ende hubo mejores condiciones para la producción, pero no para la exhibición. Eso se vincula también con la segunda política para el sector audiovisual, que es la de la LSCA, porque plantea la obligación para los operadores de televisión abierta de exhibición de películas nacionales pero hasta ahora no se implementó. Por eso, para sectores de la producción cinematográfica como el documental, por ejemplo, en materia de condiciones de exhibición estamos como en el estadio anterior. Para los “tanques” es una cosa y para los sectores de la pequeña producción, más militantes, es muy difícil, porque no sólo no salís del Espacio INCAA, sino que en ese espacio hay mucha rotación ya que hay pocas salas y muchas películas que se exhiben únicamente en esa instancia.

De la LSCA se desprenden condiciones para el sector que, como otros apartados de la norma, todavía no llegaron a verse en la práctica.

Con la LSCA dividiría el análisis en tres. Por un lado, el proceso de debate con ciertos niveles de participación ciudadana, con los tres poderes del Estado discutiendo la ley en distintos contextos. Por otro lado, el texto de la ley que merece un análisis en sí mismo y que tiene algunos problemas que empezamos a descubrir ahora y que yo creo que tienen que ver con las posturas binarias respecto de la ley, o sea, el haber tenido que defender la ley de posiciones que planteaban falsos debates, como que atentaba contra la libertad de expresión, por ejemplo, cosa que no permitió dar cuenta de los elementos que podían ser problemáticos a la hora de la implementación. Y, por último, el tercer aspecto que es la implementación, que se desprende claramente de los objetivos específicos de la ley, que en parte quedó pendiente.

¿Qué evaluación se puede hacer en este marco del desarrollo de la Televisión Digital Abierta?

Hay que decir que en el mismo momento histórico que se debate y se sanciona la LSCA, y en paralelo, aparece la política de TDA que es una tercera política para el sector audiovisual. Es en paralelo porque una semana después de que el proyecto de ley entra en el Congreso, se sanciona el decreto que define la norma para la TV digital y que establece las condiciones de una política para el desarrollo de la televisión digital, que pone al Estado en el centro. El Estado va a tomar las decisiones políticas y a realizar las inversiones en infraestructura. También va a crear nuevas señales, que se suman a Encuentro, como Paka Paka o INCAA TV. A su vez, va a reforzar los vínculos con un sector privado muy afín, porque en la oferta de TDA hay sectores privados que no tendrían que estar en un sistema abierto porque no tienen licencia previa para estar en el sistema analógico. Esto es un problema serio porque suponiendo una política del hecho consumado todo indica que una vez que están ahí van a seguir; es muy difícil pensar que canales como CN23, 360 o C5N puedan ser desplazados.

Al principio hablabas de una parábola que se cierra con una política que beneficia a los grupos empresariales más concentrados. ¿Qué lectura hacés de esa cuarta política que se deriva de la Ley Argentina Digital?

La Ley Argentina Digital para mí tiene algunas cosas a destacar. Por un lado, la definición de Servicio Público, de la interoperatividad de las redes y la neutralidad de la red, que implica un pasito adelante, junto con la conformación de la Autoridad de Aplicación reiterando las pautas de la Autoridad de Aplicación de la LSCA (la AFSCA). Por otro lado, es mucho más benévola con los niveles de concentración porque flexibiliza las condiciones de concentración que habían sido cambiados a partir de la LSCA. Básicamente, la Ley Argentina Digital permite que las empresas de telecomunicaciones accedan a licencias de servicios de radiodifusión, acogiéndose a las condiciones que plantea la LSCA, pero pudiendo mantener su situación actual en el sector de telecomunicaciones. En realidad lo que va a terminar pasando es que sobre todo las telefónicas van a acceder a licencias de TV por cable y sin hacer inversiones muy importantes van a poder convertirse en operadores de TV por cable a partir de 2016.

¿Ante este panorama, cómo ves el futuro inmediato?

Como dije, tenemos cuatro líneas de intervención o cuatro políticas públicas para el sector audiovisual, que además funcionan de una manera desarticulada. Esto se ve claramente en que existen cuatro agentes estatales, o sea cuatro organismos de aplicación y control que actúan en el sector: el INCAA, la AFSCA, la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el Ministerio de Planificación. El mayor problema a futuro que trae esto aparejado es cómo discutir, si lo que Argentina necesita es una política convergente para un sistema convergente o si hay que mantener una política divergente. Si hay que sostener una ley para cada sector o si lo mejor es una ley integral, con diferentes mecanismos de articulación para cada uno de los sectores que, hay que destacar, en la instancia de producción y en la instancia de consumo empiezan a parecerse, no así en la instancia de regulación.

[1] Natalia Vinelli es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y Magíster en Periodismo (UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y docente a cargo del seminario “TV alternativa, popular, comunitaria” en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Directora del canal “Barricada TV”.

La persistencia del neoliberalismo en la Argentina: más allá de la Propuesta Republicana

Por Sergio Morresi[1]

El crecimiento de un nuevo partido como el PRO, instalado como un serio contendiente para las elecciones presidenciales, muestra la capacidad de supervivencia de la derecha política y también la perennidad del modelo neoliberal. Aun cuando sea cierto que el neoliberalismo está en crisis en Argentina, las noticias acerca de su defunción parecen ser algo exageradas.

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Entre 1930 y 1983, Argentina vivió en la alternancia de dictaduras militares y gobiernos civiles surgidos de elecciones fraudulentas o restringidas. Podría argumentarse que la fragilidad de las instituciones demorepublicanas, la recurrencia de los golpes de Estado y el uso sistemático de la violencia como herramienta política fueron el producto de la debilidad electoral de la derecha (Di Tella, 1971; O’Donnell y Schmitter, 1994). Sin embargo, al mismo tiempo, podría sostenerse que la debilidad de los gobiernos civiles y su permeabilidad a las presiones de los actores corporativos eran el fruto de la fuerza material de esa misma derecha (Boron, 2000, 2003). Sea como fuere, lo cierto es que la capacidad de acción de la derecha ha sido una constante durante la mayor parte del último siglo: tanto durante el ciclo de dictaduras y gobiernos civiles del período previo a 1983, como durante los primeros gobiernos democráticos que le siguieron, distintas fracciones de la derecha[2] lograron, a pesar de su escaso caudal de votos, marcar la agenda de los diferentes gobiernos independientemente de su signo y origen y colocar a algunos de sus cuadros técnicos y políticos en posiciones gubernamentales con poder de decisión. Sin embargo, la larga hegemonía de la derecha argentina parece haber comenzado a resquebrajarse en el nuevo milenio.

La crisis económica global que tuvo lugar hacia el final del siglo tuvo un fuerte impacto en la Argentina y alimentó un conjunto de protestas sociales que la preexistían. Fueron esas protestas las que llevaron, en diciembre de 2001, a la renuncia del Presidente Fernando De La Rúa, quien —a pesar de haber sido electo por un frente electoral opositor a las políticas del gobierno de Carlos Menem— se había erigido en defensor de los fundamentos del modelo neoliberal. Meses más tarde, y luego de un convulsionado proceso de ajuste y de represión de las movilizaciones sociales, el peronista Néstor Kirchner llegó a la presidencia y, en un giro sorprendente teniendo en cuenta sus antecedentes como gobernador de la provincia de Santa Cruz durante la década del noventa, implementó una serie de medidas de alto valor simbólico que llevaron a que la Argentina fuera considerada como un país que formaba parte de un amplio recambio político, al que los analistas internacionales pronto llamaron la “marea rosada latinoamericana” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2009).

Pese a las contradicciones internas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015 se implementó una política explícitamente contraria a la agenda del Consenso de Washington (CW). Sin embargo, de esta observación no puede desprenderse que Argentina haya entrado en una etapa post-neoliberal. Ello se debe a tres razones. La primera es que el CW y el neoliberalismo no son idénticos, así, si bien es posible sostener que el CW está dentro del marco neoliberal, no es equiparable a él.[3] La segunda es que, a pesar del discurso de tintes izquierdistas de los gobiernos kirchneristas, el giro experimentado por Argentina en los últimos años no fue tan extremo como sostienen algunos analistas y, además, puede ser explicado en términos de accountability vertical. La tercera es que el surgimiento y el crecimiento de un nuevo partido como Propuesta Republicana (PRO), actualmente instalado como un serio contendiente para las elecciones presidenciales, muestra no sólo la capacidad de supervivencia de la derecha política, sino también la perennidad del modelo neoliberal. De este modo, aun cuando sea cierto que el neoliberalismo está en crisis en Argentina, las noticias acerca de su defunción parecen ser algo exageradas.

En las páginas que siguen (1) se muestra que es posible interpretar el triunfo de los gobiernos kirchneristas dentro del contexto de la crisis del neoliberalismo sin por ello representar una salida de (o una alternativa a) el modelo neoliberal. Luego (2), se trata sobre el surgimiento y el crecimiento de PRO como un partido del campo de la derecha que incluye tanto rasgos conservadores como neoliberales. Finalmente, (3) se ofrece una breve conclusión tentativa sobre la continuidad del neoliberalismo en la Argentina contemporánea.

  1. ¿Giro a la izquierda?

Mucho se ha dicho acerca del resurgimiento de la izquierda en América Latina. En el caso argentino, buena parte de los estudios se ha concentrado en el debate acerca de si los gobiernos kirchneristas pertenecían a la izquierda “buena”, moderada y respetuosa de las instituciones republicanas, o a la “mala”, populista e irresponsable (Castañeda, 2006). Sin embargo, la clasificación de izquierdas buenas y malas es problemática. Por un lado, tiene un carácter más ideológico que analítico, pues presupone mucho de lo que tiene que explicar. Por el otro, dista de ser clara y exhaustiva, porque si bien parece haber cierto acuerdo en los casos paradigmáticos de Chile (la izquierda buena) y Venezuela ( la mala), no se ofrecen parámetros para clasificar a países como Argentina que no caben con claridad en ninguna de los dos tipos ideales (Etchemendy y Garay, 2011). Además, como mostró Marcelo Leiras (Leiras, 2007a, 399.), “la distinción entre buenas y malas izquierdas sobreestima el peso de los discursos presidenciales […] y subestima la relevancia de los factores institucionales y partidarios” y no aprehende bien los proceso políticos de cada país.

Siguiendo la idea de Leiras, sería posible argumentar que los debates acerca de la identidad izquierdista o populista del kirchnerismo ocultan las complejidades de un proceso contradictorio que ser mejor comprendido desde un prisma distinto: el de la persistencia del neoliberalismo.

1.1. Auge y crisis del neoliberalismo en Argentina

A pesar de que las ideas neoliberales eran conocidas por algunos círculos de la elite económica y política argentina en la década de 1930, sólo se las comenzó a difundir después de 1955, sobre todo gracias a una serie de acuerdos educativos internacionales que tuvieron un importante impacto en las décadas siguientes (Morresi, 2011). Así, cuando el modelo de Industrialización por Substitución de Importaciones (ISI), comenzó a mostrar signos de agotamiento a fines de la década de 1960, el neoliberalismo estaba listo para ser considerado como una alternativa de peso. En 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón comenzó un giro hacia la ortodoxia económica y, al año siguiente, la dictadura militar avanzó aún más hacia el paradigma neoliberal por vía de un modelo de valorización financiera (López, 2006; Basualdo, 2001, 2006).

En la década de 1980, el desafío de construir una democracia se superpuso a las presiones económicas derivadas de los magros resultados heredados del gobierno dictatorial, la baja en los precios de las commodities y la crisis de la deuda agravada por las subas en las tasas de interés. El gobierno de Raúl Alfonsín intentó resistir el avance del neoliberalismo a través de de medidas heterodoxas, pero éstas se mostraron inadecuadas para cumplir tanto las demandas de la población como los intereses de la renovada, internacionalizada y fortificada elite económica que se había desarrollado en la década anterior (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2005). El fracaso del Plan Austral y las luchas entre el trabajo y el capital (y al interior de la propia burguesía) gatillaron una dinámica inflacionaria que desembocó en hiperinflación (Castellani, 2006; Pesce, 2006). La crisis económica de 1989-1990 tuvo un profundo efecto disciplinario que pavimentó el camino hacia la reforma neoliberal. La hiperinflación no sólo produjo un aumento de la tolerancia social hacia los ajustes económicos, sino que, además, trajo como resultado un importante descrédito del Estado como agente económico (Smith, 1990, 1991; Gerchunoff y Torre, 1996). Así, aunque el peronista Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales de 1989 con una campaña clásicamente populista, su gobierno se inclinó con rapidez y claridad hacia el neoliberalismo y, poco después, Argentina se convirtió en el “mejor alumno” del CW (Palermo y Novaro, 1996; North, 2008; Nun, 1994).

La agenda del CW estaba orientada hacia una transformación del Estado en un sentido compatible con el neoliberalismo, mediante una serie de medidas que iban desde las privatizaciones hasta los cortes en el gasto público (Williamson, 1990a, 1990b).[4] En Argentina, la primera etapa del CW tuvo éxito en reducir la inflación, gracias una profunda desregulación del sector privado y a la liberalización de la inversión extranjera que incluía la libre remisión de ganancias. No obstante, el proceso argentino de reformas se diferenció de otros casos latinoamericanos por su adopción del modelo de convertibilidad que amarraba el valor del peso al del dólar en una situación de “atraso” cambiario. La reluctancia de Menem para hacer cortes aún más drásticos en el presupuesto (a causa de la resistencia de los sindicatos, los movimientos sociales y algunos partidos de oposición) o aumentar la recaudación mediante una reforma impositiva (a causa del poder de veto de las grandes empresas), impidió que se desplegaran las reformas de “segunda generación” del CW, que —en teoría— estaban orientadas a establecer una estabilidad macroeconómica sustentable y a incrementar la competitividad internacional de las empresas argentinas (Sidicaro, 2001, 2002; North, 2008).

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Hacia el final de la década de 1990, las políticas de reconfiguración de las relaciones laborales y de mejoras en la capacidad regulatoria del Estado quedaron como asignaturas pendientes. Pero la situación se agravó en la medida en que el modelo de “economía abierta” hacía de Argentina un país vulnerable a los vaivenes de la economía internacional, una debilidad que quedó clara con el impacto de las sucesivas crisis de México, el sudeste asiático, Rusia y Brasil. Los coletazos de estas crisis expusieron con cierta claridad los costos del neoliberalismo: niveles crecientes de pobreza y desempleo, polarización social, desindustrialización, concentración económica y aumento desorbitante de la deuda pública. En este contexto, los principales partidos de la oposición (la Unión Cívica Radical, UCR, y el Frente por un país Solidario, FREPASO) unieron sus fuerzas en una coalición electoral denominado Alianza que procuraba desafiar al gobierno de Menem por los resultados sociales de la reforma, pero prometía defender la política de convertibilidad, que era socialmente percibida como la piedra angular de la estabilidad económica. Así, en lugar de enfocarse en criticar la implantación del modelo neoliberal, la campaña presidencial de la Alianza de 1999 colocó el énfasis en una crítica a la corrupción y al estilo decisionista uy anti-republicano del gobierno peronista. En este sentido, en las elecciones de octubre de 1999 que ganó la Alianza, los argentinos no votaron por un cambio profundo de política, sino por un nuevo liderazgo, capaz de corregir las desviaciones y encaminar al proceso de reforma neoliberal en una dirección que fuera al mismo tiempo más transparente y más sensible a las profundas desigualdades sociales (Corradi, 2003).

En el año 2000, el presidente radical Fernando De la Rúa tenía ante sí una tarea compleja: avanzar en las reformas neoliberales y, al mismo tiempo, restablecer la vigencia de la transparencia institucional mediante los frenos y contrapesos republicanos e implementar medidas tendientes a paliar la situación social de los ciudadanos más perjudicados por neoliberalismo. De la Rúa falló. Aunque intentó hacer avanzar la agenda neoliberal mediante leyes, se encontró con la fuerte oposición de los sindicatos, el peronismo e incluso parte de su propia coalición política que se opusieron a la implementación de medidas exigidas por los organismos multilaterales de crédito, como la profundización de la flexibilización laboral. Finalmente, la ley de flexibilización fue aprobada por el Congreso Nacional, pero se hicieron denuncias públicas de sobornos, que dispararon una crisis política al interior de la Alianza. El quiebre de la Alianza empeoró la delicada situación económica y política y (en parte por ello) se vio mermada la capacidad del gobierno para obtener fondos que le permitieran llevar adelante las políticas sociales, de compensación y de contención con las que se había comprometido, lo que eventualmente llevó al desencadenamiento de una nueva y más profunda crisis que culminó en diciembre de 2001 con la renuncia del presidente, en medio de la convergencia de protestas de las estratos populares y de las clases medias urbanas (Pucciarelli, 2014).

1.2. El neoliberalismo después de la crisis

La debacle del gobierno de la Alianza fue seguida por un proceso complejo, tanto a nivel político como institucional, por el presidente provisional peronista Eduardo Duhalde. La dinámica de protestas sociales, movilización ciudadana y depresión económica que se había desatado sobre el final del gobierno de la Alianza se fue morigerando con la implementación de políticas sociales, represivas y un profundo ajuste económico (que incluyó devaluación, licuación de pasivos públicos y privados, otorgamiento de prioridad al superávit fiscal y contención del gasto público). El nuevo panorama permitió una lenta pero sistemática reconstrucción del poder gubernamental, cierto nivel de recomposición social y un paulatino aceleramiento de la economía producto de la confluencia de distintos factores (cambios en los precios de las commodities, bajas en las tasas de interés internacionales). A inicios de 2003 se celebraron elecciones presidenciales en las que se impuso (por default, debido a la renuncia a competir en un ballotage de Carlos Menem) el gobernador Kirchner.

** FILE ** Mounted police charge toward demonstrators in Buenos Aires, in this Dec, 20, 2001 file photo near the obelisk in Buenos Aires . The government of President Eduardo Duhalde is trying to quench fears that there might be generalized violence on December 19 and 20, when the country marks the first anniversary of two days of fury which forced President Fernando De la Rua to resign. (AP Photo/Walter Astrada) ARGENTINA ANNIVERSARY

Huérfano de apoyos electorales claros (había obtenido el 22% de los votos en la primer vuelta electoral) y de soporte partidario (el peronismo se encontraba quebrado en al menos tres partes), Néstor Kirchner comenzó a desplegar distintas iniciativas para fortalecer su posición. Fue así que, en una primera instancia apostó por medidas de alto valor simbólico asociadas a las demandas de la izquierda y el progresismo, tales como un giro en materia de derechos humanos y el recambio de figuras desprestigiadas en el poder judicial. Paralelamente, y en el marco de la negociación por una quita importante en la deuda, el nuevo presidente adoptó un tono enfático contra los tenedores de bonos y algunos de los representantes nacionales e internacionales del modelo neoliberal. Sin embargo, el discurso confrontativo del gobierno estuvo, en general, acompañado por decisiones moderadas (e incluso de orientación conservadora) en el campo económico (Novaro, 2006).

El relativo éxito en la recuperación económica le permitió a Kirchner fortalecer su posición, derrotando en 2005 no sólo a la oposición no peronista, sino también a las corrientes peronistas que se resistieron a su liderazgo (como la del ex-presidente Duhalde o la del gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saa). En ese nuevo contexto, se elevó aún más el tono de confrontación con el modelo neoliberal y comenzaron a desplegarse algunas medidas concretas en este mismo sentido (como la conformación de un bloque de países contrarios a la implementación del Área de Libre Comercio Americana, ALCA y algunas estatizaciones de empresas privatizadas durante los años noventa). No obstante ello, fue sólo después de 2007, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se desarrollaron políticas públicas claramente contrarias al neoliberalismo, tales como la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones y una avance progresivo de las capacidades regulatorias del Estado y que se avanzó en una agenda más audaz, incluyendo políticas masivas de reparación social (como la Asignación Universal por Hijo) y la aprobación de leyes de alto impacto en términos socioculturales (como la ley de matrimonio igualitario).

Ciertamente, el diagnóstico acerca de un “giro a la izquierda” del gobierno de Fernández de Kirchner podría (y debería) ser ponderado dentro de un marco más amplio que incluyera un análisis del reconocimiento y el pago de la deuda externa, las alianzas políticas tejidas desde la presidencia (que incluyeron a varios líderes peronistas de indudable inclinación hacia la derecha conservadora y aún hacia el neoliberalismo), la concentración de poder en manos del ejecutivo nacional, el despliegue de una suerte de capitalismo selectivo y la ausencia de avances en el fortalecimiento y la estabilidad de las instituciones políticas (Malamud y De Luca, 2011). Por otra parte, un importante número de las medidas neoliberales llevadas adelante en los años noventa no fueron revertidas: la continuidad de las transferencias monetarias condicionadas, del pago de crecientes subsidios a empresas de servicios privatizadas, de la precarización laboral y de la estructura fiscal profundamente regresiva son algunos ejemplos. Finalmente, el deterioro de la situación macroeconómica debida al abandono del tipo de cambio competitivo, el descenso en la balanza comercial y el aumento del déficit (factores que sólo en parte resultan explicables por la crisis global) llevó, sobre todo a partir de 2008, a un desaceleramiento de en el proceso de crecimiento. Esta dinámica impactó negativamente en los logros de la primera etapa (sobre todo en términos de equidad), aun cuando se desplegaron nuevas políticas orientadas a combatir la desigualdad (Kessler, 2014).

Al menos en cierta medida, los triunfos electorales y los logros políticos de los gobiernos kirchneristas pueden ser interpretados como un giro a la izquierda no sólo de la elite política, sino también de la población, que habría descubierto al alto desempleo y el aumento de la pobreza como consecuencias necesarias de las reformas neoliberales (Levitsky y Roberts, 2011). No obstante, si se analiza el comportamiento de la ciudadanía durante los últimos años sería posible matizar esta observación. A nivel electoral, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2003, dos de los tres candidatos más votados (Carlos Menem, con el 24,5% y Ricardo López Murphy, con el 16,4%) se postularon con una agenda abiertamente neoliberal. Después de 2005 los líderes ubicados a la derecha del centro político sólo tuvieron algunos triunfos locales, pero, en 2015, la presencia del partido PRO (sobre la que se tratará más adelante) muestra con claridad que existe un espacio para las alternativas políticas ligadas al paradigma neoliberal. En un mismo sentido, hay interesantes análisis basados en encuestas de opinión pública que muestran que los latinoamericanos en general (incluyendo el caso de Argentina) no se sienten más identificados con la izquierda que los que lo hacían en los años noventa, sino que —más bien al contrario— ha aumentado levemente el número de ciudadanos que se perciben a sí mismos como a la derecha del centro (Arnold y Samuels, 2011). Datos como estos han llevado a que Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010) concluyeran que los electores de América Latina (otra vez, incluyendo a los de Argentina) tienden menos a identificarse ideológicamente con su elite política y más a comportarse como votantes que consideran retrospectivamente los logros o fracasos de sus gobiernos. Es decir, que ejercen la accountability vertical para corregir o reemplazar a sus líderes. Por otra parte, si se considera al neoliberalismo en el sentido teorizado por Foucault (2007) como una gubernametalidad (es decir como un conjunto de saberes, prácticas, y tecnologías que despliegan una racionalidad), entonces se debería prestar particular atención a la construcción de subjetividades en la vida cotidiana. Y en ese plano, algunos estudios muestran la persistencia del neoliberalismo, sobre todo en las clases populares (Gago, 2014).

Pero la persistencia del neoliberalismo no se da sólo en el plano de la sociedad civil, sino también en el político partidario, como se muestra en la siguiente sección.

  1. El neoliberalismo PRO

Desde la óptica de los fundadores de PRO, la crisis de 2001 era terminal y el siglo XXI requería un auténtico “compromiso para el cambio” (de hecho, ese fue el nombre con el que nació el partido). En parte por ello apostaron a una construcción que —desde su origen— se caracterizó por su heterogeneidad y su pragmatismo. En este sentido, y a diferencia de otros partidos de derecha que se desarrollaron en Argentina durante el siglo pasado, PRO no se diseñó como una fuerza ideológica, con el fin de educar a la sociedad en una doctrina determinada o insertar sus cuadros en un gobierno ajeno (civil o militar), sino que nació con la vocación de ser una alternativa de poder. Por ello PRO cortejó a votantes con ideas e intereses diversos al mismo tiempo que incorporó en sus filas a líderes y activistas con recorridos y metas muy distintos entre sí (Morresi y Vommaro, 2014). Pero a pesar de esta heterogeneidad y de cultivar un perfil pos-ideológico, PRO puede ser catalogado como un partido centro-derecha e incluso como un partido cercano al paradigma neoliberal. Por eso, su desarrollo a lo largo del período posterior a la crisis es un indicador importante que muestra la persistencia del neoliberalismo en Argentina.

2.1. El crecimiento de PRO

Pocos antes del colapso de la Alianza, los empresarios Francisco De Narváez y Mauricio Macri, que compartían la Fundación Creer y Crecer, convocaron a expertos, activistas políticos y sociales para discutir sobre el futuro de Argentina y diseñar proyectos de políticas públicas. La Fundación había sido creada por De Narváez, pero era encabezada por Macri, que por ese entonces presidía el Club Boca Juniors. La popularidad de Macri era lo suficientemente alta como para que, en medio de la crisis, le ofrecieran postularse como presidente dentro del peronismo. No obstante, y a diferencia de su socio De Narváez (que en 2003 apoyó la candidatura de Menem), Macri declinó las invitaciones del justicialismo y optó por construir su propia propuesta política, tomando como base a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), esperando que su gestión en la capital le permitiera crecer políticamente de un modo similar al que había encarado el Frente Amplio en Uruguay.

La opción por la CABA no era casual. Tradicionalmente el voto de los porteños se orientó a fuerzas políticas distintas a las que eran mayoritarias a nivel nacional, se mostró particularmente reacio al peronismo y brindó su apoyo a casi todas las terceras fuerzas políticas argentinas (De Luca, Jones y Tula, 2002). En este sentido, la Capital parecía el terreno ideal para el experimento de PRO. Por otra parte, la crisis partidaria de comienzos de siglo afectó muy fuertemente en la CABA (Bril Mascarenhas, 2007), lo que que varios militantes y cuadros (radicales, peronistas y de los partidos liberal-conservadores) se vieran atraídos por el discurso de Macri y los pronósticos de buenos resultados electorales augurados por las encuestas. La afluencia de políticos experimentados a PRO no debe ser subestimada. La creación de un partido político es una tarea ardua que requiere el apoyo de un complejo sistema de redes (de expertos, de liderazgos territoriales, de apoyo económico, de logística). Los recursos humanos necesarios para nutrir ese entramado no siempre están libres y el costo de su reclutamiento suele ser alto. Sin embargo, por la coyuntura crítica de fines de 2001, muchos de esos recursos quedaron disponibles de forma repentina y PRO les supo dar cobijo.

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El debut electoral de PRO fue fulgurante y la fórmula encabezada por Macri logró triunfar en la primera vuelta. No obstante, en el ballotage, Aníbal Ibarra derrotó a PRO, en parte gracias al apoyo del flamante presidente Néstor Kirchner. Pese a que muchos auguraban que esa derrota iba a implicar la desaparición de PRO, el partido se consolidó desde la oposición, incluso a pesar de las crisis internas que fue atravesando (Mauro, 2005, 2007).

En 2007, dentro de PRO se consideró la posibilidad de que su líder “subiese” a la contienda nacional, pero se cayó en la cuenta de que las condiciones que habían facilitado el ascenso del partido en la CABA no estaban presentes en el resto de las provincias. Muchos liderazgos provinciales habían sobrevivido a la crisis de 2001 y no estaban disponibles para ser captados y, además, en el interior, el voto peronista es más fuerte y estable que en las grandes urbes como Buenos Aires (Torre, 2003; Leiras, 2007b). Por otra parte, el relativo éxito del gobierno nacional tornaba ardua la tarea de implantar a PRO en otros distritos. Para acelerar el proceso de expansión territorial se buscó ampliar el marco de alianzas y se apostó a una suerte de frente de centroderecha que incluía al neuquino Jorge Sobisch. Ese camino se cerró cuando la policía patagónica asesinó al maestro Carlos Fuentealba. Macri decidió soltar la mano de su aliado y concentrarse en la CABA, lo que le permitió convertirse en Jefe de Gobierno, en parte gracias a un cambio en el perfil público de la propuesta, que se presentó como posideológica.

Más adelante, con las miras puestas en 2011, PRO ofreció su nombre y sus figuras para la construcción de otros emprendimientos políticos localizados, con la esperanza de hacer pie en territorios donde no contaba con tropa propia. PRO ofreció su aval a políticos que tenían sus propias agendas, a condición de que adhirieran de forma más o menos laxa al liderazgo de Macri. Este planteo tampoco arrojó buenos dividendos. No sólo no se avanzó en términos electorales sino que muchos de los socios se revelaron poco confiables. En la “mesa chica” de PRO se advirtió pronto el problema creado por esos dirigentes que insistían en apoyar ideas o candidatos que juzgaban más interesantes y dejaban languidecer la presencia del partido de Macri en sus distritos. Por eso comenzaron a intervenir las filiales de varias provincias para desplazar a los referentes locales y reorganizar el partido en consonancia con la estrategia nacional (Vommaro, Morresi y Bellotti, 2015).

Pero en 2011 Macri tampoco se candidateó a presidente: prefirió asegurar su continuidad al frente del bastión porteño y ensayar nuevas estrategias para conseguir que PRO germinase finalmente en otras latitudes. Así, PRO comenzó a desplegar de forma paralela dos planes de acción con la mirada puesta en las elecciones de 2015. El primero de ellos consistió en convocar a emprendedores sociales, empresarios o simplemente personas exitosas para que se “metieran en política” y defendieran los valores de PRO desde sus distritos. El segundo radicó en insistir en una cuidadosa elección de alianzas con líderes políticos de raigambre distrital y proyección nacional que permitieran a PRO conservar el delicado equilibrio que viene manteniendo desde 2003. Ese equilibrio consiste en ser un partido de centroderecha que, al mismo tiempo que cosecha votos entre los electores que se identifican a sí mismos con el antiperonismo, mantiene un importante nivel de apoyo de los ciudadanos que se reconocen como peronistas. Es en este sentido que pueden interpretarse los movimientos ensayados por PRO al inicio de 2015, cuando con apenas unos pocos días de diferencia, anunció su acercamiento a líderes y partidos políticos con trayectorias y discursos casi antagónicos (desde Luis Juez en Córdoba a Carlos Reutemann en Santa Fe, desde la Coalición Cívica hasta la UCR) con la esperanza de mejorar sus chances de cara a las elecciones de octubre.

2.2. Pos-ideología y neoliberalismo

Los estudios basados en encuestas a expertos coinciden en ubicar a PRO como un partido del campo de la derecha (Sagar, 2009). Este modo de clasificar “desde afuera” no carece de problemas; sin embargo, la opinión experta sobre PRO no debería ser desestimada a priori porque se apoya en datos relevantes. En primer lugar, una parte importante de los “votantes fundamentales” de PRO (es decir, aquellos votantes que tienen mayor capacidad para actuar políticamente e influir en la formación de la agenda partidaria) provienen de la base electoral de partidos que se asumían como “orientados a la derecha” como la UCeDe (Alessandro, 2009). Segundo, desde sus inicios PRO buscó alianzas con partidos (como el Partido Demócrata) y dirigentes políticos (como López Murphy) que se identifican como pertenecientes al espacio de la derecha o la centro-derecha. Tercero, PRO está afiliado a la Unión Internacional Demócrata que agrupa a los partidos conservadores de distintos países. En la misma línea, también deben tenerse en cuenta los vínculos de PRO con las redes internacionales de think tanks de derecha como la Fundación Atlas (Fischer y Plehwe, 2013). En cuarto lugar, tanto los analistas políticos de los medios masivos de comunicación como los dirigentes de los partidos mayoritarios de Argentina, e incluso algunos funcionarios de PRO coinciden en calificar al partido como “de derecha” o “de centro-derecha” (Mora y Araujo, 2011). En este mismo sentido, el líder de PRO, Mauricio Macri, definió a su propia fuerza como “pro-mercado” (O’Donnell, 2011), lo que lo hace convergente con las ideas de derecha y centro-derecha tal como habitualmente son definidas en América Latina (Coppedge, 1997).

Ahora bien, pese a la presencia de estos elementos, la mayoría de los miembros de PRO se rehúsa a aceptar que su partido sea catalogado como de derecha. Distintas razones explican esta actitud. Por un lado debe considerarse la motivación pragmática: a los dirigentes de PRO les conviene colocarse en la postura en la que puedan granjearse el apoyo de una mayor cantidad de votantes. En Argentina, sólo el 20% de los ciudadanos se reconoce de derecha. PRO, como otros partidos modernos, procura situarse en el espacio en el que existe una mayor cantidad de votos potenciales, confiando en sumar electores de centro sin perder el apoyo de los de derecha (a los que espera poder mantener por la escasez de otras ofertas y por su potencial de acceso al poder). Por otra parte, existen motivos ideológicos: entre los cuadros de PRO prima un rechazo a colocarse en el campo de la derecha porque en Argentina la derecha y el autoritarismo se ligan fuertemente (McGee Deutsch y Dolkart, 1993). En este sentido, si bien algunos líderes de PRO se mostraron públicamente de acuerdo con políticas del último gobierno de facto, su aprobación parece referirse a ciertas perspectivas socio-económicas y político-culturales y no a las formas criminales y absolutistas que caracterizaron a la última dictadura.

Como parte de su estrategia para mantener alejada la imagen del partido del espacio de la derecha, PRO trató de impulsar una identidad pos-ideológica. La mayoría de los cuadros de PRO se muestran muy enfáticos en posicionarse “más allá de la izquierda y la derecha” y en sostener que su desempeño “no tiene nada que ver con las ideologías” propias de la “vieja política”. Así, para una parte importante de los cuadros de PRO, las identidades ideológicas tradicionales (derecha e izquierda) se asimilan a luchas estériles relacionadas con las nociones de conflicto y crispación tal como fueron tematizadas durante los gobiernos de kirchneristas (Eiff, 2014). Por ello, en reemplazo de las categorías anticuadas, se postula la construcción de una identidad “moderna” de la política ligada a la unidad y al consenso a través de una gestión seria, honesta y eficaz que permitiría la generación de condiciones para que todos puedan crecer en una suerte de carrera abierta al talento. De este modo, la concepción “moderna” aparece como una propuesta pos-ideológica de raigambre liberal y no —al menos no necesariamente— como anti-política (Morresi, 2015).

La identidad pos-ideológica de PRO se tornó más clara a partir de 2013, cuando sus dirigentes comenzaron a presentarse como exponentes de una “tercera vía”. Al comienzo, el empleo del concepto era descriptivo: tenía la función de mostrar que PRO era una alternativa a los partidos tradicionales. Más adelante, se fue perfilando un ideario más acabado, basado parcialmente en la concepción que Anthony Giddens (1999) elaboró para revitalizar a la socialdemocracia europea. Pero a diferencia de la tercera vía original, la apuesta de PRO no propone un aggiornamento de la centro-izquierda, sino de la centro-derecha. Al igual que en el “giro al centro” del Partido Popular de España (al que tomó de modelo), la tercera vía de PRO está centrada en la gestión y en ciertos valores (diálogo, libertad, solidaridad, eficiencia) con los que aspira no tanto a representar partes de la población (mayorías o minorías), sino ayudar a resolver los problemas de “la gente” a través de la búsqueda de consensos y de la convergencia de los intereses públicos y privados (Devoto, 2014).

La idea de intereses privados y públicos trabajando al unísono tiene un rol destacado en el discurso de los líderes de PRO. Para comprender el alcance de esta concepción (a primera vista tan trivial), la misma debe enmarcarse dentro de los lineamientos de PRO, según los cuales el Mercado es una institución que genera un orden dinámico y eficiente, pero al mismo tiempo se reconoce que podría resultar necesaria la acción del Estado en determinados espacios (Devoto, 2014). Así, la sinergia entre Estado y Mercado de PRO parece cercana a la fórmula de la Economía Social de Mercado alemana: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como resulte necesario.

La Economía Social de Mercado (ESM) es la doctrina político-económica desarrollada en Alemania durante la posguerra a partir de concepciones neoliberales. Pero, además de la perspectiva económica neoliberal, la ESM tenía una fuerte impronta social fundada en valores social-cristianos y humanistas. Esto llevó a sus implementadores a sostener un firme intervencionismo estatal en algunas áreas (como la seguridad social), a aceptar el rol protagónico de los sindicatos en la actividad económica (participando no sólo de la reglamentación del trabajo, sino también en la propiedad de las empresas) y a procurar cambios socio-culturales que llevaran a los individuos a comportarse de modo solidario y auto-responsable (Van Hook, 2004). En Argentina, el principal impulsor de la ESM fue Álvaro Alsogaray; sin embargo, la versión de la ESM defendida por el fundador de la UCeDe tenía algunas diferencias con el modelo original en lo referente a los aspectos sociales y políticos. Para Alsogaray los sindicatos argentinos no estaban en condiciones de asumir el rol activo que les adjudicaba la ESM debido a su enorme poder político y al carácter distorsivo del mercado de sus actividades. Además, sostenía que la seguridad social que tenía Argentina era demasiado extensa y conspiraba contra el desarrollo de un mercado libre y un Estado eficiente. Finalmente, creía que el apuntalamiento de los valores de solidaridad y responsabilidad postulados por la ESM requería que, hasta que se lograse educar a la ciudadanía que se inclinaba por opciones electorales populistas, se aceptaran restricciones claras a la democracia y a la libertad de los individuos. Así, más allá de la retórica, la propuesta de Alsogaray (que en la década de 1990 se tradujo como “economía popular de mercado”) se acercaba más a las ideas economicistas neoliberales que habían nutrido a la ESM que a las propuestas más holistas de la Alemania de posguerra (Morresi, 2008).

El estudio de PRO muestra que, a pesar de las diferencias entre las facciones que componen el partido, hay una tendencia a coincidir con los postulados de la ESM del mismo modo selectivo que empleara Alsogaray (Morresi y Vommaro, 2014). Por un lado, en PRO acuerda con la idea básica de la ESM de brindar soporte a un Estado que intervenga para corregir las fallas del mercado y reducir las desigualdades sin distorsionar los resultados de la competencia mercantil. Por el otro, se rechaza el postulado de la ESM de brindar mayor protagonismo a los sindicatos y se señala a las políticas (y a los políticos) populistas como una seria amenaza al desarrollo argentino y al conflicto político como un impedimento para el desarrollo de una sociedad libre y solidaria (Morresi, 2015).

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Así, más allá del rechazo de los miembros de PRO por identificarse a sí mismos con la derecha o la centro-derecha, el análisis de sus ideas (a través de encuestas, entrevistas, análisis de documentos y discursos) muestra ciertos lazos entre lo que podríamos llamar, siguiendo John Pocock (1972), la gramática de PRO y la que era propia de la tradición liberal-conservadora. El liberalismo-conservador —que se caracteriza por pendular entre los valores liberales y conservadores reunidos alrededor de nociones como moderación, seguridad, sensibilidad y eficacia— tiene una larga historia en la Argentina con la cual PRO dialoga sin ser apenas un emergente de la misma.

  1. Coda

En estas páginas se ha intentado mostrar que, a pesar de algunos signos contradictorios, el paradigma neoliberal persiste en la Argentina posterior a la crisis. Por un lado, se mostró que durante los doce años de gobiernos kirchneristas, si bien se implementaron políticas que podrían ser interpretadas como contrarias al CW, no hubo un avance claro en desmontar el andamiaje neoliberal. En el mismo sentido, se argumentó que el éxito político y electoral de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no implican por sí mismos un abandono del paradigma neoliberal por parte de la ciudadanía. Por otra parte, se presentó de modo somero al partido PRO como una fuerza política cercana a las ideas neoliberales que surgió y se fortaleció en el período posterior a 2001.

En este sentido, si es cierto que (como otros análisis indican) el neoliberalismo está en crisis en América Latina en general (y en Argentina en particular), se trata de una crisis de carácter orgánico que todavía no está resuelta, lo que hace difícil pensar en las características de una sociedad y un Estado post-neoliberales. Parafraseando a Antonio Gramsci, si una crisis consiste en que lo viejo se muere sin que lo nuevo termine de nacer, todavía se está asistiendo al desfile de fenómenos morbosos y diversos cuya presencia no implica por sí misma el final de un proceso, sino más bien el comienzo del mismo.

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[1] Sergio Daniel Morresi es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Ciencia Política por la Universidade de São Paulo (USP, Brasil) y actualmente se desempeña como Investigador-Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina (CONICET). Es autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, análisis político e historia reciente. Su actividad se concentra en el estudio del liberalismo, el neoliberalismo y las derechas políticas.

[2] Siguiendo el enfoque del historiador René Rémond (2007), distinguimos entre tres corrientes o familias de la derecha política: la legitimista (o derecha reaccionaria), la bonapartista (o derecha populista) y la orleanista (o centro-derecha, o derecha liberal-conservadora). A pesar de esta diversidad, podría sostenerse que la centro-derecha fue hegemónica durante la mayor parte del siglo XX, véase Boron (2000) y Morresi (2015).

[3] En estas páginas no se va a abundar sobre este tema. El lector interesado puede consultar los trabajos de Morresi (2008) y Plewhe (2009).

[4] John Williamson (2008), que es quien acuñó la idea de un consenso entre los organismos multilaterales para la aplicación de políticas económicas, ha rechazado la identificación del CW con el neoliberalismo porque —de acuerdo con su interpretación— el CW nunca abogó por las doctrinas neoliberales más radicales como la “economía de la oferta” (Thompson, 1990). Sin embargo, es importante señalar que hay importantes vínculos entre el neoliberalismo y el CW tal como fue originalmente formulado por Williamson (Plewhe, 2009). Por otro lado, también es importante no identificar o confundir al CW con el neoliberalismo; el CW es un paquete de políticas públicas, el neoliberalismo es (además de un abordaje teórico) una forma de control social, un momento del desarrollo del capital (Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2005; Harvey, 2005).

LAS MEGAEMPRESAS DEL AGRONEGOCIO: ¿UNA NUEVA ARGENTINA RURAL?

Por Andrea P. Sosa Varrotti[1]

En este trabajo se inscriben las transformaciones acaecidas en el sector agropecuario argentino como resultado del giro neoliberal desencadenado en los años setenta y ochenta a nivel mundial. Se hace hincapié en la reconfiguración del sector más concentrado del empresariado agrícola a partir de los años noventa, en especial en el surgimiento de las megaempresas de producción agropecuaria, paradigma del modelo del agronegocio predominante en el Cono Sur.

El agro argentino en la era global

El agro siempre estuvo en el centro de la escena política argentina. Desde las primeras décadas de la industrialización, el estrangulamiento externo en la economía del país, desde muchos sectores y en muchas épocas, ha sido interpretado como producto de la falta de productividad de un agro que no proveía de suficientes divisas para el desarrollo nacional.

La última década, sin embargo, estuvo signada por una aparente morigeración del problema de la escasez de divisas, al tiempo que año tras año se vanaglorió el crecimiento récord de la cosecha  y, por ende, el alejamiento del fantasma de la restricción externa. A su vez, el país ha sido testigo de numerosos conflictos socioeconómicos relacionados con el agro: desde la agudización de las disputas territoriales que tuvieron a comunidades campesinas en el centro de la escena, hasta confrontaciones políticas de magnitud, como la sucedida en 2008 entre las patronales agropecuarias y el Gobierno Nacional. Mientras tanto, se suscitaba una discusión respecto de la naturaleza del crecimiento económico argentino: ¿viento de cola o políticas acertadas?

Por lo demás, la vida del agro argentino se inscribe en dinámicas regionales y mundiales. La desregulación financiera acaecida durante las décadas de apogeo del neoliberalismo en el Cono Sur creó condiciones más propicias para la inversión especulativa que la productiva, y por lo tanto benefició al capital financiero. Un elemento central del nuevo régimen de acumulación es la aparición de nuevos actores financieros, los inversores institucionales (soberanos y de pensión, gubernamentales y corporativos), que se constituyeron en los más poderosos del régimen de finanzas del mercado globalizado (Chesnais, 1996: 16).

Ante la caída de las acciones de Wall Street entre 2000 y 2002, estos inversores identificaron a los commodities como un nuevo activo potencial en el mercado de futuros, y desde entonces ganarían en él un lugar privilegiado (Masters, 2008). Su presencia tuvo por lo tanto efectos importantes en todos los sectores de la economía, y en particular en la actividad agropecuaria.

Por último, las operaciones de estos inversores institucionales sobre los commodities a través de contratos de futuros sólo fueron posibles gracias a la desregulación de ese mercado.[2] Ellas fueron vehiculizadas a través de diferentes agentes y formas jurídicas, fundamentalmente megaempresas agropecuarias, pools de siembra, fideicomisos y fondos de inversión.

En efecto, las megaempresas de producción agropecuaria, que se sirvieron de las otras tres herramientas en sus estrategias de financiamiento, se convirtieron en el actor paradigmático del nuevo modelo productivo del agronegocio. Las estrategias empresariales de las megaempresas (como la del mediático Gustavo Grobocopatel: Los Grobo S. A.) sintetizan los cambios en la forma de producir en el campo de los últimos 15 años y constituyen núcleos de decisión fundamentales dentro de este esquema. Es por ello que este artículo se propone describir de un modo sintético la emergencia y las prácticas empresariales genéricas de estos actores paradigmáticos del nuevo agro argentino.

Para ello, se expondrán los factores que permitieron el surgimiento de las megaempresas de origen argentino que alcanzaron una escala regional, y desplazaron así a las grandes empresas locales de la cúpula del sector. Este fenómeno forma parte de una transformación a nivel del capitalismo mundial, donde las megaempresas desempeñan un papel fundamental como agentes de la globalización en el sector agropecuario.

Transformaciones macroeconómicas en el agro argentino

A mediados de 1974, luego de la muerte de Perón durante su tercera presidencia, el equipo dirigido por el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Horario Giberti –que había logrado aprobar el Impuesto a la Renta Potencial Normal de las Explotaciones Agropecuarias, entre otras reformas progresistas para el agro–, se vio obligado a renunciar. Así, su anteproyecto de Ley Agraria, que declaraba la “función social” de la propiedad del suelo y definía la acción del Estado en la regulación del uso y la tenencia de la tierra, fue abandonado, y desde entonces la política agropecuaria dio un giro que se intensificaría durante el golpe militar de 1976, y luego durante la década del noventa.

En efecto, las reformas estructurales de la era menemista sólo pueden comprenderse como una continuación de la apertura comercial y de la reforma del sistema financiero, producidas durante la dictadura. Ese período estuvo signado por la profundización de la extranjerización del capital y de la concentración de la tierra, expulsión de población rural, implementación de nuevas tecnologías, producción con vistas principalmente al mercado externo, creciente importancia del capital financiero en el agro, y la explotación intensiva y a gran escala de la tierra. En los años noventa, a ello se le sumó la espectacular expansión de la frontera agraria, la tendencia al monocultivo, y nuevas lógicas en torno a la tenencia de la tierra y a la producción.

Aquí se sostiene que a partir de estas transformaciones socioeconómicas se generaron las condiciones para la constitución de un nuevo estrato de empresas de producción agropecuaria cuya conformación, modo de organización del trabajo y lógicas productivas dan cuenta de la configuración de núcleos con gran poder de decisión dentro del mundo agrario: las megaempresas. Esta denominación se debe a que presentan los mayores volúmenes de producción al interior de las empresas agropecuarias y su “objetivo productivo” va más allá de la valorización de la tierra (Murmis, 1998), por lo que realizan múltiples actividades, productivas y financieras.

En lo que sigue se expondrán aquellos cambios que resultan imprescindibles para comprender las transformaciones en el sector agropecuario, en especial al nivel de los actores empresariales, a la luz de aquellas producidas en el modelo económico nacional. Las reformas son pensadas como situaciones que generan efectos sobre la estructura de la sociedad, especialmente en la medida en que condicionan el particular tipo de acción social empresarial.

Las políticas de estabilización implementadas durante el primer mandato de Carlos Saúl Menem (1989-1995), cuyo objetivo inmediato fue reducir el gasto fiscal, equilibrar las cuentas públicas e incrementar la recaudación tributaria, se combinaron con reformas estructurales asentadas sobre una serie de leyes y decretos que modificaron las estructuras, las funciones y las atribuciones del aparato del Estado, así como el sistema comercial y financiero.

Dentro de este marco, en el sector agropecuario se eliminaron las fuentes de financiamiento tradicionales. Esa medida formaba parte de una reforma más amplia del sector público agrícola que, desde 1991, implicó la supresión de los mecanismos estatales de intervención en los mercados de bienes y servicios, así como de la legislación que regulaba el sector. Además, la reforma comercial aperturista a manos del ministro de Economía, Domingo Cavallo, liberalizó los mercados, redujo aún más la protección y, entre otras cosas, eliminó las retenciones agropecuarias. Esto último significó ceder ante las demandas de los productores agropecuarios y dejar al Estado argentino sin esa histórica fuente de tributación (Heredia, 2011).

Las reformas estructurales significaron una victoria de la cúpula del empresariado nacional (Beltrán, 2011), que se concentró, mientras las empresas medianas y pequeñas se vieron golpeadas, cuando no quebraron.

En el agro, los cambios en los marcos regulatorios facilitaron el proceso de concentración de la tierra. Por un lado, nuevas legislaciones aprobaron los “contratos accidentales” de arrendamiento para dos cosechas (Fernández, 2010) que permitieron una mayor valorización del capital a través de una expansión geográfica, con consecuencias no menores en lo que respecta al daño ecológico. Esto, sumado al desmantelamiento de los organismos de control tradicionales que posibilitó grandes desmontes en el Noreste del país,[3] redundó en una mayor disponibilidad de tierras (Murmis y Murmis, 2010) no exenta de un aumento de la conflictividad social protagonizada por comunidades campesinas y asambleas ambientales.

Estas reformas, presentes de diversas formas en todos los países de la región, aumentaron a su vez la concentración de la tierra a partir de una serie de procesos. Por un lado, la introducción de las biotecnologías y, en 1996, del “paquete tecnológico” (soja transgénica RR, glifosato, siembra directa), que vino acompañado por la creciente importancia del conocimiento científico-tecnológico y del know-how managerial en la producción agropecuaria. Este factor hizo de la disposición de capital un requisito cada vez más necesario para que los actores no sean expulsados del sistema productivo (Murmis, 1998).

Por otro lado, debe repararse en la presencia del capital financiero, que desde la consolidación del modelo de valorización financiera generado durante la dictadura fomentó la aparición y dio preponderancia a nuevos intermediarios financieros (como fondos de pensión, fondos soberanos, fideicomisos) que fueron reemplazando a los bancos comerciales en su función de principales acreedores externos.

Así, en los últimos veinte años, capitales provenientes de otros sectores de la economía compraron tierras o conformaron grupos de inversores, para luego involucrarse en la producción. El agro se convirtió en un destino de capitales en busca de mayores rentabilidades, y muchas empresas agropecuarias procuraron atraer inversiones extra-agrarias a través de estos los intermediaros financieros.

La diseminación de capitales financieros en el agro contribuyó a la aparición de los llamados “pools de siembra”. Gerenciados por estudios de ingenieros agrónomos, los pools de siembra son una estrategia de financiamiento que utiliza los mencionados formatos jurídicos (fondos de inversión, fideicomisos, etc.,) para vehiculizan una gran masa de capitales de inversores institucionales, urbanos y del mercado de capitales hacia la producción agropecuaria. Dispensados de la necesidad de poseer la tierra, estos actores prefirieron controlarla, y dieron la posibilidad a grandes y  pequeños capitales de aunarse en una producción mayor, con mayores rendimientos, y que concentraron aún más la producción.

Además de un mayor acceso al mercado de capitales a través de los inversores institucionales, este proceso general se vio potenciado por la entrada de grandes capitales extranjeros al país, que, en un contexto internacional de excedente de capitales, comenzaban a volcarse hacia los más redituables “mercados emergentes”. Esto destruyó el antiguo sistema cooperativo y provincial que proveía de crédito a pequeños productores y que llegaba a zonas marginales (Heredia, 2011), expulsando de la actividad a quienes no accedieran a grandes inversiones.

Como resultado de este proceso, quienes lograron adoptar las técnicas productivas y tecnologías innovadoras y pudieron aprovechar las facilidades para acceder al mercado de capitales y de tierras, consiguieron beneficiarse de las nuevas reglas.

Así es como, según el censo agropecuario de 2002, el número total de explotaciones agropecuarias en el país se habría reducido en un 25 % (Heredia, 2011: 201), y en la misma proporción habría aumentado el tamaño medio de las explotaciones que sobrevivieron a las reformas. En este sentido, puede hablarse de una ampliación de la brecha entre las mayores empresas agrarias y el resto de las unidades productivas (Gras, 2012). A través de los contratos accidentales, muchos de los productores medianos y pequeños que no pudieron alcanzar los niveles de tecnologización requeridos para mantenerse en la actividad se transformaron en rentistas.

Por último, a los cambios estructurales se sumó la crisis del comercio de carnes durante las últimas dos décadas del siglo XX. Problemas climáticos, caída de precios y cierre de mercados de exportación de este producto, entre otros factores, implicaron el desplazamiento de las grandes empresas ganaderas o mixtas propietarias de la tierra que hasta ese momento formaban el núcleo tradicional del sector. Con ello se consolidó la primacía agrícola, y en especial de la producción sojera, por sobre la actividad ganadera.

Las modificaciones en la actividad agropecuaria trajeron como consecuencia el debilitamiento de la fracción tradicionalmente dominante. Nuevas empresas fueron posicionándose en la cúpula del sector, especialmente a partir de la introducción de las innovaciones tecnológicas y en los métodos de producción. De este modo, a las antiguas unidades productivas con mayor o menor grado de integración vertical, basadas en el dominio de la tierra –fuera por propiedad o por arrendamiento– y su directa explotación por parte del productor, vinieron a sumarse las megaempresas, cuya presencia manifiesta de manera paradigmática las nuevas formas de gestión y organización productiva que tienden a liderar el sector.

Megaempresas argentinas for export

El proceso de concentración empresarial de la era neoliberal en el campo se cristalizó entonces en la conformación del estrato de las megaempresas. Este nuevo estrato de “grandes jugadores” está constituido por algo más de 10 empresas que surgieron en Argentina, están dirigidas por argentinos, y tienen su centro de actividad en el país. Entre ellos puede identificarse al grupo económico Los Grobo, CRESUD, MSU, Adecoagro, Calyx Agro, Arcor, AGD, Unitec Agro y Olmedo Agropecuaria.[4] Se trata de las mayores productoras argentinas de soja, trigo y maíz, que en conjunto llegaron a controlar alrededor de un millón y medio de hectáreas en Argentina, aparte de las más de 200.000 hectáreas que operan en países limítrofes. Además de cereales y oleaginosas, ocupan posiciones importantes en otras producciones como ganadería, arroz o algodón.

Estas empresas se caracterizan por a) su estructura altamente especializada y profesionalizada, donde el activo crítico radica en el conocimiento (sobre temas financieros, jurídicos, productivos y tecnológicos); b) por gestionar vía tercerización el trabajo de siembra, mantenimiento, recolección y a veces almacenamiento de los cultivos; c) por poseer sólo una porción de las tierras que controlan (o por arrendarlas en su totalidad) y sólo una parte de los equipos que utilizan (por lo que subcontratan actividades), y d) porque muestran una clara preocupación por “minimizar los riesgos”, para lo que aplican seguros diversos (cobertura de precios futuros, seguros contra adversidades climáticas, etc), y/o diversifican sus cultivos estableciendo producciones en distintas localizaciones y realizando un mix de cultivos diferentes.

Otro aspecto esencial son las aceitadas conexiones que poseen con el capital financiero, en particular de carácter extra-regional, fundamentales en la constitución de economías de escala. Además, estas empresas disponen de conocimientos tecnológicos considerados un factor de producción más, y utilizan dispositivos tecnológicos en los procesos de decisión y producción (Bisang et al., 2008).

Por último, la mayoría pone en práctica lo que llaman “producción en red”. Ello consiste en primer lugar en un sistema productivo donde las empresas agropecuarias articulan contratos con proveedores de bienes y servicios muy diversos pertenecientes al mismo eslabón productivo o a distintas etapas de la cadena de valor. Las megaempresas que trabajan de esta forma manejan por lo tanto importantes redes de proveedores,  clientes, instituciones públicas y centros de investigación, y se destacan por su función de coordinación en este nuevo modelo.

En lo que respecta en particular a la tierra, si bien no caben dudas de que se trata de un recurso clave en el sector agropecuario y que su control define en gran medida la capacidad de crecimiento de los agentes económicos, no ocurre lo mismo con su posesión. La pérdida de importancia relativa del hecho de poseer la tierra respecto de la disposición de conocimientos científicos y tecnológicos y de técnicas productivas, de la puesta en práctica del “management” o gerenciamiento, y del acceso a capitales financieros plantea un cambio en la forma de su tenencia.

Puede incluso afirmarse que el factor principal del modelo productivo actual radica en el control del proceso de producción más que en la propiedad de la tierra. Si en el caso del “terrateniente” del modelo agroexportador de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX el control bajo propiedad era un aspecto fundamental de su posibilidad de apropiación de la renta, en el modelo del agronegocio esos mecanismos han cambiado parcialmente. En él aparecen formas novedosas de apropiación de esa renta, es decir que en cada empresa se combinan de manera diferente la propiedad y el arrendamiento.

La estrategia del arrendamiento para aumentar la escala productiva ya estaba completamente extendida entre otros tipos de unidades: aproximadamente el 70% de la superficie agropecuaria del país es operada bajo esta modalidad. No obstante, es de destacar que la producción en tierras de terceros como mecanismo de extensión del área controlada por las megaempresas signó el proceso de agriculturización y la dinámica concentradora que lo acompañó.

Así, desde su surgimiento, las megaempresas tienden a priorizar el arrendamiento por sobre la propiedad de la tierra, mientras que en las grandes empresas que solían ocupar la cúpula del sector la tendencia es a poseer mayor proporción de tierras propias. Esta es una de las razones que hace de las megaempresas el paradigma del nuevo modelo productivo.[5]

Luego del “boom sojero” provocado por el aumento de los precios de este commodity, las megaempresas de origen argentino pasaron a controlar más de 100.000 hectáreas, principalmente en los países del Cono Sur (Uruguay, Paraguay, Brasil, y en menor medida Bolivia), y adquirieron así una dimensión regional.

Por un lado, esta extensión les permite desarrollar economías de escala, reducir los costos y acceder a financiamiento externo, es decir, aumentar su capacidad para generar excedentes y sus posibilidades de acumulación, así como sus estrategias productivas, en especial en relación con la dispersión geográfica y el manejo del riesgo.

Por el otro, el proceso de expansión regional se encuentra estrechamente vinculado al lugar que adquiere América Latina en la economía globalizada como una de las principales regiones productoras de commodities, metales y recursos energéticos. Dicha característica distingue a las megaempresas de las empresas más tradicionales que, aunque grandes, no lograron desarrollar ese nivel de expansión territorial, y conservan, por lo tanto, una orientación nacional (Robinson, 2011).

La dinámica de acumulación regional no sólo contribuye a aumentar la cantidad de tierras operadas, sino también –lo que no es menor en este modelo empresarial– la diversificación territorial y de cultivos en función de las ventajas comparativas de cada lugar. Esta doble diversificación permite elegir el cultivo más idóneo de acuerdo a los costos más bajos por unidad de producción en cada región y adaptar la combinación de cultivos de acuerdo a las oportunidades de cada momento. Además, está ligada a otra estrategia característica de todas las megaempresas: la del control del riesgo.

Así, la diversificación territorial y de cultivos contribuye al control de los riesgos políticos, productivos y financieros que podrían generar las inversiones concentradas en un sólo país. El manejo del riesgo constituye por lo demás a un aspecto esencial del management de las megaempresas, es decir que desarrollan prácticas específicas de administración en lo que se refiere a riesgos aceptables en términos del retorno sobre el capital invertido y la maximización de resultados. Dichas estrategias parecen contribuir a un mejor desempeño en los mercados financieros, especialmente los internacionales, ya que les permite cumplir con los requisitos de los inversores.

El formato del pool de siembra es importante para entender las posibilidades financieras de las megaempresas. Al utilizar esta modalidad, tales empresas se fijan objetivos para la obtención de tasas de retorno que vuelvan atractiva la inversión. La ventaja para los inversores suele ser que el pool se asienta sobre una estructura legal que le da una seguridad jurídica inexistente en otras inversiones. En el caso del fideicomiso, además, esta figura está exenta del impuesto a las ganancias, lo que suele redundar en una renta mayor a la que pueden ofrecer los bancos.

Para terminar, muchas megaempresas muestran una fuerte tendencia a la integración vertical, y sus ganancias provienen en gran medida de las posiciones dominantes que detentan en las diversas cadenas que componen el proceso productivo, por lo que se esfuerzan por conservar una gran capacidad de gestión de la red de producción que conforman (Gras, 2011: 12).

Las megaempresas en la política nacional

Como se desprende de lo expuesto en este artículo, las megaempresas son actores recientemente integrados a los nuevos circuitos globalizados de la economía, que estructuran en gran medida las relaciones sociales de producción del sector, aunque no necesariamente concentran la propiedad de los medios de producción.

Sin embargo, su legitimación no estuvo dada: muchos de quienes se encontraban en la cúpula empresarial antes del boom sojero en un principio fueron reticentes a los cambios que los nuevos “emprendedores” proponían, como puede ser la introducción de la siembra directa o la utilización de transgénicos.

Para legitimar las nuevas modalidades productivas y organizativas del esquema del agronegocio, los empresarios “innovadores” se apoyaron en círculos académicos que expusieron sus ideas en congresos agropecuarios, ferias rurales y, principalmente, en las asociaciones técnicas agropecuarias. Como explica Hernández (2009), la más dinámica en este aspecto fue la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), que se postuló como principal difusora de tecnología desde mediados de los años noventa, así como defensora de una nueva moralidad en la que la acciones de responsabilidad social empresaria cobran un papel fundamental (Gras y Hernández, 2015).

Si durante el conflicto de 2008, tanto las megaempresas como AAPRESID brillaron por su ausencia en las tapas de los diarios y en los discursos de las autoridades, eso sólo confirma que el poder de estos actores encontró otros canales de comunicación diferentes a las tradicionales estructuras corporativas. La Sociedad Rural Argentina, entidad representativa del poder económico en el campo hasta fines del siglo XX, hizo pública la presencia de un sector que estaba siendo desplazado por estos otros actores cuyas modalidades de representación y participación política se hicieron más difusas.

Para estos actores, la capacidad de lobby sería desde entonces una herramienta quizá más fuerte que los cortes de ruta, en especial cuando las megaempresas que lo ejercen controlan enormes cantidades de granos, desde su originamiento hasta su venta al exterior, en un país donde las exportaciones agropecuarias son la principal fuente de divisas.

Es por ello que el Estado argentino dio prebendas a este nuevo estrato, en especial en lo que respecta a subsidios y exenciones impositivas. De ahora en adelante sería más fácil negociar con algunos pocos CEOs de megaempresas que con las entidades tradicionales del campo.

Debe decirse, por último, que desde 2008, y en especial desde 2012, los problemas climáticos y la caída de los precios internacionales de los granos hicieron que algunas de las megaempresas redujeran el número de hectáreas arrendadas, e incluso que acentuaran su integración vertical y/o desplazaran su actividad agrícola a otros países.

En palabras de los actores, se habría perdido la oportunidad de generar un empresariado globalmente integrado al sistema mundial; lo que no cuestionan es el modo dependiente y concentrador en el que se dio esta inserción. Lo que es seguro es que las megaempresas son uno de los sectores ganadores del modelo del agronegocio, por supuesto de la mano de las grandes empresas transnacionales de agroinsumos, y que durante el período de auge del modelo acumularon un capital tal que les permitió desarrollar una estrategia empresarial flexible y por lo tanto mejor adaptada a los cimbronazos económicos que los actores más pequeños.

Estos últimos fueron los más afectados por las “externalidades” del modelo: su desplazamiento de la actividad y/o de sus tierras descompusieron una parte del tejido socioproductivo muy difícil de regenerar. ¿Acaso terminarán cosechando las inundaciones y enfermedades que resultan del tipo de producción implantado por los grandes, ahora que en nuestro país “producir comida para el mundo” ya no es tan rentable?

BIBLIOGRAFÍA

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Bisang, Roberto; Anlló, Guillermo, Campi, Mercedes (2008), “Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina”, en Desarrollo Económico, n° 190-191, vol. 48, julio-diciembre (Buenos Aires: IDES).

Chesnais, François et al. (1996), La mondialisation financière, genèse coût et enjeux(París: Syros).

Fernández, Diego (2010), “Los cambios en el régimen de tenencia de la tierra en la región pampeana”, en Fernández, D. y Villulla, J. M. (comps.), Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agrario pampeano (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires).

Gras, Carla S. (2011), “Agronegocios y empresarios. Un estudio sobre la reconfiguración de perfiles socioeconómicos y la construcción política del ‘campo’ en Argentina”, enBodemer, Klaus (Comp.), Cultura, sociedad y política en América Latina. Aportes para un debate interdisciplinario (Madrid/Frankfurt: Editorial Iberoamericana/Vervuert).

————– (2012), “Los empresarios de la soja: cambios y continuidades en la fisonomía y composición interna de las empresas agropecuarias”, en Mundo Agrario, nº. 24 (La Plata: Centro de Estudios Históricos Rurales. FAHCE, Universidad Nacional de La Plata).

Gras, Carla S. y Hernández, Valeria (2009), “El fenómenos sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorrural en la Argentina”, en Gras, C. y Hernández, V. (coord.), La Argentina rural: de la agricultura a los agronegocios(Buenos Aires: Biblos).

Gras, Carla S. y Hernández, Valeria (2015), “Hegemonía, innovación tecnológica e identidades empresariales: 50 años de revoluciones agrícolas en Argentina”, (en prensa).

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Heredia, Mariana (2011), “La hechura de la política económica: los economistas, la convertibilidad y el modelo neoliberal”, en Pucciarelli, Alfredo (coord): Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal (Buenos Aires: Siglo XXI).

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Masters, Michael W. (2008), “Testimony before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs”, Senado de los EstadosUnidos, 20 de mayo de 2008.

Murmis, Miguel (1998), “Agro argentino: algunos problemas para su análisis”, en Giarracca, Norma y Cloquell, Silvia (Comps.), en Las agriculturas del MERCOSUR. El papel de los actores sociales (Buenos Aires: Editorial La Colmena–CLACSO).

Murmis, Miguel y Murmis. María R. (2010), “El caso de Argentina”, en Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina, FAO, pp. 1-42.

Robinson, William I. (2011), “Global Capitalism Theory and the Emergence of Transnational Elites”, en Critical Sociology, SAGE journals.

[1] Andrea Sosa Varrotti es socióloga (UBA), becaria del CONICET y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Se desempeña como docente en la Carrera de Sociología (UBA). Investiga sobre las trasformaciones del mundo rural argentino a partir del estudio de las megaempresas agropecuarias.

[2] En 1991, la Commodity Future Trading Commission [Comisión de Comercio de Futuros de Commodities] de Estados Unidos concedió a los bancos de Wall Street una excepción a los límites en las posiciones especulativas de determinados intercambios, los swaps, es decir, aquellos derivados financieros que consisten en un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una cantidad de dinero determinada en fechas futuras. Ello abrió una laguna legal para la especulación ilimitada (Masters, 2008: 7).

[3] La reducción del Estado también se vio en decisiones como la de trasladar la aplicación de la ley forestal a las provincias a través del artículo 3 de la ley nº 13.273 de defensa de la riqueza forestal de 1995. La ausencia estatal a la hora de fiscalizar la aplicación de esta ley provocó importantes desmontes, como por ejemplo en Tartagal, que permitieron la expansión de la frontera del agronegocio.

[4] Ante la inexistencia de fuentes estadísticas sobre la concentración de la tierra, para realizar este recorte se recurrió, en otro trabajo (véase Gras y Sosa, 2013), a la información obtenida a través de relevamientos periodísticos y análisis de documentos. Además, se cuenta con la referencia de la estimación realizada por Murmis y Murmis (2010), quienes a partir de información periodística construyeron una muestra de 48 grandes empresas con 50.000 hectáreas o más, entre las cuales las de más de 100.000 representan el 30%, es decir, aproximadamente 14 empresas. Esto incluye específicamente a las empresas productoras de commodities agrícolas para el mercado internacional. Cabe aclarar que una de las empresas pioneras en agronegocio, El Tejar S.A., en 2013 redujo la superficie controlada en Argentina en un 90 % respecto del año 2012, pasando de producir 300.000 has a trabajar 30.000 has (véase “El Tejar, ante una decisión drástica”, en La Nación, 20 de abril de 2013), para luego retirarse por completo del país.

[5] Sin embargo, debe destacarse que desde la segunda década de este siglo comienzan a reconocerse cambios en las estrategias de algunas de ellas, que tienden a aumentar la proporción de tierras propias, fenómeno vinculado al ingreso de capitales extranjeros y a su peso en la toma de decisiones empresariales.

“El kirchnerismo no logró construir una hegemonía”

En esta mesa redonda organizada por Épocas en ocasión del lanzamiento del libro “Economía y política en la Argentina kirchnerista”, de Adrián Piva, el autor, Agustín Santella y Julián Rebón intercambian ideas sobre el período abierto luego de la crisis de 2001.

Agustín Santella: Los problemas de la producción científica –y esto ha sido palabra del autor en el prólogo– que nos constriñen a producir dentro de cánones que separan la política y el conocimiento, hacen difícil intervenir político-intelectualmente en obras que traten de cumplir estos dos aspectos. Yo hace rato que se lo vengo diciendo a Adrián y a Alberto Bonnet: me parece que ellos –como Programa de Estudios de la Argentina Reciente en la Universidad de Quilmes–, el “marxismo de Quilmes”, como los suelo llamar, son, quizá, lo más avanzado que yo conozco en nuestro país y el Cono Sur en este sentido. Es una manera de seguir la herencia de la Escuela de Frankfurt. En esta escuela, la dialéctica negativa es no poder superar cierta discusión del estado de las cosas filosóficas; toda la discusión acerca de la necesidad de criticar la sociología y el positivismo no tiene una obra empírica concreta. Todos los rasgos centrales de las metodologías en este libro –y en el programa de investigación que mencioné anteriormente– están marcados por la gran impronta de utilizar el análisis dialéctico de un modo no teleológico, de un modo histórico concreto a análisis específicos. Este libro hay que leerlo en esa gran clave.

La otra gran clave del libro es retomar, como dijera Gramsci, el análisis de coyuntura. Me sorprendió gratamente como, con bastante fluidez, se integran los niveles de análisis –inclusive internacional y nacional– y los distintos momentos de relaciones de fuerza en un análisis concreto. Hipótesis: esto es una crítica al kirchnerismo. Ahora, cuando decimos crítica al kirchnerismo, ¿qué queremos decir? Me refiero a la idea de crítica: Adrián no se limita al rechazo moral, revestido de pretendida teoría, sino que realiza un análisis histórico concreto, una elucidación de la realidad de un modo de acumulación y de dominio en una formación histórico-social y un Estado capitalista específico que es el objeto de este libro. Es un libro que habla de economía y política a lo largo de dos décadas, forzosamente de un modo sintético. La cantidad de indicadores e hipótesis específicas puestas en discusión es enorme y el estilo de texto es un estilo de síntesis, que precisamente se ahorra de todo elemento innecesario, toda cita erudita que no va al punto. El libro es una crítica del kirchnerismo en el mejor sentido de la Escuela de Frankfurt, de dialéctica negativa, y seguramente también de Gramsci.

No basta con rechazar, desde cierta posición a priori, el proceso histórico, desde lo que suponemos como una expresión de la burguesía o el Estado capitalista, etc., sino que es un pensamiento que es consciente de que está actuando en un proceso, una dialéctica que actúa históricamente. Por ejemplo, todo el análisis de la hegemonía y la orientación de la hegemonía: en primer lugar, hay dos grandes momentos hegemónicos y de sus crisis, que son la década del ’90 y el período kirchnerista. El centro del análisis está en el proceso de acumulación y dinámica hegemónica del período kirchnerista, por supuesto. Hay una crítica en esto, no abstracta-moral, sino histórico-concreta. Por ejemplo, dice que no estamos en presencia de una consolidación de la potencialidad hegemónica de la burguesía en este decenio kirchnerista. Es una afirmación muy fuerte, sobre todo para alguien que hace análisis económicos.

“Si no hay hegemonía en el período kirchnerista, ¿hasta qué punto es posible alcanzarla en Estados capitalistas periféricos?”

Sin embargo, si no hay hegemonía en el período kirchnerista, ¿hasta qué punto es posible entonces la realización hegemónica en Estados capitalistas periféricos? En definitiva, Adrián analiza las contradicciones que tienen que ver con economía política en un capitalismo periférico, la dependencia, en un análisis exquisito diría yo, desde el punto de vista estrictamente económico del funcionamiento de la acumulación en esta década, sus diferencias con la década anterior y los límites que presenta. Estos límites, en definitiva, actualizan el patrón dependiente del capitalismo. Mi pregunta sería entonces: ¿hasta qué punto es posible para las burguesías de un capitalismo dependiente la realización hegemónica? No está del todo dicho.Otro producto del libro que debería ser tomado para nuevas generaciones es la manera en que podemos investigar la hegemonía, sus crisis, sus limitaciones, sus tipos, etc. La crítica al kirchnerismo en un sentido no moral indica que el kirchnerismo no consiguió construir una hegemonía en estos años. Esta es una de las más importantes hipótesis del trabajo. Yo creía que el kirchnerismo había conseguido cierta capacidad hegemónica de un modo más optimista del que dice Adrián. La modalidad hegemónica del período actual no se basa tanto en la coerción, en el consenso negativo, sino en elementos del consenso activo que la burguesía –a través del Estado– consigue de distintas fracciones de clase. Según el libro, el kirchnerismo se apoya sobre todo en identidades laborales y deja afuera identidades basadas en sujetos no-laborales, sectores que no han sido incorporados al sector formal del mercado de trabajo, que no están representados en el sistema de relaciones laborales y en la estructura sindical. Esta estructura es una base de apoyo al proyecto hegemónico del kirchnerismo, pero es una parte del mercado laboral, una parte de las fracciones sociales. Hay otra parte, en particular la famosa protesta de clase media, que expresa todo aquello que queda afuera del proyecto, de esta intención hegemónica de un Estado capitalista dirigido por este proyecto político.

Julián Rebón: Este es un libro que empalma en una tradición que excede al marxismo, que es muy de la sociología latinoamericana. Una profesora de la casa, Ruth Sautu, hablaba del método narrativo-histórico, cómo construir procesos macrosociales a partir de hilos argumentativos que integren procesos históricos con análisis de estructuras, a partir de distintas fuentes de datos. Yo creo que el libro va en esta dirección, y creo que lo hace bien: muestra un marxismo rico, heterodoxo, como todo cuerpo teórico que investiga y no se pone simplemente a hacer una exégesis de lo preexistente. No aparece un marxismo monocorde. Al contrario, aparece precisamente la preocupación: ¿cuál es la forma concreta, específica, de esta formación social? ¿Cuáles son las contradicciones reales? ¿Cuál es la dinámica del régimen político, de la lucha de clases, de lo que él denomina “relación de fuerzas”, y yo me tomo el atrevimiento de renombrar el “estado de las confrontaciones”? Porque la imagen de relaciones de fuerzas hace parecer que, a veces, lo único que se puede hacer es lo que se hace; el estado de confrontaciones muestra que sí, hay líneas de fuerza. Pero las líneas de fuerza pueden ser vencidas, pueden ser modificadas, están en permanente transformación.

Adrián parte de pensar el capitalismo de las últimas décadas en la formación argentina como un período trazado a partir de la reestructuración neoliberal de los ’90 que conocemos. Él instala una lectura que no es la dominante del período, pero sobre todo parte de un análisis que señala la segunda etapa, a partir de la crisis del 2001, a partir de la hipótesis de que, aún con cambios, hay elementos de continuidad estructurales en el modo de acumulación. No obstante, se abre una segunda fase a partir de la devaluación, que tiene un primer interregno muy corto, que él denominaría “neodesarrollista”, y un segundo interregno a partir del kirchnerismo que avanza hacia un neopopulismo, que está enmarcado por una continuidad, en el sentido de la ausencia de una reestructuración fuerte del bloque de poder, que no hay una reestructuración fuerte de los niveles de apertura de la economía, de los niveles de concentración, centralización y extranjerización, etc., pero sí hay una recomposición parcial de algunos elementos, que avanza en algunas líneas, y una expansión del mercado interno en un contexto que empieza a ser cada vez más favorable a los trabajadores. Acá creo que aparece una de las novedades del texto de Adrián, que es marcar que lo que se abre a partir de 2003 es una distancia entre el modelo de acumulación y la política. La política de gobierno se empieza a despegar del modelo de acumulación y empieza a haber una serie de confrontaciones, se introducen elementos que van poniendo cada vez más en tensión esa coherencia “típico-ideal” entre acumulación y política de gobierno. Precisamente, si uno habla de esta década, hay una discordancia, un momento a partir del cual la política se aparta –a partir de la crisis del 2001– la necesidad de un cierre, de una construcción.

“El gobierno no es expresión orgánica de los sectores movilizados en el período previo, pero indirectamente asume muchos de los desafíos planteados”

El kirchnerismo es politizante. Recuerdo alguna vez haber conversado con un dirigente de una de las fuerzas que ahora es parlamentaria, de izquierda, que decía “¿en qué el kirchnerismo nos favoreció? En que politizó el conflicto”. Yo diría que politizó construyendo política, pero también porque el modo en el cual se organiza el régimen de acumulación en el período tiende a la acumulación. Es un modo de integración, en un contexto de ciertas continuidades, como la dualización de la fuerza de trabajo. Esta clase obrera bifronte está presente, eso introduce límites a las posibilidades de esa incorporación y a la potencia del movimiento obrero en esa incorporación. De algún modo, en la reconstrucción se plantea una incorporación de la clase obrera más estable, como neocorporativismo segmentado, y de una clase trabajadora inestable a través de una forma de asistencia social y de mediaciones clientelares, pero creo que lo novedoso del momento es precisamente la asistencia social centralizada que empieza a emerger con mucha fuerza en el período.El kirchnerismo nace de la necesidad de reconstruir el consenso político, al mismo tiempo de construir un proyecto político, y en ese momento toma la determinación de construir una política más autónoma, en la cual la política desborda a la forma de acumulación, en la cual la política económica subordina a la política monetaria. Es el elemento clave. Esto tiene que ver con una forma de reconstrucción del poder político, y un gobierno que llega en condiciones de mucha debilidad, que no es una expresión orgánica de los sectores movilizados en el período previo, o durante la crisis, pero que indirectamente asume muchos de los desafíos planteados. Este gobierno hace una apropiación selectiva de esas demandas, una serie de concesiones graduales a la clase obrera y a los sectores populares; pero también a otras demandas de distinto orden: de reconocimiento, de derechos humanos, de derechos civiles, que va componiendo una nueva etapa. Acá hay un elemento bastante significativo: si en los ’90 había una despolitización del conflicto, en esta etapa se da una repolitización del conflicto, en particular del conflicto laboral. Precisamente, si en los ’90 no había un mandato económico de ajuste salarial, sino que el mismo se daba a partir de la productividad de cada empresa en particular; a partir de 2003 el conflicto se vuelve a centralizar y politizar. Empieza a haber paritarias, empieza a haber una serie de medidas que promueve e inicia el gobierno, que van a ser un modo de canalizar el conflicto de un modo institucional, a partir de los sindicatos, a partir de ciertas pautas. Estas medidas presuponen una politización del conflicto. El Estado permanentemente tiene que intervenir regulando. A veces, según el marco teórico en el cual uno está anclado, pareciera que todo fuera “la expresión de” ciertas relaciones de fuerza, como si el campo de la política no tuviera posibilidad de escisión. Si uno recuerda los primeros momentos, sobre todo en el marco de la política salarial, uno va a ver que hay aumentos promovidos por el Estado como las paritarias. Hay un momento en el cual esto se lanza, y después se autonomiza y el gobierno regula.

Hay un elemento novedoso, que Adrián dice que consolida la dualización –yo ahí discrepo un poco– referente a la Asignación Universal por Hijo y la expansión de las jubilaciones. No puede decirse que esto consolida la dualización. Al contrario, están equiparando derechos entre aquellos que fueron escindidos por la lógica del modelo de acumulación y el Estado en los ’90. Yo creo que ahí se tiende un puente entre estos dos niveles que es interesante tocar.

Yo solamente distancio lo que me genera dudas, que están presentes en el libro. La explicación de la continuidad, que es correcta y cierta, como por ejemplo en el análisis de las estatizaciones como “estatizaciones de rescate”, pero al mismo tiempo cada vez más como estatizaciones que no son solo de rescate, que empiezan a incidir en el patrón de acumulación. Cuando el Estado nacionaliza las AFJP no solo –entre comillas–puede construir otra política previsional y otra política de financiamiento, también tiene directores en el conjunto de las grandes empresas de este país. A veces, uno tiene la sensación de que en el tipo de análisis instalado estos cambios serían simplemente la resultante de procesos que, de algún modo, obligarían, coerciones estructurales que obligarían a los actores a tomar determinadas medidas. Ahí uno podría pensar que sí, hay coerciones que obligan a enfrentar ciertos problemas, como la recomposición de un régimen político, pero no obligan a elegir el modo que se asume. Se podría haber estatizado AySA –que es el ejemplo más claro de rescate– y se podría haber buscado otra forma, siempre hay otra forma. Siempre existe la posibilidad de otra forma. Por ejemplo, la AUH, el tema jubilatorio, se paran en una relación de fuerzas, y el kirchnerismo de algún modo construye movilización social para desafiar esas relaciones de fuerza en un marco bastante complejo. Por el carácter difuso, en relación a otras formas del populismo como el peronismo, que tiene la organización de la clase trabajadora en nuestro país.

Acá aparecen cosas bastante paradojales, porque la extensión de los límites uno no podría analizarla al margen de la lucha de clases, de las confrontaciones. Pero una lectura societalista, que solo mirara al Estado como un reflejo de la sociedad, creo que sería limitada. Porque hay un espacio de innovación y de apuestas en la construcción de poder político. No es que la AUH fue producto de una movilización reciente, al contrario, es una medida que no responde a una movilización creciente de los sindicatos, ni de ningún otro sector; que por supuesto retoma banderas de períodos previos, de la CTA, etc., pero las actualiza de un modo distinto que al mismo tiempo tiene paradojas al interior de su bloque político. ¿En qué sentido paradojas? En el sentido en el que quita elementos de mediación clientelar, y que esos avances van a ser en parte resistidos por el sindicalismo. Estoy pensando en huelgas generales en las cuales se expresan alianzas obrero-patronales que son bastante sugerentes de las paradojas del período. Adrián señala los desacoples que produce esta situación, en la medida en que hay un gobierno que politiza, de modo tal que gobierno y patrón de acumulación están en discordancia. Que en una primera etapa puede avanzar progresivamente porque tiene la expansión a su favor. Cuando esa expansión llega a su fin, en 2007-2008, la única manera de resolver ese conflicto –que hasta entonces se canalizaba– es desplazándolo, a partir de la derrota del conflicto del campo. En la medida en que la discordancia entre política y modo de acumulación se extiende, las contradicciones son mayores. Ahí empieza el elemento de inestabilidad permanente de estos últimos años, al que muy bien se refieren en este libro. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Ajustar? ¿Cómo ajustar, en la medida en la que hay una clase obrera más fuerte que en otro período? Pero, al mismo tiempo, no hay capacidad para avanzar más allá. La paradoja, entonces, es que parte del sindicalismo opositor quiere que se ajuste a costa de los más pobres. El impuesto a las ganancias produce un amesetamiento de facto de la pirámide laboral, entonces, ahí hay un elemento de las paradojas del período.

Vuelvo al debate de la hegemonía, yo creo que es muy interesante lo que se plantea acá: no hay una hegemonía kirchnerista. ¿Por qué? Porque no hay interiorización del conflicto. El conflicto sigue desbordando las instituciones y los marcos legales. La existencia de formas de lucha como cortes de rutas nos muestran que existe todavía el resabio de la antipolítica, el resabio del “que se vayan todos”, de la autorrepresentación, etc. Las contradicciones que existen en esta etapa hacen que una parte de la oposición se exprese en este marco, por fuera del régimen de partidos. Porque los avances de un movimiento neopopulista, que hace una articulación compleja de clases y fracciones de clase en una confrontación produce resistencia. Porque esas resistencias, por sus formas y contenido, convocan a viejos clivajes de este país: peronismo-antiperonismo, populismo-antipopulismo, que tienen una sede social en las capas medias, adquiriendo una forma “de derecha”, porque el populismo es de izquierda. Paradojas, polarización fuerte a la cual apuesta este gobierno como modo de construir poder, polarización que es una dinámica que tiene fuerza de objetividad. Cuando uno ve los sectores políticos que se fueron de la alianza del gobierno hacia la izquierda, y terminaron a la derecha; o cuando uno ve, también, que se generan nuevos espacios.

“No hay una articulación orgánica entre el bloque de poder y el kirchnerismo. Podemos buscarla con lupa, pero no la encontraremos”

Otro elemento central es que la referencia a las clases es difusa y es externa; y yo agregaría: cada vez más. El kirchnerismo fue rompiendo las mediaciones con los distintos sectores sociales, corporativizando la política –sobre todo en el último período– y lo que uno ve es que hay una construcción. El compañero señala: se desplaza el clivaje capital-trabajo hacia el clivaje pueblo-oligarquía, patria-colonia, Argentina-buitres, pueblo-“la corpo”, etc. Una serie de clivajes que articulan esa expresión. Se la desplaza, en parte, por las condiciones específicas de las formaciones de clase actuales, pero en parte también –y acá retomo a autores más marxistas– porque en momentos de confrontación las clases no actúan como bloque sino como fuerzas sociales. Actúan policlasistamente, cualquier política es policlasista, y más aún en un período en el que la principal lucha es interburguesa. Esta forma policlasista del conflicto no es un desplazamiento, sino la forma que asume un conflicto interburgués.Hay que marcar un elemento nuevo: el kirchnerismo corre la agenda de la discusión, es decir, no construye hegemonía pero corre la agenda. Que se esté votando hoy por consenso parlamentario la AUH es un corrimiento de ese horizonte de discusión. ¿Cuál es la diferencia con la hegemonía? Que ese horizonte de discusión no se construyó como una institucionalidad que permita la legitimación del conjunto político. ¿Por qué? ¿Por la lógica polarizante, por la lógica del desborde? Sí, pero hay que señalar que la debilidad institucional depende sobremanera de que no hay una articulación orgánica entre el bloque de poder y el kirchnerismo. Podemos buscarla con lupa, pero no encontraremos una fracción de la cual el kirchnerismo represente la universalización de sus intereses. Es una fuerza social, con una debilidad en la cúpula, que crece hacia abajo. Esa debilidad en la cúpula es la permanente inestabilidad, y en este sentido no puede construirse hegemonía si no se construye un cambio en el patrón de acumulación. Esa falta de sujeto social, esa búsqueda –en la primera etapa– de una burguesía nacional, la incorporación más presente del Estado como salida a ese déficit inicial.

Otro elemento interesante, para cerrar: los límites del kirchnerismo. El kirchnerismo está definido por un límite, porque por un lado se puede decir que no expresa las continuidades orgánicas de luchas de un período previo –como Venezuela o Bolivia– pero tampoco representa una continuidad maquillada, como los procesos que Adrián denomina “neodesarrollistas”. Expresa un elemento entre ambos, que produce un elemento de ruptura que no es capaz de quebrar ese modelo de acumulación. Y tiene un segundo límite –y esto no es una crítica moral– que no se refiere solo al bloque en el poder, que no cambió sustancialmente, sino también al bloque político: este proceso intenta, al principio, construir una transversalidad pero luego –por razones que yo llamaría de “realismo político”– se apoya en el bloque político histórico del peronismo. Ese bloque político y ese bloque de poder son límites, límites en los márgenes de maniobra. Los límites están aún en los procesos más radicalizados, y sino miremos Venezuela.

Los límites objetivos de la etapa mundial están presentes. El libro nos habla de un keynesianismo trunco, de una recuperación parcial de elementos perdidos en los ’90, pero no lo dice de un modo despreciativo. No es despreciativo porque entiende que se ha roto una tendencia de continuidad, y apareció un elemento original. ¿Qué podemos esperar de este elemento original del kirchnerismo, con sus límites? Estos límites son reales, pero a la vez podemos ver una gran rebeldía frente a los límites por parte de quienes personifican este proceso político. Una gran rebeldía frente a lo que Don Gramsci llamaría “la realidad objetiva”. Es posible cierta rebeldía, y por eso podemos ver en ciertas disputas –como con los fondos buitre– una distancia entre bloque de poder y gobierno, y también entre bloque político y gobierno. Por eso ese bloque político va cambiando, perdiendo una parte sustantiva de su parte sindical y su parte política, y va cambiando, tiene que construir una fuerza propia, pero con una limitación. Una limitación que, en un contexto como el actual, es una limitación central.

Quiero terminar, para honrar a este hermoso libro, de la misma manera en la que lo termina el autor: “la recomposición de la acumulación y la dominación que condujo el kirchnerismo cerró la crisis abierta tras el 2001, pero lo hizo a costa de abrir y reproducir un largo impasse en torno a una relación de fuerzas de difícil estabilización. La actual situación económica y política presiona crecientemente por su resolución, pero, aunque todo parezca apuntar hacia un giro conservador sin rupturas profundas, el final del juego permanece abierto”. Y acá me parece que muestra toda la riqueza del análisis, como una crisis de dominación constituye un fenómeno nuevo, un impasse bastante particular, un impasse en movimiento. Ahora, ese impasse no puede durar por siempre porque el sistema tiende a aumentar las contradicciones. Ahora, dura mucho más de lo que uno podría pensar originariamente, pero además –el compañero dice– presiona por su resolución, la coerción estructural.

Y ahora viene el pesimismo de la inteligencia. “Pero, aunque todo parezca apuntar hacia un giro conservador sin rupturas profundas, el final del juego permanece abierto”. Y ahí aparece lo que, precisamente, estamos haciendo acá. Batallas de ideas, el juego está abierto. Las coerciones estructurales están, los límites de relaciones de fuerza están, pero el juego abierto puede dar la posibilidad de construir cosas que aún hoy nuestra acotada capacidad política no nos permite pensar. Pero sobre todo, da la posibilidad de hacer lo que este libro hace: volver a la voluntad. No a una voluntad ciega, milenarista, que va más allá de la realidad. Una voluntad que se funda en el análisis de la realidad, de esa totalidad adversa, para cambiarla.

Adrián Piva: Simplemente hago unas referencias a algunas cosas que plantearon Julián y Agustín, que quizás sirvan para precisar un poco lo que quise decir en el libro. Primero, el problema de la autonomía de la política o de la separación de lo económico y lo político. Es una separación necesaria para la reproducción de la economía capitalista, pero al mismo tiempo es problemática porque es hasta cierto punto aparente. Hasta cierto punto aparente, porque tiene cierto nivel de realidad, es una apariencia objetiva. Ese rasgo aparente vuelve problemática esa separación. Si algo quiere plantear el libro es que lo que caracteriza a la estrategia kirchnerista es ese predominio de “lo político”, ese predominio de la estrategia de la reproducción del consenso. Eso es lo que hace que ese momento que muchos desde la izquierda esperábamos, el momento del giro a la derecha. Primero era en 2007, cuando ganaba Cristina, después en 2008 con la crisis que ocasiona el conflicto con la burguesía agraria, y finalmente después de 2011 cuando debía empezar un ciclo de ajuste un poco más profundo, por la reaparición de la restricción externa. Efectivamente lo que predomina en todos estos momentos es una estrategia que yo denomino de desplazamiento de la contradicción. Esta estrategia plantea, como planteaban Agustín y Julián, esta imposibilidad de canalizar el conflicto institucionalmente, que llamo “déficit de institucionalización”, y es la razón por la que planteo que no llega a construirse una hegemonía; pero al mismo tiempo, plantea que lo dominante es esa estrategia que se apoya en una relación de fuerzas.

En ese sentido, yo acuerdo, la idea no es plantear lo político como mera expresión de unas relaciones de fuerza que lo determinan por completo: lo central es el desacople. Al mismo tiempo, la relación de fuerzas tiene un carácter objetivo, se le impone esa objetividad a la propia acción del gobierno. Tanto cuando quiere avanzar en políticas de ajuste, la relación de fuerzas se manifiesta en procesos de deslegitimación que amenazan esa diferencia específica sobre la que construye consenso el kirchnerismo, como cuando quiere avanzar en procesos más disruptivos, por ejemplo la imposición de derechos a la exportación. Ese reclamo de objetividad para las relaciones de fuerzas sí lo reivindico, en el sentido –como decía Agustín– de la objetividad según la Escuela de Frankfurt, de la objetividad como negatividad, como algo que opone resistencia. Cuando uno trabaja sobre una materia, en el sentido de la noción de trabajo de Marx, el valor de uso que uno se propone producir determina como el fin la propia tarea, y esa determinación está en la materialidad del trabajo; la noción de materialidad es eso, no es otra cosa, no es la materia en sentido burdo. Es eso que aparece como límite objetivo, como negatividad.

En ese sentido reivindico la idea de relación de fuerza. Y en ese sentido me interesa la idea que planteas de “estado de confrontación”, pero la idea de relación de fuerza tiene un nivel de objetividad que hace que el gobierno no pueda hacer cualquier cosa. Esos límites que encuentra el gobierno están dados por la propia relación de fuerza en la cual se constituye y no es una relación de fuerzas que determina exactamente lo que hace el gobierno. La contradicción capital-trabajo y el antagonismo aparecen como un espacio de apertura que posibilita resoluciones políticas de diferente tipo. Ahora, no cualquiera. No es la contingencia de Laclau, no es una contingencia absoluta, pero sí la contradicción habilita un espacio de contingencia. Creo que esa es una diferencia importante entre la noción de contradicción de Marx y Hegel. La contradicción es una contradicción histórica, determinada, y aparece como un espacio de apertura y no tiene una resolución lógica. Tiene una resolución necesariamente histórica, ese es el espacio de la política. Sin ese espacio no habría lugar para ninguna política, ni de transformación del orden, ni de conservación.

Hago una sola mención a la cuestión de las identidades no laborales que planteaba Agustín. Esto lo inserto en un proceso de más largo plazo, que entiendo como de desorganización de la acción de clase. La idea es que la derrota de la clase obrera en los ’90 –inscripta en un proceso más largo que tiene como dos hitos el ’76 y el ’89– se expresa, entre otras cosas, en una desorganización de la acción de clase de los asalariados. También hablo de desproletarización subjetiva –para verlo de un punto de vista más cualitativo–, y esa desorganización se traduce en la emergencia de un conjunto de conflictos, que tienen un espacio mucho mayor del que tenían hasta los ’80 en Argentina, que no están ligados al mundo laboral. En ese sentido es que la capacidad que tiene la institucionalización del conflicto laboral sindical para canalizar el conflicto sindical es limitada. Hay un proceso de reorganización de la acción de la clase obrera desde 2003; es visible, pero no revierte este proceso de derrota profunda. Es un dato a tener en cuenta para cualquier proceso que intente institucionalizar el conflicto social. Por eso tienen importancia las identidades no laborales.

Otra cuestión que retomo es la pregunta sobre si es posible la hegemonía en países capitalistas periféricos. En principio, tendría que afirmarlo porque yo he dicho que hubo hegemonía en los ’90. Sin embargo, era débil. Con hegemonía “débil” no me refiero a que no sea sostenible –de hecho lo fue–, sino a un concepto débil de hegemonía, porque se basa en el consenso negativo, en el temor a la vuelta de la hiperinflación, en la fragmentación de la clase obrera, etc. Eso sí marca límites a la posibilidad de construir una hegemonía en el sentido fuerte.

Intento aproximarme a este problema a partir de la distinción entre canalización y desplazamiento. La canalización de la contradicción capital-trabajo, que supone su institucionalización en sentido fuerte, implica aumentos de productividad muy importantes, tiene una base material, como se ve en el fordismo. Este problema también está en los ’90: a partir del ’95, la acumulación se basa cada vez más en la producción de plusvalor absoluto. Ahí se había acabado la renovación de capital fijo fuerte y los aumentos de productividad empiezan a ser más débiles; ese límite está presente y tiene que ver con el carácter dependiente de los capitalismos periféricos. Yo tiendo a creer que no es un problema coyuntural de una etapa específica. No lo podría afirmar con total certeza, pero sí creo que hay un problema más profundo que pone límites a la estabilización de dominaciones hegemónicas o a las formas que puede asumir la hegemonía en capitalismos periféricos. No sé si es un obstáculo estructural insalvable o no, pero tiendo a pensar que sí.

Por último, algo que planteaba Julián, sobre el tema que toda política es policlasista: sí, es verdad. Salvo que uno pensara en una situación ideal en la que hay una pura polarización capital-trabajo, por lo menos tiene que haber articulación. Tiene que haber articulación aún con identidades no laborales, aún con expresiones políticas que surgen de otras relaciones de dominación, que se articulan con la dominación capitalista pero que no son reducibles a ella. Estaría de acuerdo con eso. El problema es cuánto se acerca o se aleja la polarización del centro del sistema, de la contradicción capital-trabajo como núcleo estructurante de la dominación en sociedades capitalistas.

“La estrategia neopopulista es, en parte, causa de la polarización con la clase media”

La propia estrategia de producción y reproducción del consenso provoca ese clivaje vertical, y en ese sentido, la estrategia neopopulista también es causante de poner a la clase media en ese lugar. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la tesis que dice “la clase media simplemente quiere diferenciarse de la clase obrera”, lo cual seguramente es un aspecto de la identidad de clase media, y por eso se opone a procesos populares. Pero también es un límite de esas estrategias la necesidad de producir ese desplazamiento a través de una polarización que hace un clivaje vertical que tiende a poner a la clase media en ese lugar. De alguna manera, es una condición de posibilidad de la reproducción de esa polarización; de lo contrario, la polarización tendería a desplazarse hacia el centro del sistema en procesos de conflictividad creciente. Esto es más importante en Venezuela que en Argentina, hoy. Si no, el clivaje tendería a ser cada vez más horizontal, oponiendo al conjunto de las clases subalternas al conjunto de las clases dominantes, pero eso tiende a llevar la polarización hacia el centro del sistema y la torna profundamente disruptiva. Rompe el bloque político sobre el que se apoyan movimientos nacional-populares como el kirchnerismo aquí o el chavismo en Venezuela.Ahí creo que las estrategias neopopulistas en general, o las estrategias nacional-populares, tienen límites. Cuando yo hablo de la “clase media”, puede interpretarse que “la clase media se enfrenta a procesos populares”, lo cual tiene un aspecto de verdad para la clase media como identidad política –porque no es una clase en sentido estricto– que se constituye en gran medida en su oposición al populismo. Sin embargo, eso no obstaculizó la articulación en los hechos de quienes se identifican como “clase media” con sectores de la clase obrera en 2001, y no obstaculizó que incluso el kirchnerismo pudiera construir durante los primeros dos años un consenso muy amplio basado en una fuerte adhesión de quienes se identifican como clase media, y de diversos sectores de la clase obrera. Lo que quiero decir es que la estrategia neopopulista es, en parte, causa de esa polarización, porque el desplazamiento de la contradicción capital-trabajo requiere una polarización social que se aleje del centro del sistema. Esa polarización existe solo a través de un clivaje que articule –como sucedió históricamente– de un lado una mayoría obrera, una minoría de los sectores medios y una parte de la clase dominante. Y del otro lado, en un clivaje vertical, una minoría de la clase obrera, una mayoría de los sectores medios, y otra parte de la clase dominantes.

Agustín Santella: Hay una ideología kirchnerista de izquierda que diría que “la sociedad, o el pueblo, se impone a través de la autonomía del Estado, y puede hacer avanzar los derechos populares”. La política sobre la economía, en el sentido de una autonomía conceptual. Ahí hay un diálogo que reposa sobre el análisis histórico y no sobre la argumentación filosófica, pero tiene que ver con la crítica sobre el límite social-económico en torno a la reproducción ampliada del capital, que tiene la idea de autonomía del Estado sobre la economía. Se señalan los límites de la institucionalización del mercado y la economía, de todas aquellas capacidades de los aparatos del Estado para intervenir en la economía, cosas que suelen ser el suelo sobre el que descansa el proyecto políticamente pensado del sector más de izquierda del kirchnerismo, por ejemplo Rinesi. Él cita las fuentes filosóficas del kirchnerismo y marca la autonomía del Estado frente a los mercados, una autonomía en sentido estricto de la palabra, una independencia total.

Adrián señala una relación dialéctica, de forma y contenido, entre economía y política; hay entonces un error conceptual que se expresa en la imposibilidad de ver las contradicciones que tiene el proyecto político, el modo de acumulación del kirchnerismo. Por eso mencionaba lo de la fuga de capitales. Otro elemento, que ya está enunciado, es una estrategia que no descansa en clases sociales; se pierde el análisis de relaciones de fuerzas entre clases sociales. Hay que analizar las relaciones de fuerza como una determinación en un campo de totalidad, y estas líneas de clase como fuerzas sociales. Lo que sugería Adrián son las disyuntivas estratégicas en un campo de posibilidades, y en ese mapa, pensar la acción colectiva en términos de clase. Estos mapas deben ser realistas, y no filosóficos –en el peor sentido de la palabra–, ya que remiten a situaciones de confrontación empíricamente verificables. El análisis marxista remite a las relaciones de producción, reproducción social, reproducción ampliada, hay innovaciones conceptuales muy importantes que alejan al “marxismo de Quilmes” del economicismo o del determinismo. La relación entre sociedad y capital es de una totalidad dinámica en la que, efectivamente, se sigue la tesis marxista del análisis del capital como momento fundamental en la reproducción de una sociedad. Por eso se puede pensar al Estado en su autonomía relativa sin traicionar estos presupuestos, la autonomía relativa es una relación de forma y contenido que presupone necesariamente a la economía como su otro aspecto. Entonces, se producen ideas que enriquecen el problema de la determinación.

Julián Rebón: Cuando yo crítico la noción de relaciones de fuerza no la desplazo. Por supuesto que hay relaciones de fuerza. Pero estas relaciones no constituyen el proceso en sí. Es el marco en el cual se actúa. No estaba cantado que el kirchnerismo era la salida de la recomposición capitalista de la crisis. López Murphy, si salía segundo, no sabemos dónde estaríamos. Siempre hay otras posibilidades.

Me olvidé muchas cosas que quería decir. Una es que me parece muy interesante la distinción entre canalización y desplazamiento. Por supuesto que la contradicción capital-trabajo es un elemento estructurante del capitalismo, ahora parece que uno está tan metido ahí que no ve algo que es casi obvio. Uno dice que el kirchnerismo “en realidad evita una polarización entre burguesía y proletariado”, pero cuando se ven los procesos actuales en el conjunto del planeta Tierra, uno va a ver que esa polarización de clases a nivel político no está en ninguna parte. Entonces, si uno le mete tanto que “desplaza la contradicción capital-trabajo”, tendría que surgir inevitablemente. Y, en realidad, lo que uno ve en las sociedades capitalistas es la no polaridad de las confrontaciones, durante una gran etapa de desarrollo del capitalismo las confrontaciones están en el margen de la iniciativa burguesa. En ese sentido las fuerzas son fuerzas policlasistas, y el Estado podrá construir mayores o menores márgenes de autonomía, pero esa autonomía está. ¿Qué quiero decir? A mí me parece muy interesante pensar al kirchnerismo en la temática de clase, pero de algún modo creo que nos interroga acerca de cómo actualizar la teoría de la lucha de clases, cómo pensarla de otros modos. El kirchnerismo por supuesto que tiene un contenido de clase, ¿cómo lo mido? ¿Por la composición social, la subjetividad, el lenguaje? ¿Por las relaciones de fuerza que altera y el impacto de esas alteraciones en la estructura social? Por ahí iba un poco mi discusión.

Agustín Santella: La duda sería, ¿cómo medimos el avance o no de la clase obrera u otros sectores populares con los datos que podamos producir? El dato de disminución de la tasa de explotación es interesante, se relaciona con una acumulación de capital más extensiva, acorde con la disminución del ritmo de la tasa de productividad. En un sentido, daría un elemento para plantear el aumento de la fuerza de la clase obrera en el terreno de la producción. Son discusiones muy metodológicas. Adrián insiste que la relación de fuerzas entre las clases, grosso modo, es la que se abre en los ’90. Dice que el kirchnerismo expresa un Estado capitalista, ahí no hay mucha discusión. Ahora bien, todo Estado capitalista opera sobre unas relaciones de fuerza, de opresión del capital sobre el trabajo. El Estado capitalista marca una relación de fuerza entre las clases, así como los límites del avance de las clases subalternas. Ahora bien, las relaciones de fuerza no se pueden pensar por fuera de la totalidad capitalista. Esta es la primer definición de relación de fuerza en el marxismo.

Adrián Piva: Arranco por esto último para ir al futuro del kirchnerismo. Una aclaración sobre la relación de fuerzas pos  ’90: creo que hay un cambio de relaciones de fuerza pos 2001, y uno importante, que no hay que subestimar. Sin este cambio no habría habido posibilidad de kirchnerismo. Sí insisto en plantear que el período 2001 es parte de una fase más general, abierta en el año ’89, y sí me parece importante esa afirmación en relación con una afirmación más general del libro: la idea de una relación de fuerzas que no logra una estabilización dinámica, que está en el fondo de la dificultad para estabilizar una hegemonía. Tiene que ver con un cambio a medias, suficiente cambio como para producir transformaciones importantes, e incluso disruptivas en algunos puntos, no suficientes como para poder consolidar, incluso, un proceso de reformas que debe quedarse en algunos puntos. Y ahí no me importa si el gobierno quiso ir más allá en algunos puntos o no; yo creo que de hecho en algunos puntos quiso, pero no puede. Hasta hago esa concesión, pero digo que ese cambio en las relaciones de fuerza no es suficiente para estabilizar eso y generar un proceso de reforma de esas características.

[1] Adrián Piva es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Investigador del CONICET, se desempeña como profesor regular de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Autor del libro “Economía y política en la Argentina kirchnerista”.

[2] Agustín Santella es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesor de la Carrera de Sociología (UBA).

[3] Julián Rebón es Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesor regular de la Carrera de Sociología e investigador del CONICET. Ex director del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales – UBA).

“El viejo peronismo fue un atrápalo-todo electoral de la época de las sociedades sólidas; el kirchnerismo, de una sociedad líquida”

Entrevista a Ricardo Sidicaro

Por Adrián Pulleiro[1] y Andrés Scharager[2]

Ricardo Sidicaro se ha caracterizado por ofrecer una mirada aguda sobre algunas cuestiones clave de los procesos políticos de la Argentina reciente. Doctorado en Sociología en Francia, investigador del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, formó parte de las primeras camadas de graduados de la Carrera de Sociología. Algunos de sus libros, como La política mirada desde arriba: las ideas del diario La Nación (1993) y Los tres peronismos (2005), se convirtieron en referencias del debate académico de los años recientes.

Quienes lo conocen saben que sus reflexiones se diferencian de cualquier léxico tecnificado y también está lejos de abonar los estilos barrocos de otras zonas del campo de las ciencias sociales. En esa línea, antes de adentrarse en la entrevista, Sidicaro nos advierte que “cualquier prospectiva sobre cómo sigue la política nacional debe quedar para osados futurólogos. Desde una perspectiva sociológica cabe apenas proyectar tendencias a partir de las comparaciones con experiencias estudiadas evitando los relatos sobre pasados y presentes inventados”. Precisamente, de tendencias y comparaciones se trató este intercambio con Épocas.

É: En el epílogo de 2010 de Los tres peronismos indicás que, en un inicio, el gobierno de Kirchner era consciente de su escasa legitimidad de origen, no contaba con fuerza de movilización, y su inscripción en la historia del peronismo no le garantizaba de por sí gobernabilidad. Sin embargo, velozmente fue ganando apoyos amplios y heterogéneos. ¿Cuáles fueron los sectores que dieron sustento a esta primera etapa?

RS: En sus inicios, sin contar con una estructura partidaria propia medianamente importante, los kirchneristas consiguieron ganarse adhesiones en toda la estructura social mediante iniciativas gubernamentales que satisfacían demandas materiales y/o simbólicas muy diferentes y hasta opuestas entre sí. Las críticas al neoliberalismo les dio apoyos en sectores de la población que los vieron como continuadores de las protestas de 2001, el antimilitarismo los identificó con las demandas democráticas descontentas con las amnistías, la distancia con la tradición peronista les despertó expectativas en los sectores independientes y al tiempo de alcanzada la presidencia, la ruptura con Duhalde les permitió anudar vínculos con los jefes provinciales y municipales del justicialismo que le otorgaron importantes sustentos electorales (fundados más en la provisión de fondos públicos que en coincidencias políticas). La reactivación de la economía les ganó aceptaciones en medios empresarios y sindicales, en tanto que la asistencia a la exclusión social completó las convergencias que, sumadas, le ofrecieron una legitimidad social que compensó los déficits de legitimidad de origen.

É: ¿Y cómo se ha reconfigurado este esquema de alianzas liderado por el kirchnerismo con el correr de los años?

RS: En sentido estricto, el kirchnerismo en ningún momento conformó una alianza  medianamente estable con quienes le dieron apoyos sociales, políticos o ideológicos, y lo que pudo aparecer en el cuatrienio de Néstor Kirchner como intentos de formalizar “alianzas sui generis” se diluyó en los ocho años de presidencia de Fernández de Kirchner, en los cuales se amplió la legitimidad de origen en términos de caudales electorales en 2007 y en 2011, pero se fueron desgranando los apoyos sociales. De este modo, se llegó a la situación actual en la que la legitimidad social se redujo en comparación a la lograda por Néstor Kirchner. Desde el sindicalismo, el gobierno es fuertemente cuestionado, y lo mismo sucede con el empresariado; probablemente es en los sectores más pobres de la población donde se conservaron más adhesiones aunque de carácter desestructurado. La situación actual tiene mucho de paradójico si se la piensa en términos de la tradición peronista, en la que la legitimidad de un gobierno depende, más que de los votos –como supone la visión liberal-democrática de la política–, de los apoyos sociales expresados por pactos corporativos. Estos pactos son doctrinariamente las dimensiones sustantivas de la “comunidad organizada”, mientras que los excluidos son considerados como actores residuales de la política o, en todo caso, testimonios de las fallas de un sistema que se atienden mediante la beneficencia.

É: Si bien después del mandato de Néstor Kirchner los amplios apoyos cosechados comienzan a agrietarse y reordenarse, se podría decir que ha existido una vocación arbitral en la manera de concebir y llevar adelante la conducción del Estado.

RS: Comencemos aclarando que en los lenguajes corrientes sobre la política argentina se registra permanentemente una confusión entre los conceptos de gobierno y de Estado. En el libro de conversaciones de Kirchner con el sociólogo Torcuato Di Tella, publicado poco antes de las elecciones de 2003, el futuro presidente destacó la capacidad de Perón (1946-55) para integrar a los trabajadores a la sociedad, mejorando sus niveles de vida y resolviendo el conflicto social. Algo parecido dijo de los años 1973-76, elogiando las legislaciones laborales y la ampliación de los derechos de los asalariados, y se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de reconstruir los ideales fundadores si se recuperaba la confianza en los aparatos estatales, para lo cual, según entendía, debía distanciárselos de los intereses corporativos y desarrollar una planificación neo-keynesiana. Esa meta, que quizás podría caracterizarse como una alianza de clases, estaba sin embargo destinada al fracaso en 2003, ya que prácticamente no existía un Estado capaz de disciplinar a los empresarios ni de pautar las demandas de los asalariados. Treinta años antes, Perón había igualmente hecho la experiencia y dado cuenta de la inviabilidad de tal alianza. [El ex Secretario de Comercio Guillermo] Moreno le puso su apellido al experimento a cielo abierto, demostrando durante el período de Cristina la imposibilidad de construir el “acuerdo social”.

Sólo para quienes pueden pensar de un modo más complejo que el de las propagandas y consignas publicitarias, digamos que la ausencia de una fracción de la burguesía con poder hegemónico sobre la sociedad está en la base de la debilidad de las capacidades estatales que le impiden a los dirigentes partidarios que manejan gobiernos disponer de las condiciones para llevar a la práctica los proyectos que enuncian. Pierre Bourdieu dice que “el Estado es una ilusión bien fundada que existe en virtud de la legitimidad que le otorgan quienes creen que existe”. Ese razonamiento es análogo al de Durkheim cuando afirma que “la religión es un delirio bien fundado” o, si se prefiere, que los dioses existen en la medida que cuenta con creyentes. En ese sentido, con la debacle argentina de 2001 se completó la inexistencia del Estado según el criterio bourdieusiano. De más está recordar que el capital globalizado que se había convertido en el actor socioeconómico predominante de la sociedad argentina proponía un Estado minimal; los grandes empresarios nacionales, aún en las épocas en que eran favorecidos por el Estado, exiliaban sus capitales; los gobiernos 1990-2001 hicieron de la supresión de la intervención estatal su objetivo principal; los electores de unos y otros adherían al anti-estatismo, sea guiados por la aspiración del consumismo –signo de lo que Cornelius Castoriadis define como el avance de la insignificancia–, o por el cansancio ante las ineficiencias estatales. En el caso argentino, casi no existían los soportes de la ilusión estatal.

¿Cómo gobernar en tales condiciones? La respuesta, primero de los duhaldistas y luego de los kirchneristas, fue recrear la creencia en el Estado. Ese objetivo no lo buscaban movidos por un culto a lo estatal sino como precondición para poder ejercer con investiduras legítimas las posiciones de dominación política de un régimen democrático. Mutatis mutandis, los sacerdotes no están movidos por pasiones altruistas cuando buscan creyentes que fundamenten las instituciones religiosas asumiendo la fe que legitima su dominación simbólica. La condición para hacer inteligibles las luchas de los agentes que participan en los más disímiles campos –religiosos, políticos, intelectuales, de la alta costura, etc.– es evitar el sentido común que conduce a aceptar los argumentos presentes en sus disputas, y comprender sus acciones en los sistemas relacionales que producen sus modos de obrar, pensar y sentir. Es cierto que, empleando las palabras con las que Durkheim cerró Las reglas del método sociológico, cuando se solicita a las personas que se despojen de los conceptos que tienen la costumbre de aplicar a un orden de cosas para volver a pensar en él de nuevo, no cabe esperar un público numeroso.

Kirchner había llegado a la presidencia por una vía deficitaria en términos institucionales, pero el apego a las instituciones está lejos de ser el rasgo central de la cultura política vernácula. Michel Dobry llama el espejismo heroico a la idea que supone que los períodos de crisis política se oponen a las coyunturas rutinarias o estables y que con las crisis cabe acordar principal importancia a los análisis decisionales, análisis centrado en las opciones y acciones de los individuos o de los grupos. Espejismo que conduciría a la descalificación a priori de todo examen de los procesos de crisis en términos de “estructura”, más allá del significado que se acuerde a esa noción. En esa línea de reflexión, cabe recordar a Marx, quien en una de sus más conocidas proposiciones conceptuales sostuvo que los hombres hacen la historia en condiciones que no elijen, y en otra menos citada afirmó que la historia sería de naturaleza muy mística si el “azar” no desempeñase ningún papel. Fue la azarosa mano de Duhalde la que puso al pequeño grupo kirchnerista santacruceño en el gobierno, pero el factor estructural fue la total desarticulación del campo político que abrió la brecha para la entrada de muchos que hasta entonces revistaban en los partidos en crisis como herejes y outsiders.

É: En el marco de un agudo descreimiento social hacia el sistema de partidos políticos, Néstor Kirchner comenzó su gobierno apelando a la “transversalidad”, pero acabó por tomar las riendas del Partido Justicialista y aquel proyecto inicial poco a poco se desdibujó. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno ha sabido aunar sectores que no necesariamente se engloban en la historia ni las tradiciones del peronismo. Has afirmado, incluso, que éste no constituye un “cuarto peronismo”. ¿De qué se trata el kirchnerismo? ¿Qué aspectos lo siguen entroncando con el peronismo y cuáles son los elementos que lo distinguen?

RS: Empezando por la segunda parte de la pregunta, cabe destacar que la principal diferencia entre los años de Néstor y Cristina y los de los peronistas 1946-55 reside en el hecho de que Perón interpeló a actores colectivos y por esa vía impulsó la universalización de sus demandas, y en cambio el kirchnerismo apuntó a satisfacer requerimientos sectoriales a los que propuso como lugar de fusión la adhesión al poder presidencial. El primer peronismo correspondió a una época en la que existían condiciones sociales y socio-económicas para unificar a un amplio sector de la población mediante mensajes simples y progresos materiales. El término “trabajador” englobó patrones, asalariados, cuentapropistas y empleados administrativos: todos “trabajaban”. Los kirchneristas, en cambio, se hallaron frente a individuos y grupos mucho más difíciles de interpelar y menos propensos a aceptar alteridades únicas. Perón fue un caudillo carismático, Néstor Kirchner un líder de transacciones e intercambios. Perón contó con apoyos de masas, en cambio el kirchnerismo capta la adhesión de targets solucionando demandas particulares y escasamente compatibles entre sí. El anciano caudillo unificó trabajadores con disímiles posiciones en la estructura social y desde el Estado concitó el apoyo de algo más de la mitad de los sufragios, a los que definió como el “pueblo” que se enfrentaba a una entidad llamaba “oligarquía”, la cual nunca fue definida claramente pero en el imaginario social de la época se suponía que eran los grandes terratenientes. La dicotomía de identificaciones de quienes adherían a Perón fue un artefacto discursivo eficaz que no apuntaba al cuestionamiento de la base material de las alteridades. El kirchnerismo se propuso explícitamente “pegar los pedazos” de una sociedad fragmentada y aspiró a generar un consenso del que, en principio, nadie debía quedar fuera. De allí la dificultad inicial para proponer un “nosotros” y un “ellos”. Esta antinomia ausente, en parte reemplazada por el antagonismo con el pasado dictatorial y el bosquejo de “nosotros la democracia” como identidad, atrajo a muchas personas ajenas a la tradición peronista.

Las distancias abismales entre peronismo y kirchnerismo residieron justamente en el respeto del ejercicio de las libertades públicas. El peronismo fundacional, en nombre de la dicotomía “pueblo-antipueblo”, empleó una amplia represión que alcanzó no sólo a la oposición política, social y cultural sino también a los enemigos “de adentro”. A modo de escueto ayuda memoria, cabe mencionar la clausura de medios de prensa opositores o independientes, la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos, estudiantiles y sindicalistas de la “contra”, la prohibición y trabas a las manifestaciones públicas de los sectores críticos de las iniciativas oficiales, el cambio de los sistemas electorales que redujo en casi un 80% el número de diputados radicales, etc. Entre la persecución a los propios se suelen destacar la de los gremialistas laboristas, la realizada contra los ex funcionarios y colaboradores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante –que debió exiliarse en 1953 en Montevideo –, y también el caso de Arturo Sampay, redactor y mentor de buena parte de la Constitución de 1949, en fin, las iniciativas contra figuras activas de las jerarquías de la Iglesia Católica, muchas de las cuales habían sido un apoyo fundamental del surgimiento del peronismo. El gobierno peronista 1973-76 superó ampliamente las acciones represivas del primero: los para-policiales-verde-coordina-sin-chapa, que preanunciaban a los del Proceso, estaban destinados a entrar en la literatura internacional con la pluma de V. S. Naipul, quien en su novela The Return of Eva Perón los denominó the killer Falcons. Y el rigor del abecedario impuso como entrada o voz inicial en cualquier diccionario académico sobre el peronismo “AAA”.

En fin, agreguemos que si desde el punto de vista ideológico, la antinomia “pueblo-antipueblo” le daba respaldo a la represión peronista, en cambio, el “nosotros la democracia” de los años kirchneristas supuso la aceptación del pluralismo. El verdadero salto en materia de reconocimiento de la oposición registrado por los gobiernos de Carlos Menem, de Eduardo Duhalde y de Néstor y Cristina Kirchner, puede ser explicado desde el marco conceptual en el que se inscriben estas respuestas diciendo que ese pluralismo es uno de los observables empíricos más significativos del fin del viejo peronismo. Para decirlo con mayor nivel de generalización, la sociedad líquida mandó al desván de trastos viejos el pueblo único, la razón de Estado, la nación idolatrada, los jefes que nunca se equivocan. Si bien esos sintagmas no han desaparecido de los discursos públicos y de las fantasías privadas, perdieron capacidad performativa para crear realidades en la que la supresión del “otro” quepa en los repertorios de la acción política. Actor básicamente electoral de una sociedad en la que la política ha licuado los viejos antagonismos, el kirchnerismo plantea dicotomías light, inclinadas a incitar al “otro” al transfuguismo e incorporarlo a su solución coloidal. No faltaron, por cierto, los hechos de violencia contra opositores y protestas, que discordaron con la tendencia general, pero es sólo en el plano de la retórica que se conservan parecidos con la intolerancia de antaño.               

La incorporación de los caudillos justicialistas a la solución coloidal kirchnerista –concepto de química que remite a un medio fluido en el que flotan elementos sólidos que no se combinan entre sí– completó la variopinta conformación de los apoyos al nuevo gobierno. Muchos de los individuos y grupos que se reconocían como kirchneristas constituyeron una asociación, término weberiano con el que se alude a los vínculos laxos o inexistentes entre agentes que compiten por los mismos bienes, como en un mercado, y ocupan un mismo espacio social a los efectos de maximizar sus ganancias sin mantener lazos de solidaridad. Kirchner, en tanto líder de intercambios, actuaba como árbitro entre quienes tenían demandas materiales y/o simbólicas relativamente opuestas y captaba insatisfacciones latentes para ampliar sus apoyos. Por esa vía, se forjó el programa kirchnerista cuyo límite abierto e impreciso fue su mayor atractivo. Frente a las demandas empresarias o sindicales, el cambio político (en términos de Rusconi) necesario para mantener lealtades supuso negociaciones más complejas por la solidez de los actores y los constreñimientos del sistema económico. La satisfacción de los pedidos de los sectores socialmente menos estructurados, fue, en cambio, menos conflictiva, dado que las soluciones podían alcanzarse sin afectar negativamente a otros integrantes de la solución coloidal.

Lo que cabría llamar las vidas paralelas del mundo kirchnerista se cruzaron, con singular beligerancia, con motivo del proyecto a las retenciones móviles a las exportaciones agrarias. Comenzó entonces la segunda etapa del kirchnerismo en la que entró en crisis no sólo la continuidad de algunos apoyos empresarios sino también el cuestionamiento al kirchnerismo por parte del peronismo pampeano y de los denominados radicales K. La coyuntura de los idus de marzo fue la fisura que reveló la fragilidad de la acumulación de fuerzas realizada por el gobierno entre 2003-2007. La desarticulación del sistema de partidos había proporcionado un auspicioso punto de partida pero a sus efectos centrífugos no escaparon ni los más activos adherentes del gobierno. La crisis de las instituciones había contribuido a la expansión de los márgenes de acción del ejecutivo, pero el debilitamiento de las capacidades estatales llevó al desgaste de la credibilidad del conjunto del poder gubernamental. Las ideas del economicismo simplificador creyeron encontrar en el aumento del PBI la clave para afianzar consensos pero, como lo explicó Durkheim, el crecimiento de la economía agudiza las situaciones de anomia que se expresan en el incremento de las insatisfacciones sociales e individuales. Los voluntarismos políticos suelen desconocer las condiciones objetivas que favorecen sus iniciativas y celebran los logros como productos de las genialidades de las mesas chicas. Sin embargo, la gobernabilidad de la complejidad social difícilmente puede ser comprendida por los conciliábulos de pocos. En 2009, muchos brokers peronistas, como buenos operadores de mercados políticos, sintieron malestares por abajo y se mostraron disponibles para acompañar las ofertas de nuevos aspirantes a la alternancia.

É: ¿Qué relaciones establecerías entre las formas del kirchnerismo de ejercer el gobierno y aquellas de los tres peronismos? ¿Qué tipo de Estado se ha conformado en esta década? ¿Cómo ha sido el vínculo entre partido, gobierno y Estado?

RS: Comienzo por el final de la pregunta. Para responder de un modo conciso, el peronismo nunca fue un partido político con afiliados y tendencias internas reconocidas oficialmente que discutiesen programas y líneas de acción. Su definición del pueblo era contraria a las diferencias y la idea de verticalidad hacia el Líder propendía a la obediencia (más de palabra que en las prácticas), pero doctrinariamente sólo se aceptaban distinciones basadas en criterios orgánicos, sean de género y edad u ocupacional, expresado en confederaciones. Durante la década fundadora, el peronismo operó como un Partido-Estado en el que las decisiones se tomaban con criterios de eficacia institucional y el programa se ajustaba a las situaciones a resolver. La intolerancia hacia los opositores venía también de suponerlos como agentes que respondían a un Estado foráneo. El menemismo fue en ese sentido un gran modernizador de las ideas peronistas ya que definió como adversario a la propia estatalidad nacional, lo que implicaba mandar al desván de trastos viejos al locus institucional del peronismo fundador. El kirchnerismo se encontró con que el Estado no sólo había dejado de existir por la gran crisis que lo dejó sin capacidades de intervención económica, burocrática, política y técnica sino, además, que había sido quebrado en el propio imaginario peronista. Sin posibilidades de un Partido-Estado, los kirchneristas hicieron del gobierno-partido el sustituto funcional de un partido oficialista.

É: Modelos, proyectos, relatos. Mucho se ha hablado sobre cómo el gobierno ha creado un imaginario sobre sí mismo, y el viejo peronismo no ha estado afuera de las referencias y sostenes ideológicos y litúrgicos. ¿Qué hay de peronista en las representaciones del kirchnerismo sobre sí mismo?

RS: Lo que tiene en común el kirchnerismo nacional con los peronistas provinciales y municipales es que todos hacen ofertas políticas para captar demandas diferentes y hasta opuestas y ofrecen soluciones para los más diversos consumidores. El viejo peronismo fue un atrápalo-todo electoral que correspondió a la armonía de un fordismo incipiente propio de la época de las sociedades sólidas. El kirchnerismo es un atrápalo-todo de una sociedad líquida, para usar el hoy ampliamente divulgado concepto de Zygmunt Bauman, en la que las demandas de los individuos nunca terminan de satisfacerse y los procesos de modernización licúan a los viejos actores colectivos. Con las oposiciones sucede algo bastante parecido y nadie conserva sus viejas certezas. Todos encuentran una alta proporción de sufragios de personas a las cuales, ante las preguntas quiénes son y qué son, comienzan a dudar, y por eso los consejeros electorales de los candidatos les sugieren que hablen poco y digan casi nada. En los estudios de opinión pública, la mayoría dice desconfiar de los partidos, los sindicatos y las instituciones estatales. En el mundo entero se han desdibujado las ideologías de antaño, y sólo los nostálgicos creen que conservan identidades. En los partidos, escribió Michel Offerlée, las razones de pertenencia suelen aducirse cuando se está en cargos públicos o para aspirar a los mismos.

A modo de cierre

RS: Los peronistas constituyeron siempre una asociación pragmática y gelatinosa y esa es la clave de su supervivencia. En 1955, los artífices de la destitución de Perón (no pocos habían sido militares peronistas hasta la víspera) recibieron el apoyo de la CGT, uno de cuyos asesores legales fue designado Ministro de Trabajo. A la antesala de los despachos presidenciales comenzaron a llegar figuras de la primera hora del justicialismo y otros apenas distanciados el año anterior. El pacto Perón-Frondizi se cumplió en un aspecto esencial y la Ley de Asociaciones Profesionales creó el sindicalismo peronista destinado a perdurar. Neo-peronismo fue el nombre de los acuerdos con los efímeros gobiernos civiles y la oferta para conversar con los uniformados. El ejército azul contó con sus apoyos justicialistas y en 1966 las principales figuras del gremialismo peronista se mantenían expectantes ante el augurio de los pactos corporativos. Onganía y Levingston tuvieron altos funcionarios de procedencia peronista. Ante la evidencia de que era desobedecido por no pocos de sus dirigentes en el territorio, Perón avaló la violencia guerrillera de las formaciones especiales confiando, seguramente, en que el denominado peronismo de izquierda era un simple oxímoron anulable con cuatro llamadas de atención ya que la doctrina justicialista no era un significante vacío. Luego completó esa acción ofreciéndose como garantía de paz y volvió en 1973 como jefe del partido del orden y recuperó el grado y uniforme castrense. En una célebre alocución les explicó a sus seguidores más leales que si no institucionalizaban el “movimiento” se disolverían, pero éstos no lo hicieron, probablemente por un saber práctico que les indicaba que “la gelatina vencía al tiempo”. Los ministros peronistas hicieron el ajuste de Rodrigo y los sindicalistas la movilización contra el Rodrigazo. El proceso asesinó a muchos peronistas pero otros, entrenados en las filas de la Triple A, siguieron en los coches-verde-coordina. La derrota de 1983 la pagaron los sindicalistas, mientras emergían los renovadores que, ahora en nombre de la modernización, encumbraron al tradicionalista Carlos Menem. En las elecciones de 2003 la gelatina fue oficializada bajo la forma de sub-lemas. Néstor Kirchner encaró inicialmente la construcción de una nueva fuerza política que superase a lo que llamaba la “confederación de gobernadores peronistas sin ideas”. Éstos, aunque alarmados primero, luego confiaron en el saber práctico dado por la experiencia y esperaron.

Para finalizar estas reflexiones cabe aclarar que la presente entrevista centrada básicamente en preguntas relacionadas con las transformaciones de lo que ha dado en denominarse el  kirchnerismo  deja en la penumbra el hecho de que dichos avatares de la vida  nacional son una expresión más de la sociedad argentina realmente existente en la que los términos partidos, ciudadanía y participación política han perdido, al igual que en muchos otros países, sus viejos sentidos e incluso, probablemente, con una intensidad mayor, dado que se trata de una democracia sin historia. Hoy, por cierto, las referencias teóricas en las que se basan las reflexiones sobre la política son un recurso fundamental para evitar tomarse al pie de la letra los simples o alambicados discursos de los actores asesorados por expertos en comunicación persuasiva y eludir quedar atrapados en el fetichismo de la representación, relatos que complementan lo que Jean-Paul Sartre llamaba la trampa para tontos. Los fuegos de artificios de las coyunturas políticas suelen cegar a unos, pero igualmente existen muchos que encuentran beneficios, materiales y/o simbólicos, cultivando cegueras voluntarias. Y en cuanto al mundo en que vivimos, bien corresponde cerrar estas apretadas respuestas con la síntesis formulada por Alain Touraine en una entrevista publicada hace unos meses en la revista Ñ: “A partir de los años 60 asistimos al ocaso progresivo del capitalismo industrial. Prevaleció el capitalismo financiero y especulativo, que resta capitales a las inversiones productivas. Esta transformación del capitalismo vació de contenido las categorías político-sociales en las que estábamos acostumbrados a pensar”. Valga la cita para situarse ante las urgencias de las renovaciones de las ciencias sociales locales pero, también, ante la pregunta sobre sus posibles aportes al mejor conocimiento de los procesos políticos argentinos.

[1] Adrián Pulleiro es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y se desempeña como docente en dicha carrera y en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y becario posdoctoral del CONICET. Investiga sobre formaciones intelectuales en la Argentina contemporánea e historia de los estudios en comunicación.

[2] Andrés Scharager es Licenciado en Sociología (UBA), donde se desempeña como docente en la materia “Historia del Conocimiento Sociológico II”. Maestrando en Antropología Social (IDAES-UNSAM/IDES), becario del CONICET y Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Investiga sobre Estado, políticas públicas y sectores populares en el marco de conflictos urbano-ambientales.

Los sinuosos caminos de la cuestión penal

Mariano H. Gutiérrez[1]

En las últimas tres décadas, a tono con el resto de las sociedades occidentales, aumentó el encarcelamiento en Argentina. En este artículo, se realiza un análisis de las políticas penales a partir de los ’90 a la luz de los reclamos y acontecimientos sociales que dieron nacimiento a la cuestión de la inseguridad en la agenda pública.

Las condiciones y causas para el crecimiento penal

Los análisis de los sistemas penales en los últimos veinte años coinciden: el sistema penal, o los sistemas penales en el mundo occidental, desde los años ‘80 se han endurecido, han crecido, y se han vuelto más represivos. Nuestro país no es la excepción. Sin embargo, a la hora de las explicaciones, comienzan las diferencias. Y a la hora de entender un contexto específico, como el argentino, muchas de esas explicaciones  fallan en dar cuenta de las particularidades locales.

El centro, motor, y máximo representante de este crecimiento punitivo es el caso norteamericano. Una tasa de encarcelamiento históricamente normal/alta, para un país occidental, es de 100 presos cada 100.000 habitantes. En la década de los ‘70, Estados Unidos parecía haberse unido a la tendencia europea, hacia la baja. Pero a mediados de esa década todo empezó a cambiar, y hace pocos años, ese país arañó la cifra casi inverosímil, y hasta entonces inaudita, de 800/100.000.  Sin embargo, en los últimos cinco años, ese crecimiento único en la historia parece haberse amesetado: tal vez llegó a su techo presupuestario y al límite de sus posibilidades como mercado.

Un dato que sin embargo no debe olvidarse es que en todo este período, en casi todos estos países, ha aumentado la desigualdad. Y la desigualdad genera múltiples forma de violencia estructural e interpersonal; entre ellas, el tipo de hechos que el sistema penal se encarga de perseguir bajo la categoría de delitos: afectaciones contra la propiedad privada interpersonales (es decir, no institucionales, no organizadas colectivamente ni mediante el mercado), y violencia interpersonal de las clases más bajas.

Una de las explicaciones más conocidas para explicar el crecimiento del sistema penal es la de Löic Wacquant. Reducida al mínimo, la tesis sería así: el crecimiento penal es la contracara del neoliberalismo a nivel mundial. El neoliberalismo, se sabe, marca cuáles serían las condiciones óptimas del mercado, y la población que “sobre”, pues eso: sobra. Es excedente, es un desecho que hay que manejar. Los excluidos del sistema, los desclasados, los sobrantes, son manejados por el sistema de encarcelamiento, como forma de contener esa exclusión, de reafirmar y asegurar la exclusión que el mercado genera. La mano invisible genera desigualdad, la mano dura la asegura.

El problema de esta gran explicación macro es que se parece más a una denuncia que a una explicación. No explica bien por qué esa exclusión sería tan funcional al mercado (a fin de cuentas, los excluidos también son potenciales consumidores), no explica los cambios entre un país y otro, ni explica los casos en que el encarcelamiento baja. No explica, finalmente, la enorme variedad de conductos por los cuales esas necesidades del mercado deberían transmitirse, los mecanismos por los que eso ocurre, las diferencias, las alteridades, las variaciones. Esencializa la idea de exclusión, cuando ésta admite múltiples formas y grados, y no todas son trabajadas por el “sistema” de la misma forma.

Otra gran explicación macro es la de David Garland (2005). Hay que analizar, dice este autor, una amplia gama de variables propias del “campo” del control del delito, que tienen que ver con la caída del Estado de Bienestar, y que señalan, más ampliamente, el fin del welfarismo penal, de la propuesta de la respuesta penal como una mejora social, como integración, o resocialización o reforma, que viene desde comienzos del siglo XIX. Esta caída tiene una historia muy particular, al menos en el contexto anglosajón, donde es más visible. Por un lado, con los cambios sociodemográficos de la segunda posguerra, aumentó el delito callejero y contra la propiedad porque aumentaron las oportunidades para el delito (aumentó la propiedad y también había menos posibilidades de vigilarla). El cambio en el estilo de vida de la familia de clase media trajo mayor ansiedad social frente al delito.  La autoridad estatal –como en muchos otros aspectos– entró en crisis: más delitos, más ansiedad, sensación de fracaso.

Esta crisis de la autoridad represiva estatal se dio también como un movimiento interno de la criminología. Al aparecer las sociologías y criminologías críticas, que denunciaban que “nada sirve” frente a la cuestión penal en los años ‘70, quedó por completo deslegitimada la criminología como “ciencia” de las causas y remedios, y esto tuvo una respuesta conservadora, reaparecieron los discursos de la pena justa, de la pena como merecimiento, e incluso los discursos de la tolerancia cero o de las ventanas rotas, como propuestas “anticientíficas” de una criminología basada en el “sentido común”.   Al entrar en crisis la autoridad estatal, comenzaron a aparecer las técnicas privadas de gestión de la seguridad (entre otras cosas, empresarias, mercantiles), y al mismo tiempo, los organismos estatales de represión intentan reafirmar su presencia y autoridad mediante el despliegue visible de fuerza, de castigo. Por ambos lados llega el camino del endurecimiento penal.

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Otros criminólogos ponen el acento en el crecimiento de los mercados privados sobre la cuestión de la seguridad, y en cómo esos mercados requieren una demanda progresivamente mayor (Christie, 1993). Otros ponen el foco en cómo la agenda neoliberal (y en este punto neoconservadora) fue exportada desde Estados Unidos, principalmente, e importada desde Europa y la periferia (Pavarini, 2006; Waqcuant, 2003).  O en cómo la caída del Estado de Bienestar afectó nuestra seguridad identitaria o social, y esa inseguridad es la que busca conjurarse mediante el clamor de la seguridad civil (Castel, 2004), la identificación de un enemigo interno al cual imputarle esa culpa y a quien castigar (Young, 2007).

Para escapar por ahora de la pregunta de cuál de todas estas explicaciones tiene “más” razón, digamos que son todos factores que deben tomarse en cuenta. Y la discusión será, entonces, en qué medida en cada caso.

El caso argentino: un intento de periodización a partir de los reclamos sociales y los ciclos políticos

La argentina también ha seguido como casi todos los países occidentales, y todos los de la región, la tendencia en los últimos treinta años a aumentar el encarcelamiento. Pasando de tasas de 90 presos cada 100.000 habitantes en los años ‘80, a 100 en los comienzos de los ‘90, a 160 actualmente (o 180 en la Provincia de Buenos Aires), según indican los informes del Sistema Nacional de Estadísticas Penitenciarias, SNEEP, del Ministerio de Justicia de la Nación. Como se ve, a un ritmo muy menor al norteamericano y más similar al europeo. A pesar de la creciente centralidad en la cuestión penal, y del crecimiento porcentual de la cárcel, no ha habido políticas de transformación o de intervención en la cuestión carcelaria. No ha habido grandes reformas penitenciarias, aunque hay un movimiento constante de intentos de pequeñas reformas y resistencias a ellas, que se suma al clásico “falso fracaso” de la cárcel, un sistema que ni responde a sus propios objetivos declarados de resocialización, ni se ha convertido en una prisión-depósito por completo (como en los EEUU), pero que cada vez funciona de forma más violenta y destructiva (nuestro país ya tiene varias condenas internacionales al respecto), y tiene cada vez más incidencia y presencia en la vida cotidiana de los sectores populares. El mercado de la seguridad privada también ha crecido, aunque lejos de los niveles de los EEUU. Las policías han resistido todo tipo de reformas democráticas, y se han consolidado como fuerzas autónomas, con una agenda política y de trabajo propia, que tiende a controlar el delito mediante su organización y participación en él. Todos los intentos de reforma policial han fracasado también hasta ahora.

Pero tenemos una particularidad histórica que nos distingue de ser meros importadores o receptores de las fórmulas norteamericanas. Primero, nuestra particular trama política en la que los sectores populares y marginales nunca han dejado de ser un actor central en la organización y en la discursividad de las grandes organizaciones políticas. Segundo, nuestros propios ciclos históricos. El momento en que estas teorías y propuestas neoliberales neoconservadoras triunfan en sus lugares de origen y se extienden a todo el mundo en los años ‘80, es para nosotros (y para algunos otros países de Sudamérica) el período de recuperación democrática. Y con ella, el renacimiento del discurso jurídico –y la idea política– del Estado de Derecho, y de la instalación del principio de la desconfianza a la faz represiva del Estado (principio que, claro, después aprovecharán los neoliberales).

Este renacimiento de la idea de Estado de Derecho aparece de la mano de un pensamiento republicano, democrático y, muy importante, liberal. Se da la paradoja de que mientras en el resto del mundo llega el neoliberalismo y las fórmulas del endurecimiento penal, aquí el liberalismo jurídico y penal reaparece de la mano de esa especie de socialdemocracia que intentó ser el alfonsinismo, y en clave de la recuperación de la confianza pública a las instituciones estatales, pero no a sus aparatos represivos. El neoliberalismo, en términos duros, se retrasaría así casi una década y reaparecería bajo el discurso de la tecnocracia del mercado en los ‘90. Los ‘80 serían, por el contrario, el renacimiento del garantismo penal (garantismo que sin embargo engloba muchas ideas e ideologías distintas), que marcaría a fuego a nuestras usinas de interpretación del derecho, las facultades. Por otro lado, y al mismo tiempo, la apelación a la respuesta punitiva por parte de los movimientos sociales tenía que ver no con la persecución de los excluidos, de la clientela usual del sistema penal, sino incluso con su reivindicación, con la reivindicación simbólica de la democracia y de los muertos por la violencia política, incluidos luchadores sociales. La “lucha contra la impunidad” tenía en estos años el significado de lucha contra el poder militar, policial, los poderes ilegítimos, de facto, y la reivindicación de sus víctimas (Gutiérrez, 2010, entre otros).

A inicios de los ‘90, en cambio, en la agenda política y en las intervenciones sobre la cuestión penal, se introdujo la idea de eficiencia y “transparencia” (entendida desde un significado estrictamente gerencial, de buena gestión) como motor de las reformas penales, y en aras de lograr “la seguridad jurídica” –que los mercados internacionales reclamaban–, y, por lo tanto apuntaban a combatir “la inseguridad” jurídica (Martínez, 2011). Así el discurso de la “inseguridad”, que aparece con fuerza en la segunda mitad de los años ‘90, tiene una génesis insospechada: por un lado se va a apoderar del vocabulario y del lenguaje de la lucha contra “la impunidad”, y, por otro lado, del de la promesa de la seguridad jurídica, entendida ahora como la seguridad individual que el sistema debe garantizar al buen ciudadano/empresario-de-sí-mismo que funciona dentro de sus reglas.

Hay, entonces, no sólo una vuelta a la regularidad del sistema penal, una vuelta a enfocarlo a la persecución de los delincuentes de clase baja, sino incluso una reafirmación específicamente neoliberal, una identificación entre los excluidos de ese nuevo sistema, y el peligro que representan esos excluidos, como costo y como cuestionamiento político. Esto es importante para entender que, en el discurso neoliberal-neoconservador –que continuará desde entonces disputando en la trama política, y como corriente cultural, incluso, en ciertos sectores–, cualquier representante de otra idea política que lo cuestione (como aquellas que se engloban bajo el mote de “populismo”, y también las ideas jurídicas garantistas), es indicado en sí mismo como perturbador de esa garantía-del-sistema, culpable de la inseguridad, peligroso, delincuente él mismo… o amigo de los delincuentes. Es decir que apelando al imaginario penal tradicional se podrá perseguir, impugnar, trasladar la acusación penal a cualquier proyecto político anti neoliberal: todos los que no están de acuerdo con las reglas de competencia que fija el mercado o son delincuentes, o cómplices o amigos de ellos, culpables de la perturbación de una posible sociedad de individuos libres competidores.

El período del kirchnerismo significa un giro totalmente opuesto. Inicia con una fuerte recuperación del discurso de los derechos humanos, una crítica radical a la idea neoliberal del mercado como un sistema único, inexorable e insuperable, la promesa amplia de inclusión social, y, en lo que nos compete, una crítica al uso de la herramienta represiva, en favor de la reivindicación de lo político. Pero estaría atravesado, justamente, por la impugnación permanente de los reclamantes “contra la inseguridad”, acusado incluso de no querer resolverla, o de fomentarla.

Por ello, no es casual que el caso Blumberg (no el secuestro de Axel Blumberg en sí, sino su impacto político) ocurra en el año 2004, en los momentos fundacionales de este ciclo político, como forma de organizar todo lo que se le oponía. Puesto que crueldades y secuestros hubo siempre ¿qué vino a significar el caso Blumberg? Permitió expresar, organizar y capitalizar políticamente todo el sector social (su imaginario, sus emociones, sus discursividades, su ideología) que había quedado fuera o impugnado de ese proyecto político que ya se anunciaba arrollador. Así como el menemismo fue impugnado desde sus primeros años por las marchas “contra la impunidad” de padres cuyos hijos e hijas habían sido muertos por la policía, o por familias o mafias políticas, el kirchnerismo sería impugnado por marchas, que no obstante lo grave o no del hecho que las detonara, capitalizaban las expresiones de los sectores que se proponían antipolíticos, o que les imputaban complicidad con la delincuencia, o que se proponían como los perjudicados por las políticas del gobierno (“El Campo”, “El Mercado”, “La Justicia”), para capitalizar y hacer posición de fuerza desde el descontento colectivo. Se trata de una re-politización de la oposición, bajo la máscara de lo apolítico.

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En el kirchnerismo, “la impunidad” contra la que se reclama –por lo general en contra del gobierno– terminaría por significar, la de los delincuentes en general, o dicho de otro modo, el del delincuente común: joven, pobre, sin empleo, sin educación… “negro”. En el discurso político opositor que más crece en este período (el de la derecha) ese sujeto “delincuente” era emparentado, asociado o directamente señalado como el beneficiario de las políticas sociales del gobierno. Así, tener políticas sociales de inclusión sobre los sectores excluidos era instalado como parte del problema de la impunidad: a quienes merecen castigos, se les da premios. Es imposible no ver aquí un temor de clase a un nuevo aluvión zoológico, a la igualación hacia arriba de los de abajo.

En ambos períodos, el menemista y el kirchnerista, las “marchas contra la impunidad” sirvieron para organizar sentimientos de oposición, de enfrentamiento ideológico, y señalaron el rumbo de la política por venir:  en la segunda mitad de los años ‘90, el primero Vicepresidente y luego gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Duhalde) supo leer a tiempo ese disgusto colectivo que señalaba a la policía como lo más podrido de un sistema político en sí mismo podrido, y a pesar de su propia tradición ideológica y de sus propios antecedentes en la materia, hizo lugar al reclamo colectivo organizado y emprendió, en el año ‘96, una reforma policial contra la misma policía provincial mafiosa que él había organizado o defendido, y así se desmarcaba de su propia sociedad presidencial anterior. El reclamo sería aún más fuerte tras el caso Cabezas, en el año ‘97, y la respuesta fue profundizar y darle más amplitud a la reforma, incluyendo la reforma judicial de la provincia. Hasta el año 2001 duró este ciclo de reformas, y esta fue la primera experiencia prolongada de intentar reformar el sistema penal hacia estándares más democráticos y humanitarios.

En el período del kirchnerismo, el ex vicepresidente y luego también gobernador  de la provincia de Buenos Aires (Scioli), también se acomodó a los reclamos generalizados y respondió a los reclamos antiimpunidad, con el reiterado uso de la promesa represiva: la promesa de crear más policía, dar más poder a la policía, restringir las libertades en el proceso penal, encarcelar más. Desde el año 2007 hasta la fecha se extiende este período de contrarreforma definitiva del sistema penal hacia menos controles judiciales y exteriores a las fuerzas de seguridad, más autonomía policial, menos democracia y menos “derechos humanos” en lo que hace a la cuestión penal. Así, también se desmarcó de su anterior sociedad presidencial. A pesar de que las tasas de encarcelamiento han crecido de forma estable en todo el país, en la provincia de Buenos Aires es donde más han crecido. Mostrando incluso una curva llamativa –que no tiene nada que ver con el aumento del delito– desde que se declaró la emergencia de la seguridad, por última vez, en el año 2014.

Diferentes estilos, objetivos y direcciones

El populismo penal es –además de ese fenómeno “macro”, extendido en las últimas décadas que ya reseñamos– una herramienta política.  Y como tal, puede ser analizado dentro de los juegos políticos estratégicos y de coyuntura: conveniencia, posición, imagen, costo, beneficio, enfrentamiento, organización. Como todo en la política, tiene además un valor de cambio: puede ser intercambiado por otro objeto políticamente valioso. Una ley penal puede ser el objeto de una ideología, es decir, ser dictada porque se cree que en efecto que así deben ser las cosas. Pero también puede ser intercambiada por otra ley de otro tema, por ejemplo de propiedad intelectual. Una ley penal puede ser algo que piden los mercados como señal de adhesión a la causa. Una ley penal puede ser una excusa para intervenir el Poder Judicial, o para negociar con él. Para restarle poder a la policía, para devolvérselo. Puede ser una ley que se dicta sólo porque “lo pide la gente”, y no dictarla es pagar un costo político muy alto. Puede ser efecto de la burocracia de la política profesional: un legislador no sabe qué más hacer y se le ocurre que sería bueno dictar una nueva ley penal, aunque aún no sepa bien cuál. Todo eso, y más, puede estar atrás del dictado de una ley penal.

La segunda mitad del gobierno de Menem echó mano a una retórica muy represiva y de alto impacto público, a pesar de que el mismo gobierno había producido en 1994, bajo el discurso de la buena gestión, reformas jurídicas claves para los derechos humanos, como la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos, la de los plazos máximos de prisión preventiva (mal llamada “del 2×1”), y de la suspensión del juicio a prueba. El gobierno de la Alianza, a pesar de prometer ser la continuidad de la convertibilidad pero con derechos humanos, se mostró muy propenso a echar mano de legislación represiva de alto impacto simbólico público, y sobre tipos penales que generan privación de libertad (robos, delitos sexuales, homicidios).   El duhaldismo tuvo poco tiempo pero marcó un nuevo nivel de represión en democracia a la protesta política, desatando su crisis final con los asesinatos de los militantes Kosteki y Santillán.

El kirchnerismo, en cambio, marcó en sus inicios una diferencia. Prometió la no represión de la protesta social (recordemos que el breve período duhaldista terminó con el caso Kosteki-Santillán) y dio definiciones muy fuertes sobre la vigencia de los derechos humanos en sentido amplio, mencionando la inclusión social como la principal herramienta de prevención de la inseguridad, y dando un lugar de pertenencia institucional tanto a veteranos militantes de derechos humanos como a los padres de hijos muertos reclamantes contra la impunidad policial y política de los años ‘90.  El caso Blumberg marcó su primer intento de capitalizar primero, y resistir después, el descontento social que se manifestaba en los reclamos contra la impunidad/inseguridad. Perdió con la oposición de derecha, pero en el Congreso acompañó o avaló las reformas legislativas que ésta impulsó bajo la bandera Blumberg. Ese fue el momento máximo de disrupción de toda la lógica legislativa institucional tradicional y la lógica jurídica de las normas penales: se legislaba para la tribuna, y así se lo reconocía públicamente.

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Más allá de ese período “blumbergiano” se sancionaron muchas otras normas penales, más que en los períodos anteriores. Sin embargo, en su mayoría, estas leyes tenían que ver con la intención de protección simbólica (puesto que la ley penal no sirve en sí misma de protección efectiva) de grupos vulnerables: por ejemplo, las leyes contra la trata de personas o contra la violencia de género. Al mismo tiempo, se intentaron reformas claves en áreas sensibles para la protección de los derechos humanos. La represión de las policías Federal y Metropolitana en diciembre de 2010 a familias que intentaban tomar terrenos del llamado “Parque Indoamericano” (para entonces, en la práctica, un baldío), dieron lugar a la primera intervención reformista sobre las fuerzas de seguridad federales, a partir del mandato de Nilda Garré (diciembre de 2010 a julio de 2013) al frente del nuevo Ministerio de Seguridad. Se intentó intervenir con una lógica de horizontalización, profesionalización y apertura al Servicio Penitenciario Provincial, con la gestión de Victor Hortel (abril 2011 a agosto 2013). También se intentó dar coherencia al Código Penal, proponiendo un anteproyecto redactado por expertos convocados por el Ministerio de Justicia (2006), y luego un segundo proyecto por consenso, en el que intervinieron todas las fuerzas políticas mayoritarias (2013-2014). También se intentó una amplia y profunda reforma judicial, que hacía más democrática a la estructura judicial, pero al mismo tiempo más gobernable desde los partidos políticos (abril 2014).

Sin embargo, en todas las reformas fracasó. El Ministerio de Seguridad quedó en manos de un exponente de la mano dura y del exhibicionismo de la fuerza, el militar Sergio Berni. Las cárceles volvieron a un funcionario técnico (Alejandro Marambio, que ya había acumulado denuncias por parte de los organismos de derechos humanos en su gestión anterior). Mientras tanto, el consenso partidario que había elaborado el anteproyecto de Código Penal fue traicionado por todos los partidos políticos opositores, dejando al gobernó solo, defendiendo públicamente un proyecto que la derecha había logrado instalar como “abolicionista” y que “favorecía a los delincuentes” –costo político de imagen que nadie estaba dispuesto a pagar–. Finalmente, cuando la presidenta  Cristina Fernández presentó el proyecto de Código Procesal Penal (esta vez, tejido en secreto, y contando con el efecto sorpresa para evitar la suerte de los proyectos anteriores de Código Penal), en abril de 2014, lo presentó públicamente “por derecha”, apelando a imágenes como evitar la puerta giratoria (una típica imagen del manodurismo penal, que quiere instalar la idea de que las cárceles son puertas giratorias, donde uno entra y sale inmediatamente), o mencionado que estaba destinado a evitar casos como el de Gastón Aguirre (un joven filmado mientras intentaba robar a mano armada una mochila a un turista). El proyecto del Código Procesal Penal mismo tenía muchas cláusulas y previsiones propias del discurso manodurista (algunas de las cuales fueron limadas en su tratamiento en el Congreso).

Durante el final del período de la segunda presidencia de Cristina Fernández, se apeló en contadas ocasiones a la crítica o la persecución política a jueces por liberar a algún detenido (estrategia del manodurismo que en la provincia ya se había cobrado a varios magistrados), o a la promesa represiva en cuestión penal. Sin embargo, estas ocasiones fueron escasas comparadas con el uso intenso que hacían de estas herramientas la oposición y los gobernadores provinciales. Como sea, sobre el final del mandato (abril del 2013 parece marcar un punto de inflexión), el kirchnerismo, –cuyo principal opositor siempre fue la derecha bajo distintos ropajes–, acosado por la centralidad de la cuestión “inseguridad” en la agenda política, asumió parte de los reclamos de esa derecha en cuestión de seguridad pública.

El sciolismo en la provincia de Buenos Aires siguió un derrotero casi por completo opuesto. El segundo y hasta ahora último intento de reformar el sistema penal hacia estándares más democráticos y humanitarios fue bajo la gobernación de Felipe Solá, y específicamente entre los años 2004 a 2007. Curiosamente, las condiciones políticas para la reforma fueron detonadas también por el caso Blumberg. El caso puso nuevamente a la policía de la Provincia de Buenos Aires en la picota, puesto que en la banda de secuestrados había policías. Sin embargo –hay que decirlo–, estaban dadas todas las condiciones para reaccionar, siguiendo el discurso mayoritario, hacia el uso (aun mayor) del populismo punitivo, y continuar con la promesa represiva como solución a la inseguridad. Pero la segunda gestión de Arslanián (2004-2007) en la Provincia de Buenos Aires se mostró como continuidad y profundización de la primera (1998-2001): trasparencia, control y democratización de la policía; intento de crear una nueva policía respetuosa de los derechos humanos; intervención de las cárceles, profesionalización de su personal, racionalización del encarcelamiento (flexibilización de las reformas legales anteriores sobre el endurecimiento de la prisión preventiva), clausura de las comisarías como lugar de alojamiento de encarcelados, medidas paliativas para el hacinamiento, etc. Es decir que un mismo caso de conmoción pública vinculado a un hecho criminal torció la política criminal a nivel nacional para un lado y la provincial para el lado justamente opuesto. También es curioso que el gobernador que impulsó estas reformas llegó al cargo como vicegobernador de Carlos Ruckauf, quien marcó en su campaña electoral del año 1999 en la provincia el uso más fuerte y efectivo del populismo punitivo (con promesas abiertas de matar delincuentes), obteniendo finalmente la victoria. Y que el mismo exgobernador Solá en el año 2014 era parte de la campaña presidencial de Sergio Massa, que remitía a la de Ruckauf, y cuya principal propuesta política era erradicar la inseguridad persiguiendo (mediante juicio político) a los jueces que concedían alguna libertad. Es decir que los dos intentos fuertes del sistema penal/de seguridad en la Provincia de Buenos Aires los encabezaron, primero, un gobernador que había consolidado y se había asociado políticamente en años anteriores a la misma policía, represiva y corrupta, que luego quiso reformar; y en segundo lugar, un gobernador que acompañó antes y después a referentes políticos que proponían exactamente lo contrario.

En el año 2007 asume en la Provincia de Buenos Aires el ex vicepresidente de Kirchner (Scioli), quien inmediatamente toma medidas en la dirección opuesta al gobernador anterior y a lo que el kirchnerismo hacía en ese área: nombra como ministros a referentes de la derecha en la materia, vuelve a liberar a la policía de controles externos, habilita nuevamente los calabozos policiales como lugar de alojamiento de encarcelados, dicta nuevas leyes procesales que obligan a los jueces a encarcelar preventivamente (o dicho de otra manera, le impiden evaluar caso por caso si una imputación amerita la detención cautelar del imputado), y se pronuncia públicamente y con frecuencia atacando a los jueces “que liberan”, pidiendo menos excarcelaciones, más dureza (en definitiva, delegando en el Poder Judicial el problema de la inseguridad). Al menos en cuatro ocasiones anuncia “crisis de la seguridad”, que resolverá incorporando nuevos policías (en la mayoría de las ocasiones, esto supone reincorporación de los exonerados por administraciones posteriores), y restringiendo las excarcelaciones. La última (en el año 2014) se vio acompañada por el efectivo aumento de personal policial y un aumento repentino en la tasa de encarcelamiento. Al mismo tiempo, y durante todo el período, los casos de indignación pública por hechos criminales cometidos por reincidentes, permitían al Gobierno trasladar el problema a los jueces nuevamente, y desplazar sobre ellos la culpa del hecho por haberlos liberado. Así, el juicio político a los jueces (garantistas), o la amenaza de llevarlo adelante, sirvió como herramienta disciplinadora (DPLF, 2013) para evitar que se pusieran límites judiciales o se criticaran jurisprudencialmente los lineamientos de la política penal o al gobierno mismo. Es decir que en la Provincia de Buenos Aires el candidato kirchnerista, que actualmente es también el candidato a Presidente del movimiento, tomó políticas diametralmente opuestas a la mayoría de las que ese espacio político intentó en la Nación, al menos hasta el año 2013.

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El otro candidato presidencial que se perfila con chances de ganar la elección al momento de escribirse estas líneas es Mauricio Macri. Macri gana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso también volcado a la derecha en materia de seguridad. Se recuerda aún cuando en sus comienzos quería encarcelar a los cartoneros por revolver la basura. Y ya en la gestión tuvo similares palabras para todos los delitos de supervivencia, bagatela o incivilidades. Su pedido de cárcel pasó por los limpiavidrios, cuidacoches y vendedores informales (“manteros”). Reformó el Código de Faltas, derogando el anterior Código de Convivencia, y haciéndolo más represivo. Al mismo tiempo, tuvo políticas sobre la desocupación del espacio público alarmantes y crueles, como la fugaz pero tristemente célebre UCEP: un cuerpo de matones que golpeaban indigentes para obligarlos a salir de la calle. Aunque su cargo tiene escasas responsabilidades en materia penal, puesto que el fuero judicial de la Ciudad sólo se encarga de delitos muy leves y no tiene cárcel propia, una de sus mayores apuestas políticas fue la creación de una nueva policía, superponiéndola en jurisdicción y competencias a la Policía Federal (que sigue dependiendo del Ministerio de Seguridad de la Nación). Esta policía fue presentada como moderna, inteligente y cercana al vecino. Una policía “de proximidad” o “de confianza”. Sin embargo, para su formación efectiva se apeló al ingreso a viejos policías exonerados de otras fuerzas (incluso a comisarios con antecedentes como el “Fino” Palacios), y pronto se supo que también sabía golpear, y mucho, sobre todo en los desalojos por cuestiones de viviendas o protestas. Fue escandalosa y sigue siendo materia de intervención judicial el proceder de esta nueva Policía Metropolitana en casos como el desalojo del Parque Indoamericano en 2010, en el que hubo una brutal represión en la que participó junto con la Federal, o en el desalojo del Hospital Borda, en ocasión de la resistencia a un desalojo por parte un grupo de trabajadores y enfermos del hospital psiquiátrico, que terminó con una violenta represión policial).

Otra curiosidad de nuestras políticas criminales es el coyunturalismo, o mejor dicho, el escandalismo. Esto es, el enorme peso que tiene el escándalo público por hechos muy puntuales, a la hora de definir una política en la materia. En el período reseñado, por la Provincia de Buenos Aires pasaron más de 20 ministros de seguridad cuyas gestiones terminaron por algún caso puntual que ponía a la policía en la escena de la indignación: el caso Cabezas lanzó la reforma policial. La masacre de Ramallo, la Familia Pomar, el caso Candela, todos ellos tuvieron una importante productividad política, y marcaron el fin de una gestión y el inicio de otra, e incluso a veces marcaron un cambio de rumbo (tomamos aquí la idea de Galar, 2010, sobre la “productividad política de la muerte”). La presidencia interina de Duhalde se terminó con Kosteki y Santillán. El desalojo de Parque Indoamericano tuvo como efecto la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación y un intento de reformas y control a las fuerzas de seguridad. El intento de reformar al sistema penitenciario terminó por la fuga masiva de presos (por supuesto gestada desde la misma oficialidad penitenciaria). El escándalo –no sólo la muerte- tiene una alta productividad política en la materia. Quien sepa desatarlo –o aprovecharlo– mejor siempre tiene oportunidades de resistir o de generar algo nuevo.

¿Podemos saber hoy qué nos espera?

Como hemos reseñado al comienzo, hay factores estructurales, macro, que marcan tendencias fuertes, en la región y en general en el sistema global. Sin embargo, también hay historia local. Y también hay política. Y hay ideologías. Y por tanto hay excepciones. Y paradojas. Y particularidades. Y acontecimientos. Y coyunturas. El sistema penal no puede ser explicado en una sola de estas dimensiones, y sobre todo no puede estar determinado su futuro por una de ellas.

Nos excede pronosticar sobre el mundo, el imperialismo, o la relación entre la desigualdad y el encarcelamiento a nivel global. Pero podemos reflexionar algo sobre nuestra propia historia en la materia. Para hacerlo es necesario recordar que la política penal es parte de la política. No puede ser pensada sólo a partir de lo penal –como nos la enseñan a pensar en las academias–, sino que debe ser pensada como parte de una política más amplia que la define y afecta. Debe ser pensada en conjunto con las luchas ideológicas, con la política de las representaciones colectivas, la política de las identidades sociales, la política electoral, y la política de negociaciones con los otros actores de la política (sobre todo, ¡ay!, esos actores de facto que se resisten a ser visibilizados como parte de la política).

La cuestión penal o “de la inseguridad” parece cumplir funciones políticas precisas y complejas,  entre ellas “despolitizar” el problema de la seguridad (entendida ampliamente), y sacarse de encima un problema complicado apelando a la promesa represiva. Si tuviéramos que decir algo hoy sobre el futuro que nos espera en este tema, el panorama no tiene buen pronóstico: todo parece indicar un endurecimiento y recrudecimiento de la cuestión penal. Desde lo ideológico, pensando en una genealogía de los posibles presidentes a futuro, no aparece en el horizonte un cambio de rumbo en ese aspecto, o peor, parecería preverse su intensificación. A pesar de que el sistema penal en conjunto del país está mucho más determinado por lo que se haga en la Provincia de Buenos Aires (que produce un 40% del encarcelamiento nacional) más que en el sistema federal (que produce un 15%), es cierto que el recambio presidencial parece anunciar un fin de ciclo político en general, y ninguno de los  candidatos posibles ha hecho carrera justamente en la reivindicación de los derechos humanos o en el control de la violencia institucional, ni ninguna otra forma de promoción de derechos humanos o inclusión social.

Sin embargo, desde un análisis estrictamente político –en el sentido más vulgar de la palabra, en el sentido de las estrategias a asumir, de la guerra de posiciones, de las disputas por porciones de poder–, los derroteros provinciales y locales pueden no tener que ver con las posiciones que se asumen a nivel presidencial.  Los discursos y las prácticas tampoco van siempre de la mano (como las campañas y las gestiones). Hemos visto que un actor puede capitalizar políticamente por un lado y ejecutar por otro. Por otro lado, a nivel nacional hay otro marco de responsabilidades, de actores aliados y rivales, de posibilidades estratégicas, se debe cultivar otra imagen. Y, finalmente, recordando el llamado a pensar la política penal y de seguridad dentro de la política más general, nos parece que no es lo mismo un contexto de crisis social y política, que un momento de recuperación y optimismo. No actúa igual un gobierno en retirada que uno nuevo. Uno fuerte que uno débil. Al fin y al cabo, porque hay política, hay posibilidades. Porque hay posibilidades, hay acciones. Siempre hay excusas para la resignación y motivos para la acción.

Bibliografía

CASTEL, Robert (2004) La Inseguridad Social, Ed. Manantial, Buenos Aires.

CHRISTIE, Nils (1993) La industria del control del delito, Editores del Puerto, Buenos Aires.

DPLF -Due Process of Law Foundation- (2013) Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, Washington D.C.

GALAR, Santiago (2010) “Seguridad ciudadana, movilización colectiva y percepción del delito: sentidos, prácticas y significados alrededor de la protesta por justicia y seguridad en la provincia de Buenos Aires”, VI Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata.

GARLAND, David (2005) La Cultura del Control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Editorial Gedisa, Barcelona.

GUTIÉRREZ, Mariano (2010) “La Tragedia de la Lucha por la Justicia”, en SOZZO, M. (comp.) Por una sociología crítica del control social. Ensayos en honor a Juan S. Pegoraro, Ed. Del Puerto, Buenos Aires.

MARTINEZ, Candice (2011) “La segunda presidencia de Menem: los inicios del endurecimiento penal” en Gutiérrez, M. (Comp.) Populismo punitivo y justicia expresiva. Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires.

PAVARINI, Massimo (2006). Un arte abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad, Ad Hoc, Buenos Aires.

WACQUANT, Loïc  (2003) Las cárceles de la miseria, Ed. Manantial, Buenos Aires.

YOUNG, Jock (2007) El vértigo de la Modernidad Tardía, Ed. Didot, Buenos Aires.

[1] Mariano Gutierrez es abogado (UBA), magister en criminología (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y doctorando por la Facultad de Sociales de la UBA. Ex-profesor adjunto de derecho penal en la UNLZ, y actualmente docente en la materia Delito y Sociedad (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y en la maestría en criminología de la Universidad Nacional del Litoral, entre otras universidades. Autor de “La necesidad Social de Castigar” y compilador de “Populismo Punitivo y Justicia Expresiva” entre otras obras. Miembro del Programa de Estudios del Control Social (PECOS) del Instituto Gino Germani e integrante de la Asociación Pensamiento Penal.

La renovada ofensiva de Estados Unidos y los desafíos para Nuestra América

Por Leandro Morgenfeld[1]

Nuestra América se encuentra en un momento de transición. Estados Unidos pretende aprovechar la crisis y parálisis del eje bolivariano para consolidar una restauración conservadora y fortalecer su hegemonía. Las renovadas derechas de la región intentan recuperar el poder político y restablecer la agenda neoliberal, alentando la balcanización latinoamericana y a la vez alejar la influencia de potencias extra-hemisféricas.

Cuidando el patio trasero

En los siglos XIX y XX, la política de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur tuvo dos objetivos centrales: horadar la potencial asociación política e integración de Nuestra América, para evitar que se retomara el proyecto de Bolívar de construir una Patria Grande al sur del Río Bravo, y a la vez alejar la influencia de potencias extra-hemisféricas -primero fue España, luego Gran Bretaña, la Unión Soviética y China-, para consolidar un área de influencia lo más exclusiva posible.

A pesar de haber compartido el pasado colonial con el resto del continente, los gobiernos de Estados Unidos, a principios del siglo XIX, se mostraron renuentes a apoyar las independencias hispanoamericanas. Recién hacia 1823, luego de una década de cruentas revoluciones y guerras, se planteó la Doctrina Monroe: América para los (norte)americanos. La Casa Blanca no aceptaría nuevas intervenciones colonialistas por parte de las potencias europeas, e iniciaría un largo recorrido para consolidar su hegemonía, primero en el Caribe, considerado un mar interior, y luego en su extenso patio trasero, que en América del Sur todavía estaba en esa época bajo el dominio económico europeo[2].

Desde que se concretó la Primera Conferencia en Washington (1889-90), el panamericanismo fue la forma de Estados Unidos de buscar la consolidación de una hegemonía continental, a la vez que la estrategia para frenar los intentos de Venezuela y Colombia de retomar los congresos hispanoamericanos –había habido experiencias fallidas en las décadas de 1850 y 1860- y de España de constituir una Unión Iberoamericana[3]. Desde 1898, el intervencionismo militar pasó a ser la norma. Durante las primeras décadas del siglo XX los marines estadounidenses desembarcaron recurrentemente en Nuestra América. La resistencia a estas acciones obligaron a reformular la política interamericana de Estados Unidos. La Casa Blanca impulsó la política del buen vecino, que implicó reducir el intervencionismo directo, aunque no por ello dejó de desplegar otras formar de la dominación imperial.

Luego de la segunda guerra, Estados Unidos logró terminar de desplazar a las potencias europeas y erigirse como el poder hegemónico en América. Consiguió fortalecer el sistema interamericano, que se aprobara en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, un año más tarde, conformar la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto lo logró con promesas de ayuda económica (los mandatarios regionales reclamaban una suerte de Plan Marshall para América Latina), cuya concreción se fue postergando hasta que la Revolución Cubana instaló la guerra fría en la retaguardia estadounidense –previamente, la Casa Blanca ya había utilizado la excusa del peligro rojo para apoyar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954-. En los años sesenta, Estados Unidos desplegó hacia la región una política bifronte: el ambicioso programa de la Alianza para el Progreso (una promesa de ayuda por 20 mil millones de dólares)[4] y a la vez el clásico intervencionismo militar, que incluyó un variado menú: invasión a Bahía de Cochinos, terrorismo y desestabilización en Cuba, con intentos de magnicidios, apoyo a golpes de Estado (el encabezado por Castelo Branco en Brasil, en 1964, fue el más significativo) y desembarco de marines (Santo Domingo, 1965)[5]. La Doctrina de Seguridad Nacional y las alianzas con militares golpistas fueron una constante en los años siguientes. Ya en la era Reagan, la Casa Blanca logró el apoyo de dictaduras latinoamericanas para la lucha contrainsurgente en Centroamérica. La caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el consecuente fin de la guerra fría provocaron un cambio en el vínculo con los demás países del continente. Reforzado el poder de Estados Unidos como gendarme planetario -aunque el mundo unipolar augurado por Francis Fukuyama fue una ilusión que se desvaneció rápidamente, Washington procuró la consolidación de su hegemonía hemisférica. El presidente George Bush lanzó, en 1990, la Iniciativa para las Américas. Tres años más tarde, su sucesor Bill Clinton concretaría este proyecto con la primera cumbre interamericana de Jefes de Estado.

En el marco del Consenso de Washington, Estados Unidos impulsaba el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que implicaba una ofensiva del capital sobre el trabajo y de los capitales más concentrados en Estados Unidos contra sus competidores de otras latitudes[6]. Para instrumentar ese proyecto hegemónico, la Casa Blanca propuso realizar reuniones presidenciales, las Cumbres de las Américas, incluyendo a los 34 países que constituían la Organización de los Estados Americanos (OEA) y dejando expresamente excluida a Cuba (apartada de esa institución en enero de 1962, con los votos de Estados Unidos y otros 13 países de la región).

04-11-05 Mar del Plata: Foto Oficial de la IV Cumbre de las Americas.

El proyecto del ALCA avanzó sin demasiadas oposiciones en los primeros cónclaves, hasta que en 2001 emergió, por primera vez, una voz claramente disonante, la del presidente venezolano Hugo Chávez, quien cuestionó, casi en soledad, la iniciativa de Washington. Pocos meses antes se realizaba el primer Foro Social Mundial en Porto Alegre, que se transformaría en un espacio vital de articulación en la lucha contra el ALCA. En los años siguientes fue cambiando la correlación de fuerzas en América Latina, a la vez que muchos países exportadores de bienes agropecuarios, en todo el mundo, exigían a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón que la liberalización del comercio incluyera también a los productos agrícolas, que sufrían diferentes restricciones y protecciones no arancelarias por parte de las potencias. En la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Cancún (2003) se paralizaron las negociaciones para liberalizar todavía más el comercio mundial. Y algo similar ocurrió con el ALCA, que fracasó en la célebre reunión de Mar del Plata dos años más tarde, cuando los cuatro países del Mercosur, junto a Venezuela, rechazaron la iniciativa. Ante la resistencia de múltiples sindicatos y movimientos sociales -a través del Foro Social Mundial, la Alianza Social Continental y las Contra-cumbres de los Pueblos-, que lograron articular una oposición popular al ALCA, y el rechazo de los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, Estados Unidos debió abandonar esa estrategia e impulsar Tratados de Libre Comercio bilaterales.

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En esos años, avanzó la coordinación política, cooperación e integración latinoamericana: expansión económica y política del Mercosur, aparición de la Comunidad Sudamericana de Naciones, luego Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP). En forma paralela, la OEA, escenario de las relaciones interamericanas dominado por Washington desde la posguerra, fue perdiendo influencia. Hasta debió revocar la expulsión de Cuba luego de que los países latinoamericanos presionaran a Obama en la Cumbre de las Américas de 2009. Pocos meses más tarde, hubo una reacción latinoamericana conjunta frente al golpe en Honduras. La UNASUR también actuó rápidamente ante el intento separatista en Bolivia y el levantamiento policial contra Rafael Correa en Ecuador. En febrero de 2010, además, se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), una asociación continental que excluye a Estados Unidos y Canadá. Impulsada por el eje bolivariano y resistida por el Departamento de Estado, la CELAC podría convertirse en un instrumento inédito e histórico de coordinación latinoamericana por fuera del control de Washington. La cumbre inaugural se realizó en Caracas (diciembre 2011) y luego hubo reuniones presidenciales en Santiago de Chile (enero de 2013), La Habana (enero 2014) y San José de Costa Rica (enero 2015).

Los intentos de Obama de reconstituir las relaciones interamericanas

La V Cumbre de las Américas se realizó en Puerto España, Trinidad y Tobago, entre el 17 y el 19 de abril de 2009, apenas tres meses después de la asunción de Obama. En su intervención, el flamante mandatario estadounidense realizó un primer intento por afianzar los lazos interamericanos después del traspié de Bush en Mar del Plata y ahuyentar los temores derivados de las agresivas políticas militaristas de su antecesor. Señaló que pretendía relacionarse con la región en otros términos, estableciendo una alianza entre iguales.

La reunión realizada en Puerto España revistió una gran importancia, siendo la primera luego del rechazo al ALCA y con Obama como presidente. Todos los mandatarios buscaban la foto con el primer presidente estadounidense afro descendiente. Hasta Hugo Chávez tuvo su encuentro cara a cara, que aprovechó para regalarle un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina, el célebre libro del uruguayo Eduardo Galeano. Aunque se preveían chispazos entre los países del ALBA y el nuevo ocupante de la Casa Blanca, la cumbre mostró un inusual escenario distendido con elogios cruzados  y un ambiente de cuidada fraternidad. Más allá de estos gestos, no hubo avances concretos y no se logró firmar una declaración final, entre otros motivos por diferencias en relación a la persistencia de la exclusión de Cuba, a las políticas sobre biocombustibles y a las acciones frente a la crisis económica mundial. La Casa Blanca logró inicialmente relajar las relaciones interamericanas, luego del revés recibido por Bush en Mar del Plata y planteó la importancia de la región para la política exterior de Washington. El gobierno de Raúl Castro obtuvo una gran solidaridad de muchos mandatarios en Trinidad y Tobago.

En los meses siguientes, las expectativas que había generado la asunción de Obama se transformaron rápidamente en decepción. La continuidad de la IV Flota del Comando Sur –reinstalada por Bush en 2008, luego de 50 años, para patrullar las aguas del Atlántico Sur–, la ratificación del bloqueo económico a Cuba, el mantenimiento de la cárcel de Guantánamo –a pesar de que Obama se comprometió a desmantelarla ni bien asumió–, la ausencia de progresos en cuestiones migratorias y la no ratificación -al menos durante varios meses- de tratados de libre comercio bilaterales ya firmados (por ejemplo con Colombia, que entró en vigencia recién hacia 2012), provocaron decepción en muchos gobiernos.

La VI Cumbre de las Américas se realizó en Cartagena, Colombia, los días 14 y 15 de abril de 2012. Para el gobierno estadounidense, la reunión de Cartagena era estratégica porque necesitaba relanzar las relaciones con América Latina. En los últimos años, los países del Sur fueron mostrando una creciente reticencia a aceptar los mandatos de Washington. Ya sea por su responsabilidad en la crisis financiera iniciada en 2008, la persistencia de las sanciones contra Cuba, las políticas duras contra los inmigrantes latinos (incluyendo el muro en la frontera con México), las restricciones al ingreso de las exportaciones latinoamericanas (vía subsidios y otros mecanismos paraarancelarios), o el histórico intervencionismo (actualizado tras el golpe de Honduras a mediados de 2009), persistía un generalizado sentimiento anti-yanqui que había alcanzado su auge durante la presidencia de George W. Bush, pero que no desaparecía.

¿Cuáles eran las necesidades geoestratégicas del Departamento de Estado para la reunión de Cartagena? Alentar la balcanización latinoamericana –ninguneando organismos como la CELAC y tratando de reposicionar a la OEA–; morigerar el avance chino, ruso, indio e iraní –el énfasis estaba puesto en los crecientes vínculos del por entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador[7]– y debilitar el eje bolivariano –la estrategia de la Casa Blanca incluía una aproximación a Brasil y Argentina para intentar contener la influencia de Chávez en la región–. Pero también existían necesidades económicas, potenciadas por la crisis estadounidense, que llevó el desempleo al 9%. Como señaló Obama en reiteradas oportunidades, un objetivo de su política exterior era exportarle más a América Latina, para ayudar a equilibrar la cada vez más deficitaria balanza comercial estadounidense.

Asimismo, por razones electorales, el líder demócrata necesitaba volver a enfocar su atención en el Sur: sus aspiraciones reeleccionistas lo obligaban a pelear por el voto latino. Sin embargo, el electorado de ese origen no es uniforme. Obama debió transitar, en consecuencia, un equilibrio poco coherente. Por un lado sobreactuaba las políticas duras hacia Cuba y Venezuela (para generar simpatías, por ejemplo, en el electorado anticastrista de Miami), por otro pretendía mostrarse en sintonía con los demás países de la región, que desplegaron una activa campaña en contra del bloqueo a Cuba y de su exclusión de las cumbres interamericanas. Como la población latina crece incesantemente en Estados Unidos, se transforma en un claro objetivo de demócratas y republicanos. Estos últimos, criticaban a Obama por haber descuidado la región, mostrarse demasiado blando con los Castro y Chávez, y haber permitido el avance del eje bolivariano. El Presidente tenía pocos éxitos para mostrar en su relación con la región, por eso era clave la Cumbre de Cartagena, que se realizó apenas seis meses antes de las elecciones presidenciales.

Del lado latinoamericano, la antesala de la cumbre mostró las contradicciones existentes entre los países de la región. Por un lado, se encontraban los gobiernos más afines a Washington (México, Honduras, Colombia, Chile y Costa Rica). Son los que más dependen de Estados Unidos. Sus gobiernos, con matices, despliegan políticas económicas neoliberales; quieren ampliar el comercio con Estados Unidos a través del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica e impulsan la Alianza del Pacífico, un engendro neoliberal aplaudido por Estados Unidos. Pero la sujeción a Washington es más sutil y matizada que hace una década. En las antípodas, se ubica el eje bolivariano impulsado por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Los países del ALBA plantearon como impostergable la inclusión de Cuba y pugnaron, junto a aliados clave como Brasil y Argentina, para que en Cartagena se debatiese sobre el bloqueo estadounidense a la Isla, así como sobre la cuestión de las islas Malvinas, consideradas como un resabio colonial inaceptable en América Latina.

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Un tercer grupo lo conformaban los países del Mercosur, con Brasil a la cabeza. Apuestan a la integración a través de la UNASUR, pero no confrontan abiertamente con Estados Unidos. Asumen una posición distinta a la de los dos primeros grupos. Los gobiernos de estos países tienen acuerdos y tensiones con Estados Unidos. No se sumaron a los países del ALBA en su reclamo explícito de incluir a Cuba en Cartagena, pero a la vez participaron en distintas instancias de integración regional con el gobierno de La Habana y se unieron, ya en Cartagena, al reclamo general para terminar con el aislamiento del régimen castrista. Su intervención en esta cumbre fue clave para dirimir el rumbo de la misma. Un dato fundamental es que ésta fue la primera Cumbre de las Américas que se realizó tras el establecimiento efectivo de la UNASUR y de la CELAC. Muchos países de la región, que no atravesaban las crisis económicas y políticas de Europa y Estados Unidos, pretendieron (y en parte lograron) que se manifestase en la reunión esta nueva correlación de fuerzas continental.

La cubanización previa a la Cumbre trastocó los planes de Estados Unidos y del país anfitrión, Colombia. Los países del ALBA plantearon al gobierno colombiano, el 7 de febrero,  que debía invitar a Cuba. Aunque el gobierno de La Habana viene sosteniendo desde 2009 que no volverá a la OEA, sí declaró que pretendía participar de las Cumbres de las Américas. El Departamento de Estado insistió en que Cuba debía realizar reformas democráticas antes de reincorporarse. Fundamentó la negativa a incluir a Cuba en una cláusula democrática aprobada en la III Cumbre, en 2001.

El eje bolivariano se anotó un triunfo de entrada. Al lograr cubanizar todos los debates previos a la cumbre, logró justo lo contrario de lo que Estados Unidos necesitaba: el bloqueo, la base en Guantánamo y la exclusión de la Isla del sistema interamericano son temas que necesariamente alejan a Washington de los países latinoamericanos.

¿Cuál fue el saldo de la Cumbre de de Cartagena? Fue la tercera consecutiva en la que no hubo consenso para firmar la declaración final. Fue el cónclave al que más jefes de estado faltaron (Correa, Chávez, Ortega y Martelly). Quedó claro que Washington ya no domina como antes: los tres temas principales de debate fueron planteados por los países latinoamericanos, a pesar de los deseos de la Casa Blanca. En dos temas prioritarios hubo consenso de 32 países: Cuba y Malvinas. Mientras los mandatarios latinoamericanos se pronunciaron por el fin del bloqueo y la exclusión de Cuba y por los reclamos argentinos de soberanía sobre las Islas, Estados Unidos y Canadá boicotearon la inclusión de estos tópicos en la declaración final. Se debatieron otros temas polémicos: lucha contra el narcotráfico (se planteó el fracaso de la guerra a las drogas impulsada hace cuatro décadas por Washington), políticas migratorias (se criticaron las duras políticas estadounidenses para combatir la inmigración latina), proteccionismo (barreras arancelarias y no arancelarias, como las que Estados Unidos utiliza para limitar algunas exportaciones agropecuarias de los países latinoamericanos)[8].

En síntesis, los esfuerzos de la Administración Obama para revertir la decepción latinoamericana frente a sus políticas hacia la región resultaron infructuosos. Ni siquiera el presidente colombiano, aliado estratégico en América del Sur, respondió a las expectativas de la Casa Blanca: en su discurso de apertura, le enrostró a su par estadounidense que eran anacrónicos el bloqueo y exclusión de Cuba de estas reuniones. En Cartagena, en definitiva, se puso de manifiesto la relativa pérdida de influencia estadounidense, tanto desde el punto de vista económico como político.

Si en 2005 se dijo que Mar del Plata había sido la tumba del ALCA, hasta hace poco parecía que Cartagena iba a ser la tumba de las Cumbres de las Américas. Los países del ALBA ya habían dicho explícitamente en 2012 que si Cuba no era invitada, no volverían a participar en este tipo de encuentros. Argentina y Brasil también se habían expresado en un sentido similar. Sin embargo, el anuncio conjunto entre Obama y Castro, en diciembre de 2014, del inicio de un proceso de “normalización” de las relaciones bilaterales y la invitación que el gobierno panameño extendió al de la isla para participar en la Cumbre, cambiaron el escenario.

El miércoles 17 de diciembre de 2014, el presidente estadounidense anunció, en forma simultánea con su par Raúl Castro, el restablecimiento de las relaciones bilaterales. La explicación de este cambio en la política del Departamento de Estado no es unívoca sino que responde a la convergencia de una serie de factores, siendo el más importante el geopolítico[9].  Con esta audaz jugada, el gobierno de Washington pretende recuperar su histórica posición hegemónica en América Latina y el Caribe y eliminar lo que Cuba representaba: el mayor foco de resistencia anti-estadounidense en el continente, inspirador de múltiples movimientos revolucionarios y de liberación nacional.

Luego del fracaso que resultó para Washington la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena, Obama pretendió recuperar la iniciativa en las relaciones interamericanas, detener el avance de potencias extra regionales (fundamentalmente China) y limitar las aspiraciones de Dilma Rousseff de transformarse en vocera de América del Sur -vía el MERCOSUR o la UNASUR. Por eso, la Alianza del Pacífico es fundamental para el reposicionamiento de Washington en la región. A través de la misma, se pretende atraer a los países disconformes del MERCOSUR, como Uruguay y Paraguay, y reintroducir políticas neoliberales que tanta resistencia popular generaron en las últimas dos décadas. El anuncio de la distensión con Cuba debe entenderse en ese contexto, ya que podría eliminar una de las principales causas de fricción con los países de la región. La Cumbre de Panamá, realizada el 10 y 11 de abril de 2015, fue un escenario interesante para medir hacia dónde van las relaciones interamericanas y cuál es el margen que mantienen los países bolivarianos para seguir impugnando la política de Estados Unidos en la región.

US President Barack Obama (R) shakes hands with Cuba's President Raul Castro during a meeting on the sidelines of the Summit of the Americas at the ATLAPA Convention center on April 11, 2015 in Panama City. AFP PHOTO/MANDEL NGANMANDEL NGAN/AFP/Getty Images

El hecho más destacado fue el encuentro entre Obama y Castro. Los grandes medios de comunicación y la derecha continental destacaron el supuesto triunfo diplomático de Estados Unidos, quien habría logrado desbaratar con esa audaz jugada los argumentos anti-imperialistas del eje bolivariano y la izquierda latinoamericana. La activa diplomacia del Departamento de Estado en las horas previas al inicio de la Cumbre logró desactivar los dos temas más ríspidos: prometió a Cuba la inminente revisión de su inclusión en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo –el 14 de abril Obama presentó ante el Congreso esa solicitud y el 20 de julio se concretó la apertura de embajadas en Washington y La Habana- y envió a Thomas Shannon a Caracas para iniciar conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro –tras las tensiones generadas a partir de la orden ejecutiva del 9 de marzo, en la cual declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” estadounidense-. Obama visitó Jamaica antes de arribar a la Cumbre, y allí se reunió con los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), para intentar alejarlos de la influencia venezolana a través del ALBA y Petrocaribe. Estos analistas se ilusionan con el agotamiento de las experiencias “populistas” y auguran la ampliación de la Alianza del Pacífico. Destacan que Obama impuso su agenda a favor de la democracia y los derechos humanos -no se privó de reunirse con representantes de la “sociedad civil” cubana, o sea con reconocidos disidentes- y participó en reuniones con los grandes empresarios de la región, además de recibir  la felicitación de todos los mandatarios, quienes elogiaron su apertura hacia Cuba, lo contrario que había ocurrido en la Cumbre de Cartagena, tres años atrás. Logró neutralizar a Brasil -incluso se anunció la visita de Dilma Rousseff a Washington, que se concretó en junio, cerrándose así el incidente derivado del espionaje que se conoció en 2013- y sólo tuvo que soportar las “críticas anacrónicas” de los “populistas más recalcitrantes”, léase Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Cristina Kirchner y Nicolás Maduro (aunque este último hizo un llamamiento al diálogo y tuvo el sábado un encuentro bilateral con Obama). Sin embargo, ese balance expresa más los deseos de la derecha continental que la realidad.

Lo cierto es que en la Cumbre, una vez más, se expresaron las tensiones que atraviesan el sistema interamericano y la relativa pérdida de hegemonía de Estados Unidos en la región. El 3 de abril, apenas una semana antes de la Cumbre, la propia Subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, en una conferencia de prensa, debió admitir su “decepción” por el rechazo continental a la acción de su gobierno contra Venezuela. Fue la primera vez en la que participaron los 33 países de Nuestra América, incluida Cuba, lo cual forzó a Estados Unidos a reconocer el fracaso de sus agresivas políticas contra la isla y a negociar con el gobierno revolucionario. Este giro no respondió a la voluntad de Obama, sino a la lucha del pueblo cubano y a la solidaridad del resto del continente. La persistente demanda de la UNASUR, la CELAC y el ALBA cosechó sus frutos en Panamá. Estados Unidos debió ceder ante La Habana, que no apuró la apertura de las embajadas, y Raúl Castro mantuvo sus banderas en alto, solidarizándose con el gobierno de Venezuela. Obama no logró imponer una declaración final consensuada y los mandatarios reclamaron la derogación de la orden ejecutiva contra Venezuela. El presidente estadounidense no solamente fue criticado, como era previsible, por sus pares del eje bolivariano, sino también por la mandataria argentina.

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Los movimientos sociales también tuvieron su protagonismo y participaron activamente de la Cumbre de los Pueblos, que defendió a Cuba y Venezuela, reclamó por la soberanía de las Malvinas, exigió la salida al mar de Bolivia, la independencia de Puerto Rico, el retiro de las bases militares de Estados Unidos esparcidas por toda la región, la indemnización a Panamá por la invasión de 1989 y criticó las políticas económicas neoliberales que siembran el hambre, la pobreza y el atraso en todo el continente.

La mayoría de las fuerzas populares y la izquierda latinoamericana, muchas de las cuales se expresaron en la Cumbre de los Pueblos que se realizó en Panamá, advierten esta nueva ofensiva de Estados Unidos, funcional al restablecimiento de la agenda neoliberal, resistida a través de amplias movilizaciones y levantamientos en los últimos 20 años. Entienden que es preciso seguir defendiendo la integración alternativa que plantea el eje bolivariano. El ALBA de los movimientos sociales, en ese sentido, puede ser una herramienta eficaz para coordinar a las fuerzas políticas populares que construyen desde una perspectiva latinoamericana, con una orientación anti-imperialista y, en algunos casos, socialista[10].

Conclusiones            

En la actualidad, Estados Unidos ya no puede mandar en su pretendido patio trasero como lo hizo a lo largo del siglo pasado. Fracasó en la creación de un área de libre comercio continental, en su mentada “guerra contra las drogas”, en su agresión contra Cuba y en los múltiples intentos por derrotar o debilitar al eje bolivariano. Esto obligó a Washington a redoblar sus esfuerzos en la región, adaptando las tácticas.

“La doctrina Monroe ha terminado”, sostuvo el Secretario de Estado John Kerry el 18 de noviembre de 2013, ante embajadores del continente en la sede de la OEA. Y Agregó: “La relación que buscamos… no es una declaración de EU de cuándo y cómo intervendrá en los asuntos de estados americanos, es sobre todos los estados viéndonos como iguales, compartiendo responsabilidad y cooperando en asuntos de seguridad”[11]. Fue un claro intento por retomar la iniciativa que ensayó Obama en la Cumbre de Trinidad y Tobago, y por morigerar los efectos negativos que tuvieron las recientes declaraciones de Kerry (el 17 de abril de 2013, ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, se refirió ofensivamente a la región como el patio trasero estadounidense) y el espionaje masivo de su gobierno contra líderes regionales (que llevó a varios mandatarios a participar en la Cumbre de Cochabamba para respaldar a Evo Morales y a Dilma Rousseff a cancelar su visita de Estado a Washington y a comprar aviones de guerra noruegos, en vez de los estadounidenses). Frente a una América Latina que avanza -aunque con dificultades- en la construcción de una integración alternativa y frente a la creciente presencia de China y otros actores extra hemisféricos -la Unión Europea relanzó en 2013 las conversaciones informales para establecer un TLC con el Mercosur-, Washington intenta reposicionarse en una región estratégica para su pretensión de mantener su hegemonía global.

Si bien la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba está provocando cambios en las relaciones interamericanas, esto no implica que vayan a desaparecer los reclamos de los países de Nuestra América. En la III Cumbre de la CELAC (Belén, Costa Rica, 28 y 29 de enero de 2015), Raúl Castro condicionó la normalización del vínculo con Estados Unidos al levantamiento del bloqueo: “El restablecimiento de relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales pero ésta no será posible mientras exista el bloqueo”[12]. En ese encuentro, los Jefes de Estado de la CELAC se sumaron al reclamo y exigieron, una vez más, el fin del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Aún falta un largo camino para que el Congreso estadounidense termine con las sanciones económicas contra la isla, repudiadas por casi todos los países en las asambleas generales de la ONU.

El balance de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe, durante el primer mandato de Obama, había dado lugar a muchas frustraciones, en función de las expectativas que había generado en 2009, cuando prometió una nueva “alianza entre iguales” con sus vecinos del sur[13].

En sus primeros cuatro años al frente de la Casa Blanca, se produjo el golpe de Estado en Honduras (contra un presidente que integraba el ALBA), desestabilizaciones en Venezuela -aunque no lograron derrotar electoralmente a Chávez-, creciente militarización en la región, con nuevas bases[14], profundización de la fracasada lucha contra el narcotráfico, persistencia del bloqueo contra Cuba y de la cárcel ilegal en la Base de Guantánamo, continuidad de los mecanismos proteccionistas no arancelarios que afectan las exportaciones de bienes agropecuarios latinoamericanos, e intervención en los asuntos internos de los países de la región que plantean políticas distintas a las neoliberales impulsadas por los organismos financieros internacionales. La decepción de muchos gobiernos de la región se expresó en Cartagena. En esa Cumbre de las Américas, en los temas principales, Washington quedó en soledad, secundado apenas por Canadá.

30127137. Santiago.- En una declaración conjunta de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Juan Manuel Santos, y Perú, Ollanta Humala, realizaron la Alianza del Pacífico donde acordaron este domingo que 90 por ciento de sus productos estarán libres de aranceles antes del 31 de marzo. NOTIMEX/FOTO/ESPECIAL/COR/POL/

En su segundo turno, la estrategia de Obama se centra en impulsar el afianzamiento de la Alianza del Pacífico, un resabio del ALCA en el que se impulsan políticas neoliberales, junto a los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú. Su objetivo es intentar debilitar el eje bolivariano. En ese mismo sentido, el Departamento de Estado espera que el restablecimiento de relaciones con Cuba disuelva una disuelva una de las políticas más antipáticas y criticadas en Nuestra América. La estrategia sigue siendo intentar debilitar los proyectos de integración (en torno al ALBA) y coordinación política (a través de la UNASUR y la CELAC) latinoamericanos y morigerar el avance económico chino, a través de la promoción del libre comercio de bienes y servicios (no así de productos agropecuarios) y el impulso a la radicación de capitales estadounidenses en la región, con mayores facilidades y menos regulación de los Estados. Además, como afirmó en 2012 el entonces secretario de Defensa León Panetta, uno de los objetivos estratégicos de su gobierno es mantener el liderazgo mundial y hemisférico de Estados Unidos. Para lograrlo, dada la necesaria restricción presupuestaria y la concentración de esfuerzos bélicos en Asia-Pacífico, el Pentágono tenía la función de elaborar “innovadoras y flexibles alianzas” con los países “amigos” o “aliados” del continente americano[15].

La nueva política hacia Cuba busca, en parte, restablecer la posición hegemónica de Estados Unidos en el continente americano, recomponiendo el vínculo político con los gobiernos de la región. Impulsar la transición hacia el capitalismo en Cuba, ya que no logró hacer colapsar al gobierno encabezado primero por Fidel y luego por Raúl Castro, sería un elemento simbólico para mostrar el triunfo del modelo estadounidense y el fracaso del proyecto revolucionario.

A lo largo de la historia, las políticas de Estados Unidos hacia el sur del continente, desde que abandonaron las invasiones abiertas con marines en pos de la buena vecindad, se nutrieron de dos componentes: zanahorias y garrotes. Promesas de ayuda financiera, concesiones comerciales, inversiones e intercambios académicos convivieron históricamente con amenazas, desestabilizaciones, sanciones económicas y apoyos a militares golpistas. Así, para conseguir aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, se prometió una suerte de Plan Marshall para América Latina. Para lograr los votos que permitieran expulsar a Cuba de la OEA, se lanzó la Alianza para el Progreso[16]. Luego del fracaso del endurecimiento de las sanciones económicas contra Cuba en la década de 1990, ahora Obama optó por la distensión y por promover el comercio, el turismo y la radicación de inversiones estadounidenses como un mecanismo para penetrar en la isla y forzar los cambios que Washington anhela hace más de medio siglo.

Como ocurrió a lo largo del siglo XX, hoy conviven los ofrecimientos -acuerdos de libre comercio, inversiones, asistencia financiera-, con las amenazas para quienes confronten con los intereses de Washington: red de bases militares de nuevo tipo, desestabilización de los gobiernos bolivarianos, espionaje contra presidentes latinoamericanos, presión a través de las grandes corporaciones de prensa, financiamiento a grupos opositores a través de ONGs, quita de beneficios comerciales. Estados Unidos necesita restablecer la legitimidad e influencia que supo tener la OEA en la posguerra, una institución que fue, la mayor parte de las veces, funcional a sus estrategia de dominio y ordenamiento regional[17].

Nuestra América enfrenta una renovada ofensiva estadounidense que pretende consolidar una restauración conservadora. Si bien ésta no es inexorable, ya que depende de la correlación de fuerzas políticas y sociales, es fundamental sostener y profundizar los procesos radicales, avanzando hacia una transformación económico-social que vaya más allá de la retórica posneoliberal. Ello requiere analizar críticamente no sólo el imperialismo estadounidense, sino también los acuerdos de libre comercio que se negocian con la Unión Europea y con China.

Los movimientos sociales y las fuerzas políticas populares de la región advierten, mayoritariamente, esta nueva ofensiva imperialista, que pretende aprovechar las debilidades del bloque bolivariano para reintroducir la agenda neoliberal. Retomar la integración desde abajo, aquella que hace casi una década logró derrotar el ALCA hace una década, parece uno de los caminos que están privilegiando para resistir este nuevo embate. En esa línea, es hora de avanzar hacia una integración autónoma, por fuera del mandato de Estados Unidos, y con una agenda propia, que permita revertir esta nueva ofensiva del capital sobre el trabajo.

La histórica estrategia de Estados Unidos de alentar la fragmentación latinoamericana, aún vigente, enfrenta serios desafíos. El ALBA, como proyecto de integración alternativa, y la UNASUR y la CELAC, como herramientas de coordinación y concertación política entre los países de Nuestra América, son una manifestación de la menguante hegemonía estadounidense. Superar la concepción del realismo periférico, renuente a confrontar con la principal potencia por los costos económicos que supuestamente acarrearía, es el desafío principal de las clases populares de los países de la región. Es hora de concebir otro tipo de integración, inspirada en los ideales bolivarianos, pero pensada como estrategia de real autonomía e independencia, en el camino hacia la construcción de otro orden económico-social a nivel mundial.

[1] Leandro Morgenfeld es Licenciado en Historia, Magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas y Doctor en Historia (UBA). Profesor en las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la UBA. Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social (UBA).

[2] Suárez Salazar, Luis y García Lorenzo, Tania 2008 Las relaciones interamericanas: continuidades y cambios, Buenos Aires, CLACSO

[3] Morgenfeld, Leandro 2011 Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas (1880-1955), Buenos Aires, Ediciones Continente.

[4] Romano, Silvina María 2013 ¿América para los americanos? Integración regional, dependencia y militarización, Panamá, Ruth Casa Editorial.

[5] Rabe, Stephen G. 2012 The Killing Zone. The United States Wages Cold War in Latin America, New York, Oxford University Press.

[6] Morgenfeld, Leandro 2006 El ALCA: ¿a quién le interesa?, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.

[7] Klich, Ignacio 2010 “A pesar de Washington”, en Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur (Buenos Aires) febrero.

[8] Morgenfeld, Leandro 2012 “América, de cumbre en cumbre”, en Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur (Buenos Aires) N. 155, abril, pp. 12-13.

[9] Desarrollamos ampliamente la explicación sobre las distintas causas del giro, sobre las primeras negociaciones, con sus idas y vueltas, y sobre los desafíos para Nuestra América, en Morgenfeld, Leandro 2014 “Estados Unidos-Cuba: un giro histórico que impacta sobre América Latina y el Caribe” en Crítica y Emancipación, de CLACSO (Buenos Aires) N. 12, pp. 103-146 .

[10] Ver Articulación Continental de Movimientos Sociales Hacia el ALBA en <http://www.albamovimientos.org>.

[11] CNN en español, 18 de noviembre de 2013.

[12] Discurso completo transcripto en <www.cubadebate.cu>, 28 de enero de 2015.

[13] Véanse, entre otros, la tercera parte de Castillo Fernández, Dídimo y Gandásegui (Hijo), Marco A. (coords.) 2012 Estados Unidos más allá de la crisis, México, Siglo XXI y CLACSO.

[14] Luzzani, Telma 2012 Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, Buenos Aires, Debate.

[15] Panetta, Leon, 2012, La política de defensa para el Hemisferio Occidental, Washington, Department of Defense United States of America.

[16] Morgenfeld, Leandro 2014 “El jardín de atrás. La siempre conflictiva relación con América Latina” en El Explorador Estados Unidos de Le Monde Diplomatique (Buenos Aires) marzo, pp. 64-67

[17] Para un análisis crítico del panamericanismo y de la OEA, véase Vázquez García, Humberto, 2001, De Chapultepec a la OEA: apogeo y crisis del panamericanismo, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.