“Hacer política en la teoría”. Reflexiones en torno a “Un nuevo marxismo para América Latina. José Arico: traductor, editor, intelectual”, de Martín Cortés

Por Agustín Artese[1]

I . La traducción como producción, o por qué la ortodoxia es el método

“En 1921, aprobamos en el III Congreso [de la Tercera Internacional] una resolución sobre la estructura orgánica de los partidos comunistas y los métodos y el contenido de su labor. La resolución es magnífica, pero es rusa casi hasta la médula; es decir, se basa en las condiciones rusas. (…) No porque esté escrita en ruso (ha sido magníficamente traducida a todos los idiomas), sino porque está sobresaturada de espíritu ruso”[2]. Las lecciones de octubre tenían un problema, señalaba Lenin en una de sus últimas apariciones públicas, su literalidad ofrecía falsas garantías. Reflexionando desde la derrota en la cárcel de Turi, Gramsci recogía tal precaución mientras anotaba que “[e]n 1921, tratando de cuestiones de organización, Vilici escribió y dijo (poco más o menos) así: no hemos sabido «traducir» a las lenguas europeas nuestra lengua”[3].

En Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, intelectual, Martín Cortés reconstruye histórica -pero más importante aún-, conceptualmente, aquellas desventuras del marxismo para problematizar productivamente realidades excéntricas a la europea, identificando que tal incapacidad no se encuentra tanto en su matriz analítica, como en la rigidez del discurso producido con su nombre. La fundamental figura de José Aricó (1931-1991) sirve como excusa a tal primordialmente política tarea. La labor del cordobés, la traducción, edición y producción de ese inacabado y plural material que es el marxismo, es la forma que adquiere la deconstrucción polémica del heredado como discurso sistemático, para ser revolucionado y comprendido en su fragmentariedad necesariamente histórica. Como señala Cortés, “el marxismo de Aricó es, ante todo, el despliegue de una inmensa estrategia de traducción”, orientado por la necesidad de restituir la potencia crítica de sus categorías, capaz de trabajar internamente con la especificidad de las realidades concretas, evitando la exogeneidad que le ha impedido convertirse en concepción del mundo, en filosofía de las masas en América Latina.

La búsqueda de Cortés se articula en torno a la reconstrucción de la obra de Aricó, en un sentido amplio, comprendiendo no sólo su producción en sentido estricto -entre los que se encuentran aportes fundamentales, como Marx y América Latina-, sino también su labor editorial, esa vasta tarea arqueológica de exhumación, traducción y publicación de voces opacadas del marxismo. Acompañadas de incontables introducciones, advertencias o prólogos redactados por el propio editor, Martín Cortés muestra cómo Aricó produjo un aporte decisivo a la izquierda latinoamericana, incorporando discursos, proveyéndole materiales heréticos, ayudándola a pensar más allá de la doctrina cristalizada. Contra la producción de un discurso canónico, la apuesta de Aricó supuso visibilizar y extraer las «lecciones de método» ofrecidas por Marx, Gramsci o Mariátegui, mostrar cómo el marxismo podía pensar productivamente las realidades periféricas, reconstruyendo lo singular sin perder de vista la universalidad. Como sostiene Cortés, tal universalidad no debía ser eje de las respuestas que el marxismo podía dar, sino que estaba condensada en las formas particulares que hacían al objeto de su crítica.

La tarea de José Aricó como traductor significó, en este sentido, un intento por superar el universalismo abstracto, así como el exotismo ingenuo: refundar los principios para rechazar los dogmas.

  1. La revolución contra «El capital», o los fantasmas que recorren la crisis

Marx está obsesionado por el todo, pero el todo-no-está; de allí lo imposible y su consecuencia: la imposibilidad del cierre. La Obra se le escapa de las manos. El capital no se termina porque el capital es interminable. La muerte de Dios significa eso[4].

Oscar del Barco

El itinerario biográfico, intelectual y político de José Aricó puede ser comprendido como una apuesta desmitologizadora: como señala Cortés, el esfuerzo del cordobés podría entenderse como una búsqueda por remontar al marxismo hasta el punto mismo de bifurcación donde fue susceptible de ser encerrado en un cuerpo sistemático y doctrinario. Tal indagación está movilizada y rodeada por una serie de nombres, de fantasmas, que otorgan la fuerza contextual necesaria para comprender su vocación. Un Marx, viejo y cansado, desviado con Irlanda, Turquía y Polonia, pero especialmente obsesionado con Rusia; aquel Lenin que buscaba dar cuenta de las formas contradictorias que adquiría el desarrollo capitalista en la periferia; la recurrencia del saludable fantasma del Gramsci carcelario. Todas aquellas son referencias -algunas casi paganas para el “marxismo”- que emergen cuando éste entra en crisis. Allí, otra presencia constante en la reconstrucción que realiza Martín Cortés: la crisis del marxismo, el clima de debate condensado por el fracaso de los “socialismos reales” y la derrota de las revoluciones en Occidente, incorporando la pregunta sobre la existencia de una teoría política marxista y los problemas de la conceptualizaciones heredadas sobre el Estado y la organización política.

La crisis del marxismo abrió, entonces, la posibilidad de desembarazarse de aquellas lecturas que hubieran hecho del discurso marxiano un manual de certezas. Por el contrario, la actualidad de la crisis demandaba una intervención sobre ese mismo cuerpo, reinstalando las tendencias que mostraran su estructural fragmentariedad, su potencia de crítica inmanente y el rechazo del conjunto de orientaciones apriorísticas abstractamente universales. En tal sentido, argumentando la necesidad de desandar la dogmatización, proponía Oscar del Barco que “Marx no pudo cerrar su obra porque el objeto que al que la obra pretendía conocer como un en-sí era incerrable en cuanto tal”[5]. La constatación de la obra de Marx como una no-obra ampliaba el horizonte de posibilidades, masificaba productivamente la crisis.

En esa clave, Cortés presenta las armas desplegadas por Aricó para combatir los dogmas y las certezas que habían condenado al marxismo no sólo a la crisis, sino a su imposibilidad para convertirse en sentido común en aquellas realidades donde la sociedad, las clases y el Estado no fuesen clasificables en las construcciones arquetípicas del canon. De este modo, la impugnación del marxismo como filosofía de la historia permitirá que Cortés hable por Aricó al conceptualizar las herramientas teóricas que éste formula en estado práctico: así, emergen los tópicos de la asincronía entre economía y política al respecto de la ecuación entre Estado y sociedad civil; la particular óptica del «atraso» de la periferia y sus virtudes epistémicas; la necesidad de reconstruir la variedad de mediaciones que empañan sugerentemente la lectura de las sociedades latinoamericanas; la vinculación orgánica entre socialismo, democracia y hegemonía.

El punto de anudamiento que condensa todas estas reflexiones puede ser nombrado: la nación, no como metafísica ligazón no contradictoria o nostalgia chauvinista, sino como problema político. Como problema susceptible de dar un sentido a la larga búsqueda de Aricó, en tanto “nación” es el momento del singular; el territorio de la historia de la clase obrera, de su experiencia, de su constitución como sujeto político, de su integración a la vida estatal; de las mediaciones y las formas opacas para la ortodoxia; de la accidentalidad imprescindible de ser comprendida en su especificidad para que la política revolucionaria sea orgánica y no artificial; el terreno donde, siguiendo a Gramsci, la teoría política, la filosofía de la praxis, se convierte en experiencia y filosofía de masas, en concepción del mundo.

La “nación” es el reverso de la constante que articuló la reflexión del intelectual cordobés, el irresuelto drama del desencuentro entre la izquierda y el movimiento popular en América Latina. Allí adquiere relevancia sustantiva la querella contra la filosofía de la historia; la impugnación del marxismo liberal y positivista del socialismo de comienzos del siglo xx; del etapismo científico de los partidos comunistas; el reemplazo de las deducciones legalistas por la primacía de una práctica política histórica; en definitiva, la pregunta por la construcción del movimiento revolucionario partiendo de las premisas contenidas en la formación social, buscando la contradicción en la especificidad de sus formas.

III. Lecciones de método

Las páginas de Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, intelectual de Martín Cortés corren rápidamente, al calor de la búsqueda de respuestas, de certezas que guíen en la lectura de la escurridiza realidad latinoamericana, que permitan dar cuenta de su especificidad, comprender sus tendencias e interpretar sus asincronías. Lejos de arribar a estas conclusiones nunca prometidas, el trabajo de Cortés satisface otros objetivos: restablece el lugar de la pregunta, reivindica la necesidad de la crítica y refuta la superficial seguridad de las garantías matemáticas. A tal efecto, reconstruye la refutación de Aricó al relato teleológico del marxismo sacralizado; recupera las perspectivas veladas o silenciadas; muestra que, más allá del reconocimiento del “modelo de regularidad”, la reflexión no puede ser sino fragmentaria ante un objeto que se fuga. Entonces, en la tradición del intelectual cordobés, Un nuevo marxismo para América Latina ofrece una lectura del método, brinda las herramientas y propone los problemas, sabiendo que las soluciones no están supuestas de antemano, sino que debe ser elaboradas dialécticamente -valga la mención- en la propia búsqueda, en el análisis concreto de la situación concreta.

Al mismo tiempo, el trabajo constituye un material fundamental para leer, a través de la obra y el pensamiento de José Aricó, los dilemas de la izquierda latinoamericana -y sus intelectuales- para asir los rasgos complejos y ocasionalmente contradictorios de las formaciones sociales de la región, produciendo en tal intento una renovación teórica tan novedosa como necesaria. A este fin, la reconstrucción de la vida editorial de Aricó -el casi centenar de Cuadernos de Pasado y Presente, la monumental Biblioteca del Pensamiento Socialista de Siglo xxi, la Editorial Folios- trasciende la anécdota, para constituirse en un parteaguas en la difusión de materiales fundamentales del marxismo en castellano, un modo iconoclasta de revolución científica que derribó un paradigma para introducir muchos otros.

En definitiva, la lectura de Un nuevo marxismo para América Latina no es tanto una justa revisión de la obra de Aricó como una actualización de los campos problemáticos que se le abren al marxismo emergido tras la crisis. Paradójicamente, el reconocimiento de sus faltas no ha puesto a la reflexión en suelo firme, sino que los tópicos de la teoría que lo habían hecho crujir -los márgenes del Estado, la organización política, el sujeto- nunca dejan de imponerse como los «problemas candentes de nuestro movimiento».

Acerca del libro

Cortés, Martín. 2015. Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, intelectual. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015. 264 p. ISBN 978-987-629-594-9

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[1] Agustín Artese es Licenciado en Ciencia Política (UBA), maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos (FSOC-UBA) y doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Becario de CONICET. Docente de la materia “Sociología Política” y del seminario “Teoría y praxis política en el pensamiento de Antonio Gramsci”, ambos en la Carrera de Ciencia Política (UBA).

[2] “Cinco años de la revolución rusa y perspectivas de la revolución mundial”, informe presentado por Lenin el 13 de noviembre de 1922 en el IV Congreso de la Internacional Comunista. En Lenin, V.I. Obras completas. Tomo XLV (Moscú: Progreso, 1981), 278-294.

[3] Antonio Gramsci, “Cuaderno 11”. En Cuadernos de la Cárcel. Edición crítica a cargo de Valentino Gerratana. Tomo 4 (México DF: ERA. 1986), §<46> , 317.

[4] Oscar del Barco, “Sobre el problema del «método» marxista”. En El «otro» Marx (Buenos Aires: Milena Caserola, 2008), 43.

[5] Oscar del Barco, “Hacia el otro Marx”. En El «otro» Marx (Buenos Aires: Milena Caserola, 2008), 24.

UNA REFLEXIÓN URGENTE PARA LAS TAREAS ACTUALES

El presente texto, escrito por Martín Ogando, constituye la presentación al libro Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo del economista e investigador Claudio Katz. Se trata de un título de próxima aparición por el sello editorial Batalla de Ideas, emprendimiento que se propone la difusión del pensamiento crítico y de izquierdas, en estrecha vinculación con las experiencias y necesidades de movimientos populares, organizaciones sociales y sindicales, así como con las producciones de investigadores, investigadoras, docentes e intelectuales que puedan aportar a comprensión de los grandes problemas contemporáneos. Durante el años 2015 Batalla de Ideas publicó sus dos primeros libros: Economía y política en la Argentina kirchnerista, del investigador y profesor universitario Adrián Piva, y Claves feministas para mis socias de la vida de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde.

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Por Martín Ogando[1]

El trabajo del editor es siempre un acto de fe, más aún en los tiempos que corren. Es poner a disposición una herramienta, creyendo en la posibilidad de interpelar, de encontrar del otro lado una mirada atenta, una cabeza dispuesta a hacer algo con ella. Qué correlación hay entre deseo y realidad una vez que el libro está en las calles, es algo que no puede saberse de antemano. Una vez que autor y editor la dejan ir, la productividad de una obra es impredecible y se forja en los combates en que cada lector elija ponerla en juego. Cuando la vocación editorial tiene pretensiones de intervención político-cultural, de crítica social y de apuesta militante, las cosas son aún más vertiginosas e inciertas. Hecha a pulmón, esta tarea está teñida del entusiasmo que genera sentirse parte de un movimiento más vasto, que comenzó mucho antes que nosotros y nosotras, y que tendrá destino y necesidad mientras persistan la explotación y la injusticia en el mundo. Dicho así, suena grandilocuente y puede que lo sea. Pero, en todo caso, se trata de una grandilocuencia colectiva, ajena a grandes personalidades o liderazgos mesiánicos. Por el contrario, sus raíces se encuentra en la memoria de millones de héroes y heroínas anónimos que creyeron y creen que otro mundo es posible. Batalla de Ideas se propone ser un pequeñísimo, pero entusiasta aporte en esa epopeya colectiva.

Este libro inaugura la colección Estudios Latinoamericanos, reflexiones que deseamos nos permitan acercarnos a la compleja y multiforme realidad de nuestro continente, azotado como pocos por la explotación y la dominación capitalistas, pero, al mismo tiempo, laboratorio político y social de las más radicales experiencias populares de nuestra época. La obra que presentamos es por demás sintomática del momento político que nos toca vivir. Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo reúne una serie de muy valiosos aportes que Claudio Katz nos ofrece para comprender la dinámica de América Latina en la última década.

Atravesada por las crisis económicas, políticas y sociales del cambio de siglo y signada por la emergencia de tres grandes proyectos en disputa, la región se enfrenta hoy al avance de formaciones políticas de derecha. Sin embargo, esta coyuntura demanda ser puesta en perspectiva, evitando tanto el impresionismo sobre una aparente “restauración conservadora”, como la subestimación del carácter excepcionalmente rico en experimentos políticos que nos deja la última década.

La aparición de numerosas producciones políticas y académicas que tematizan los últimos años es condensación del camino que hemos recorrido desde que nos encontráramos sumidos en la más cruenta ofensiva neoliberal. Es por esto que no naturalizamos estar editando hoy este tipo de obras, que buscan de manera abierta una intervención política desde una perspectiva socialista y emancipatoria.

Hace exactamente cuarenta años, se abría un período de derrotas del cual la clase trabajadora argentina todavía no se ha recuperado, aún a pesar de la rebelión de diciembre de 2001. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas -como ariete de la violencia genocida del capital- se abocaban a la tarea de quebrar decisivamente el ascenso de luchas obreras y populares más importante del siglo XX. El exterminio físico del activismo político y social era el escarmiento necesario frente a semejante desafío de los de abajo. Argentina no era un caso aislado: desde mediados de los años setenta, el capital desplegó una ofensiva global contra el trabajo, que adquirió contornos aún más definitorios en las dos décadas siguientes, dando lugar a una etapa de deterioro en las condiciones de vida de las clases subalternas y de retroceso político, social y cultural de las organizaciones populares en general y de las ideas socialistas en particular. Esta etapa defensiva para el movimiento popular -cuyo inicio suele datarse entre la crisis del petróleo, la ruptura de la arquitectura monetario-financiera de la segunda posguerra y el ascenso de los gobiernos de Margaret Thatcher (1979) y Ronald Reagan (1982) en Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente- supuso un salto en el proceso de mundialización, internacionalización y concentración del capital; un mayor disciplinamiento de las clases trabajadoras; la crisis del llamado “Estado de bienestar”, con su consiguiente pérdida de conquistas sociales y democráticas, que se condensó en la metamorfosis hacia una nueva forma de Estado; y el aumento de la subordinación y expoliación de los países dependientes. La crisis y posterior desaparición de la Unión Soviética y del llamado “bloque socialista”, con su enorme impacto político y cultural, terminó de coronar el triunfalismo irrefrenable del capital. No sólo había “fracasado el socialismo”, y ya no había alternativas civilizatorias frente al capitalismo, sino que las propias nociones de izquierda y derecha parecían relegadas al museo de la historia. En América Latina, luego de las sangrientas dictaduras militares, gobiernos democráticos terminaron de doblegar la resistencia popular e impusieron dramáticamente los lineamientos del “Consenso de Washington”.

Sin embargo, de las entrañas de esa noche neoliberal emergió la resistencia. Los portavoces del capital, los intelectuales “críticos” y hasta buena parte de la militancia política adoptaron las hipótesis del “fin de la historia”. Aun a pesar de ellos, nuestros pueblos no entendieron razones. Multiplicados en el cerro y en la selva; en la calle y en la ruta; en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las villas, en las ciudades; mujeres y hombres mostraron tozudamente que la lucha de clases estaba allí, lejos de cualquier clausura. En estas resistencias al neoliberalismo y en el inicio de su crisis, los trabajadores, indígenas y campesinos empezaron a gestar las condiciones para una etapa de avances populares. En cada uno de nuestros países los ciclos de movilización de masas tuvieron lógicas y temporalidades propias, que van desde el temprano empantanamiento de las recetas neoliberales en la Venezuela del “Caracazo” y el alzamiento zapatista hasta los levantamientos populares de inicios del siglo XXI. Pero poco a poco estos procesos se fueron entrelazando y enriqueciendo, poniendo en movimiento un nuevo clima de época. Esta “década larga” fue alumbrada por el ascenso de Hugo Chávez al gobierno a fines de los noventa, la rebelión popular del 2001 en Argentina y el ciclo insurreccional boliviano de 2000-2003. La derrota del ALCA en 2005 constituye, sin dudas, el epicentro continental y baluarte máximo de este periodo. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo signada por la obtención de mayores márgenes de autonomía por parte de los Estados nacionales con respecto a los pensables en los noventa; por el repliegue de las políticas más abiertamente neoliberales, aunque no así por la superación de sus consecuencias estructurales; por la mejoría relativa de las condiciones de vida de los sectores populares; por una recuperación parcial de la organización social y política de los explotados; y por el desarrollo de experiencias estatales que incorporaron demandas populares postergadas. En algunos países, estas experiencias asumieron un curso muy radical, reivindicando transformaciones revolucionarias e incluso, por primera vez en décadas, la perspectiva del socialismo.

Desde hace algunos años, este ciclo de avances populares vive bajo asedio. Algunas de las condiciones que marcaron esta década larga -a sus bloques y proyectos- están mutando y posiblemente generando una nueva etapa política. El cambio de las condiciones económicas internacionales y una clara contraofensiva del imperialismo, se conjugan con diversos grados de agotamiento de las experiencias políticas que marcaron a fuego la década. El reconocimiento de este diagnóstico no supone adherir a la tesis del “fin del ciclo progresista”, últimamente tan propagada.

En primer lugar, porque este leitmotiv, ideológicamente tan potente, expresa principalmente los deseos de sus propios difusores. Pero fundamentalmente porque, a pesar de las innegables tendencias conservadoras, el destino de los procesos políticos y sociales en curso será definido en los próximos años en el terreno de la lucha de clases, escenario en el cual el resultado no está escrito de antemano y en el que, sobre todo, no nos pensamos como espectadores sino como protagonistas.

Sin derrotismo alguno, es preciso identificar agotamientos y contradicciones fuertes en los procesos políticos que más expectativas generaron en nuestro continente. Brasil presenta el caso paradigmático de aquellos procesos que asumieron un rumbo más moderado. El gobierno de Dilma Rousseff afronta una situación sin salida aparente: su propia subordinación a las recetas de ajuste ortodoxo, le ha enajenado simpatías populares, mientras que la oposición política de derecha y un sector de la burguesía sólo aceptan una claudicación completa o la imposición del impeachment. La acusación al propio Lula por el escándalo de corrupción de Petrobras, apenas horas después de anunciar su intención de ser candidato en 2018, parece marcar un nuevo salto en la crisis política.

En Venezuela -el proceso más avanzado-, las dificultades estructurales para superar la ineficiencia estatal, la corrupción y el burocratismo, junto a los años de guerra económica y hostigamiento imperial, han puesto a la revolución en una situación crítica que preanuncia eventos definitorios en los próximos meses. El desabastecimiento, la inflación y el paramilitarismo ayudaron a construir una grave derrota electoral del chavismo en las últimas elecciones legislativas. Bolivia parecía el proceso más estable y consolidado, pero la derrota en el referéndum que impide una nueva postulación de Evo Morales siembra incertidumbre en el horizonte, en tanto el movimiento deberá prescindir del líder indígena y campesino en el Palacio Quemado.

Ninguno de estos procesos se encuentra hoy derrotado. Incluso donde se han producido o pueden producirse cambios reaccionarios en el gobierno, no puede subestimarse la respuesta del movimiento popular en las calles y en sus comunidades. Sin embargo, es evidente que una fase se encuentra agotada y que los procesos necesitan reinventarse, revolucionar su curso, y, probablemente, experimentar un nuevo ciclo de lucha de masas para afrontar los desafíos por venir.

La locación concreta de nuestro proyecto editorial y el rutilante triunfo de la alianza Cambiemos demandan algunas palabras sobre Argentina, más aún en una colección que aspira a circular más allá de sus fronteras. En momentos en que este libro entra a imprenta, los sectores populares comienzan a sufrir las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, fiel expresión de una ofensiva descarnada del capital contra los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, presenta una novedad cuyos alcances todavía no podemos conmensurar: Macri no es la expresión de ninguna vertiente o derivación de los partidos históricos que supieron representar al menos la memoria de grandes epopeyas populares. Es un producto nuevo, típico emergente del siglo XXI y de sus crisis de representación, nutrido del debilitamiento de las identidades y lealtades políticas populares históricas.

A la hora de dar definiciones y hacer pronósticos sobre el devenir del gobierno de Cambiemos, debe primar la prudencia. Esto recién empieza, van apenas un par de meses y es necesario evitar la impaciencia y el impresionismo. El futuro cercano será escenario de episodios relevantes -como las paritarias 2016, el manejo del tipo de cambio, el control de la inflación y el mayor o menor éxito en la salida a los mercados financieros internacionales y la búsqueda de nuevas inversiones- que delinearán las características de la nueva situación política. La historia dicta que la trayectoria de ningún gobierno es predecible, sino que su capacidad de construir consenso será constantemente puesta a prueba, desnudando sus debilidades.

Atrás han quedado doce años de gobiernos kirchneristas. El balance de esta experiencia seguirá debatiéndose y será objeto de múltiples polémicas, al igual que los motivos que llevaron a la derrota del Frente para la Victoria (FPV).

Elementos de la coyuntura, así como errores tácticos de la conducción, quizás especialmente agudizados en la campaña, pueden bastar para comentar el resultado estrictamente electoral. Sin embargo, no es este el tipo de balance que reviste más relevancia para la izquierda y el campo popular. Lo más rico, en todo caso, es tratar de extraer algunas conclusiones estratégicas de esta década y de su desenlace. Conclusiones que hacen no sólo a límites, potencialidades, errores y decisiones del kirchnerismo y sus gobiernos, sino también a los del conjunto de las organizaciones populares que confrontaron con la estrategia política del FPV, pero fueron incapaces de generar alternativas de peso.

El kirchnerismo resulta inexplicable sin aquellas convulsivas jornadas del 2001 y el ciclo de movilización precedente. Entre los años 2001 y 2002, el proceso de luchas populares alcanzó su auge y las condiciones para el ejercicio del gobierno se tornaron tan inestables que es posible hablar del desarrollo de una verdadera crisis orgánica, tal como explicaba Antonio Gramsci: una crisis no sólo económica, sino también política y social, del Estado en su conjunto, es decir, del consenso con que cuenta la clase dirigente para seguir conduciendo los destinos de la nación mediante los mecanismos de legitimidad habituales. Por supuesto que se mantuvieron en pie pilares fuertes del Estado, como el Partido Justicialista (PJ) en tanto partido del orden (aunque cuestionado) y el aparato represivo. Sin embargo, lo decisivo para que esa crisis no haya configurado una situación revolucionaria en la Argentina fue el retraso del factor subjetivo organizado, consciente y preparado para articular el momento insurreccional, de impugnación y movilización callejera, con la conformación de una alternativa política popular. La ausencia de esa articulación entre la lucha social defensiva, el momento del levantamiento popular y la emergencia de una alternativa política por fuera del sistema tradicional de partidos es el rasgo que singulariza a la Argentina, diferenciándola de Bolivia y Venezuela.

La forma particular en la cual se había desarrollado la crisis de legitimidad de la “clase política” -en medio de la debacle social y económica, pero luego de un ciclo de repliegue de las representaciones populares históricas- dio un tono genéricamente “antipolítico” a las movilizaciones, expresado en el característico “que se vayan todos”. Esta fue una debilidad suplementaria del proceso, ya que el saludable cuestionamiento a la dirigencia política tradicional apareció confundido con un sentimiento antipolítico general, que limitó la potencialidad de la organización popular, reduciéndola a una dinámica meramente impugnatoria. En esta situación “catastrófica”, ante la incapacidad desde abajo para gestar una resolución progresiva de la crisis, emergió una sutura desde arriba, un proceso de “revolución-restauración”, si se nos permite citar nuevamente a Gramsci.

El kirchnerismo es producto de aquella relación de fuerzas paradójica en la cual las clases subalternas pudieron bloquear una salida deflacionaria a la crisis, pero no poner en pie una alternativa propia. Esta marca de origen ha acompañado a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, dotándolos de una dualidad característica: factor de la recomposición del consenso y del ciclo de acumulación de capital, pero sobre la base de viabilizar la ampliación de derechos y la satisfacción de algunas demandas populares postergadas. Es decir, el kirchnerismo no pretendió una refundación radical del régimen político, sino su relegitimación; no se propuso afectar negativamente la ganancia empresaria, sino aportar a su recomposición; pero sobre la base de las nuevas condiciones que eran necesarias para el ejercicio de la hegemonía. Esas condiciones demandaban incorporar demandas democráticas y distribuir hacia la clase trabajadora parte de la bonanza económica por venir.

Sobre esa base, y en un contexto económico especialmente favorable, el kirchnerismo logró tres mandatos presidenciales consecutivos y, al menos entre 2003 y 2011, consiguió compatibilizar un fuerte crecimiento promedio del PBI y altas tasas de rentabilidad empresaria con una recuperación importante del nivel de empleo y el aumento relativo del poder de compra del salario. Al mismo tiempo, sus gobiernos no estuvieron exentos de fuertes conflictos con grupos y fracciones del capital que, más allá de los vaivenes de su rentabilidad, mantuvieron fuertes dosis de hostilidad. Por otro lado, el kirchnerismo volvió a poner a la orden del día la narrativa nacional y popular, y el objetivo de consolidar un “capitalismo nacional con inclusión” y recuperar un modesto entramado industrial para el mercado interno, fue acompañado por un llamado a la militancia que no dejó de producir huellas profundas en la sociedad.

Dada la correlación de fuerzas que se vio obligado a conjurar, el kirchnerismo debió encarnar una gestión progresista del Estado capitalista que, sin embargo, dejó incólume los fundamentos estructurales de la acumulación de capital, la concentración de la riqueza y la dependencia nacional, y que, en consecuencia, no cuestionó los pilares de una institucionalidad política formal-procedimental y limitada. Sobre esta base, tuvo una gran productividad política durante un largo periodo, ayudado por un contexto internacional favorable, usufructuado con una notable audacia táctica.

Cuando el antagonismo entre capital y trabajo, así como las condiciones del mercado mundial, angostaron los márgenes de maniobra entre la vieja estructura estatal y las demandas democráticas, la posibilidad de la derrota política del kirchnerismo tomó cuerpo. Por limitaciones estructurales, de clase, pero también por vocación y opción de proyecto político, el kirchnerismo no privilegió la satisfacción de los reclamos populares en la medida en que ello suponía una confrontación abierta con las clases dominantes en su conjunto. Por supuesto, esto acarreaba enormes riesgos. Suponía abrir una dinámica de confrontación en la cual se pusieran en discusión los fundamentos del capitalismo dependiente argentino y de su antidemocrática institucionalidad, abriendo un proceso de movilización popular y un antagonismo social radical e impredecible.

Aun con las incertidumbres que entraña, no hay otro camino si el objetivo es ensanchar el horizonte de posibilidades de un pueblo. Opciones presuntamente más “realistas” conducen, en su zénit, a la gestión “virtuosa” del capitalismo, sinónimo irremediable de explotación, miseria y opresión.

A partir de estas reflexiones, asumimos el punto de vista de Álvaro García Linera: profundizar los procesos o retroceder frente a la derecha, ésta es la encrucijada latinoamericana. Entendemos que esta conclusión general es válida, más allá de que asuma en cada país un contenido distinto. No sostenemos ésto desde el punto de vista ingenuo o retóricamente izquierdista, ni suponemos que la radicalización de un proceso garantiza victorias, aleja crisis y previene derrotas. En uno y en otro terreno, derrota y triunfo no están jugados de antemano, sino que se definen en el terreno de la lucha.

El legado de esta década seguramente será mejor valorado con el paso del tiempo, al calor de las luchas por venir. El kirchnerismo deja el poder con una mejoría real en una serie de indicadores objetivos para las clases trabajadoras y populares. El más notable de ellos es una cierta recuperación del salario y, fundamentalmente, una baja tasa de desocupación. También contamos con una serie de derechos democráticos y sociales conquistados, tanto por la lucha incansable de nuestro pueblo como por el sentido de oportunidad y la convicción del gobierno saliente. La experiencia kirchnerista deja, asimismo, una militancia más numerosa, distribuida entre diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales de todo el campo popular.

La dispersión del campo popular, dividido en función de las divergentes orientaciones que se desarrollaron durante el kirchnerismo, opera sobre la fractura más profunda de una clase trabajadora subjetivamente desorganizada tras la ofensiva neoliberal. Después de años de reflujo en la movilización, ambos datos desafían nuestra capacidad para enfrentar articuladamente una nueva embestida del capital. Dicha dispersión se expresa tanto en la coexistencia de distintas estrategias políticas, cuyas divergencias se agudizaron en la última década, como también en la tendencia latente hacia la desorientación y la desmoralización. En una parte de la militancia organizada, en su mayoría valiosa, estos años han consolidado rasgos estatalistas, pragmáticos y verticalistas, como resultado lógico de una experiencia política que se insertó exitosamente en el Estado e implementó desde allí medidas progresivas. Estas orientaciones, que parecen el reverso de las miradas basistas y localistas de la década del noventa, deben ser discutidas y superadas colectivamente en la lucha.

Nuestra hipótesis es que el resultado electoral que llevó a Mauricio Macri a la presidencia no expresa una derrota popular de magnitud. No está claro que la correlación de fuerzas sobre la que se asentó el kirchnerismo -aquella que permitió avances populares durante estos años- haya sufrido una reversión cualitativa. El gobierno de Cambiemos está trabajando desde el primer día para construir esa derrota popular. Esta hipótesis tendrá que afrontar, claro está, la prueba de la lucha de clases, del conflicto real y actuante.

Frente a este escenario, plagado de incertidumbres y desafíos, una obra como la que aquí presentamos constituye un aporte fundamental. La reflexión sobre los limites y potencialidades de los procesos sociales y políticos de la última década constituye hoy una tarea de primer orden. Comprender nuestras realidades para estar en mejores condiciones de transformarlas, esa es la máxima de nuestra acción. Esta es la tarea de la militancia social y política en el periodo que se abre, ya sea para construir las resistencias y hacer fracasar los planes del capital, así como para forjar trabajosamente nuevas perspectivas de liberación junto a nuestros pueblos, recuperando el horizonte del socialismo en el siglo XXI. Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo de Claudio Katz, y con ella la íntegra colección de Estudios Latinoamericanos, se proponen aportar en esa perspectiva.

[1] Martín Ogando es Licenciado en Sociología y becario de investigación doctoral por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2006 se desempeña como docente de la materia “Historia Social Argentina” en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Es miembro del CECS (Centro de Estudios para el Cambio Social) y del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación (CCC), donde coordinó el proyecto “Estado y participación popular en Venezuela. La experiencia de las comunas y consejos comunales (2006-2014)”. Es activista político y sindical.

“La base política de Barbieri quiere tener un vínculo aceitado con Macri”

Entrevista con Federico Schuster[1]

Por Andrés Scharager[1] y Ana Clara Azcurra Mariani[2]

En esta entrevista con Épocas, Federico Schuster, graduado de la UBA y doctor por la Universidad de Essex, analiza los cambios recientes en el sistema universitario nacional y se focaliza en los desafíos que, a su juicio, enfrenta la Universidad de Buenos Aires en la actualidad.

Ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios, Schuster es representante del claustro de profesores por la minoría en el Consejo Superior de la UBA. En 2013 fue candidato a Rector y hoy es referente del espacio de oposición “Otra UBA es posible”.

É: La primera pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con la nueva coyuntura política, un nuevo ciclo que se abre a nivel nacional y que trae a colación la cuestión de la relativa autonomía o no que tiene el mundo universitario con respecto al mundo político extra universitario. En ese marco, en cuanto a lo que ha pasado en los últimos doce años a nivel nacional, ¿cómo evaluás las políticas que se dieron para la educación superior en general?

FS: En general, considerando los ciclos históricos argentinos, yo creo que el balance general es bueno porque me parece que la Universidad tuvo sentido en estos años. Después uno podrá discutir siempre ese sentido, pero hasta ahora, la verdad que desde el ’83 para acá no se había sabido cuál era el sentido que el Estado Nacional le asignaba a la Universidad. El sentido que se le asignó en estos años ha sido doble. Por un lado, motor del desarrollo desde el punto de vista de la producción del conocimiento unido al sistema científico tecnológico, y por otra parte, motor de inclusión sobre la base de la ampliación del derecho a la educación superior. Yo creo que esas dos cosas son muy importantes, son muy buenas y muy valiosas. No las había habido incluso en la gestión de Alfonsín que fue una gestión que en principio tuvo una buena voluntad hacia la Universidad pública, pero de alguna manera en la idea de la autonomía universitaria no incluyó a la Universidad en el proyecto de país. Luego vino el modelo playa de estacionamiento, con pretensiones privatistas que nunca se llegaron a concretar del todo aunque el daño fue grande en el tejido de la vida universitaria. Terminó siendo una playa de estacionamiento por la enorme cantidad de jóvenes desocupados que, frente a la situación de que no tenían trabajo, encontraron en la Universidad un espacio donde por lo menos tener cierta contención. De eso hay estudios, que en su momento había hecho la Secretaría de Planificación de la UBA, que mostraban que la curva de crecimiento de la matrícula de la UBA era proporcional a la curva de crecimiento del desempleo. Me parece que ese es el valor más grande que tuvo la política en estos años.

Después, me parece que ha habido un desencuentro entre Universidad y Estado. Por ahí es todavía temprano para saber por culpa de quién. Probablemente, como suele suceder en las relaciones, por culpa de ambos. El Estado nunca supo bien cómo vincularse con la Universidad, y era mucho más fácil con las universidades creadas directamente por el Estado -que entonces tenían un vínculo político más directo-, y mucho más implícito en las universidades más tradicionales, con su propia historia, y particularmente con la UBA. Me parece que dentro de ese marco de sentido establecido, lo que faltó es un potenciamiento de la oportunidad que la Universidad podía dar.

El Estado nunca supo cómo manejarse con la autonomía. El peronismo tiene una tradicional relación conflictiva con la autonomía universitaria. La relación política que en general conciben los gobiernos peronistas es un vínculo político directo, y con la autonomía hay que tener un vínculo político mucho más mediado e indirecto. La verdad es que lo que se tendría que haber hecho es una mesa de rectores y que hubiera un espacio donde estuviera el Ministerio de Educación y otros ministerios, dialogando y negociando de manera que las universidades pudieran mantener su autonomía y decidieran qué cosas aportaban y qué cosas no, pero al mismo tiempo que efectivamente el Estado pudiera tener proyectos. Y la Universidad también se retrajo en ese punto y esperó todo del Estado, curiosamente, y la Universidad Pública tiene también una deuda con este tiempo respecto de la falta de aportes en un debate sustantivo, crítico, que hubiera sido muy relevante. La idea de que las universidades deben ser consultoras privilegiadas del Estado está muy bien, pero eso es una cuestión técnica de base. La Universidad tiene que poder aportar análisis y debates críticos sustantivos, y ahí hay una deuda de la Universidad.

Después ha habido en general, en ese contexto de darle sentido a la Universidad, un buen aumento del presupuesto universitario. Siempre podría haber sido mayor, tenemos que llegar al 1% del PBI. Ahora probablemente el PBI empiece a decrecer, pero digamos que en términos de un proyecto de desarrollo me parece que habría que pensar en que la Universidad tuviera -así como se habla de un 8% y hasta un 10% del PBI para la educación en general- que pensar en un proyecto interesante en un plazo razonable, para llegar al 1% del PBI por lo menos como piso. Eso todavía es una deuda. Mejoraron mucho los salarios pero luego se estancaron, en 2015 de alguna manera se mantuvieron, no volvieron a caer, pero en 2013/2014 la curva del salario docente se frenó y eso siempre tiene un costo y es pagar menos. El balance es positivo pero por supuesto hay muchas cosas que se podrían revisar.

É: Ya que hablás de algunos aspectos cuantitativos de las políticas de educación superior, quizás una de las políticas más resonantes fue la apertura de muchas más universidades. ¿Cómo ponderás la apertura de estas nuevas universidades? ¿Creés que acaso la UBA se vio tensionada por la apertura de estas universidades, particularmente en el conurbano?

FS: Yo creo que la UBA se vio tensionada por la apertura de las universidades de los años ’70, y todavía no se acostumbró a eso. Así que mucho menos a éstas. La UBA tiene un problema serio porque aún vive como si estuviera en el sistema de siete universidades nacionales y hoy hay más de cincuenta. La UBA imagina un mundo que ya no existe, en el que hay grandes universidades nacionales que conviven e interactúan: Córdoba, Litoral, Buenos Aires, La Plata, Cuyo, Tucumán. Ese mundo de universidades nacionales, que de alguna manera abarcan el territorio argentino, no existe más. La universidad hoy está regionalizada, y la UBA tiene que pensar cuál es su lugar en esa regionalización y tiene que adaptarse. Efectivamente, no ha podido procesar tener tantas universidades cerca, justo por los lugares del conurbano bonaerense donde tiene impacto directo la UBA.

Eso ha sido malo para todos, porque si bien uno puede tener una mirada crítica respecto de en qué medida existe la base de profesores formados para abrir universidades, al mismo tiempo lo que se ve como resultado es que muchos jóvenes que no tenían destino universitario, porque no venían de familias universitarias y probablemente no hubieran ido a la universidad, están yendo, y eso es un punto muy importante y muy valioso. Es un elemento muy a favor de la creación de universidades. En ese contexto, lo mejor que podría haber hecho la UBA era ayudar a esas nuevas universidades, sentarse en la mesa del Área Metropolitana de universidades. Las universidades del Conurbano tienen una doble mirada con eso, por un lado se quejan de que la UBA los ningunea pero por otro lado les da miedo que la UBA se siente con ellos porque es un monstruo que tienen miedo de que se los devore, especialmente las más nuevas, muy chiquitas. Pero yo creo que con una buena actitud, es posible. La UBA debiera sentarse a la mesa y ayudar a las universidades del Conurbano en términos de que hoy hay que pensar un complejo universitario, como ha retomado recientemente Judith Naidorf, para no usar la palabra sistema que es tan tecnocrática.

Me parece que la UBA debiera ser un actor positivo del complejo universitario, que ayudara al resto a crecer, a desarrollarse, a mejorar y que se pudiera llegar a acuerdos conjuntos en términos de pensar entre todos cómo garantizar el derecho a la educación superior. Por ahí hoy las cosas son más complejas, pero me parece que el escenario, por lo menos hasta el final de 2015 era éste, había condiciones con una actitud proactiva del complejo universitario para avanzar en la garantía del derecho a la educación superior para crecientes números de personas. Ese es un elemento que hay que pensar en conjunto, no lo puede pensar una universidad sola y la UBA todavía no se acostumbró a pensar con las demás, piensa sola y eso ha sido muy negativo para la UBA y para el resto.

É: Pasando de los debates intra universitarios a los debates entre Universidad y sociedad. ¿Qué papel social le cupo a la UBA en los debates públicos en general? ¿Qué limitaciones tuvo? ¿Cuáles fueron las potencialidades? 

FS: Tendiente a cero. Me parece que la UBA en eso tiene una deuda inmensa. La Argentina tuvo en estos años grandes debates, probablemente ahora arranquen otros. Siempre hay grandes temas. En los años anteriores, por ejemplo un tema de base, fundamental, era el del conflicto entre desarrollo y medio ambiente. Ese tema es crucial, me parece que nosotros podemos demandar a los gobiernos que se ocupen de ese tema pero me parece que las universidades no pueden mirar para otro lado. La Universidad debería haber elaborado documentos sustantivos, abiertos al debate general, aportados al Estado. Después, si el Estado los toma o no los toma, es algo que probablemente se haga más difícil de decidir, pero no podés no elaborar esos documentos.

En Argentina tenemos un atraso en el proyecto educativo. Con todo lo que se ha avanzado en los años anteriores, no se avanzó en el debate sobre qué educación. Seguimos con el positivismo emparchado del siglo XIX, a veces para bien, a veces para mal, a lo largo del siglo XX. Pero, ¿cuál es la educación del siglo XXI? ¿Qué proyecto educativo vamos a tener? Ese es un debate que me parece que la Universidad debiera dar. Tenemos problemas en el sistema de salud. La inversión en salud en Argentina en términos globales es muy grande, tanto público como privado, y el sistema no está a la altura de las garantías y los derechos que da a las personas respecto de esa inversión. El tema de la reforma del sistema jurídico, un tema fundamental del Poder Judicial, un tema de enorme importancia. Hay que ser muy conservador y seguramente los que tienen intereses directos en el Poder Judicial no quieran una reforma pero toda la sociedad debe demandar una reforma. Es un tema crucial. Y debiera haber sido la Universidad la que llevara adelante un proyecto interesante, complejo, valioso. Como eso, muchísimos temas sobre los que se podrían llevar adelante discusiones que podrían ser de la Universidad de Buenos Aires e incluso hacer algunos ejercicios de trabajar con otras Universidades en red, pensando en esos aportes. Todo eso, que la Universidad se plantara con aportes interesantes y valiosos, no se ha hecho, no se está haciendo y lamentablemente por el momento no se va a hacer.  He hablado con rectores y rectoras de otras universidades y ellos mismos decían que sentían que tenían una deuda, así que mucho más la UBA.

Los aportes que ha hecho la UBA han venido por el lado de las investigaciones particulares, de algunos avances en extensión pero también en términos de cuestiones fragmentadas. Pero además la Universidad, particularmente la UBA, tiene condiciones para producir documentos muy importantes para favorecer debates que si se hubiesen dado -tampoco quiero ser un iluminista extremo porque no se puede llegar a un extremo de confianza en la producción de ideas y de conocimiento-, pero no cabe duda que sí se hubiesen enriquecido muchos debates y me parece que se hubiera aportado en el campo del conocimiento social, a pensar cuestiones que son críticas y que están atravesando a buena parte de lo que han sido los gobiernos con alguna vocación transformadora en América Latina y que tienen esos conflictos. En muchos casos se ha avanzado menos de lo que se debiera o de lo que se podría si uno hace un análisis de estructura. Pero me parece que la Universidad tiene condiciones que no tienen los gobiernos: la posibilidad de tener tiempo y de no tener, en principio, conflictos de intereses para desarrollar ese tipo de productos.

É: A fines del año pasado se anunció que el actual Rector de la UBA, Barbieri, sería Ministro de Educación de un eventual gabinete de Daniel Scioli. ¿Qué tipo de relación evaluarías que se forjó durante estos últimos años entre la dirigencia de la UBA y el poder político en general?

FS: Muy por debajo de la mesa. La UBA siempre ha tenido compromisos políticos, miembros, y eso está bien. Lo importante es que sea claro y transparente. La gente que llega a los niveles altos de la Universidad se supone que tiene alguna formación política y por lo tanto interés en algún compromiso político. Lo que sí me preocupa es que eso no sea claro y transparente y que comprometa al conjunto sin que eso se abra a un debate, y además que la Universidad mantenga su autonomía.

Me parece que no ha habido situaciones demasiado graves en ese punto, más bien lo que ha habido son cuestiones puntuales. La UBA ha tenido una circunstancia en estos años que es que en general el gobierno kirchnerista no la consideró demasiado. Me da la impresión de que para la idea que ellos tenían de Universidad, la UBA estaba perdida. De lo que se trataba era de mantenerla tranquila, la UBA marchando contra el recorte presupuestario de López Murphy es una imagen que ha quedado muy grabada en la retina de mucha gente y entonces un poco la idea era tratar de tener una relación con los rectores, que se pueda hablar, y no nos metamos, hablemos con otras universidades. No sé si eso está incentivado por el hecho de que tanto los dos presidentes del período kirchnerista, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, eran egresados de la Universidad de La Plata. Es el clásico de barrio. La Universidad de La Plata tuvo un vínculo muy directo con el gobierno y hubo proyectos muy importantes vinculados a ella y no los hubo tanto con la Universidad de Buenos Aires. No sé si eso está bien o está mal, no tengo juicio en eso, pero sí me parece que la vinculación, si bien Hallú se dice peronista y yo sé que participaba de reuniones con funcionarios del gobierno, no se avanzó mucho más que eso.

La situación de Barbieri, que en ese sentido es un tipo con mucho más vínculo político que el que tenía Hallú -a quien centralmente le interesaba no su proyecto personal sino tratar de poder llevar adelante su tarea como Rector de la UBA-, Barbieri sí tiene un proyecto político personal. Terminó siendo una especie de paso de baile poco afortunado el que da, le salió caro a Scioli anunciar el gabinete antes de tiempo y le salió caro a Barbieri porque quedó pegado a un proyecto político que termina derrotado, que ahora está en una posición, para decirlo suavemente, incómoda.

É: ¿Y qué hay de la relación de la UBA con el llamado poder económico? Sea el mercado en general o algunos sectores empresariales: mineras, exportadoras de granos, laboratorios. ¿Qué tipo de relación guardó la UBA con estos sectores de poder?

La UBA no tiene en general, por suerte, una relación estrecha con los sectores de poder. Eso no quiere decir que no haya núcleos específicos que sí la tengan. De hecho, lo que estamos viendo ahora es que los sectores de poder están llevando adelante, hace algún tiempo, una fuerte campaña en contra de la Universidad pública en general y de la UBA en particular, y a favor de las universidades privadas. Las grandes empresas, las grandes corporaciones y los sectores de poder económico sienten hacia las universidades privadas un poco lo mismo que el kirchnerismo sentía hacia las universidades que crearon durante su gestión. La sensación de confianza, de cercanía, de poder hablar el mismo idioma. Eso con la UBA en general no se ha dado.

Eso no quiere decir que no haya relaciones discutibles. Hay una manera de meterse en la autonomía que es retacear los fondos. Te doy menos. Es jugar con un recurso, como hacen los presidentes con los gobernadores, por el cual de alguna manera me meto en tu vida universitaria. Otra de las cuestiones que se objetaba mucho es que todas las obras pasaban por el Ministerio de Educación y en último término por el Ministerio de Planificación del gobierno anterior. Algún rector por ahí decía que eso afectaba la autonomía porque en realidad el Estado tenía que darle  la plata a la UBA y la UBA decide en qué la usa. Considerando lo poco acertado de algunas decisiones políticas de la UBA, a veces me alegraba de que al menos uno supiera que tal dinero era para tal obra. Después habría que ver si efectivamente ahí hay un abuso de poder. Si yo decido si la obra te la doy o no en lugar de discutir el presupuesto general, entonces obviamente me estoy metiendo. Esas son cuestiones que se pueden considerar pero me parece que no ha habido una afectación importante o central de la autonomía en esos años.

Lo que nunca se ha planteado debidamente es la otra autonomía: la autonomía del mercado. Porque la universidad tiene que ser autónoma del mercado y del Estado. Y eso es algo que nunca se ha planteado claramente en las autoridades universitarias y a veces lleva a traspiés. No me parece mal que uno pueda tener diálogo con las grandes asociaciones empresarias, discutirles desde tu posición, pero lo que nunca podés hacer son convenios que te pongan preso de proyectos ajenos. Especialmente proyectos de grandes corporaciones que suelen ser contrarios a los intereses universitarios. Y la UBA tiene a través de algunas de sus facultades convenios con Monsanto, por ejemplo. Monsanto es una trasnacional que afecta enormemente a los pequeños productores y afecta en general al propio interés mayoritario de los trabajadores argentinos. Ese tipo de cosas, que no son generalizadas, son peligrosas. Lo que veo es que eso, en lugar de reducirse, me da la impresión de que está aumentando. Hoy la participación de la UBA en proyectos vinculados al Banco Santander me parece que debe llamar la atención. El Banco Santander tiene los intereses de un banco trasnacional, no tiene los intereses puros del conocimiento. Hasta ahora no habíamos visto cuáles eran las consecuencias efectivas pero ahora empezaron a aparecer. El manejo de los sueldos de la UBA es un negocio monumental. Inmediatamente una vez que un banco tiene el control del pago de sueldos, da créditos personales, tarjetas de crédito, es un movimiento de dinero inmenso y en el caso de la UBA, muy grande por la cantidad de trabajadores docentes y no docentes que tienen las universidades.

Ahora ha aparecido una nueva etapa, a través de la red de universidades que auspicia, financia y sostiene el Banco Santander, la UNAM, la Universidad de San Pablo, la UBA y varias universidades españolas, ahora se ha hecho un consorcio en relación con el Instituto Cervantes de España que es una trasnacional del lenguaje. Es un caso muy interesante. Se habla del poder simbólico y del poder material, entonces cuando vos encontrás un caso, como son los medios de comunicación o el Instituto Cervantes, da para análisis en las ciencias sociales inmensos. La UBA firmó en un convenio un memorándum de entendimiento donde participa la UNAM, la UBA, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes, y parece que está Telefónica dando vueltas por ahí. Detrás del Instituto Cervantes está la corona de España, la Real Academia y las empresas españolas trasnacionales. Y el Instituto Cervantes es por un lado un generador de dinero porque enseña y hasta dicta el idioma español en todo el mundo y por otro lado es un generador de control simbólico de España sobre el español. A lo que hoy es América nadie le preguntó si quería hablar español, vinieron los colonizadores y decidieron que acá se hablaba español, y lo decidieron con la espada y con la sangre. Bueno, muy bien, hablamos español. Una vez que hablamos español, tenemos el derecho de hablar nuestro español, de controlar nuestro español. Hay lingüistas que dicen que ni siquiera hay que hablar de español, que hablamos un dialecto del castellano. El Instituto hoy barre con todo lo que se ha venido haciendo en Argentina hace varios años en la construcción de un consorcio argentino con vocación latinoamericana para la acreditación y la enseñanza de la lengua española para extranjeros, pensando en apropiársela de algún modo, de una manera de hablar, de escribir y también para alimentar el gran negocio del Instituto Cervantes a nivel mundial. La UBA se sienta con el Instituto Cervantes y al hacerlo abre el juego de la convalidación de esos intereses. Ahí hay un problema. Eso, Monsanto, etc., no son situaciones generalizadas, que toda la UBA esté entregada al gran capital. Pero son situaciones complejas, esta última además involucra no sólo a una facultad sino a toda la UBA. La Facultad de Filosofía y Letras rechazó ese memorándum de entendimiento por unanimidad de su Consejo Directivo.

Tenemos un problema de acceso de los trabajadores, de los sectores populares, es una Universidad que se ha consolidado más bien como de clase media. En la otra punta las élites sociales y económicas han abandonado la UBA. Y tiene consecuencias. En parte te evita el tema de que esas élites quieran controlar la Universidad pero al mismo tiempo tiene el tema de que evidentemente la Universidad deja de tener interés para esos sectores y también es algo que uno debe considerar y analizar. Las grandes corporaciones nos han concedido la gracia de no ocuparse tanto de nosotros, con lo cual evitan que algunos funcionarios desesperados por conseguir dinero, con buena intención algunos, para hacer gestión, etc., terminen firmando cualquier convenio con cualquiera. Y sin embargo, aun en ese contexto, la Universidad no asume una posición clara y definida de autonomía respecto del mercado y enfrenta los temas en los que está.

Respecto de las mineras, ha sido una cuestión más ideológica que material, porque la verdad que más allá de ese famoso dinero que el Estado aportó distribuyendo los fondos que le correspondían a la Universidad de Tucumán, no ha habido grandes dineros para la UBA en vinculación con las mineras. Incluso así, ¿cuál es el sentido de no poder poner una posición clara respecto de la explotación de las trasnacionales mineras? La UBA sacó una declaración criticando cuando fue el tema del vuelco de cianuro de la Barrick Gold, pero fue una cosa puramente declarativa y light. Una de las cuestiones por las que una universidad tiene que ser autónoma del mercado, de las corporaciones, es porque cuando corresponde, tiene que poder salir a poner en cuestión eso. Si la Facultad de Farmacia tiene convenios con los grandes laboratorios, y los grandes laboratorios ponen en peligro la salud pública, ¿cómo hace la Facultad que depende  de esos dineros para mantenerse, para salir a decir esto está mal? Es un punto en que la Universidad, como en estos años hubo más dinero, eso se aquietó un poco. Lo que no hay es una conciencia clara de ese punto.

É: Decías que es esperable y hasta natural que los sectores más altos dentro de la dirigencia de la UBA tengan vínculos con la política extra universitaria. Es sabido que el Rectorado se sostiene por una red de acuerdos entre sectores referenciados en el socialismo, en el radicalismo, en el peronismo, en el Pro. ¿Cómo describirías esta alianza que se sostiene hace varios años en la conducción de la Universidad? ¿Creés que existieron vaivenes en la vida política intra universitaria con respecto a los movimientos políticos exteriores a la UBA?

FS: No cabe duda que por más que la UBA sea un monstruo, sea inmenso, tenga su propia vida y su propia fuerza, los acontecimientos externos impactan. Los cambios políticos generales tienen impacto directo, y los actuales los tienen.

En general, la Universidad de Buenos Aires ha sido históricamente vinculada a un sector del radicalismo que con el tiempo, en algunos casos, se ha mantenido dentro del partido, pero en muchos casos directamente en general lo que se han armado son grupos de intereses. Es decir, grupos que han consolidado cierto interés de control político de la universidad y lo quieren reproducir y mantener. Esos sectores siguen gobernando la universidad. En estos años siempre prefirieron tener un rector peronista, para tener un buen vínculo con el gobierno porque lo que ellos plantean es que los principios políticos no son tan importantes como para poner en riesgo el ingreso de fondos. Ahora eso ha generado alguna situación de conflicto, porque la base política directa del rector Barbieri quiere tener un vínculo aceitado y directo con el gobierno de Macri.

É: ¿Pensás que pueden venir cimbronazos a partir del nuevo escenario nacional?

FS: Hay tensiones. En la universidad nunca podés decir si hay cimbronazos o no porque el temor al cambio es muy grande, porque en general quien llega a un nivel de poder alto, como decano, consejero, etc., genera conservadurismo. El gran temor es que cualquier movimiento que cambie la base de la organización universitaria, te va a dejar sin el lugar al que accediste. Esto vale tanto para las personas pero especialmente para los grupos que tienen el control en las facultades y que después hacen alianzas para controlar la Universidad.

Hoy hay tensiones porque hay decanos que son herederos de la tradición del período anterior y se sienten identificados con un horizonte político que alentó su llegada en lo que tenía que ver con el kirchnerismo y siguen siendo decanos. Algunos tendrán más facilidad de aggiornarse al nuevo escenario, hay gente que por ahí es más marxista en eso, marxista de Groucho Marx, puede decir “estos eran mis principios pero también tengo estos otros”, y hay gente que no, hay gente que por más que por ahí tenga perfil bajo y trate de no andar a los gritos, no se sienten cómodos en el nuevo escenario. Hay tensión entre decanos kirchneristas, peronistas y los que quieren vincularse rápidamente al nuevo gobierno. Con un rector que quedó pegado al candidato que perdió, por lo cual es una figura incómoda para el Ministerio y para los propios colaboradores. La gente que está con él quisiera poder tener un vínculo de afinidad con el Gobierno que con el rector allí no pueden tener. Van a ser dos años de tensiones.

En la Universidad, los períodos de gobiernos son de cuatro años, en los primeros dos años nadie sale a decir nada, no pasa nada. Son los años de acumulación. El tercer año empieza el movimiento político; el cuarto año ya es totalmente a flor de piel. Sumado a que este año empieza el movimiento político de la sucesión, a que el cambio político general ha generado tensiones. ¿Cuál sería el escenario más normal en principio? Y, que el rector, en el nuevo escenario, dijera “salió mal, se tiraron los dados, no salió el número que yo quería, termino mi gestión lo más dignamente que pueda y me voy a mi casa”. Pero este no es un rector con esas características, tiene vocación de mando, vocación personal, entonces no se va a querer ir tan sencillamente. Va a tratar de en estos dos años de gestionar, recuperar terreno. Y adentro tiene un bloque con enormes tensiones y conflictos internos. Gente que quedó de alguna manera todavía más afín al kirchnerismo, gente que se siente que ha llegado su momento, que este es el gobierno que les gusta. Notablemente, los gobiernos radicales en general han sido, por principio, respetuosos de la autonomía.  Siempre va a haber intromisiones de algún tipo o de otro. Cuando Schuberoff es electo rector de la Universidad es porque el radicalismo tenía la mayoría en aquel momento y quiere controlar, entonces deciden ponerlo a él. Es lo que hubiera sido esperable, deseable, saludable en aquel momento, en un momento de refundación universitaria. Seguramente iba a ganar uno de ellos, pero alguien universitario, que tuviera un proyecto universitario. Hubiera cambiado mucho la Universidad con un rector con un proyecto universitario en aquel momento, independientemente de sus ideas políticas. ¿Cuál es la mejor universidad que recordamos de la UBA? La del ’57, ’58, hasta el ’66. Entonces ¿reformamos el Estatuto, como si no hubiese pasado nada, como si la Universidad fuese la misma que se terminó con la Noche de los Bastones Largos? Y todavía tenemos el Estatuto del ’58. Todo el mundo sabe que ese Estatuto no tiene nada que ver con nuestra Universidad, pero nadie se anima a tocar nada porque cualquier cambio puede significar que se muevan las estructuras y se queden sin lo que tenían. Ese temor termina siendo terriblemente conservador, y no permite pensar cualquier transformación o cambio. Todos los proyectos de cambio han sido más bien de acumulación de intereses individuales y por amigos. Las facultades se convierten en corporaciones, y los grupos de interés también tiran para su lado. No cabe duda que el CBC hay que reformarlo, pero hay que hacerlo en un proyecto que integre a sus protagonistas, es la oportunidad para iniciar un proyecto de reforma abierto, con un gran debate, un año entero de debate sobre el CBC, con ateneos, etc. El cambio del CBC termina siendo quién se apropia de una parte y defender lo que está termina siendo mejor que los proyectos de cambio que son de apropiación particular.

El escenario del kirchnerismo con el que empezamos nuestro diálogo era un escenario que exigía una revisión crítica de muchos factores que me parece que la universidad tenía que alentar: el modelo de desarrollo del kirchnerismo, el modelo de construcción política, y también el modelo universitario. Hoy estamos en una situación en que ese debate es mucho más preocupante. Estamos pensando qué Universidad va a sobrevivir.

É: Vos sos uno de los mayores referentes de la oposición a la gestión de la UBA. En esta nueva etapa, ¿qué desafíos se abren para la construcción de una alternativa política?

FS: El momento es difícil. Nosotros tenemos un sueño, una expectativa, que hasta ahora no hemos podido cumplir debidamente. Hemos tenidos dos años muy buenos de crecimiento, de llegada a distintas facultades, pero no hemos podido dar el salto a pensar un movimiento universitario que trascienda cierto nivel acotado. Por un lado es muy difícil entrar a algunas facultades; por otra parte, es complicado también porque hay situaciones de coyuntura que afectan a un grupo u a otro, y también dentro nuestro hay personas que piensan distinto o que incluso tienen obligaciones de administración y tienen que afrontarlas del mejor modo que pueden y en ese sentido a veces no coinciden las  demandas que cada uno de ellos tienen. No es sencillo el escenario y estamos en un contexto en el que, la verdad, hoy hay una mayoría que puede gobernar completamente sin nuestra presencia.

Un ejemplo. El memorándum de entendimiento sobre el Instituto Cervantes todavía no se había discutido en el Consejo Superior y ya había salido en los diarios. La Comisión de Convenios sesionaba a las 14 hs y a las 12.50 hs había salido en el La Nación online la noticia de que la UBA se integraba a ese consorcio. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Es un chiste? Una ficción. Le pedíamos a los oficialistas que por favor escucharan nuestras razones, que aunque sea demoraran el tratamiento para poder discutir un tema muy trascendente que es el dominio universal, mundial, del idioma español y no lo podían hacer, porque ya estaba eso, ya había salido en el diario. La semana anterior lo había anunciado el presidente de la Real Academia Española en el Congreso de la Lengua en Puerto Rico. Lo doy como un ejemplo de decir que en realidad lo que hay es una mayoría que gobierna sin necesidad de escuchar razones, de abrir el debate, ni siquiera en el Consejo Superior. En algún momento la discusión era cómo se sacaba al Consejo Superior y se abría una gran Asamblea Universitaria, un espacio abierto, que aumentara la participación para discutir las cuestiones universitarias. Hoy el tema es que en realidad el Consejo Superior en muchas cosas es casi una ficción porque muchas cosas ya están definidas de antemano, los votos ya están.

Cuando hago política y en este caso política universitaria, que es la única que sé hacer, uno la hace siendo optimista. El optimismo de la voluntad. Tenes que ser optimista porque sino directamente no vamos a poder hacer nada. Pero necesitamos que en algún momento se quiebre el silencio sobre la Universidad y toda la gente que piensa que la Universidad necesita reformarse, necesita transformarse, nos podamos sentar y compartir. Primero hay que saber en grandes líneas qué Universidad queremos, asumiendo que va a haber grandes diferencias, porque eso es parte de la vida universitaria. Una construcción política que sea monolítica no existe, eso lleva inexorablemente a que nos dividamos en múltiples células. Hay que pensar una cuestión política con diversidad interna aunque con ciertos límites, claro. ¿Pero qué cosas no aceptaríamos? Una universidad entregada a las grandes corporaciones, que no valora la producción de conocimiento. Pero asumiendo esos límites tenemos que asumir también que puede haber una diversidad de ideas, y hacer una formación política que pueda procesar esa diversidad y convertirla en algo positivo. En algo que favorezca un debate mejor y en algún momento habrá que hacer acuerdos operativos, ver qué es lo mejor que podemos hacer en este punto y hacerlo.

Yo creo que hay dos posibilidades para que haya una expectativa en la Universidad. Uno es una crisis del modelo dominante. No lo descarto totalmente, porque esta Universidad objetivamente no va más. Es una universidad que vive en un tiempo que no corresponde a su situación. Tiene un Estatuto que habla de auxiliares docentes, ni siquiera de docentes auxiliares y hoy los llamados auxiliares docentes tienen una responsabilidad inmensa, están a cargo de cursos, cuando antes eran personas que se estaban formando. En el ’58, cuando se aprueba el Estatuto, el auxiliar era un colaborador del profesor, la clase la daba el profesor. Pero claro, eran cursos chicos. La universidad masiva vino después. A veces se piensa que la Universidad del ’58 era ésta. No, la masividad universitaria la introdujo el peronismo en el ’73.  Esta Universidad está atravesada por esa dimensión, hay que vivir con la dimensión de la masividad.

Una de las cosas que imagino que queremos es una universidad abierta. Y por lo tanto, potencialmente masiva. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos una universidad abierta y al mismo tiempo masiva. Rinesi dice que oponer esos dos conceptos, masividad y calidad, es un error, una universidad que no garantiza el acceso a la educación superior ya tiene un indicador menos de calidad. Entonces, esa Universidad ya no va.

Tenemos un serio problema. Parte de lo que está mal y lo que nos cuesta transformar es que esta Universidad tiene muchísima gente con dedicaciones simples. Eso es un problema porque la gente que tiene dedicación simple vive de otra cosa y, por tanto, no tiene un compromiso permanente con la Universidad. No está enterada ni le interesa tanto. El docente que tiene dedicación exclusiva o el estudiante que está mucho tiempo en la Universidad por ahí podría tener más interés, pero al profesor con dedicación simple lo que le interesa es dar su clase y se vuelve. Eso complica la transformación, tenes menos base para la transformación. Menos gente que esté notando el problema. Al mismo tiempo, eso es un problema para la Universidad. Es absurda una Universidad donde casi todos tienen dedicación simple. En seguida lo primero que surge es de dónde vas a sacar la plata para pagar tantos cargos con dedicación exclusiva. Bueno, pero al menos pensamos que está mal.

Alguno me podrá decir que en cierta materia técnica quieren una persona con experiencia profesional, porque está formando gente que se va a dedicar al campo profesional y quiero que ese alguien le transmita a los estudiantes un conocimiento muy actualizado sobre qué pasa en el mundo profesional. Muy bien, pero eso es una selección específica de materias.  Bueno, pero no toda la Universidad. Cualquier universidad más o menos decente tiene un 75% de profesores con dedicación exclusiva. Hay que cambiar esa idea de profesor y auxiliar, no va más, hay que unificar categorías. El gremio docente hablaba de claustro único, pero además hay que repensar las categorías. Hay que garantizar cierta formación, nosotros tenemos una cantidad de ayudantes de primera, algunos ni rentados, que son doctores. Alguien con la formación de doctor ya podría aspirar a un concurso para ser profesor. Es cierto que con el sistema de cátedras es complejo y a lo mejor hay que pensar en algo más de tipo departamental.  Hay muchas cosas que hablar, pero esta Universidad no va más.

¿Cómo se cambia ese no va más? Una posibilidad es que ese no va más estalle, explote. Y se vea la grieta, la ruptura. La otra posibilidad es que aquellos que pensamos que esto no va más, aunque la estructura se mantenga funcionando, logremos generar un movimiento universitario. El gran desafío es ese. Si es un buen movimiento te pasa por encima, y si es un movimiento menos desarrollado termina siendo frenado, destruido o anulado por intereses particulares.

[1] Federico Schuster es un docente y filósofo, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires durante los períodos 2002-2006 y 2006-2010.  Es licenciado en filosofía por la UBA y PhD en Teoría Política y Social por la Universidad de EssexGran Bretaña. Actualmente es Profesor Titular de la materia “Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales” en la carrera de Ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Sus temas de trabajo e investigación son la filosofía de las Ciencias Sociales y el estudio de las protestas y los movimientos sociales, desde la perspectiva de la Sociología Política.

[1] Andrés Scharager es Licenciado en Sociología (UBA), donde se desempeña como docente en la materia “Historia del Conocimiento Sociológico II”. Maestrando en Antropología Social (IDAES-UNSAM/IDES), becario del Conicet y Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Investiga sobre Estado, políticas públicas y sectores populares.

[2] Ana Clara Azcurra Mariani es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), donde se desempeña como docente adscripta en el Seminario de Cultura Popular y Masiva. Maestranda en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQui). Investiga sobre producciones audiovisuales populares.

MEDIO AMBIENTE Y URBANIZACIONES POPULARES: APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Por María Paula Yacovino[1], Vanina Lekerman[2], Nadina Campos[3] y María Carman[4]

Introducción

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre un amicus curiae elaborado por un equipo de antropólogas en el marco de una causa judicial iniciada por los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno, con el objeto de demostrar que un barrio popular no solo puede coexistir con una reserva ecológica, sino que incluso pueden desarrollarse estrategias para consolidar su política de conservación. Dicho documento -que fue recientemente presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires- constituye el último eslabón de una serie de participaciones de este equipo a lo largo del conflicto suscitado por la presencia de esta villa en las proximidades de una reserva natural, así como de tierras de altísimo valor inmobiliario.

Hemos de reconstruir, en primer lugar, las diversas instancias de la demanda judicial por el derecho a la vivienda impulsadas desde hace una década por habitantes de la Villa Rodrigo Bueno -en conjunto con otros organismos-, prestando especial atención a la trama argumentativa de este proceso de judicialización. A continuación, interesa exponer los argumentos centrales del amicus curiae presentado por nuestro equipo a fin de proponer la urbanización sustentable de la Villa Rodrigo Bueno. Por último, presentamos algunas reflexiones acerca de los vínculos entre el campo académico, el campo judicial y el campo político, y los desafíos que implican para la práctica etnográfica.

El conflicto en torno a la Villa Rodrigo Bueno

La Villa Rodrigo Bueno se asienta en una franja ribereña de la ciudad de Buenos Aires comprendida entre la avenida España, la Reserva Ecológica Costanera Sur y un estrecho canal que la separa del predio vacante de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La villa linda también con el barrio de Puerto Madero, un proyecto de desarrollo urbano gestado en 1989 por la Corporación Antiguo Puerto Madero y que, en la actualidad, configura uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. En las 70 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, contigua a la Villa Rodrigo Bueno, la empresa IRSA proyecta construir el complejo urbanístico “Solares de Santa María”. Dicho proyecto -actualmente suspendido por no contar con la aprobación de la Legislatura porteña- supone una cuantiosa inversión para erigir un nuevo barrio destinado a un público de alto poder adquisitivo.

El origen de la Villa Rodrigo Bueno exige remontarnos a un entorno urbano radicalmente distinto. Desde mediados de la década del 50 la zona se encontraba abandonada y en desuso, con un alto grado de deterioro. Recién a comienzos de los años 70 se aprobó el proyecto denominado Ensanche del Área Central a fin de ampliar el centro administrativo sobre tierras ganadas al río. Con este objetivo, se autorizó a rellenar el lugar bajo el sistema holandés de polderización. Las obras de relleno se iniciaron en 1978, utilizando materiales de las demoliciones realizadas para la construcción de autopistas. El proyecto fue, sin embargo, suspendido definitivamente con el retorno de la democracia.

Es en ese espacio urbano abandonado donde se sitúan los relatos de los habitantes más antiguos de la Villa Rodrigo Bueno. De acuerdo a la información provista por nuestro trabajo de campo, la villa se desarrolló a partir de dos asentamientos surgidos a principios de la década del 80, cuyos habitantes conocían el lugar porque solían pescar en el río o pasear allí en sus días francos. Ambos estaban habitados mayormente por personas solas, con una inserción laboral precaria, para quienes la ocupación de tales espacios constituyó la única forma de garantizarse el acceso a una vivienda. En este sentido, el origen de la Villa Rodrigo Bueno -al igual que otras villas y ocupaciones de inmuebles- es una expresión más de las modalidades que asume la pobreza urbana en la ciudad. La legitimidad de tales espacios habitacionales informales se sustenta, como sabemos, en su misma existencia y consolidación gracias al trabajo de sus pobladores.

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En el año 2005, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha el Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica, eufemismo que expresaba la voluntad de desalojar esta villa. En ese contexto, un grupo de habitantes interpuso un recurso de amparo ante la justicia porteña a fin de frenar la erradicación del barrio y exigir su urbanización. En dicho amparo los vecinos denunciaban las acciones tendientes a amedrentarlos para lograr su aceptación extorsiva del traslado, y solicitaban la protección de su derecho constitucional a la vivienda mediante la urbanización del barrio[6]. También requerían que se disponga cautelarmente la suspensión de la operatoria y que se tomen las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas de habitabilidad.

El amparo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº4 a cargo de la Dra. Liberatori, quien poco tiempo después hizo lugar al recurso presentado. El operativo de desalojo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había comenzado a implementar se vio entonces suspendido.

En términos generales, el conflicto generado a partir de la creación del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur y sus implicancias para la villa se estructura en torno a dos grandes bloques de actores:

a- Un primer bloque de actores objeta la presencia de la villa, así como el comportamiento ambiental y moral de sus habitantes: ellos estarían invadiendo terrenos pertenecientes a la Reserva Ecológica, destruyendo el ecosistema y cercenando el derecho al disfrute del espacio público del resto de la ciudadanía. Este primer bloque de actores propicia el desalojo de la villa para destinar esos terrenos a fines “nobles”, como el esparcimiento y la ampliación de la reserva. En líneas generales podemos agrupar aquí a organizaciones ambientalistas vinculadas a la Reserva Ecológica; legisladores “verdes” y funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, fundamentalmente de las áreas de Desarrollo Social y Espacio Público.

b- En permanente diálogo con ese primer grupo no homogéneo de actores, podemos identificar un segundo bloque de actores cuya interpretación de la problemática hace hincapié en la vulneración estatal del derecho a la vivienda. Estos actores destacan el esfuerzo invertido por los sectores de menores recursos para “construir ciudad” en condiciones adversas; esfuerzo que involucra el relleno de tierras ganadas al río, la construcción de sus viviendas y la gestión colectiva de servicios. A partir de tales consideraciones, este segundo bloque de actores reivindica la (re)urbanización del barrio. Entre los principales actores afines a esta postura es posible mencionar a los miembros de un organismo de derechos humanos de activa participación en la villa; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; algunos legisladores porteños pertenecientes a la Comisión de Vivienda y agentes del Poder Judicial local (jueza, asesor, defensor); un equipo de arquitectos de la Universidad de Buenos Aires y habitantes de la villa. Y casi lo olvidamos: también nosotras mismas, el equipo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires.

El problema suscitado por la presencia de la villa se construye en torno a la tensión entre el derecho a la vivienda -vulnerado por el Estado local- y el derecho al medio ambiente, en apariencia vulnerado por la existencia de la villa y los comportamientos non sanctos atribuidos a sus habitantes, tales como alimentarse con especies animales protegidas y afectar la biodiversidad.

Durante 2005, la puesta en marcha del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consolidó la clasificación del “problema” en los términos del primer bloque de actores. Las soluciones habitacionales propuestas -magros subsidios monetarios e inalcanzables créditos- apuntaron menos a satisfacer necesidades de vivienda de los habitantes que a agilizar la desocupación del área. Como ya comentamos, el desalojo total de la villa nunca fue concluido: en septiembre de 2005, la jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar que dispuso interrumpir la operatoria. Desde ese momento y hasta la actualidad, la regularización de la infraestructura de servicios de la villa y otras políticas desplegadas por parte del Ejecutivo porteño se fueron desarrollando como respuesta a sucesivas exhortaciones del Juzgado.

Las cosmovisiones jurídicas contrapuestas

 El proceso de judicialización del caso Rodrigo Bueno en la ciudad de Buenos Aires expresa diferentes modos en que la justicia construye el armado y el transcurrir de un litigio. Para algunos actores, el escenario se reduce al cuerpo normativo local; para otros, el relato testimonial, el trabajo de campo y la producción académica son fuentes de información decisivas a la hora de analizar los elementos de prueba en el mundo del derecho.

Tales diferencias se inscriben en cosmovisiones jurídicas contrapuestas que se plasman en fallos de diversa índole, que hemos caracterizado bajo la dicotomía de dialógicos/polifónicos versus monológicos. Mientras que un fallo polifónico se sirve de técnicas y recursos para incorporar una pluralidad de voces que entablan un diálogo entre sí, un fallo monológico reduce el potencial de perspectivas a una sola voz dotada de autoridad.

En marzo de 2011, la jueza Liberatori dictó un fallo judicial a favor de la (re)urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, en el cual además declaró nulo el decreto que creaba el Programa de Recuperación de Terrenos de la reserva ecológica, prohibió el desalojo del barrio y conminó al Gobierno de la Ciudad a elaborar un plan de integración urbanística y social de la villa con la participación de sus habitantes. La magistrada estableció que hasta tanto se llevara a cabo la (re)urbanización, el Gobierno de la Ciudad debía proveer al barrio de servicios públicos; realizar acciones de descompactación y traslado de automóviles; y efectuar un informe sobre contaminación y afectación de los menores y adultos, con su correspondiente propuesta de saneamiento del suelo. Por último, la jueza declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que establece los límites de la Reserva Ecológica debido a que no contempló la existencia de la Villa Rodrigo Bueno respecto a dicha reserva[7].

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Desde nuestra perspectiva, el fallo de primera instancia puede ser caracterizado como polifónico en tanto su argumentación se fue construyendo en la puesta en diálogo, a lo largo del proceso judicial, de una multiplicidad de voces y perspectivas. Dicho fallo polifónico no solo incorpora la voz de otras disciplinas -la antropología, la sociología, la arquitectura y el urbanismo- sino que habilita a la voz de la parte actora -los habitantes de Rodrigo Bueno- para ser escuchada.

En efecto, la jueza solicitó la realización de informes técnicos sobre temáticas específicas a profesionales del campo de las ciencias sociales -antropólogas de la Universidad de Buenos Aires-; a la veedora del censo poblacional efectuado por el Instituto de Vivienda en el año 2009 y al entonces Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quien realizó un informe sobre la factibilidad de urbanización. Asimismo, recurrió a investigaciones realizadas por cientistas sociales pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. A esto se sumaron las conversaciones de la jueza con los vecinos; los reconocimientos judiciales en la villa y las audiencias públicas en las cuales participaron todas las partes de la causa: organismos del Ejecutivo, residentes, funcionarios de la defensoría, etc.

La inclusión de una mirada foránea al campo del derecho aportó nuevas claves de lectura que inscribieron las historias, prácticas y relatos de los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno en el marco de problemáticas urbanas de larga data. Tanto los informes como la bibliografía académica consultada constituyeron elementos de prueba que se entrelazaron en la argumentación del fallo. Este abanico de voces recuperadas incidió significativamente en la representación de los vecinos de Rodrigo Bueno sobre sí mismos. En este clima más receptivo, ellos encontraron una oportunidad fuera de lo ordinario para que sus demandas de mejores condiciones de vida fuesen incorporadas a las medidas propuestas por la jueza o el asesor de menores, o bien al proyecto de urbanización promovido por la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña[8].

Previsiblemente, el Gobierno de la Ciudad no demoró en apelar la resolución. Tres años y medio después de dictarse el fallo en primera instancia, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario revocó la sentencia de primer grado. En sintonía con la postura comentada del primer bloque de actores, el fallo en mayoría de la Cámara definió el conflicto a resolver como un problema de ocupación del espacio público, cuyos responsables no reunían los requisitos legales para reclamar la propiedad.

A diferencia del fallo polifónico dictado por la jueza de primera instancia, el fallo en mayoría de la Cámara puede ser definido como monológico ya que su argumentación se construyó a partir de la jerarquización de la voz de los actores judiciales como una única voz autorizada para producir una adecuada interpretación de los hechos. Los jueces que firmaron este fallo privilegiaron una lectura ceñida a lo procesal, desestimando la validez de los testimonios e informes elaborados por diferentes expertos y asignando “escaso valor” a las voces de los pobladores. Desde esta concepción restringida del proceso de producción de la prueba, los magistrados afirmaron la ilegitimidad de la permanencia en el lugar de los habitantes de Rodrigo Bueno y la pertinencia de la política de subsidio habitacional diseñada por el Gobierno de la Ciudad en el marco del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Un interesante fallo en disidencia de la Sala II argumentó en sentido coincidente con el fallo polifónico de primera instancia, incorporando las diversas perspectivas que aportaron especialistas en la temática, así como también los puntos de vista de los habitantes de la villa.

La propuesta de una urbanización sustentable

Fruto de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Asesoría y Defensoría de Cámara, la causa Rodrigo Bueno se encuentra actualmente en el Tribunal Superior de Justicia. Allí se han presentado durante 2015 un total de cuatro amicus curiae, impulsados por los siguientes colectivos: 1) la organización TECHO, 2) el Centro de Estudios Legales y Sociales en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; 3) el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) y 4) el Área Urbana del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Cada uno de los amicus curiae, de acuerdo a la expertise de las instituciones participantes, aborda dimensiones específicas de la problemática planteada en el expediente.

El documento presentado por nuestro equipo desarrolló los siguientes ejes: a) la pertinencia del reclamo de urbanización del barrio Rodrigo Bueno sustentada en la historia del barrio y sus pobladores; b) la completa inadecuación e ineficiencia de la política de subsidios monetarios del gobierno local que fuera ofrecida a los habitantes del barrio como respuesta institucional al desalojo; y c) la coexistencia del derecho a la vivienda de los habitantes de Rodrigo Bueno (expresado en la demanda de urbanización) y el derecho al medio ambiente de la ciudadanía (garantizado por la existencia de la Reserva Ecológica Costanera Sur) que, desde nuestra perspectiva, permite pensar en un proyecto de urbanización sustentable.

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Nos detendremos sobre este último punto ya que constituye una línea de argumentación poco explorada que habilita, a nuestro entender, un abordaje integral del conflicto, superador del abordaje ortodoxo en términos de colisión de derechos.

1) El amicus curiae en cuestión retoma, en primer lugar, las normativas, reglamentaciones y directrices que -a escala local, nacional e internacional- regulan la planificación, gestión y manejo de las áreas protegidas; así como los antecedentes de áreas protegidas en las que reside población. El análisis de la documentación elaborada por organismos internacionales (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-; Convenio sobre la Diversidad Biológica; Convenio de RAMSAR) y nacionales (la Administración Nacional de Parques Nacionales) revela un cambio de paradigma en relación a los criterios de conservación tradicionalmente regidos por una lógica restrictiva y excluyente, que suponía que el medio ambiente debía ser protegido de la interferencia humana (Trentini, 2012).

Los lineamientos elaborados en las últimas décadas, por el contrario, parten del reconocimiento de que la intervención estatal en la conformación de áreas protegidas frecuentemente ha implicado la negación de las poblaciones preexistentes; provocando su desalojo ante la evidencia incuestionable de su existencia (Starapoli, Napole, y Paradela, 2010). En este sentido, uno de los desafíos de la gestión de áreas protegidas consiste en resolver eficientemente los frecuentes conflictos y tensiones suscitados con la población residente en ellas, evitando que el uso de categorías más o menos estrictas de conservación sean funcionales a “la expulsión de los pueblos de sus tierras tradicionales” (UICN, 2008: 7).

2) En segundo lugar, el amicus curiae enumera algunas experiencias de gestión de las áreas protegidas en diversos países en las que existe población asentada, a fin de aportar antecedentes que permitan proponer soluciones para el caso de Rodrigo Bueno. En términos generales, las experiencias relevadas siguen las recomendaciones de los organismos ya citados en torno a la necesidad de contemplar los usos y necesidades de la población asentada. En esta línea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advierte, por ejemplo, que una declaración de áreas estrictamente protegidas que no contemple las necesidades de la población local, puede resultar contraproducente y obstaculizar el manejo diario del área (Amend y Amend, 1998). Uno de los antecedentes más pertinentes para nuestra propuesta es el informe elaborado por el Comité Boliviano de la UICN (Amend y Amend, 1998) que sostiene que, aun en los casos sin base legal explícita a nivel nacional, se pueden adjudicar derechos de uso a la población asentada.

3) Por último, el amicus curiae recupera la legislación nacional y local en torno a la gestión de áreas protegidas y, en particular, las zonas declaradas de reserva ecológica. En relación a los Parques Nacionales en nuestro país se desarrolló la categoría de co-manejo o manejo participativo, la cual implica “un reparto de responsabilidades y competencias, y una clara definición del ejercicio de la autoridad pública, y de las pautas de uso y manejo de los recursos que surgen del saber ancestral de las comunidades” (Plan de Gestión para los Parques Nacionales 2001, citado en Trentini, 2012). El caso de la implementación del co-manejo entre el Parque Nacional Lanín y la Confederación Mapuche Neuquina resulta una experiencia paradigmática en este sentido. En enero de 2012, la Administración de Parques Nacionales creó un Departamento de Co-manejo a fin de posibilitar su administración conjunta con las nueve comunidades mapuches que viven al interior del área protegida. La nueva figura legal permite no sólo habitar en esas tierras sino aprovechar la naturaleza como recurso de subsistencia, proteger el medio ambiente y realizar actividades productivas.

La Reserva Ecológica Costanera Sur abarca una superficie de 353 hectáreas y constituye el espacio verde más grande y de mayor diversidad biológica de la ciudad de Buenos Aires. Los criterios de conservación y gestión de esta área urbana se han establecido de acuerdo con las normativas internacionales y nacionales y con la legislación específica de la ciudad. Desde 1992, esta reserva cuenta con un Plan de Manejo que especifica los objetivos de su creación y se pautan las actividades, gestiones y usos del área. El Plan reconoce objetivos educativos, recreativos, de conservación, de investigación y turísticos.

En el año 2005, la Reserva Ecológica Costanera Sur fue incluida en el listado de humedales reconocidos por la “Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”, conocida como Convención de RAMSAR. Dicha convención, firmada en 1971 en Irán, es uno de los más antiguos e influyentes tratados intergubernamentales sobre el medio ambiente. La filosofía de la Convención RAMSAR gira en torno a la idea del uso racional de los humedales, definido como “el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas dentro del contexto del desarrollo sostenible” (www.ramsar.org). El reconocimiento de sitios RAMSAR en muy diversos ecosistemas permite aplicar nuevos enfoques para resolver viejos problemas, que incluye no sólo el diálogo y la discusión sobre problemas de conservación y manejo de recursos naturales sino también formas específicas de resolver conflictos surgidos de la existencia de poblaciones que residen en áreas declaradas sitio RAMSAR, promoviendo el uso racional de los humedales y capacitando a los pobladores en el desarrollo de actividades económicas sustentables.

En síntesis, las declaratorias y convenciones internacionales que respaldan la existencia de la Reserva Ecológica Costanera Sur (UICN; RAMSAR) reconocen la complejidad ecológica y social que presentan las áreas protegidas y respaldan las propuestas de gestión que articulan la diversidad de necesidades en juego. En este sentido, se resalta el papel central de los programas educativos y de concientización de la población residente en ellas o en zonas linderas a fin de favorecer el desarrollo de proyectos sustentables. Desde esta perspectiva, sostenemos que no existe una necesaria contradicción entre el derecho al medio ambiente de la ciudadanía y el derecho a la vivienda de las poblaciones que residen en un área protegida.

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En este contexto, la (re)urbanización sustentable de la Villa Rodrigo Bueno constituye, a nuestro entender, una solución adecuada que posibilita la articulación del derecho a la vivienda de dicha población con el derecho al medio ambiente de la ciudadanía. Por un lado, la política de urbanización forma parte del corpus normativo vigente para garantizar el derecho a la vivienda (artículo 31 de la Constitución de la Ciudad) que se expresa específicamente en la ley 148. Por otra parte, los objetivos en torno a la sustentabilidad de la reserva responden tanto a los lineamientos establecidos por la Convención RAMSAR como a los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad y al artículo 41 de la Constitución Nacional. Por último, el desarrollo de una política pública de tales características resulta viable ya que la Constitución de la Ciudad establece que las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano son posibles en tanto se respeten los procedimientos enunciados en sus artículos 89 y 90.

Conclusiones

Desde hace una década, nuestro equipo viene acompañando a los vecinos de Rodrigo Bueno en distintas instancias de su lucha política y judicial por la urbanización del barrio. Si bien periférica, nuestra participación en la causa judicial constituyó una experiencia que nos llevó a reflexionar sobre la potencia de la investigación etnográfica y las implicancias sociales de la producción de conocimiento.

Dos ejes han sido centrales en este proceso: la experiencia judicial y la (co)producción de conocimiento social. ¿En qué contextos la producción académica en ciencias sociales adquiere la legitimidad necesaria para ser incluida como voz autorizada en una causa judicial, en este caso vinculada al derecho a la vivienda?

El análisis de las distintas etapas de la causa Rodrigo Bueno nos ha permitido observar un transcurrir judicial que -lejos de responder a una unívoca lógica legal- da cuenta de disputas e intereses en pugna que van delineando el campo jurídico. Tales disputas cobran forma en el contraste entre lo que hemos denominado una producción jurídica desde abajo -en la cual la mirada del experto sintoniza con el padecimiento de un otro vulnerable y dialoga con otras disciplinas y actores- y una producción jurídica desde arriba. Esta última se caracteriza por una mirada tecnocrática del experto judicial que se mantiene a prudente distancia de los afectados del conflicto, y cuyo resultado es un fallo monológico.

La producción jurídica desde abajo -expresada en la postura del primer bloque de actores, el fallo de primera instancia de la Dra. Liberatori y el fallo en disidencia de Cámara de la Dra. Daniele- opera desde una lógica dialógica: no sólo incorpora las distintas voces y testimonios de los habitantes -acortando la distancia espacial y simbólica entre la justicia y el barrio- sino también la perspectiva de otras disciplinas sociales. La producción jurídica desde arriba refuerza, por el contrario, la distancia entre el mundo judicial y el transcurrir de una villa históricamente relegada pese a su ubicación estratégica.

La intervención de nuestro equipo en el marco del expediente fue posible en tanto algunos de los actores judiciales involucrados en la causa consideraron necesario sumar diversas perspectivas para comprender cabalmente la problemática en cuestión. La inclusión de la mirada antropológica permitió reponer en el expediente un material en apariencia inasible, como son las voces de los sujetos involucrados. En ese marco, nuestro trabajo apuntó a reconstruir el complejo contexto en el que se sitúa el conflicto en cuestión así como los significados que asume para los diferentes actores involucrados, a fin de favorecer una adecuada interpretación de los argumentos y pruebas presentadas.

La apertura dialógica generada durante la primera instancia del proceso judicial permitió además que los vecinos pudieran reconstruir su pasado en un ejercicio activo sobre su propia identidad; impugnando la versión oficial -hasta entonces imperante- del Poder Ejecutivo porteño. Pese a estas conquistas, el sinuoso transcurrir del litigio judicial no impide la persistencia de los padecimientos en la vida cotidiana de estos pobladores, como el alto porcentaje de plomo en sangre en los niños.

Por otra parte, la legitimidad temporaria alcanzada por los conocimientos producidos desde las ciencias sociales en el marco de esa apertura dialógica nos enfrentó a dilemas prácticos y éticos, obligándonos a reflexionar sobre el modo en que producíamos tales conocimientos sobre el barrio y sus pobladores. Strathern (1987) sintetiza parte de esas preocupaciones con su lucidez habitual: “Necesitamos tener alguna idea de la actividad productiva que yace detrás de lo que la gente dice y, así, su propia relación con lo que fue dicho. Sin saber de qué manera ‘poseen’ sus propias palabras, no podemos saber lo que hemos hecho al apropiárnoslas”.

Casi imperceptiblemente nos hemos convertido en portavoces autorizadas de las voces de los vecinos, inscriptos en nuestros artículos e informes. Somos en parte conscientes de las transformaciones que sufren esos corpus de los nativos cuando son reproducidos en el marco de nuevos dispositivos; las traiciones implicadas en toda traducción, diría Viveiros de Castro. A esta temática, ya abordada oportunamente por la antropología posmoderna, se le suma otra no menor: ¿Qué tipo de autores son aquellos nativos con los que trabajamos? ¿Y qué tipo de autores somos nosotras mismas?

En un próximo trabajo seguiremos profundizando en los pormenores de la coproducción intelectual (Viveiros de Castro, 2010: 15-18) entre ambos tipos de autores, el nativo y el antropólogo; en el marco de lo que algunos colegas denominan una investigación colaborativa o activista (Carenzo y Fernández Álvarez, 2012).

Referencias bibliográficas

Abramovich, Víctor. (2007). Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política. En Revista Estudios Socio- Jurídicos, N° 9, Bogotá, Universidad del Rosario, pp. 9-33.

Abramovich, Víctor y Courtis, Cristian. (2006). El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales en el Estado social constitucional. Buenos Aires: Estudios del Puerto.

Amend, Stephan y Amend, Thora. (1998). La zonificación, elemento clave de los planes de manejo. En GTZ y Comité Boliviano de la UICN. Metodologías participativas para elaboración e implementación de planes de manejo en áreas protegidas. Cochabamba.

Carenzo, Sebastián y Fernández Álvarez, María Inés. (2012). ‘Ellos son los compañeros del CONICET’: el vínculo con organizaciones sociales como desafío etnográfico. En Publicar, Año X, Nº 12.

Carman, María, Crovara, María Eugenia, Girola, Florencia, Lekerman, Vanina y Yacovino, María Paula. (2005). Informe sobre el asentamiento Costanera Sur. Expediente “Ramírez Tito, Magdalena y Otros C/ GCBA S/ Amparo (Art.14 CCABA)” Exp. 17601. Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005

Carman, María, Lekerman, Vanina y Yacovino, María Paula. (2013). La coproducción intelectual del antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un nuevo paradigma de antropología aplicada. En Tempo da Ciencia, Vol. 38, pp. 52–72.

Dudley, Nigel. (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. UICN.

Starapoli, Laura, Napole, María Eugenia, y Paradela, Horacio. (2010). Revalorización del archivo histórico sobre pobladores y comunidades en la Administración de Parques Nacionales, Reflexiones y usos actuales. Ponencia presentada en IV Congreso Interoceánico de actividad pesquera.

Strathern, Marilyn. (1987). Los límites de la autoantropología. En Jackson, A. (ed.). Anthropology at home. London and New York: Tavistock Publications. Traducción: Laura Vugman, Departamento de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires.

Trentini, Florencia. (2012). Ecología política y conservación: El caso del ‘co-manejo’ del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Pueblo Mapuche. En Revista Pilquen, Año XIV, N° 15.

Viveiros de Castro, Eduardo. (2010). Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural. Buenos Aires: Katz.

Documentación consultada

Decreto 1.247/GCABA/05. Creación del Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Decreto N° 2.136/GCABA/06. Programa de Recuperación de Terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Subsidios, mutuos con garantía hipotecaria y soluciones habitacionales para grupos familiares que lo ocupan.

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), elaborada en marzo 2005

Fondo de Humedales para el Futuro. Beneficiando el manejo y la conservación de humedales en América Latina y el Caribe. 2010.

Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas. 2010. Administración Nacional de Parques Nacionales.

Ordenanza N° 41.247/CD/86. Declaración de Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.

Ordenanza Nº 43.609/CD/89. Creación del Distrito Área Reserva Ecológica en el área Costanera Sur.

Ordenanza Nº 45.676/CD/91. Aprobación del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Plan de Manejo de la Reserva Costanera Ecológica Costanera Sur.

http://www.iucn.org/es

http://ciaper.com.ar/wordpress

www.ramsar.org

[1] Prof. Ciencias Antropológicas. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: mpyacovino@gmail.com

[2] Dra. en Ciencias Antropológicas. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: vaninalekerman@gmail.com

[3] Lic. Trabajo Social. Integrante del Equipo “Antropología, ciudad y naturaleza” del Instituto de Investigaciones Gino Germani. E-mail: nadinacampos@gmail.com

[4]  Dra. en Ciencias Antropológicas. Investigadora independiente CONICET. Directora del Equipo de investigación “Antropología, ciudad y naturaleza” del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. http://aeuiigg.sociales.uba.ar/ . E-mail: mariacarman1971@gmail.com

[5] Amicus curiae, traducida literalmente como “amigo del Tribunal”, es un instituto del derecho procesal que admite a terceros ajenos a una disputa a ofrecer opiniones para la resolución del proceso.

[6] Durante los meses de julio y agosto de 2005, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad implicados en el operativo de desalojo desplegaron medidas intimidatorias hacia los habitantes de Rodrigo Bueno, tales como la construcción de una muralla de tierra de 10 metros de altura rodeando parte de la villa; la instalación de personal de seguridad controlando los ingresos y egresos de los vecinos; la suspensión de servicios -tales como recolección de residuos, disposición de excretas y desratización del predio-; y la amenaza verbal de recurrir al uso de la violencia en caso de que se resistieran a abandonar el lugar.

[7] Véase el artículo 1 de la Ordenanza 41.247/86. El fallo de Liberatori plantea que el verdadero conflicto del expediente reside en la tensión entre los derechos fundamentales de los habitantes del predio, las actividades inmobiliarias proyectadas y el rol asumido por el gobierno en disfavor de los primeros.

[8] Cfr. Carman, M.; Lekerman, V. y Yacovino, M. P. 2012. “La coproducción intelectual del antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un nuevo paradigma de antropología aplicada”. Revista Tempo da Ciência. Volume 19, nº 38, 2º Semestre de 2012. Revista de Ciências Sociais e humanas. Centro de Ciências humanas e sociais. Universidade estadual do oeste do Paraná. Campus de Toledo.

“Universidad conservadora, ¿de qué?”

Entrevista con Marcelo Ruiz [1]

Por Adrián Pulleiro[2]

Marcelo Ruiz es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Doctor en Ciencias Matemáticas, investiga temas vinculados con la probabilidad y la estadística y a las problemáticas de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura. Entre 2011 y 2014 se desempeñó como Rector de la UNRC. Su llegada a ese cargo se produjo luego de la profunda crisis provocada por la explosión sucedida poco antes en los laboratorios de la UNRC que se cobró la vida de varios docentes e investigadores. A su vez, implicó la puesta en marcha de un proyecto político-académico que se caracterizó por una preocupación constante por generar espacios de reflexión y debate acerca del papel de la propia institución universitaria y de las relaciones con la comunidad local. En este sentido, la mirada de Ruiz sobre el momento de la universidad pública en nuestro país resulta más que provechosa. Está lejos de cualquier valoración acotada a describir los límites que impone la crisis crónica de dicho espacio y de proponer una perspectiva que se resigne a una administración eficaz de un conjunto de recursos escasos o a la implementación prolija de una serie de políticas bien intencionadas pero de alcance módico. Su reflexión se enmarca en una experiencia concreta no sólo de gestión, sino también en una prolongada trayectoria en la actividad sindical. En este plano, la figura de Ruiz aporta asimismo la particularidad de haber sido Secretario General del Sindicato Docente de la UNRC e integrante de la conducción nacional de CONADU entre el 2004 y el 2008.
En esta entrevista concedida a Épocas, el ex Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, repasa algunos de los aspectos que permiten conformar una caracterización del sistema universitario nacional actual desprendida de lugares comunes. Ofrece un balance de su propia experiencia reciente, del que se pueden derivar enseñanzas que van mucho más allá del caso puntual. Y se refiere a los modelos que, con distinta capacidad de acción, disputan la orientación de ese sistema universitario, incluyendo la evaluación de algunos de los cambios que pueden preverse ante el nuevo escenario político

É: Desde una mirada panorámica, ¿cómo evalúas el derrotero de las universidades nacionales en la última década? Si bien se trata de un sistema nacional históricamente diverso, ¿qué cambios se pueden valorar y qué elementos son los más cuestionables?

MR: De entrada, sabemos que estamos frente a un problema práctico y teórico de envergadura que hace más difícil explicar o dar respuestas a preguntas como éstas luego del triunfo de la derecha en Argentina. Me refiero al resultado electoral que en 2015 le dio el timón del Estado Nacional a Cambiemos. Creo que transitamos momentos bisagra y sin saber muy bien cuáles han sido las coordenadas que permitieron construir el mapa socio-político y cultural que provocó la llegada al Estado Nacional de esta derecha y cómo fue posible construir un nuevo tipo de hegemonía que no supimos, al menos yo, anticiparla.

De este modo, las relaciones entre ciertos términos como “cambio”, “conservador”, “reaccionario” etc., parecieran ya no hablar de lo mismo. Estamos urgidos de generar otros significados que den cuenta posiblemente de una semántica más compleja. De todos modos, para mí, conservador y reaccionario, para poner ejemplos, son indicadores del pensamiento político que se puede ubicar en las antípodas de las denominadas teorías críticas.

Lo que propongo es establecer líneas de quiebre o de ruptura político-temporal para comprender este derrotero y, entonces, menciono como punto de discontinuidad la crisis del 2001 o lo que abre la rebelión de ese año. Ésta constituye una instancia de reconfiguración de los sujetos políticos; se produce una mutación en la relación sujeto, Estado y territorios en Argentina. De ahí que me interese pensar la “universidad” en este contexto más general.

El quiebre de la hegemonía neoliberal habilita el cuestionamiento al eje “eficacia-calidad-equidad” de la perspectiva de la mercantilización de la educación superior que emerge con fuerza a nivel mundial en los ‘80 y ‘90 y que en Argentina se expresa en las políticas estatales del gobierno de Menem (aunque hay que remontarse bastante tiempo atrás para encontrar las “marcas de origen” de esa embestida privatizadora).

En la década del ‘90 esta triple hélice “eficacia-calidad-equidad” fue parte de dispositivos (discursivos) que tuvieron como objetivo general subsumir el conocimiento bajo la superficie del valor de cambio, dicho de otro modo, pensar al conocimiento como mercancía. Aunque sabemos que esta operación no es posible realizarla conceptualmente, sí es factible en el plano de la ideología, concibiendo a ésta no como fantasía, como aclara Zizek, sino como síntoma. En esta “lógica” si el conocimiento es transable, a la educación es posible pensarla como negocio y la relación pedagógica se transforma en una relación clientelar, constituye una operación de doble cosificación. El objetivo de este programa de gobierno lejos estuvo de completarse debido tanto a la resistencia impuesta por el movimiento de trabajadores como por el movimiento estudiantil. No obstante, dicho “protocolo de acción neoliberal” dejó profundas huellas.

En las antípodas de la ideología mercantilista en educación, a mediados de la primera década del siglo XXI, el discurso estatal enuncia a la Educación como derecho y a la Ciencia y a la Tecnología como “pilar del desarrollo soberano de una nación”. Los gobiernos que lideran Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, y Chávez en Venezuela impulsan este giro en las políticas de Estado. Una tercera nueva enunciación común es la del carácter no neutral de la educación. En términos freirianos, el énfasis está puesto en “la naturaleza política del proceso educativo” muy vinculada a esta idea de la “recuperación de la política como herramienta de transformación” que atraviesa a todo el discurso del bloque regional de los gobiernos del Alba, Unasur, etc.

É: ¿Cuáles fueron o siguen siendo los limitantes y los límites que enfrentaron y enfrentan las universidades nacionales en estos contextos políticos que enumeraste?

MR: Hubo varios limitantes y límites. Por un lado, la restricción al proceso de democratización de la vida universitaria debido a la alta precarización laboral en el conjunto del sistema en el sector docente, herencia del menemismo y también de etapas anteriores; las dificultades para democratizar el ingreso de niños y jóvenes en el conjunto del sistema educativo, y lo que denominaría una perspectiva “neo-desarrollista” en Ciencia y Tecnología, cuestión a la que ya me referiré. Un punto no menos importante y que constituyó también una limitante importante, fue la no derogación de la arquitectura jurídica principal de los ‘90 en Educación Superior, me refiero a la LES. Nos preguntamos, ¿cuáles fueron los obstáculos en el imaginario y en las prácticas de tal modo que no fuera factible derogar la LES?

Pongo el acento en la idea de los límites, de los horizontes de época para pensar la imposibilidad de las rupturas radicales con el neoconservadurismo. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar logros importantes, modificaciones a estos cercos como lo han sido los convenios colectivos de trabajo (que en el caso docente es el primero en la historia universitaria argentina), posibilitando tanto mejoras en las condiciones laborales y también permitiendo habilitar otros caminos de trasformaciones democráticas intramuros que están vinculados a los derechos laborales. También enfatizo las diferentes modificaciones de la normativa en el sistema educativo; la concepción de la educación formal como sistema; la visibilización, con fuerte respaldo presupuestario, de una política estatal en relación a la ciencia y la técnica, etc.

É: ¿Se puede hablar de un modelo de educación superior preponderante o se terminó imponiendo un formato que combinó aspectos de modelos previos?

MR: Siempre es posible identificar “preponderantes”, aunque también siempre hay modelos diferentes, que coexisten y están en tensión. Nuestra universidad, si es que se puede identificar “una”, proviene de abruptas rupturas en los órdenes impuestos por los bloques de poder hegemónicos. Norma Paviglianitti lo dice en forma muy inteligente en otros términos cuando sostiene que la historia en materia educativa se puede relatar en términos de la controversia o la polémica acerca de a quiénes le corresponde educar a las mayorías, educar al “soberano” diría José Tamarit.

Podemos revisar algunos ejemplos de rupturas en el ámbito de la “universidad”. Una es la que lidera Deodoro Roca, la Reforma del ‘18, que resquebraja el carácter medieval que todavía seguía persistiendo “intramuros”, aunque parezca exagerado decirlo. Se le suma un hecho de gran fuerza simbólica y es que la proclama se lanza desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde “la docta”, lo que ayuda a la propagación a velocidades insospechadas del proceso de la reforma en todo nuestro país y en América.

La Reforma se vincula a otro proceso de profundas transformaciones en la cultura institucional que va a ocurrir en los años ‘60 e inicios de los ‘70. Me refiero, por un lado, al tramo de la historia institucional que está marcada por una corriente intelectual que está preocupada por la relación emancipación-política-ciencia, con representantes como Oscar Varsavsky, Rolando García, Sara Rietti, sólo por mencionar algunas voces. En cierta forma vinculada, por otro lado están las experiencias de las cátedras nacionales -con la participación de intelectuales como Roberto Carri, Alcira Argumedo, Horacio González, entre tantos- que impulsa un fuerte debate no sólo en la UBA sino en todo el país sobre las corrientes del pensamiento en las Ciencias Sociales y en Filosofía. Estas experiencias se producen en contextos más generales de críticas al orden social y económico de la América dependiente.

Sin este tipo de acontecimientos no se explica la resistencia interna en las universidades nacionales tanto a las diferentes interrupciones de la democracia por gobiernos de facto, en particular la ofensiva de la última dictadura cívico-militar, como a la del mercantilismo en la etapa del menemismo.

Judith Naidorf y Fernanda Juarros tienen un excelente artículo sobre los modelos en pugna en el sistema universitario público de la Argentina. Ellas sostienen que en las universidades (entiéndase por ello instituciones y sujetos) se entrecruzan de manera contradictoria los intereses privados, los de la Academia (el habitus) y los de las políticas públicas o estatales (que no son homologables, por supuesto). Se produce una fuerte disputa entre intereses democratizantes a favor del bien común, y otros que pugnan por la mercantilización del conocimiento y de la educación.

Ahora bien, pese a las modificaciones de carácter emancipatorio introducidas por los diferentes modos del pensamiento crítico pienso que en las universidades del país lo que prevalece es el carácter conservador de la institución universidad. Hablo de la tendencia general, sin desconocer que existen experiencias disruptivas con dicho carácter. En educación, así como no adscribo a ningún tipo de funcionalismo, tampoco lo hago a ninguna corriente reproductivista de tipo reduccionista. No obstante, comparto plenamente los análisis críticos sobre el carácter reproductor en el plano material y simbólico de la educación planteado por Bourdieu, Bowles, Gintis, etc.

Universidad ¿conservadora de qué? De la pretensión de ser “torre de marfil” o “faro de la cultura”, y la más preocupante para algunas unidades académicas, que es la de ser “el lugar de las corporaciones de las profesiones”.

É: ¿Cuáles fueron los actores (institucionales, empresariales, comunitarios, políticos) qué jugaron un rol más destacado en el cuadro que quedó planteado en el último período?

MR: El Estado en los últimos años (antes de Cambiemos), en la etapa del kirchnerismo, abandona el carácter subsidiario otorgado por el neoconservadurismo de los ‘90 y asume un rol de centralidad en relación a la definición de las políticas públicas. De este modo, el gobierno concibe al Estado como un actor decisivo tanto en lo presupuestario como en las redefiniciones de las agendas institucionales, recortándole presencia al sector privado.

No menos fuerte ha sido el rol de las corporaciones económicas vinculadas a las universidades a través de diversos grupos al interior de ciertas profesiones. Un ejemplo es lo que denominamos el modelo del agro negocio, o de la amalgama farmacia-laboratorio. Menciono también “Ymad” y el fondo para las UUNN, que algunas instituciones rechazaron, aunque la relación universidad y corporación aquí es de otro tipo. Aclaro, ya que la misma está legitimada por la legislación nacional, la que si bien es anterior a Onganía, la modificación del articulado que ha permitido el carácter anti-soberano de la norma proviene de la dictadura que dicho general encabezó y a propuesta de Krieger Vasena.

De este modo, el papel que desempeñan ciertas sectores de profesiones en la consolidación del extractivismo (en la definición de Harvey) es decisivo para su éxito ya sea por los aportes técnicos que realizan como así también en la creación de una “atmósfera de sentido común” que pretende otorgar a la técnica la característica de neutralidad ocultando el carácter depredatorio que sobre las poblaciones y los bienes comunes el extractivismo provoca y promueve. Y esto no constituye una crítica a “la profesión” como tal, sino al modo corporativo que asume y a su relación con el mundo del negocio y del poder. Llomovatte junto a otros investigadores han realizado estudios muy importantes y minuciosos, indagando la relación universidad-empresa develando prácticas que lejos están de perseguir el interés público.

No menor es la influencia de diferentes “actores” de lo que se denomina internacionalización de la educación, lo que es altamente contradictorio ya que se inserta en una tensión más general que Sousa Santos denomina los antagonismos existentes entre la globalización neoliberal y la globalización alternativa. Son las contradicciones de la dinámica de la mundialización capitalista que atraviesan Educación, Ciencia y Producción Tecnológica, y que en absoluto las deja desvinculadas de la cuestión del poder asociado, por ejemplo, a la división en centros y periferias, en países centrales y países periféricos.

En una perspectiva de globalización solidaria, el proceso de vinculación entre universidades es asumido como parte de un proceso más amplio de democratización del conocimiento. De este modo, la producción científica se asume como ejercicio de un derecho, se concibe al conocimiento científico como un bien común y por lo tanto se piensa a la comunidad científica como universal. Aquí el adjetivo de “universal” no lo pienso como contrapuesto al de “situado” o “en contexto” sino que hace alusión a que es la humanidad la portadora, en relación dialéctica con el mundo, de la verdad. No es una verdad ni por fuera del sujeto ni por fuera de la historia, no obstante, quiero reivindicar mi adscripción a una noción de sujeto y de verdad que está muy lejos del lugar en que los sitúa el posmodernismo, en general.

Coexistiendo y en antagonismo con toda perspectiva de democratización, también se sostuvo la internacionalización con pretensión mercantilizadora, o globalización neoliberal en la denominación de Sousa Santos que mencioné hace instantes. Esta disuelve, incluso, la idea misma de verdad, ya que concibe al conocimiento como una relación pragmática con el mundo y en tanto “cosa transable”.

É: ¿Qué ocurre, en términos de hacedores de la política, con los trabajadores y estudiantes en las universidades? ¿Y con los movimientos sociales “extra-muros”?

MR: Desde las organizaciones (sindicatos) de los trabajadores y de los estudiantes en términos generales hubo y hay una puja por democratizar la educación, con sentidos muy diversos.

El sentido que prevalece en la institución universitaria es conservador. La idea de organización sindical o de movimiento estudiantil es rechazada por los sectores más reaccionarios de la vida universitaria. No obstante sigo pensando que es sólo desde las organizaciones de los trabajadores, las que incluyen las de la educación, desde los movimientos sociales, que es posible construir una nueva universidad, que forme parte de los procesos de liberación en sentido amplio. Aquí el movimiento estudiantil tiene un rol fundamental, decisivo, hay razones históricas y políticas que lo confirman.

É: ¿Por qué creés que permaneció vigente la Ley de Educación Superior? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa continuidad?

MR: Creo que aquí han jugado un rol muy decisivo las corporaciones internas a las universidades. La ley de Educación Superior había logrado cerrar jurídicamente un tipo de subjetividad ya instalada en las instituciones, un tipo de meritocracia pre-existente. La ley y las políticas que la misma favorece van a fortalecer dicha subjetividad, creando además un nuevo escenario de legitimación interna. La arquitectura jurídica de la ley está construida para habitar una universidad autoritaria y en donde, paradojalmente, el intervencionismo de la norma favoreció un tipo de autonomía que es una suerte de alta heteronomía ejercida desde adentro.

Verónica Gago realiza un brillante aporte pensando las mutaciones en el arte de gobernar. Piensa al neoliberalismo como una trama de tecnologías, saberes y prácticas que ya no puede ser pensada sólo como desde “arriba”. Es una racionalidad que no es sólo macro-política, sino que también pone en juego las (en plural) subjetividades y la vida cotidiana.

Esto no exime al gobierno central de la última etapa de no haberlo impulsado con decisión más clara. Reconozco sí esfuerzos importantes para impulsar la reforma de la LES como los que promovió desde un sector del gobierno Adriana Puiggrós, pero que sin embargo fueron rechazados tanto por sectores internos al partido como por múltiples universidades argumentando la intromisión del Poder Legislativo sobre los “asuntos internos”, de vuelta la corporación interna. Un verdadero absurdo, cuando precisamente la Les vulnera la autonomía porque sigue abriendo la puerta a la injerencia de los intereses privatistas.

É: ¿Cómo ponderás la apertura de numerosas universidades nacionales?

MR: Fue una buena decisión. Fue tomada con el objetivo de generar un nuevo tipo de territorialidad en Educación Superior, permitiendo que sectores con bajos ingresos pudiesen acceder a las universidades, entre otros numerosos beneficios. Aclaro que, además, las nuevas Universidades se aprueban con el consentimiento de las Universidades pre-existentes, a través de la intervención del Consejo Interuniversitario Nacional (conocido como CIN). Menciono esto porque hay sectores políticos que actualmente están muy interesados en profundizar el ajuste en las universidades que hacen una crítica a la creación de las nuevas universidades, argumentando que fue una decisión exclusiva del PEN cuando no ha sido así, desconociendo que además del Poder Legislativo, el CIN interviene.

Chiroleu, en el libro que lleva el título Política Universitaria en la Argentina, analiza las coincidencias y diferencias en relación a los procesos de democratización e inclusión en las UUNN.

É: ¿Qué balance hacés de tu experiencia al frente de la UNRC?

MR: Muy positiva, siempre considerando la perspectiva de límites y posibilidades. Destaco que el grupo que condujo el rectorado de UNRC, del cual formé parte, proviene de múltiples experiencias en los territorios; y la Universidad para nosotros es concebida como experiencia territorial. Esta enunciación a veces nos trajo algunos inconvenientes ya que al mencionar la palabra territorio se nos interrogaba acerca del debilitamiento o no de términos clásicos como el de Institución, Ciencia, etc.

A nuestro proyecto lo denominamos “Universidad pública en tránsito a una Universidad Popular, Democrática y Emancipadora”. Intentamos que cada uno de estos términos y el sentido completo que la denominación tiene se tradujera en programas bien explícitos de acciones.

Hay un texto muy minucioso de “balance y prospectivas” que dan cuenta de la agenda de acciones enmarcada en definiciones que le dan sentido a las mismas. El texto está en web, así que pueden acceder al mismo públicamente. Hay también Tesis de Posgrado sobre la etapa del rectorado que nos han permitido objetivar nuestra perspectiva sobre la misma. Y de manera permanente a través de intercambios como éste, volvemos a re-totalizar la experiencia, en particular y especialmente las instancias de debate colectivas.

É: ¿Qué panorama se abre para las universidades nacionales con el cambio de etapa política? ¿En qué terrenos se pueden jugar las disputas más importantes?

MR: Gran desafío ya que el programa de acción de Cambiemos es antagónico a toda perspectiva pública, con lo cual nos obliga a revisar críticamente toda la agenda. Siempre hay que hacerla de este modo, esto es, revisar de modo minucioso y crítico el programa de transformaciones pero la etapa nos pone en un horizonte casi único en la historia argentina y lo digo no sólo para la Educación Superior.

É: Tal como ha ocurrido en otros períodos ¿considerás que la comunidad universitaria puede jugar un papel como actor progresivo? O en todo caso ¿qué sectores están en condiciones para hacerlo?

MR: Siempre la educación y la investigación científica juegan un papel decisivo en toda transformación, por ende las universidades jugarán un rol importante. La pregunta es si se profundizará el conservadurismo inherente a las instituciones o si puede pensarse que de las universidades nacionales puede realizarse un aporte con fuerte perspectiva emancipadora. Creo que la clave está en pensar el proceso de democratización, de emancipación, de tal modo que las relaciones universidad y movimientos sociales salten el cerco de su mera enunciación.

Las transformaciones revolucionarias en los últimos dos siglos han sido posibles con la amalgama entre práctica y teoría, no pensaría que eso no vaya a ocurrir en cualquier propuesta o programa de transformaciones de cualquier izquierda popular. Creo que conocimiento y agenda de transformación de lo real no pueden pensarse disociados, ya que todo conocer es un acto de subversión de lo real.

[1]  Marcelo Ruiz es Magister en Estadística Aplicada, Doctor en Ciencias Matemáticas, desempeñándose actualmente como Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Sus intereses principales en investigación están vinculados en las Ciencias Matemáticas a la probabilidad y estadística y en el de las Ciencias Sociales y Humanidades a las problemáticas de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura. Se desempeñó como Rector de la UNRC en el período 2011-2014; fue Secretario General del Sindicato Docente de la UNRC e integrante de la conducción nacional de CONADU entre el 2004 y el 2008.

[2] Adrián Pulleiro es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y se desempeña como docente en dicha carrera y en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y becario posdoctoral del CONICET. Investiga sobre formaciones intelectuales en la Argentina contemporánea e historia de los estudios en comunicación.

Un nuevo ciclo de neoliberalismo en la Argentina: ¿qué pasará en las universidades?

Por Eduardo Díaz de Guijarro[1]

Introducción

Las elecciones de 2015 modificaron en forma contundente la orientación del gobierno argentino. Diversos factores confluyeron para que más de la mitad de la población apoyara con su voto a una coalición de partidos cuyos objetivos se expresan claramente en la composición de su gabinete. Los ministerios y los más altos cargos del gobierno están ocupados por ex funcionarios de multinacionales o de grandes empresas locales. Sin intermediarios ni atenuantes, el gran capital gobierna el país.

Muchos universitarios se preguntan de qué manera este cambio influirá en las casas de estudio. ¿Se avecina una época oscura, de retroceso cultural? ¿Las universidades se convertirán también en sucursales de las empresas? ¿O por el contrario la autonomía universitaria permitirá mantener cierta independencia con relación a los cambios políticos? ¿Cómo reaccionarán los estudiantes, los docentes, las autoridades académicas ante esta nueva situación?

El significado de la autonomía

El concepto de autonomía está muy arraigado en la tradición universitaria argentina. Desde hace muchos años, la legislación establece que cada institución elige sus propias autoridades y decide los lineamientos de su actividad académica. Esto va acompañado por la autarquía financiera, o sea la administración independiente de los fondos que el Estado le provee. Grandes luchas del pasado, como la Reforma de 1918, son antecedentes simbólicos de gran fuerza para sustentar esta idea.

Una visión simplista desde este punto de vista llevaría a concluir que las universidades, al menos las estatales, son poco afectadas por los cambios del gobierno nacional y pueden desempeñar sus funciones docentes y de investigación basándose exclusivamente en decisiones internas.

Pero la realidad dista mucho de esta visión idílica. En primer lugar, el presupuesto para las universidades públicas es votado por el Congreso Nacional y por lo tanto es una decisión política del Poder Legislativo. La mayor o menor importancia que un gobierno le dé a la educación superior y, dentro de ella, a la pública con relación a la privada, influirá sobre el monto de dinero que esté dispuesto a entregarles.

En segundo lugar, es una atribución del Poder Legislativo establecer las normas que reglamentan y acotan el funcionamiento de las universidades. La Ley de Educación Superior (LES, 1995), actualmente en vigencia, creó organismos de evaluación, acreditación y coordinación del sistema nacional que transfieren el poder de decisión sobre cuestiones clave al poder político y al sector privado.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), por ejemplo, “está integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de los siguientes organismos: tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación” (LES, art. 46). Por consiguiente, los representantes del poder político son siete sobre doce y tienen mayoría absoluta, que incluso puede estar apoyada por los representantes de las universidades privadas y de la Academia, relegando a las universidades públicas a una modesta minoría de tres votos (los representantes del CIN).

Además, el máximo órgano de coordinación y consulta del sistema en el orden nacional es el Consejo de Universidades (CU), presidido por el Ministro de Educación, en cuya composición entran aproximadamente en partes iguales representantes de las universidades públicas y de las privadas (ver art. 72 de la LES).

Estos someros datos bastan para apreciar la magnitud de la intervención de los poderes públicos y de los intereses privados sobre las políticas universitarias, que fue mantenida por los sucesivos gobiernos desde 1995, matizada por la mayor o menor dependencia de esos gobiernos con relación a los intereses empresariales.

Otro factor político que limita en el presente la autonomía universitaria es el traspaso paulatino del control de la investigación a un organismo no universitario, el CONICET, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) y cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo. En las últimas décadas, una parte sustancial de los salarios de los investigadores universitarios proviene de esa entidad, a través de la Carrera de Investigador Científico. El financiamiento de los institutos de investigación, muchos de ellos de doble dependencia entre las universidades y el CONICET, que proliferaron tanto en ciencias exactas y naturales como en medicina, ciencias agrarias e ingeniería y ciencias sociales y humanidades, es otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), también dependiente del MINCyT. Por lo tanto, la determinación de las prioridades temáticas y los montos de dinero asignados a estos institutos, muchos de ellos ubicados en los edificios de las facultades, escapan al control y a las decisiones de los organismos de gobierno de las universidades.

Con respecto a los aspectos ideológicos y subjetivos, es importante tener en cuenta que los universitarios no constituyen una casta social específica. Si bien tanto entre los estudiantes como entre los docentes predominan los sectores de clase media, existe en el presente una gran heterogeneidad social e ideológica. Los universitarios son actores sociales de la realidad nacional tanto como el resto de la población. Sobre la masa estudiantil influyen los cambios en la relación de fuerzas entre las clases y los vaivenes políticos del país y del mundo. Lo mismo vale para los trabajadores, tanto docentes como investigadores y no docentes, y más aún para los graduados, que se distribuyen en la sociedad después de recibidos y quedan sometidos a las tensiones y los cambios de su entorno laboral, económico y familiar. Esas tensiones y novedades, tanto las paulatinas como las convulsivas, afectan los intereses y las opiniones de los universitarios, surgen realineamientos políticos y nuevas agrupaciones gremiales, cambian las perspectivas individuales y los horizontes institucionales.

En resumen, un cambio en el país no puede no influir sobre las universidades. La autonomía es relativa. Su alcance dependerá tanto de qué concepto tenga de ella el gobierno como de las tensiones económicas e ideológicas de la sociedad y de la relación de fuerzas entre los distintos sectores en pugna en el campo educativo y cultural.

Las universidades argentinas durante el kirchnerismo

Durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se produjo un impulso a las actividades científico técnicas y se estimuló el aumento y la dispersión de la matrícula estudiantil, mediante la creación de varias universidades nuevas. Mientras tanto, las más grandes y tradicionales siguieron enfrentando estrecheces presupuestarias que en general les dificultaron hacer frente a las nuevas necesidades.

El estímulo a las universidades del conurbano y a otras ubicadas en diversos lugares del interior del país no es un dato menor. A ellas ingresaron numerosos jóvenes de familias sin antecedentes de estudios superiores, a quienes el acceso a las instituciones tradicionales les resultaba difícil por razones geográficas y sociales. Esta nueva oferta educativa es elogiable por su carácter inclusivo y por la posibilidad de responder en los planes educativos y de investigación a necesidades locales o regionales. Algunas de estas universidades han encarado novedosos e interesantes planes, mientras otras se encuentran en proceso de consolidación.

La Ley de Educación Superior de 1995 siguió en vigencia, salvo reformas parciales aprobadas en 2015, que entre otras cosas aseguraron la gratuidad de los estudios de grado. A pesar de que la prohibición de cobrar aranceles es un hecho destacable, también debe remarcarse que las características de fondo de la LES nofueron modificadas. Aquella ley fue promulgada respondiendo a expresas condiciones fijadas por el Banco Mundial para el otorgamiento de los créditos destinados al Programa de Reforma de la Educación Superior iniciado por el gobierno de Carlos Menem (Banco Mundial, 1995a). Aquel Programa tenía como eje conductor el estímulo a la educación privada y la creación de organismos de control como la CONEAU, que ya hemos descripto, cuyas características y funcionarios debían contar con el expreso consentimiento del Banco (Banco Mundial, 1995b).

Durante el período kirchnerista de 2003 a 2015 se adujo que la CONEAU se había orientado a cumplir una función en cierto modo contraria a la fijada en su creación: restringir la habilitación de nuevas universidades privadas mediante el establecimiento de condiciones muy estrictas para su aprobación. Su Memoria 1996 – 2011 (CONEAU, 2012) destaca que en ese período sólo se aprobaron 18 de los 118 proyectos institucionales evaluados, enfatizando que la función central de la institución es asegurar la calidad educativa. Ese mismo informe está matizado por referencias al carácter público de la educación como derecho humano universal, al origen de las universidades públicas en la Argentina y a momentos emblemáticos de su historia, como la Reforma de 1918, la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948 y la Noche de los Bastones Largos de 1966.

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El gobierno kirchnerista mostraba apoyo a la educación pública y estatal, pero la LES continuaba en total vigencia y los órganos rectores del sistema universitario seguían dando gran injerencia a las universidades privadas, tanto confesionales como empresarias, que para 2011 abarcaban solo el 20% de la matrícula pero que superaban en número a las estatales (59 y 56 respectivamente).

En el campo de la ciencia y la tecnología es de destacar durante el período kirchnerista la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), el primero en esa área en la historia del país. En la misma época el CONICET aumentó la cantidad de becas y de cargos en su Carrera de Investigador Científico, mejorando las remuneraciones, mientras la ANPCyT, “la Agencia”, continuaba financiando los crecientes institutos de investigación. Esto produjo un aumento en la cantidad de los trabajos y de las publicaciones científicas realizadas durante esos años.

Las investigaciones que se realizaron en la Argentina durante ese período cubrieron un amplio abanico de especialidades, tanto teóricas como experimentales, incluyendo algunos trabajos de gran importancia para resolver problemas sanitarios y ambientales, tanto en el campo médico como en ciencias exactas y naturales[2]. Sin embargo, los criterios de calidad dominantes implican la publicación de los trabajos en las revistas de alto impacto de los países centrales. Este hecho genera una dependencia con respecto a cánones impuestos por las grandes potencias y facilita el uso de los resultados de las investigaciones locales por las empresas multinacionales, como por ejemplo los grandes laboratorios farmacéuticos en el caso de ciertos trabajos en el área biológica o médica.

Esa tradición internacional en materia de evaluación se atenuó en el año 2012 en el CONICET mediante un acuerdo que incorporó nuevas pautas para proyectos de desarrollo tecnológico y social vinculados con el ámbito productivo. La revalorización de ese tipo de investigaciones resultó auspiciosa, aunque su influencia sobre el conjunto del sistema es relativa.

Con respecto a las carreras profesionales, como derecho, ciencias económicas o medicina, en la última década no se modificó el papel destacado que tienen en la mayoría de las universidades argentinas. Esas tres disciplinas concentran más del 40% de la matrícula conjunta de las cuatro mayores universidades del país, las de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario (UBA, 2011; UNC, 2014; UNLP, 2015; UNR, 2014). En algunas de ellas son también muy numerosas las facultades de arquitectura, que incluyen varias carreras de diseño, y las de psicología, mientras las facultades de ingeniería, agronomía o ciencias exactas y naturales suelen estar entre las de menor matrícula. Estos datos muestran el carácter general de la educación superior en la Argentina, orientada principalmente a la formación de profesionales liberales. En esas carreras predominan los criterios individualistas, en algunos casos por la búsqueda de vinculaciones con el mundo empresario, los negocios o el prestigio personal, y en otros por la necesidad de lograr un título que permita al estudiante acceder a un trabajo bien remunerado apenas completados sus estudios. Este último objetivo no siempre se cumple, pues cada vez más ocurre que abogados recién recibidos sólo pueden acceder a trabajos como asalariados en grandes estudios jurídicos o a cargos públicos menores y que los médicos jóvenes deban cumplir horarios agotadores en clínicas u hospitales con salarios bajos y condiciones precarias de trabajo.

Esta situación se debe principalmente a las características del sistema capitalista dependiente que predomina en nuestro país. A pesar de las dificultades mencionadas, la demanda social por las carreras tradicionales se mantiene, y una de sus consecuencias es que en esas facultades suelen predominar los sectores docentes y estudiantiles menos críticos con relación al sistema imperante, mostrando la íntima relación entre las universidades y el resto de la sociedad.

El vínculo entre ciertas carreras y el mundo de los negocios es mucho más notorio en las universidades privadas, donde más que el cobro de aranceles, que en algunos casos son muy altos, resulta determinante la naturaleza de la enseñanza que en ellas se imparte. Las más prestigiosas y caras, tanto confesionales como empresarias, tienen entre su oferta más calificada los Masters of BussinessAdministration (MBA), donde se forman los altos ejecutivos empresariales.

Las facultades públicas donde la conciencia crítica tiene un papel destacado son en general las de ciencias sociales y humanas y las de ciencias exactas y naturales, pero su peso relativo en el sistema universitario público argentino es menor que el de las facultades profesionales. Esta situación se mantuvo durante todo el período kirchnerista. El caso de la UBA es emblemático, por la fuerte participación en sus órganos máximos de gobierno de sectores afines a las corporaciones profesionales de las facultades mayoritarias tradicionales, vinculados con una trama de privilegios de poder e incluso afectados por acusaciones de manejo discrecional de los fondos públicos y corrupción.

¿Qué cambia con Cambiemos?

Los múltiples vínculos que existen entre las universidades, el poder político y el resto de la sociedad permiten deducir que el advenimiento de un gobierno neoliberal apoyado por más de la mitad de la población del país producirá necesariamente cambios en las universidades.

En el momento de escribir este artículo han pasado sólo tres meses desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, a lo que se suma que durante el verano se produce una pausa en las actividades de las casas de estudio. Por ese motivo aún son pocas las novedades, pero no es difícil predecir cuál será la perspectiva.

Por lo pronto, aún antes de las elecciones nacionales de 2015 se fortalecieron las tendencias estudiantiles del radicalismo (Franja Morada y Nuevo Espacio) y aparecieron en varias universidades públicas agrupaciones directamente pertenecientes al PRO. Fue el reflejo a nivel universitario de la derechización de la sociedad argentina que llevó al triunfo de Mauricio Macri. El comienzo del nuevo gobierno incluyó despidos de trabajadores estatales, nuevas concesiones al capital financiero internacional y a las multinacionales mineras, represión de las manifestaciones populares y medidas económicas de ajuste. La existencia dentro de las universidades de agrupaciones que apoyan explícitamente esta política generará seguramente duras polémicas y será un obstáculo para los sectores estudiantiles de izquierda y para todos los críticos del neoliberalismo.

A nivel superestructural estos realineamientos ya han tenido también algunas manifestaciones. Una de ellas es el nombramiento de José Luis Giusti como titular de la Unidad de Proyectos Especiales para la Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires[3]. Giusti tuvo que renunciar en abril de 2015 al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en medio de un escándalo por corrupción. Ahora es premiado con un nuevo cargo por el gobierno de Cambiemos.

En el año 2014, Mauricio Macri ocupó el estrado durante el VIII Congreso Internacional de Economía y Gestión, realizado justamente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sentado junto a él, el entonces decano Giusti fue quien lo interrogó sobre sus opiniones acerca de las universidades argentinas. Tiempo después circuló públicamente una frase en la que Macri criticaba la creación de nuevas universidades: “¿qué es esto de universidades por todos lados?”, había dicho en esa ocasión. Sin embargo, en el mismo discurso planteó otro concepto que no trascendió en la misma medida que el anterior, pero que entendemos tiene un alcance aún mayor, expresando claramente qué tipo de universidad quiere el actual presidente: “Además, las cosas que investigamos y desarrollamos tienen que tener aplicación. No existe que la universidad y la empresa sean dos mundos, somos todos parte de un mismo mundo”[4].

Que además de los temas teóricos sea necesario realizar investigaciones aplicadas es algo que está fuera de discusión, pero para una universidad pública el criterio de aplicabilidad debe estar vinculado con las prioridades sociales, o sea con aquellos temas que pueden aportar soluciones para los problemas más urgentes de la población. Entre ellos existen muchas cuestiones sin resolver en el campo de la salud pública, la vivienda, la alimentación, el saneamiento ambiental o el transporte, de los que el Estado debe hacerse responsable y en cuya resolución las universidades tienen mucho que aportar, lo mismo que en materia de ciencias sociales y económicas o de investigaciones sobre el sistema jurídico. Sin embargo, Macri no mencionó ningún tema de interés social sino que se refirió en general al mundo empresario. De ese modo, el presidente definió como misión de las universidades servir a las necesidades de las empresas, o sea mejorar su competitividad y aumentar sus ganancias. Deben ser parte “de un mismo mundo”.

Ese modelo de universidad no es nuevo ni fue inventado por Macri. Se trata del modelo mercantil o empresarial basado en la modalidad norteamericana, que ya se ha impuesto en Europa y que penetra en Latinoamérica impulsado por el Banco Mundial, con distinto éxito según los países. En Chile se impuso y generó la gran crisis que derivó en las imponentes manifestaciones estudiantiles de 2011. En Argentina obtuvo ciertos avances pero ha sido hasta ahora parcialmente resistido por la tradición reformista y democrática de importantes sectores estudiantiles y docentes.

La declaración del actual presidente es coherente con la postura de la coalición que lo llevó al triunfo en 2015, que refleja los intereses de las corporaciones multinacionales y de los grandes capitalistas locales, en sintonía con la tónica mundial, donde según un reciente informe de una ONG inglesa, la economía está al servicio del 1% más rico de la población (OXFAM, 2016).

Es de suponer, o de temer, que a medida que avance el tiempo, el gobierno tratará de imponer cada vez más ese modelo, ya sea desde el Ministerio de Educación como desde el MINCyT, utilizando las facultades de organismos como la CONEAU, el CONICET o la Agencia. Se fomentarán los convenios con empresas, se intentará reformar los planes de estudio y se orientará la investigación de modo de satisfacer los intereses de los empresarios, que en muchos casos son incluso funcionarios del propio gobierno.

En varias universidades, entre ellas la UBA, personas que apoyan esta orientación y que pertenecen a partidos aliados al PRO, como el radicalismo, ocupan cargos en los más altos niveles de sus órganos directivos, desde donde con seguridad tratarán de aplicar los lineamientos de esta política.

El caso del MINCyT merece un párrafo aparte. Ya hemos visto cómo influye este organismo en las decisiones y en la distribución del presupuesto para investigación. ¿Qué significado tiene que quien fuera ministro durante el gobierno kirchnerista desde la creación del ministerio siga siéndolo hoy de Macri?

Hemos mostrado ya que la ciencia no es aséptica, por lo cual un gobierno neoliberal tendrá necesariamente una política científica acorde con su concepción de la sociedad. Y un ministro, que según nuestra Constitución Nacional es un secretario del presidente, deberá aplicarla y avalar, por ser parte de él, la línea del conjunto del gabinete. No hay “independencia” posible.

Pensamos que en este caso el motivo de la continuidad radica en las contradicciones y ambigüedades de la política kirchnerista en ciencia y tecnología. Esa política combinaba rasgos de desarrollo independiente en materia tecnológica e industrial con el mantenimiento de las reglas generales de la comunidad científica internacional, regida fuertemente por las potencias centrales.

Un ejemplo: junto al nuevo edificio del MINCyT, en la calle Godoy Cruz, se levanta el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), creado en 2007, dependiente del CONICET y partner (socio) de la Sociedad Max Planck de Alemania. Su finalidad es “interconectar la ciencia básica con la aplicada y así traducir la información científica en desarrollo tecnológico”[5]. Este propósito es de indiscutible valor. Sin embargo, los organismos directivos de la Sociedad Max Planck de Alemania están integrados no sólo por prestigiosos científicos sino también por representantes de poderosas multinacionales, como Siemens, BASF, BoehringerIngelheim, Airbus Group y otras[6]. La presencia de grandes laboratorios farmacéuticos, fabricantes de armamentos y otras empresas en la dirección de esta entidad científica, “socia” del IBioBA, induce a dudar sobre la posible utilización sesgada de los resultados para favorecer sus intereses comerciales y políticos.

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Durante la época kirchnerista se argumentaba que estos planes se equilibraban con otros dirigidos a las necesidades populares o de la economía local, pero en un gobierno neoliberal serán abiertamente apoyados y probablemente multiplicados, inclinando la balanza hacia los intereses de las grandes empresas, tanto multinacionales como locales. El ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Educación, que forman parte de un gabinete globalmente dominado por altos ejecutivos, serán agentes de aplicación de los modelos empresariales para la ciencia y las universidades.

Las perspectivas para una universidad crítica y popular

Las universidades privadas nacen y se desarrollan al servicio de sus dueños, como en el caso de las que dependen de la Iglesia Católica o de empresas, o también al servicio de sus “clientes”, como son denominados en este caso los estudiantes, que en general pagan para que sus estudios les permitan acrecentar su riqueza o su prestigio personal o corporativo.

Pero las universidades estatales son un terreno donde se expresa más claramente la lucha entre las clases sociales. La clase dominante trata de utilizarlas para mantener o acrecentar su dominio. Las clases dominadas, a través de los sectores más dinámicos que las representan, tratan de resistir ese avance, utilizando en la medida de lo posible no solo su fuerza numérica sino también los recursos posibilitados por el conocimiento de la naturaleza y de la sociedad. La ciencia y la crítica son herramientas que pueden ser utilizadas en uno u otro sentido, según las etapas históricas y las relaciones de fuerzas entre las clases.

El movimiento estudiantil y los docentes jóvenes reclaman desde hace tiempo una mayor participación en los órganos colegiados de gobierno. Pensamos que es un objetivo correcto, dado que se trata de los sectores que generalmente reflejan mejor los intereses sociales y se oponen a los grupos de poder más retardatarios. De todos modos, debe tenerse en cuenta el crecimiento de las tendencias estudiantiles de derecha que reflejan lo ocurrido en 2015 en el electorado nacional, de modo que éste será también un terreno de disputa.

Pero el desafío mayor es de contenido: ¿qué modelo de universidad oponer frente al empresarial? Desde las minorías actuales en los consejos directivos, desde los centros de estudiantes, desde los debates en las clases y trabajos prácticos o desde las asambleas o movilizaciones, ¿qué objetivos plantear?

No es necesario detenernos aquí en las cuestiones más obvias, como puede ser la defensa de la gratuidad y del derecho a la educación o la denuncia de la corrupción o de los abusos de poder. Nos interesa en particular la puesta en disputa de las características de fondo de los estudios universitarios. ¿Qué formación debe darse a un graduado?, ¿con qué métodos pedagógicos?, ¿cómo orientar la investigación?, ¿cómo vincular las universidades con el resto de la sociedad?

Primero es necesario pensar sobre el enfoque de las profesiones tradicionales, a las que aspira la mayoría de los estudiantes de nuestras universidades. Los médicos  deberían formarse para atender prioritariamente la salud pública, dando importancia a la prevención y la atención primaria, particularmente en los barrios pobres, a las enfermedades endémicas y a las vinculadas con la insalubridad y la calidad de vida. Esta formación necesariamente debería incluir una reforma del sistema hospitalario y, desde luego, el otorgamiento de los fondos estatales suficientes. Una vez más, el problema educativo se vincula íntimamente a la necesidad de una reversión de las injusticias sociales.

Los abogados deberían formarse para defender realmente la justicia, colocándose junto a los más débiles, así como los economistas y contadores deberían contribuir a una mejor distribución de la riqueza y no a apoyar los privilegios de los más ricos. Pelear por un cambio en los contenidos de estas carreras y en sus métodos pedagógicos implica poner en duda la legitimidad del sistema jurídico y económico vigente.

En cada carrera se puede hacer un análisis similar y plantear alternativas por la positiva frente al conformismo imperante y al intento de imponer modelos más reaccionarios aún que los actuales.

Un tema que atraviesa todas las carreras, aunque en algunas se hace más evidente y grave, es el problema de género. A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI las mujeres fueron ocupando cada vez más posiciones que antes les eran negadas, desde cursar estudios superiores hasta trabajar a la par de los hombres en la mayoría de las profesiones. Sin embargo, la situación actual dista mucho de haber alcanzado la igualdad de derechos y posibilidades. Aún en carreras con mayoría de mujeres sigue existiendo un predominio masculino en los cargos de mayor jerarquía, tanto dentro de las universidades como en los ámbitos laborales. Esta situación se sustenta en una ideología que abarca a toda la sociedad y donde siguen existiendo los prejuicios, cuya expresión extrema son la violencia de género y los femicidios. Así como planteamos la necesidad de modificar los planes de estudio y los métodos pedagógicos, en las universidades será necesario incluir un cambio de enfoque en este terreno. Todo universitario no solo debería erradicar por completo la discriminación basada en el género, sino además atender activamente a la necesidad de combatir esa discriminación en su ejercicio profesional. Esto es particularmente importante en las carreras vinculadas con la salud, donde las mujeres a veces reciben un trato humillante, lo mismo que en las vinculadas a la justicia o al trabajo social.

En el campo de la investigación, tanto en las ciencias exactas y naturales como en las sociales y humanas, el debate es amplio pero tiene un denominador común: defender el rigor científico implica oponerse a todo uso comercial o sesgado de los resultados. Debe enfatizarse en la necesidad de los estudios aplicados a cuestiones prácticas de interés social o vinculadas a la salud, el bienestar humano, la utilización de los recursos naturales y la preservación del planeta, aunque sin descartar el avance general del conocimiento aún en el plano teórico. Pero en todos los casos debe invocarse un principio fundamental: la ciencia no se vende.

Existe otra función muy importante de las universidades, que es la difusión cultural. Para ello se cuenta en general con una herramienta poderosísima pero actualmente subutilizada: las editoriales universitarias. ¿Por qué no proponer que se reedite lo que fue Eudeba entre 1958 y 1966, cuando con su lema “Libros para todos” llenó las calles de kioscos donde se vendieron millones de excelentes libros a precios accesibles, equivalentes a un kilo de pan?

Y tampoco dejar de lado la participación pública de las universidades ante las cuestiones más candentes de la política nacional y mundial: estudiar científicamente y pronunciarse frente a temas como la extrema pobreza, la contaminación ambiental, el uso de los recursos naturales, la irracionalidad de los sistemas de transporte, la prevención de inundaciones, la corrupción, la disparatada inequidad en la distribución de la riqueza, las guerras.

Todo lo que hemos dicho sobre las universidades nos lleva inevitablemente al terreno de la sociedad en su conjunto. Con mayor o con menor autonomía formal, las casas de estudio están íntimamente vinculadas con el resto del mundo. Comprender esto es imprescindible para poder actuar en consecuencia.

Los cambios en el país influirán en las universidades, pero estas últimas son también un campo de disputa, y la forma en que se encaren o se resuelvan los conflictos dentro de ellas a su vez influirá sobre el resto de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Banco Mundial (1995a): The World Bank: Staff Appraisal Report. Argentina. Higher Education Reform Project, Washington DC.

Banco Mundial (1995b): Loan agreement between Argentine Republic and International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC.

CONEAU (2012): La CONEAU y el sistema universitario argentino. Memoria 1996 – 2011, Buenos Aires, 2012.

LES (1995): Ley de Educación Superior Nº 24521, Buenos Aires, 1995.

OXFAM (2016): OXFAM International, Una economía al servicio del 1%, disponible en https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1

UBA (2011): Universidad de Buenos Aires: Censo de estudiantes 2011, Buenos Aires, 2011, disponible en http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2011/ estudiantes2011.pdf

UNC (2015): Universidad Nacional de Córdoba: La UNC en cifras, disponible en http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/perfil/estadisticas

UNLP (2014): Universidad Nacional de La Plata: Anuario estadístico 2013 – 2014, disponible en http://www.unlp.edu.ar/indicadores

UNR (2015): Universidad Nacional de Rosario: Boletín estadístico 66, disponible en http://www.unr.edu.ar/noticia/1387/boletines-estadisticos

[1] Licenciado en Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), UBA;Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad Nacional de Quilmes. Coordinador del Programa de Historia de la FCEN, UBA; autor de varios libros y artículos sobre historia de dicha facultad y sobre historia general de las universidades. Investiga sobre la evolución de los diferentes modelos de educación superior. Contacto: ediazdeguijarro@gmail.com

[2] En el libro Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, de Eduardo Díaz de Guijarro, Beatriz Baña, Carlos Borches y Raúl Carnota, Buenos Aires, Eudeba, 2015, se desarrollan algunos ejemplos de estos trabajos en dicha facultad.

[3] Ver Decreto 142/2016 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno CABA Nº 4819 del 12/2/2016.

[4] La versión completa de las preguntas de Giusti y las respuestas de Macri puede verse en http://www.boscoproducciones.com.ar/video-la-opinion-completa-de-mauricio-macri-sobre-las-universidades-publicas/).

[5]IBioBA – MPSP: Historia y concepción;  http://www.ibioba-conicet.gob.ar/historia.php, consultada el 3/5/2015

[6] Ver Max Planck Society: ExecutiveCommittee y Senate, en http://www.mpg.de/en, consultado en marzo de 2016.

Restauración: cambios en las políticas de comunicación

Por Martín Becerra[1]

Introducción

Con medidas adoptadas en el primer mes de gestión y a golpe de decreto, el presidente Mauricio Macri puso en crisis el andamiaje de regulaciones, el modelo de financiamiento y las relaciones entre gobierno y empresas de medios de comunicación que dominó la agenda de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Si uno de los objetivos de Macri con estos decretos era aniquilar la insistentemente propagandizada “batalla cultural” kirchnerista, llama la atención la velocidad del nuevo elenco dirigente como también las escasas reacciones de quienes condujeron el Estado hasta diciembre último.

El nuevo presidente no sólo descabezó las autoridades regulatorias de medios audiovisuales (AFSCA) y telecomunicaciones (AFTIC) y las reemplazó por un organismo completamente dependiente del Poder Ejecutivo (ENaCom), sino que modificó sustancialmente las reglas dispuestas por leyes votadas por el Congreso en 2009 y 2014 referidas a límites a la propiedad de licencias de televisión abierta, por cable (los cableoperadores podrán expandirse ahora cuanto quieran o puedan) y radio; extendió la duración y renovó esas licencias y formalizó el permiso de transferencia de licencias entre operadores, algo que la ley audiovisual prohibía pero que igualmente se realizaba tanto a la vista como a espaldas del anterior gobierno. Mediante su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15, Macri se comprometió a elaborar una ley “convergente” que contemple la progresiva imbricación de Internet, el sector audiovisual y el de las telecomunicaciones.

El DNU 267 se suma a otros decretos con los que Macri cambió aspectos sustantivos de la legislación previa. Los beneficiarios directos son los grupos audiovisuales más grandes (Clarín es el más visible, pero no es el único) y, aun cuando deberán esperar dos años, los conglomerados telefónicos que reciben el definitivo visto bueno para expandirse a los servicios de televisión de pago, postergando una decisión que con la ley de telecomunicaciones “Argentina Digital” el kirchnerismo había franqueado en diciembre de 2014.

El DNU, así como las declaraciones del presidente y de los más altos funcionarios, manifiestan un examen del pasado y presente del sistema de medios y telecomunicaciones condicionado por la percepción de los (muy pocos) actores preponderantes de ambas industrias. El lugar de futuro que proyecta ese examen es un deseo de reponer la situación de mercado previa a 2009 (es decir, condiciones de un mercado en expansión, con otras condiciones tecnológicas y con un Poder Ejecutivo solidario con las estrategias expansivas de los grupos concentrados) sazonada con pizcas de “convergencia” que, a su vez, es concebida de modo rudimentario como el mero cruce entre las industrias audiovisual y de telecomunicaciones y no como el advenimiento de una cultura digital que trastoca toda la cadena productiva de comunicación.

En efecto, la mayoría de los artículos del DNU refiere a la extensión de las licencias actuales y a la eliminación de obstáculos para una concentración aún mayor del mercado audiovisual. El único eje que puede argumentarse como inspirado en la convergencia es el que dilata por dos años (extensibles a tres) el permiso para que los operadores de telecomunicaciones ingresen al mercado de tv cable, que pasa a ser clasificado como un servicio de telecomunicaciones. Sin embargo, este eje no precisaba de un DNU, sino que bastaba con una resolución de la autoridad regulatoria (antes AFTIC, ahora ENaCom).

Desprovistos de su retórica modernizadora, los cambios tienen un afán conservacionista y restaurador que revela una falla en el diagnóstico del sector, de sus problemas, desafíos y oportunidades. Esa falla en el diagnóstico es reemplazada con lógica voluntarista por el supuesto de que la cesión de las principales variables regulatorias a los grupos hoy dominantes del sector de medios y telecomunicaciones alcanza para resolver la complejidad y las amenazas del sector. El voluntarismo subestima una serie de factores que este artículo analiza. En principio, ni los grupos hoy dominantes conviven ni pueden convivir en armonía, debido a sus intereses contradictorios (y, en algunos casos, mutuamente excluyentes) en varios eslabones de la cadena de producción, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de comunicación; ni su actual dominio puede dilatarse por actos voluntarios ni de regulación legal, toda vez que su posición sufre el apremio de otros conglomerados de operación global que desafían los principios conceptuales, políticos y económicos de la regulación dispuesta hasta ahora por Macri.

Los desafíos de un sector crecientemente globalizado, convergente, concentrado, financierizado, conglomerizado y reticular (Arsenault y Castells, 2008) y las obligaciones estatales de proveer al conjunto social (no sólo a los propietarios de medios) del derecho a la libertad de expresión fueron, hasta ahora, desatendidos por las medidas adoptadas a golpe de decreto por el presidente. En todo el mundo resulta problemático armonizar la libertad de expresión, es decir que todo ciudadano ejerza el derecho de recibir, investigar y opinar por cualquier medio de expresión, con el comportamiento convergente de un sector cuya mutación digital trastoca todas las tradiciones regulatorias. Pero no hay indicios de que las modificaciones dispuestas por Macri a espaldas del Congreso reconozcan siquiera el problema. Mal indicio para afrontarlo.

 El kirchnerismo: un ciclo, dos etapas

La intención restauradora de Macri pivotea sobre algunos de los errores no forzados de las políticas kirchneristas, en particular de la etapa conducida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, más que continuidades, en política de medios existen diferencias sobresalientes entre el gobierno de Néstor  Kirchner (mayo de 2003 a diciembre de 2007) y los de su sucesora (diciembre de 2007 a diciembre de 2015). El cambio se manifestó en 2008, tras la disolución de los buenos víncu­los que el kirchnerismo había anudado con el Grupo Clarín. En este apartado, breve por razones de espacio, se sintetizan los principales ejes de las políticas de medios del kirchnerismo (un análisis más profundo y ampliado puede leerse en Becerra, 2015a).

Antes, la presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, en especial la concentración. Comenzó con la promulgación de la ley de bienes culturales en 2003 (cuya autoría es de Eduardo Duhalde), continuó con la extensión de licencias de radio y tv y finalizó, en su último día hábil de mandato (7 de diciembre de 2007), con la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal por parte del Grupo Clarín, en lo que significó también un matrimonio de perspectiva incierta entre el principal multimedios local y David Martínez, de Fintech y hoy accionista de Telecom. La venia oficial para la fusión de las principales cableras, en un negocio que incluye a Fibertel como proveedor de conexión a Internet, consolidó para el Grupo Clarín más del 80% de sus ingresos.

Por razones sobre las que existen especulaciones dispares, en el marco de la llamada “crisis del campo” de 2008 la entonces flamante presidenta Fernández se enfrentó con el Grupo Clarín. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la legalidad de la firma Fibertel, la creación del Programa Fútbol para todos, la adopción de la norma nipo-brasileña de televisión digital terrestre (TDT), la creación de señales audiovisuales estatales temáticas (Encuentro en 2005 y desde 2009 Paka Paka, DeporTV, IncaaTV y Tecnópolis, entre otras) combinadas con la degradación de la línea informativa y de programación política de los medios estatales a la función de propaganda gubernamental, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su irregular aplicación y, en 2014, la ley “Argentina Digital”, son resultado de la impetuosa política de medios ejecutada desde entonces.

Estas iniciativas se combinaron con el aumento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través del dispositivo, usado en forma discriminatoria, de la publicidad oficial. Además, el gobierno impulsó la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público y la abolición del desacato, adoptó el ejercicio cotidiano de objetar noticias elaboradas por medios o periodistas opositores  y evitó sancionar una ley de acceso a la información pública.

La ley audiovisual de 2009 fue la más discutida de las acciones del kirchnerismo, aunque no la más productiva en sus efectos. Incluía una reserva de un 33% de las frecuencias para estimular el acceso de medios sin fines de lucro a licencias audiovisuales; una moderación de la concentración privada del mercado; exigencias de producción local e independiente; y el mandato de pluralismo para los medios del Estado. Al cabo de seis años, casi ninguno de esos objetivos fue alcanzado (ver Marino et al., 2015; Chequeado, 2013 y Becerra, 2015b), si bien se registraron pequeños avances en la gestión del fondo que la ley preveía para financiar producciones del sector sin fines de lucro, el que siguió mayoritariamente operando en condiciones legales de precariedad dada la falta de convocatoria a concursos. La norma audiovisual fue primero judicializada y luego aplicada selectivamente por el propio gobierno (tal vez la mayor demostración de sesgo fue la aprobación del plan de adecuación del grupo televisivo Telefé (de Telefónica) a la ley, contra lo dispuesto en varios de sus artículos) y, en diciembre de 2014, modificada en uno de sus ejes centrales (la desconcentración) por la ley “Argentina Digital”. En cambio, Fútbol para Todos superó el microclima militante e impactó de lleno en las relaciones entre fútbol, política y televisión.

El legado de los dos últimos gobiernos kirchneristas en política de medios puede abordarse en términos fácticos, regulatorios y discursivos. En los tres planos, la producción fue destacada. El kirchnerismo promovió la reorganización del mapa de medios; usó el poder estatal para crear y reconvertir emisoras audiovisuales y empresas gráficas (la mayoría de ellas tan dependiente del aporte discrecional del Estado que hoy se hallan en pleno proceso de liquidación); incidió en sus relaciones económicas, impulsó leyes medulares, hizo cotidiano y público el reproche a la línea editorial de medios y periodistas opositores y provocó notables realineamientos políticos en un sector que cultivaba el mito de la objetividad. Como saldo de la llamada “batalla cultural”, ese mito fue demolido.

Por otro lado, el testimonio directo de los actores que se organizaron y movilizaron –a favor y en contra- de la política de medios del kirchnerismo es valioso pero, por definición, es subjetivo y cortoplacista. Muchos analistas se contagiaron del discurso de los actores, elevando al rango de diagnóstico lo que no es sino sensación y subjetividad. Con exaltación, parte de los escritos sobre la política de medios del kirchnerismo reduce doce años a una gesta emancipatoria de un modelo sostenido por convicciones democratizadoras contra los monopolios de la palabra o, por el contrario, a una regresión autoritaria y censora conducida por un matrimonio que logró someter a todos los poderes estatales a su manía despótica.

Cambiemos: economía política de los decretos de Macri

Los decretos dispuestos por Macri, en particular el DNU 267/15, revelan una noción conservacionista, anticoncurrencial, proteccionista y alentadora de una mayor concentración del sistema de producción y circulación de información.

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La concepción es conservacionista porque descansa en la ilusión de que la situación del mercado en la actualidad podrá congelarse y porque uno de los pocos obstáculos que mantiene es al ingreso de capitales extranjeros (excepto los que ya operan en el sector y los alcanzados por el Tratado de Reciprocidad Comercial con EEUU firmado durante el primer gobierno de Carlos Menem y prorrogado desde entonces) y, en este último sentido, es proteccionista.

La concepción es anticoncurrencial y promotora de mayor concentración porque:

  1. al prorrogar todas las licencias actuales impide la apertura de concursos que generen competencia y oxigenen el sistema con rotación e ingreso de propuestas superadoras. Con ello, se obtura la posibilidad de ingreso de nuevos actores por vía legal, es decir que provocará el ingreso por vías poco ortodoxas o no legales. Así, el DNU 267 retoma una tradición que se remonta a la vieja Ley de Radiodifusión 22285 de 1980, que al vedar el acceso de empresas gráficas, organizaciones sin fines de lucro y capital extranjero a licencias de medios, produjo la multiplicación de atajos a ese restrictivo marco legal.
  2. al eliminar casi todos los obstáculos dispuestos a la concentración del mercado por la ley audiovisual (obstáculos que ya habían sido relajados con la modificación a la ley audiovisual que el propio kirchnerismo impulsó al aprobar la ley de telecomunicaciones de 2014), conduce a una mayor concentración de mercado. Dado que los grupos y empresas ya son muy asimétricos, los más grandes parten con enormes ventajas para incrementar su dominio en el nuevo proceso concentrador.
  3. al ignorar los efectos de la concentración como cuello de botella que veda el ingreso de nuevos actores, contradice la regulación de medios vigente en los países que los decretos del gobierno citan como ejemplo (EEUU, Europa, México), donde la política del sector se ocupa intensamente de evitar barreras de entrada como la concentración con el fin de estimular la innovación, la competencia y el estímulo de acceso a estos sectores.
  4. produce un perjuicio al sector que, con la señal de una política pública supuestamente orientada a protegerlo del ingreso de competencia, carecerá de incentivos para afrontar la globalización y la convergencia tecnológica y de usos sociales (por ello es, además, proteccionista).
  5. la anulación de la competencia en simultáneo con el ingreso al mercado de telefonía fija y móvil por parte de los operadores de de cable (y la promesa de la regla inversa para dentro de dos o tres años, es decir, que las telefónicas brinden tv cable) representará en el corto plazo beneficios para los usuarios y consumidores en las ciudades grandes donde actúan los cableoperadores de mayor tamaño(Cablevisión, Supercanal y Telecentro, principalmente), que accederán a paquetes triple play con ofertas que deberían mejorar los abultados precios por servicios que hoy cotizan por separado (telefonía, tv cable e Internet) y, eventualmente, a combos de cuádruple play (con telefonía móvil). Pero la concentración excesiva, lejos de beneficiar a los consumidores, los perjudica. La relación entre precios y calidad de servicios en el híper concentrado mercado de telefonía móvil o los efectos en los precios del no menos concentrado mercado de tv paga son pruebas nítidas de que el descontrol regulatorio no es sólo una cuestión de derechos (a la libertad de expresión), sino además un serio trastorno económico. El sector de tv paga en la Argentina atestigua prácticas de precios predatorios por parte de grandes operadores para eliminar competencia, para luego gestionar ese mercado en detrimento de usuarios y consumidores.
  6. la apertura de telefonía a las cableras y del cable a las telefónicas generará distorsiones por la asimetría no sólo entre mercados sino intra-mercados. No todos los grupos de medios operan en tv cable, siendo este mercado el más rentable del sector audiovisual, ni pueden realizar subsidios cruzados desde el cable a otras actividades menos lucrativas. Además, no todos los cableros podrán afrontar la inversión para tender redes de telecomunicaciones y el gobierno no parece dispuesto a facilitar la interconexión de los más chicos a las redes de los más grandes. Actores asimétricos con una ley que no se hace cargo de esas asimetrías derivan en la tentación de abusos de posición dominante. La concepción del DNU 267 descansa en una suerte de vacío dogmático en donde no existen estas “imperfecciones” ni prácticas abusivas.
  7. mientras que se alienta la concentración y se eliminan límites a los cruces entre mercados, uno de los pocos actores con poder local (aunque escasa proyección a nivel nacional), las cooperativas, como prestadoras de servicios públicos, son discriminadas frente a los grupos con posición dominante pues para gestionar servicios convergentes deben someterse a un examen de la intervenida área de “defensa de la competencia” de la que está eximido el resto de los operadores.

La concentración es definida por el crecimiento en la incidencia de las mayores empresas de una actividad económica en su cadena de valor: a mayor presencia de una empresa, menor incidencia del resto (De Miguel, 2003). En un proceso creciente de concentración, cada vez son menos las empresas que controlan la mayor parte del volumen total de un mercado. En América Latina la concentración infocomunicacional es particularmente significativa (Becerra y Mastrini, 2009).

La política expresada en los decretos de Macri aspira a restaurar la regulación y la estructura del sector a una época en que el órgano de aplicación dependía directamente del Poder Ejecutivo y los grupos dominantes en medios y telecomunicaciones gozaban de la ausencia total de contraprestaciones de interés público vigentes en Estados Unidos, Europa o México, tales como regulación de precios; pautas de must carry y must offer para que los operadores de redes no discriminen los contenidos de sus competidores en contenidos y a la vez dejen a sus competidores de redes acceder a sus contenidos; reglas de concentración cruzada con otros mercados; salvaguardas contra la apropiación exclusiva de derechos de transmisión de eventos de interés público; obligaciones de interconexión con las redes de transporte (de telefonía, tv cable e Internet); producción de contenidos locales o financiamiento de producciones independientes o comunitarias, entre otras.

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El aliento a una mayor concentración de los medios y las telecomunicaciones plantea además problemas que pueden diferenciarse analíticamente en dos niveles (pues, en la realidad, se complementan):

  1. Problemas asociados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Tal como afirmó la Corte Suprema de Justicia argentina en su fallo que avaló la constitucionalidad de la ley audiovisual, el debate público y la libertad de expresión conducen a cuestionar la concentración de medios. De hecho, recuperando la doctrina interamericana de Derechos Humanos, la Corte recuerda que una de las amenazas indirectas a la libertad de expresión del conjunto social es la concentración de medios y tecnologías de la información en pocas manos.

Las premisas de la posición del Sistema Interamericano de DDHH, y en especial de la Relatoría de Liberad de Expresión, recogen importantes fundamentos de dos tradiciones filosóficas: la liberal y la del debate público robusto. Pilares de ambas son la Declaración Universal (artícu­lo 19º) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artícu­lo 13º), según las cuales la circulación de información (la búsqueda, recepción y difusión de información), el derecho a la opinión y a la crítica y la pluralidad de contenidos, son condición para la calidad y el estatuto democráticos de la sociedad.

Ahora bien, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2000) precisa los términos de referencia para el SIDH al mismo tiempo que contiene una controversia en sus propios términos. El principio 12 dice:

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deber ser exclusivas para los medios de comunicación.

En cuanto a la segunda parte del principio 12, que señala que la aplicación de leyes anti concentración sería la vía ideal para impedir prácticas anticompetitivas en los sistemas de medios, se prestó a numerosos debates (ver Loreti, 2009), ya que también destaca que estas leyes no deben ser de aplicación exclusiva para los medios. Por ello, la Relatoría para la Libertad de Expresión aclaró en 2004 que

la última frase debe leerse e interpretarse integralmente tomando en cuenta el objeto y fin del principio 12, el mismo que enfatiza la inconsistencia de los monopolios y oligopolios en los medios de comunicación social con la libertad de expresión y los parámetros democráticos que aseguran una distribución equitativa en la propiedad de los mismos. El principio 12 fundamenta su lógica en el entendimiento que si los monopolios y oligopolios existen en los medios de comunicación social, solo un pequeño número de individuos o sectores sociales podría ejercer control sobre las informaciones que se brindan a la sociedad. De esta forma los individuos podrían verse privados de recibir información proveniente de otras fuentes. En este sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA considera que esta provisión no limita en manera alguna la obligación del Estado de garantizar a través de la legislación la pluralidad en la propiedad de los medios, por cuanto los monopolios y oligopolios “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”. Sin embargo, la Relatoría considera que el marco del derecho de la competencia en muchas ocasiones puede resultar insuficiente, particularmente en cuanto a la asignación de frecuencias radioeléctricas. No se impide entonces la existencia de un marco regulatorio antimonopólico que incluya normas que garanticen la pluralidad atendiendo la especial naturaleza de la libertad de expresión. En todo caso, a la luz del principio 12 los Estados no deben adoptar normas especiales bajo la apariencia de normas antimonopólicas para los medios de comunicación que en realidad tienen como propósito y efecto la restricción de la libertad de expresión.

Además, dado que la concentración del mercado no provee diversidad (no es su mandato) sino mercantilización, entretenimiento masivo y lucro a gran escala (el mandato de los accionistas de los conglomerados, ya que no son filántropos, es precisamente maximizar beneficios), es obligación del Estado proveer por un lado regulación que limite la tendencia inherente a los mercados a concentrarse, por otro medios auténticamente públicos (no gubernamentales) que representen perspectivas y puntos de vista que no tienen espacio en medios comerciales y alienten la deliberación y el cruce de ideas diversas y, por último, políticas para garantizar el acceso del sector sin fines de lucro a los medios (ver Fiss, 1986).

  1. Paradoja de la “apertura anticoncurrencial”:

La anulación de límites a la concentración cruzada, percibida por los actores de la industria como una apertura no puede beneficiar a todos y deriva en “ganadores y perdedores”, como señaló el dueño y director de Perfil, Jorge Fontevecchia (2016). No sólo porque la dinámica general de los mercados infocomunicacionales conduce al oligopolio y a la conformación de cárteles, con la excepción de algunos de los sistemas en donde la intervención estatal es marcada. Esta tendencia repercute incluso en una lucha entre los propios actores privados de cada sector económico, de acuerdo con su envergadura. En el caso paradigmático de las telecomunicaciones, las diferencias suscitadas por la tarifa de interconexión que los prestadores de la red básica cobran a los operadores de servicios sin red, a modo de peaje, forman el nudo de una batalla que no tiene fronteras. Lo mismo ocurre con la apropiación de derechos de transmisión de contenidos de interés general en señales que poseen los dueños de las redes de tv cable y que son usados como estrategia anticompetitiva para eliminar competencia. Por supuesto, la mayor escala de los grupos más grandes los coloca, en ausencia de regulación legal que atempere abusos de posición dominante, en mejores condiciones para sacar ventajas sobre el resto del mercado. La subordinación de un conjunto de actores a la predominancia de unos pocos produce un círcu­lo que se retroalimenta, incrementando la fortaleza de esos pocos que captan los mejores recursos del sector; por lo tanto, uno de los efectos de la concentración es que reduce la significación del resto de actores de ese sector de actividad.

De este modo, el dogma de la relajación o eliminación de límites a la propiedad en medios y telecomunicaciones disimula la potencia de la regulación del mercado (Torres López, 2004). Si no regula el Estado, la propiedad es regulada por los actores más potentes del mercado. A diferencia del enfoque moral o consignista, hay pues otra manera de considerar la concentración de medios y es como una regulación de facto (Zallo, 1988; Fox y Waisbord, 2002). Su estudio revela intereses en pugna, conflictos legales, económicos y políticos y enfrentamiento entre actores (no siempre privados, cabe añadir).

Entre los efectos de la concentración de la propiedad en medios de comunicación se constatan, con distintos niveles de concreción:

  • reducción de fuentes informativas (menor pluralidad de emisores);
  • relativa homogeneización de géneros y formatos;
  • unificación de línea editorial en temas sensibles;
  • resistencia de los grupos más concentrados a desempeñar funciones de servicio público o a brindar acceso a facilidades esenciales de sus redes cuando se regula en tal sentido;
  • conflictos de intereses por parte de los grupos concentrados que influyen en información socialmente relevante de otros mercados (como alimentos y bebidas, o sistema bancario) en los que estos grupos tienen interés directo o indirecto a través de asociaciones o para dañar competencia con intereses en esos mercados;
  • desarrollo de un sistema de apropiación de derechos exclusivos en el espectáculo o deportes;
  • centralización geográfica de la programación y de la producción de contenidos;
  • autocensura de los trabajadores (ambiente precario para la libertad de expresión).

La etapa que abrió el gobierno de Macri con sus decretos (en particular el DNU 267), demandará nuevos exámenes sobre la concentración como arquetipo de regulación de facto del sector que produce, transporta, comercializa y exhibe los flujos masivos de información y comunicación y que, en consecuencia, troquela parte importante de la organización social.

Forma y fondo

Como se señaló, los decretos -en particular el DNU 276/15- modifican leyes discutidas, tramitadas y aprobadas por el Congreso en 2009 y 2014. La primera de ellas, audiovisual (mal llamada “ley de medios” ya que no regula ni medios gráficos ni Internet) fue objeto de debates y controversias sociales y políticas y logró apoyos legislativos que excedieron a la fuerza que la impulsó, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, tras lograr su aprobación, aprovechó las resistencias del grupo Clarín como excusa para realizar una aplicación incompleta y sesgada de la norma.

¿Cuestión de formas? El método elegido por Macri para demoler la regulación audiovisual kirchnerista contrasta con el reclamo del actual elenco gobernante cuando era oposición. Entonces abogaba por consensos amplios en temas que refieren a la libertad de expresión y a los medios y tecnologías de la información, entendiendo que el kirchnerismo operaba con criterio faccioso. Aquel reclamo contradice la vía expresa del decreto. Porque ¿desde cuándo un decreto es más eficaz para construir legitimidad que una ley?

becerra 1

Además, la fórmula de los decretos le agrega incertidumbre e inestabilidad a la posibilidad de construcción de políticas públicas en un área sensible por razones políticas y económicas: a partir de ahora todo nuevo gobierno (e incluso un mismo gobierno después de reestructurar el gabinete o conjurar alguna crisis política) podrá alegar que lo hecho en el anterior está mal y cargarse leyes y regulaciones vía decreto: es decir que Macri habilita un camino para que su sucesor deshaga el primer día de gestión todo lo que él edifique. La tentación del refundacionismo combinada con las fortalezas extraordinarias con las que se dotó por ley al poder presidencial durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner se combinan para erosionar la mítica idea de “políticas públicas” o “políticas de Estado” que trasciendan más allá del mandato de gobierno.

Paradójicamente, los sucesivos cambios introducidos hasta ahora por la presidencia de Macri invocan legitimidad y consenso pero se realizan en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los protagonistas más grandes de la industria) y desembocan en mayores competencias del Poder Ejecutivo y en una resolución revanchista que mira obsesivamente el pasado reciente como referencia y justificación. Si esa estrategia es eficaz en el primer mes de mandato presidencial, difícilmente lo sea a mediano plazo. Hasta ahora, como ordena el recurso de apelación a la “pesada herencia”, el recuerdo de abusos, torpezas, limitaciones e inconsistencias del kirchnerismo legitima las acciones de sus sucesores. No obstante, gobernar vía decreto es arriesgado y peculiar, sobre todo por un partido que prometía mayor calidad institucional y respeto a la división republicana de poderes pero que carece de mayoría en el Congreso y no tiene fuerza social masiva organizada como respaldo.

Autoridad

En nombre de la no discrecionalidad, criticando la política discriminatoria con la que el kirchnerismo gestionó los órganos reguladores dispuestos por esas leyes y la ausencia de preparación de las anteriores autoridades, Macri crea a espaldas del Congreso un ente que responde sólo al Poder Ejecutivo, al que el presidente puede remover sin causa, donde el gobierno tiene amplia mayoría de un Directorio cuyos integrantes tampoco deben acreditar competencia en la materia. Si bien no se trata del viejo COMFER intervenido, en la subordinación al presidente se le parece bastante.

La definición, dependencia y alcances del ENaCom como nueva autoridad regulatoria contradice lo dispuesto en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, los estándares establecen que:

  1. La autoridad de aplicación y fiscalización debería ser un órgano independiente y autónomo del poder político y económico y 2. La autoridad de aplicación y fiscalización debe proceder de modo transparente y respetuoso del debido proceso.[2]

Además, al crear el ENaCom el DNU 267 desoye el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en octubre de 2013 –cuando validó la plena constitucionalidad de la ley audiovisual- amonestó al kirchnerismo en un obiter dictum por la falta de independencia de la AFSCA. Además, todas las experiencias regulatorias de los países reivindicados por el actual gobierno como modelos de gestión de la política audiovisual y telecomunicaciones están sostenidas en una autoridad regulatoria con amplio margen de autonomía del gobierno. Los decretos de Macri hacen caso omiso a esa contradicción.

Lo que esta peculiar alianza ventila no es la consigna de la “convergencia” o la presunta obsolescencia de la ley audiovisual (cuyo artículo 47 prevé actualizaciones fruto de los cambios tecnológicos), sino la “seguridad jurídica” que a los actuales licenciatarios les otorga una nueva prórroga de los títulos que ya habían sido generosamente renovados, también por decreto, por el expresidente Néstor Kirchner (DNU 527/2005) y la habilitación a transferirlos casi sin intervención estatal, estimulando así la compra y venta de licencias.

 Conclusiones

Los primeros cien días de Mauricio Macri en la presidencia fueron explosivos para el sector de medios y comunicaciones. Aunque sea tentador sesgar la interpretación acerca de quiénes son los alcanzados por la explosión, creyendo que sólo perjudica a los medios kirchneristas, su repercusión es mucho mayor.

Las variables que condicionan el nuevo escenario son tres: las nuevas reglas de juego que, vía decreto, allanan mayores niveles de concentración y cruces internos; la sequía en el hasta hace poco profuso manantial de publicidad oficial para medios y productoras oficialistas; y las tendencias marco de retracción económica, aceleración inflación, despidos en algunos sectores y fuerte ajuste de las tarifas de los servicios públicos que impactan en el nivel de actividad y crecimiento. Estas tres variables se combinan en una fórmula que es fulminante para algunos grupos y es buen presagio, en el corto plazo, para otros.

Uno de los capítulos decisivos de la ley audiovisual, incumplido por el kirchnerismo, aludía a la adecuación de los grupos concentrados a la norma. El nuevo gobierno cambia el objetivo de la política estatal: en lugar de adecuar los grupos a la ley, adecua la ley a la estructura y necesidades de los principales grupos.

Este artículo expone las limitaciones de la política explicitada e insinuada en los decretos de Macri. Se trata de un modelo conservacionista, anticoncurrencial, proteccionista y alentador de una mayor concentración del sistema de producción y circulación de información.

El modelo conduce a un duopolio o, en el mejor de los casos, un oligopolio de muy escasos grandes conglomerados con el provecho, en el corto plazo, de que los medianos y pequeños actores podrán vender sus activos a los más grandes en mejores condiciones dada la extensión del plazo de explotación de licencias y la habilitación de transferirlas sin obstáculos administrativos dispuesta en el DNU 267.

Los conglomerados con redes de transporte de servicios de telecomunicaciones, tv cable y conectividad a Internet (Telefónica, Clarín, Vila-Manzano, Telecentro) junto a los principales grupos editoriales (La Nación, Perfil), viven la convulsión del mercado con expectativas, mientras que el resto de los medios dedicados a la producción de contenidos padece una fragilidad endémica que hace crisis. Esa fragilidad los hace orbitar en torno del financiamiento político o del mecenazgo de capitales que los usan para lubricar otros negocios. Así, una turbulenta actividad de compra y venta de medios conmueve a los grupos de tamaño mediano y pequeño de empresas gráficas, radios y señales de tv de pago.

La política exhibe un diagnóstico inconsistente que pretende disimular su inconsistencia con  lógica voluntarista y con la cesión de las principales variables regulatorias a los grupos hoy dominantes del sector de medios y telecomunicaciones. Pero estos grupos no pueden convivir en armonía dados sus intereses contradictorios (y, en algunos casos, mutuamente excluyentes) en varios eslabones de la cadena de producción, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de comunicación; ni su actual dominio puede dilatarse por actos voluntarios ni de regulación legal, toda vez que su posición sufre el apremio de otros conglomerados de operación global que desafían los principios conceptuales, políticos y económicos de la regulación dispuesta hasta ahora por Macri.

Lo “nuevo” de la política de Macri en el sector es que a los dueños de redes de tv por cable les abre la barrera de las telecomunicaciones. Pero en lugar de aprovechar el impulso para repensar integralmente el funcionamiento de un sector excesivamente concentrado, dependiente del apoyo estatal (que no es sólo económico) y amenazado por nuevos actores globales más dinámicos e innovadores, pretende restaurar la regulación y la estructura del sector al año 2008, cuando el órgano de aplicación dependía directamente del Poder Ejecutivo y los grupos dominantes en medios y telecomunicaciones gozaban de la ausencia total de contraprestaciones de interés público vigentes en Estados Unidos, Europa o México, tales como regulación de precios; pautas de must carry y must offer (ver Loreti et al., 2016) para que los operadores de redes no discriminen los contenidos de sus competidores en contenidos y a la vez dejen a sus competidores de redes acceder a sus contenidos; reglas de concentración cruzada con otros mercados; salvaguardas contra la apropiación exclusiva de derechos de transmisión de eventos de interés público; obligaciones de interconexión con las redes de transporte (de telefonía, tv cable e Internet); producción de contenidos locales o financiamiento de producciones independientes o comunitarias, entre otras.

La puja entre dos gigantes, Telefónica y Clarín, ordena el paisaje de un sector que, casi sin frenos regulatorios, exhibirá mayor concentración. La competencia invocada por el gobierno es un artificio que colisiona con la creación de barreras de entrada a nuevos competidores. En un ecosistema de medios tradicionales, con la separación tecnológica, económica y de usos sociales entre medios y telecomunicaciones, esta barrera tenía una eficacia y una solidez que se desvanece con el presente y futuro de un sector infocomunicacional digital que revela alteraciones en las fases de producción, edición, almacenamiento y distribución de comunicación, así como en las demandas y usos sociales crecientemente desprogramados.

Como incubadora de cambios, la verdadera convergencia y la cultura digital son observadas con recelo por los conglomerados cuyo próspero presente no es sino la acumulación de condiciones de mercado anteriores. A su vez, al ser tributario de la influencia directa de esos actores industriales, el enfoque del gobierno de Macri hasta ahora tampoco da muestras de comprender la magnitud del desafío regulatorio que, por conducir el Estado, debe afrontar.

Referencias bibliográficas

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Zallo, Ramón. (1988). Economía de la comunicación y la cultura. Madrid: Akal.

[1] Doctor en Ciencias de la Información, Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA. Investigador Independiente en  Conicet. Autor de libros y artículos sobre políticas de comunicación y tecnologías de la información. Blog: https://martinbecerra.wordpress.com/. Twitter: @aracalacana. E-mail: aracabecerra@gmail.com

[2]http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_ELERLI.html

Dossier Nº 2: “Barajar y dar de nuevo. Los rumbos de una etapa de cambios”

La revista Épocas se propone abordar desde el mundo académico los principales interrogantes que emergen en nuestro tiempo y contribuir a delimitar los problemas más urgentes que las Ciencias Sociales deben afrontar en América Latina y el Caribe. Por este motivo, los fenómenos políticos que se han empezado a desplegar con nitidez en los últimos meses en nuestra región no pueden más que imponerse como un objeto privilegiado de análisis y plataforma de conjeturas que hacen a escenarios próximos.

Si bien transcurrió un tiempo demasiado corto como para vislumbrar con precisión los efectos definitivos que tendrá la asunción del gobierno encabezado por Mauricio Macri en Argentina, sí es viable identificar con claridad algunas orientaciones generales que hablan de cambios significativos a nivel económico, político, social e ideológico. Algo similar ocurre en el escenario regional, en el que se registra un avance de las llamadas nuevas derechas en Brasil, Bolivia y Venezuela.

En este sentido, la perspectiva que Épocas propone para abordar esta particular coyuntura histórica parte de la necesidad de un análisis lo más riguroso posible de ciertos signos todavía parciales que hablan de una situación novedosa respecto de la última década. Dicha necesidad analítica entronca con la convicción de que nos enfrentamos a procesos abiertos, cuyo devenir dependerá de la dinámica que asuma la puja de proyectos y fuerzas sociales en pugna, sin por eso negar una valoración más general que nos lleva a señalar que la nueva coyuntura responde a los niveles de éxito que ha logrado la (contra)ofensiva emprendida por las fracciones más concentradas del capital y a una revitalización de la influencia del poder imperial a nivel regional, que se presentan a su vez como la contracara de la encrucijada en la que están inmersos los proyectos llamados posneoliberales, tanto en sus versiones moderadas como radicales.

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En el caso argentino, el triunfo del macrismo amerita múltiples perspectivas de análisis, entre las que a nuestro juicio resaltan dos. La primera remite a la derrota del kirchnerismo y a los balances de una experiencia política que, resignificando y revitalizando el legado de lo que ha sido la tradición del peronismo, encabezó, con múltiples tensiones y contradicciones, un período caracterizado por un importante crecimiento económico, mejoras sociales y la recomposición de la autoridad estatal, que terminaría siendo muy significativo para la historia argentina contemporánea. La otra vía de abordaje a ser destacada está ligada a la clara orientación pro-empresarial que ya puso en marcha el nuevo gobierno de Cambiemos y a los desafíos que significa la conducción del estado por una derecha moderna para cualquier perspectiva que se proponga generar una alternativa emancipatoria. Las medidas económicas y financieras que marcan la reconfiguración del bloque de poder en el país con claros beneficiados en los sectores más concentrados y transnacionalizados dedicados a actividades exportadoras, financieras y de servicios; la adecuación del marco legal de acuerdo a los intereses de los mayores grupos mediáticos y de telecomunicaciones; la implementación de despidos en la Administración Pública con fines disciplinadores para toda la clase trabajadora y la puesta en cuestión de una buena parte de las políticas estatales vigentes que pretendían garantizar derechos sociales o ampliar beneficios hacia amplias capas de la población; el intento de criminalizar la protesta social, a partir del protocolo anti-piquetes y del encarcelamiento de dirigentes sociales; una nueva política exterior, en la que se destaca el realineamiento con Estados Unidos.  Estas orientaciones permiten vislumbrar el nuevo escenario que enfrenta la sociedad argentina.

Esta coyuntura nacional se enmarca en un contexto crítico a nivel regional. Con la crisis de los precios y la demanda de los bienes agromineros, sobre cuya exportación se sustentó el crecimiento económico, más la desaceleración del proceso de integración alternativa que se produjo en los últimos tres años, se insinuó un giro político en América Latina y el Caribe. El gobierno de Estados Unidos inició una ofensiva para reposicionarse en el continente, lo cual impulsó a una restauración conservadora. El triunfo de Macri es una manifestación de ese nuevo clima, y a la vez impulsó la ofensiva derechista en Venezuela, Bolivia y Brasil. No casualmente Barack Obama viajó a la Argentina a respaldar al líder del PRO y a proponerlo como ejemplo en la región. Ambos gobiernos, entre otras cosas, reivindicaron el rol de la Organización de Estados Americanos, en detrimento de organismos como la UNASUR y la CELAC. Se abren una serie de interrogantes y desafíos en Nuestra América a partir de esta nueva coyuntura. Argentina, donde por primera vez se impuso electoralmente una opción de derecha conformada, parcialmente, al margen de los partidos tradicionales, parece ser el laboratorio al que todo el continente observa.

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Las dimensiones de análisis mencionadas y la preocupación por descifrar el significado de los principales acontecimientos sucedidos en el último cuatrimestre –y avizorar los escenarios específicos que se derivan de ellos–, atraviesan los artículos que forman parte del dossier que aquí presentamos.

Para terminar, es justo decir que un conjunto de investigadores que se desempeñan en distintas áreas de la producción de conocimiento aceptaron el convite de Épocas para generar una visión sobre la marcha del acontecer político, social, económico y académico. Los lectores y las lectoras tendrán la posibilidad de acceder a un conjunto de explicaciones y análisis que pretenden ser un primer aporte para lo que necesariamente está destinada a ser una tarea colectiva: elaborar sin prisa pero sin pausa las herramientas conceptuales que ayuden a una justa comprensión de la etapa que se viene, para poder intervenir en esta nueva coyuntura adversa.

Comité Editorial

Abril 2016